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Archive for 29 septiembre 2015

simancas240915

Quienes administran políticamente el independentismo en Cataluña hacen un uso espurio y peligroso de la altísima carga emocional que conlleva siempre el debate sobre las identidades nacionales. Mas y Junqueras conocen bien los resortes emocionales del agravio y de la afirmación nacional, y están decididos a manipularlos sin límite al servicio de sus objetivos políticos inmediatos.

Un elemento clave de la manipulación independentista consiste en fomentar la confusión entre el sentimiento nacional y la reivindicación de un Estado propio. El maestro Álvarez Junco explicó hace escasas fechas en El País la diferencia entre una y otra realidad. Un grupo de personas que comparten ciertos rasgos culturales y viven sobre un territorio que consideran propio, puede considerarse una comunidad nacional. Un Estado es, sin embargo, una estructura político-organizativa que controla una población sobre un espacio determinado.

Nada tiene que ver una cosa con la otra. El propio Álvarez Junco contabiliza más de 6.000 comunidades que se consideran nación en el mundo, mientras que tan solo hay en torno a 200 Estados reconocidos.

En Cataluña estamos, por tanto, ante dos debates que debieran diferenciarse pero que se entremezclan en una ceremonia de confusión, honestamente errada por unos y deliberadamente manipulada por otros. El primer debate alude al reconocimiento de los atributos de realidad nacional para la comunidad que conforman quienes se sienten catalanes, de forma exclusiva o compartiendo otras identidades. El segundo debate tiene que ver con la derivación inexorable o no, necesaria o no, interesante o no, de convertir aquella realidad nacional en una estructura estatal propia separada de España.

Creo sinceramente que quienes tratamos de combatir la independencia de Cataluña deberíamos esforzarnos por no caer en las provocaciones de quienes pretenden identificar falazmente el legítimo sentimiento nacional de muchos catalanes con el propósito ilegítimo e ilegal del separatismo.

La identidad nacional catalana merece todo el respeto, tanto si hablamos de “nacionalidad”, conforme a la terminología constitucional , como si hablamos de “nación”, conforme al término utilizado en el Estatuto y en el Parlamento de Cataluña de manera mayoritaria. ¿Cómo no darse por enterados de que existe una lengua propia en Cataluña? ¿Cómo no respetar y querer el acervo cultural que representan figuras de la altura de Josep Pla, de Mercé Rodoreda, de Salvador Dalí o de Joan Manuel Serrat? ¿Cómo no reconocer el sentimiento evidente de pertenencia a una comunidad propia que exhiben con orgullo cada día millones de catalanes?

Ahora bien, el reconocimiento de una identidad y de una realidad nacional es una cosa, y cosa bien distinta es inferir de tal reconocimiento la pertinencia de unas condiciones exclusivas de integración en el modelo territorial del Estado español, o de unos privilegios diferentes a los propios del resto de la ciudadanía española, o la configuración inexorable de un Estado distinto. Es más, el reconocimiento de la comunidad nacional catalana no faculta para negar la existencia también evidente de la nación española.

Cataluña es una comunidad nacional, pero esta condición no faculta a dirigente político alguno en Cataluña a negar otras identidades nacionales, a exigir exclusividad identitaria a su ciudadanía o a conducir a la sociedad catalana a una aventura absurda vulnerando la legalidad vigente y contraviniendo los intereses generales, de catalanes, de españoles y de europeos todos.

La comunidad nacional catalana merece respeto, defensa y cierto nivel de autogobierno, conforme a la legalidad del Estado y de los Tratados europeos. La reivindicación de un Estado propio contraviene de hecho el respeto y la defensa que merecen Cataluña y los catalanes. Porque nada hay más anacrónico en el siglo de la interdependencia y la interconexión global que reclamar independencia y desconexión en una pequeña comunidad de apenas siete millones de habitantes.

Porque la ruptura de los mercados en España y en Europa es antieconómico, y nadie ha explicado a los catalanes que la ensoñación independentista puede conllevar un retroceso grave en sus condiciones de vida. Y porque ningún Estado vigente y ninguna organización supraestatal seria está en condiciones de avalar la ruptura unilateral en la integridad territorial de un miembro relevante de la comunidad internacional. El efecto contagio podría resultar letal para la seguridad y la convivencia a escala global.

Escuchemos, hablemos y acordemos fórmulas renovadas para reconocer, respetar y dar cauce a las comunidades nacionales, pero renunciemos a nadar contracorriente en el río que conduce racionalmente la organización de los espacios públicos compartidos hacia la integración de las voluntades democráticas y las acciones eficaces de gobierno.

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simancas180915

Resulta enormemente frustrante que las instituciones, los representantes públicos y los medios de comunicación en España deban cuasi monopolizar en estos días su atención sobre el desafío irresponsable del secesionismo catalán, cuando la sociedad española tiene pendientes de resolver problemas sociales y económicos de una gravedad extrema. Pero no hacer frente a este desafío con razones fundadas y decisiones firmes sería, por desgracia, de una irresponsabilidad pareja.

El independentismo catalán no es un fenómeno nuevo en la presente historia de España. Desde la proclamación de la Constitución Española de 1978, que los catalanes votaron muy mayoritariamente, los independentistas han estado siempre presentes como opción anacrónica y minoritaria, pero legítima en el marco de nuestro Estado de Derecho. El secesionismo pierde su condición de proyecto político legítimo cuando sus administradores desafían la legalidad vigente y hacen uso de la mentira para promoverlo.

En el marco de la legalidad vigente pueden defenderse las opciones más diversas. Se pueden promover incluso objetivos que quedan fuera de la norma básica constitucional. Por ejemplo, el legítimo perseguir la autodeterminación de un territorio de España, la proclamación de la república o la propiedad pública de todos los medios de producción, por citar ejemplos extremos. Pero dentro de la legalidad. Proponiendo los cambios constitucionales precisos conforme a los procedimientos que marcan las normas.

Ibarretxe lo hizo así. Quiso cambiar la Constitución para promover la soberanía vasca, llevó la propuesta a las Cortes Generales, perdió democráticamente y renunció. Mas, Junqueras y compañía, por el contrario, aseguran una y otra vez que no reconocen la legalidad española, que les da igual lo que establezcan las leyes, y que si tienen mayoría de diputados en el Parlamento catalán el 27 de septiembre iniciarán un proceso unilateral de “desconexión” e independencia. La iniciativa de Ibarretxe era errónea pero legítima. La aventura de los separatistas catalanes es ilegal e ilegítima.

Es cierto que no se puede responder con una simple defensa de la legalidad al problema de fondo que ha hecho prender entre muchos catalanes el deseo de separarse de España. No basta, pero es imprescindible. Hay que recuperar confianzas y complicidades para seguir caminando juntos, porque por separado a todos nos iría peor. Ahí está la reforma constitucional propuesta por PSOE y PSC.

Pero, mientras tanto, hay que asegurar que se cumple la ley, y que se responde con firmeza a quienes la desafían. Porque desafiar la ley es quebrar la base misma de la convivencia democrática. No cabe confrontar ley y democracia, o ley y personas, como hacen falazmente los separatistas. No hay democracia sin ley.

Dice Miquel Iceta que para asegurar el cumplimiento de la ley en Cataluña “basta medio abogado del Estado”. Ojalá. Pero si en lugar de medio abogado del Estado, hace falta uno entero, o hace falta hacer uso de los instrumentos que prevé nuestro ordenamiento jurídico, utilícense. Porque renunciar a la ley es renunciar al fundamento principal de nuestra convivencia en democracia y en paz.

Pero además de la ley, cabe exigir la verdad en el debate soberanista. Nadie puede objetar la utilización libre de todos los argumentos al alcance de cada posición. Poco cabe objetar incluso ante el abuso de la exageración, el victimismo o la teatralidad propia de toda campaña. Ahora bien, no puede admitirse la mentira pura y directa con el propósito deliberado de engañar a la ciudadanía.

Mas, Junqueras y compañía mienten cuando dicen que una Cataluña independiente no quedaría fuera de la Unión Europea y de todas las ventajas que conlleva la condición de territorio miembro. Ocultan que ningún país serio del mundo reconocería como Estado independiente a una Cataluña separada de manera unilateral. Engañan cuando aseguran que la causa principal de los problemas económicos y sociales de la sociedad catalana está en el “expolio” fiscal del Estado español, y que una Cataluña independiente dispondría de manera inmediata de 16.000 millones extra por año para gastar.

Por otra parte, el planteamiento plebiscitario de las elecciones de 27 de septiembre choca claramente con la intención explícita de acometer el proceso soberanista si los independentistas cuentan tan solo con mayoría de diputados en el Parlamento catalán. Si adoptan el principio democrático por encima del principio de legalidad incluso, y si quieren conferir al resultado del día 27 un carácter plebiscitario, deberían establecer como condición previa a cualquier proceso unilateral la suma de la mayoría del censo electoral en Cataluña o, al menos, la suma de la mayoría de los votos emitidos en las urnas.

Admitir que adoptarán decisiones unilaterales con el respaldo único de la mayoría de los diputados catalanes, equivale a admitir que actuarán a pesar del criterio de la mayoría de los votantes en Cataluña y la mayoría de la sociedad catalana misma. ¿Dónde queda pues el principio democrático conforme a su interpretación habitual?

Esperemos que no haya opción a comprobar el alcance de los planes independentistas, y que la mayoría de los electores del 27 de septiembre den la espalda con contundencia a quienes aspiran a salvarse a sí mismos a costa de crear un problema gravísimo al conjunto de los catalanes y de los españoles en general.

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simancas100915

La crisis de los refugiados en el este de Europa merece análisis desde diversas perspectivas. La más importante, desde luego, es la que pretende un trato humanitario para esas familias huidas de la guerra que se ha apropiado de sus hogares.

No obstante, la dimensión extraordinaria de este problema y la envergadura de los recursos que han de manejarse en su resolución también resultan útiles para otros debates, como el relativo a la posibilidad de fraccionar los actuales Estados-nación de Europa en sujetos de soberanía aún más limitados.

La llegada a la frontera europea de centenares de miles de refugiadosprocedentes de Siria, Iraq, Eritrea, Afganistán y Libia, constituye un desafío tan importante que ni los Estados más directamente afectados, como Grecia, Hungría o Italia, ni otros tan poderosos como Alemania o Francia, han osado pensar tan siquiera en afrontarlo por sí mismos.

Los Estados-nación no tienen capacidad, ni recursos, ni instrumentos para hacer frente a desafíos globales como el que representan estos miles de refugiados. Por eso han de recurrir a la capacidad, a los recursos y a los instrumentos supraestatales de la Unión Europa.

Es más, la solución definitiva y en origen de este problema, que pasa por poner fin a las guerras intestinas en el oriente medio y próximo, va a requerir de la implicación de otros actores globales, como Estados Unidos y Rusia, muy probablemente.

Este análisis relativo a la vigente crisis de los refugiados en Europa puede aplicarse igualmente al resto de los grandes retos a los que hacen frente las sociedades de nuestro tiempo, desde la regulación de los mercados financieros internacionales hasta la lucha contra el terrorismo yihadista, pasando por las consecuencias del cambio climático o los periódicos riesgos de pandemia.

El sentido de la historia no se dirige hacia el fraccionamiento de los espacios públicos de soberanía, de decisión y de acción colectiva, sino hacia su agregación y su globalización. Si cada día constatamos las limitaciones de los Estados-nación para atender las legítimas demandas ciudadanas de desarrollo y justicia social, ¿cómo puede sostenerse racionalmente que tales demandas podrán satisfacerse, por ejemplo, en una Cataluña desgajada de España y de la Unión Europea?

El oficialismo independentista en Cataluña procura soslayar un debate racional mediante la excitación de los sentimientos de la ciudadanía. Así, en lugar de contribuir a un análisis riguroso y ponderado sobre aspectos positivos y negativos del separatismo, se dedica a magnificar supuestos agravios, a señalarse falsamente como víctimas y a engañar a los catalanes en torno a las formidables ventajas de la desconexión con España y con Europa.

Un debate racional sobre el separatismo catalán ha de aludir necesariamente al anacronismo que supone exigir independencia y desconexión en el siglo de la interdependencia y la interconexión progresiva. Y ha de alertar sobre los riesgos económicos asociados a las fronteras, los aranceles y las rupturas de los mercados. Y debe enfrentarse a las consecuencias de vulnerar la ley catalana, la ley española, los tratados europeos y la legalidad internacional, que solo contempla la autodeterminación para casos que difieren radicalmente de la situación catalana.

Tan solo un vistazo a los noticiarios televisivos de estos días debiera convencer a cualquier catalán de lo contraproducente que resulta quebrar, restar y separar, cuando la razón práctica conduce a sumar capacidades y esfuerzos ante la magnitud de los retos que tenemos por delante.

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ESTO NO VA BIEN

La maquinaria propagandística del Gobierno ha dispuesto sus muchos recursos para instalar en la opinión pública la idea de que la recuperación ha llegado, la crisis es historia y la única amenaza para el futuro de los españoles viene de la diabólica coalición entre socialistas y radicales.

Rajoy, Guindos y Montoro procuran convencer a la ciudadanía española de que la vigente salida de la crisis es la única posible, que debemos celebrar nuestra suerte e, incluso, premiar a nuestros gobernantes con cuatro años más de poder.

Sin embargo, cualquier análisis mínimamente objetivo de nuestra realidad política y económica conduce a una conclusión bien distinta. Los tres grandes problemas a los que se enfrentaba la sociedad española en el año 2011, lejos de resolverse, se han agravado durante los cuatro últimos años: las consecuencias sociales de la crisis económica, los escándalos de corrupción y la amenaza secesionista en Cataluña.

El discurso económico del Gobierno es puramente estadístico. Todas sus celebraciones se basan en un crecimiento del producto nacional y del empleo que solo se refleja en los cuadros macroeconómicos. Puede que el índice PIB aumente por encima del 3%, pero la realidad económica que viven los españoles no es de avance sino de retroceso.

Hoy tenemos 300.000 parados más que en 2011, si comparamos las encuestas de población activa correspondientes al segundo trimestre del año. Las dos terceras partes de este paro lo es de larga duración. Hoy hay 3.700.000 parados sin prestación pública alguna, 635.000 más que hace cuatro años. 94 de cada 100 contratos que se firman son temporales y precarios. Un tercio de estos contratos se ha firmado a tiempo parcial con carácter involuntario.

La reforma laboral del PP ha facilitado el despido, ha debilitado la negociación colectiva y ha quebrado el equilibrio de poder en el seno de la empresa a favor del empelador. La consecuencia es que los sueldos bajan, las jornadas se alargan y los derechos se recortan. El nuevo Gobierno socialista balear se ha visto obligado a impulsar un “plan contra la explotación laboral”, y pronto le imitarán otros gobiernos autonómicos.

El déficit de la Seguridad Social se ha disparado porque la baja calidad de los contratos laborales y los salarios reducidos están mermando gravemente sus ingresos. El Gobierno ya ha sacado 45.000 millones de euros de la hucha de las pensiones, ha limitado el crecimiento de su cuantía por debajo de la inflación y amenaza en público con sacar del sistema las pensiones de viudedad y orfandad.

Los jóvenes siguen soportando un desempleo de en torno al 50%. La capacidad de los parados mayores de 45 años para reincorporarse al mercado de trabajo no cesa de mermar. La brecha de empleabilidad, de salarios y de prestaciones sociales entre mujeres y hombres no cesa de crecer. Y a todo esto el Gobierno ha recortado en 15.000 millones los recursos presupuestarios para las políticas de empleo.

La política fiscal del Gobierno consiste en rebajar impuestos a los que más rentas declaran y en amnistiar sus fraudes a los que ni tan siquiera declaran lo que obtienen, venga de donde venga. Y su política social insiste en recortar los recortes, desde las prestaciones a parados a las becas para estudiantes y las ayudas para personas en situación de dependencia.

La Arcadia feliz de Rajoy solo aparece en sus mentiras estadísticas. Mientras su economía de cartón piedra se recupera, los españoles se empobrecen. No, esto no va bien. Por eso soplan fuerte los vientos del cambio. Hacia la izquierda.

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