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Archive for 31 mayo 2015

CIUDADANOS, PARA EL CAMBIO O PARA LA CONTINUIDAD

Pasar de las tertulias a las instituciones tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas tienen que ver con la capacidad de influencia y decisión que se asume. Los inconvenientes consisten en la responsabilidad inexorable de tomar decisiones, aunque resulten incómodas, y en la imposibilidad manifiesta de seguir defendiendo a la vez una cosa y la contraria.

En las tertulias y en las entrevistas de los medios pueden sortearse las decisiones más comprometidas. Sin embargo, cuando se cuenta con un grupo parlamentario en un Parlamento, las decisiones no se pueden sortear. Y las decisiones tienen consecuencias, para la colectividad y para la organización propia.

Ciudadanos ha irrumpido con éxito en la vida política española con el discurso de la eficiencia económica y la regeneración democrática. Sus dirigentes han explicado con reiteración que quieren cambiar el modelo productivo vigente, haciéndolo descansar en la investigación, la innovación y el conocimiento. Y han defendido la necesidad de afrontar cambios profundos en la institucionalidad democrática, con más transparencia, mejores instrumentos de participación y un compromiso firme contra las corruptelas.

Con este discurso de cambio, Ciudadanos ha obtenido apoyos muy relevantes del electorado, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde sus 17 escaños resultan decisivos para conformar el futuro gobierno regional.

La disyuntiva insoslayable que tiene este nuevo partido ante sí consiste en lo siguiente: o confirman su disposición para el cambio, o renuncian a su discurso reformista y apoyan con sus votos la continuidad de las políticas del PP de Aguirre y Cifuentes en la Comunidad de Madrid. Cualquier decisión que adopte será legítima y respetable, pero tendrá consecuencias, sobre todo en su credibilidad ante la ciudadanía de Madrid y del conjunto de España.

El voto a favor de la investidura de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid sería un voto por la continuidad de las políticas que Ciudadanos ha venido denunciando insistentemente durante los últimos meses. Cifuentes es la candidata del PP que preside Esperanza Aguirre, ha sido la Delegada del Gobierno de Rajoy en Madrid, y ha sido corresponsable, como diputada autonómica y dirigente del PP madrileño, de todas las decisiones que la derecha madrileña ha adoptado en orden a los recortes de derechos, las privatizaciones de servicios públicos y el compromiso insuficiente contra la corrupción, que ha permitido casos como Gurtel y Púnica.

Una eventual abstención en la investidura de Ángel Gabilondo, si este lograra el apoyo de Podemos, daría lugar a un gobierno de cambio auténtico en la Comunidad de Madrid, tras 20 años de gobiernos del PP. El perfil de Gabilondo es una garantía de cambio en sí mismo. Se trata del candidato mejor valorado por los madrileños, porque su programa, su trayectoria y su talante aseguran una disposición firme a favor de un desarrollo económico moderno y justo, unas políticas públicas eficientes para el bienestar social, y una limpieza absoluta en las instituciones madrileñas.

Gabilondo ha manifestado en muchas ocasiones que uno de los males de nuestra política reside en el partidismo, antes que en el bipartidismo tan denostado por algunos. Sustituir un el bipartidismo que se denuncia por un monopartidismo, otro bipartidismo o un tetrapartidismo nuevo no serviría para mejorar la calidad de la democracia. Hace falta superar el partidismo más sectario, abandonar las tentaciones dogmáticas y frentistas, para anteponer el interés general de la ciudadanía y los procedimientos democráticos del diálogo, la participación cívica y los acuerdos sobre los grandes proyectos colectivos a emprender. Gabilondo tiene el perfil adecuado para emprender esta estrategia.

La situación del Parlamento de Madrid es muy distinta de la que se vive en el Parlamento andaluz. En Andalucía solo existe una alternativa de gobierno viable, la que en lidera el PSOE y Susana Díaz tras ganar las elecciones. No existe posibilidad de un acuerdo distinto entre las demás fuerzas políticas, según se ha comprobado. La disyuntiva en Andalucía, pues, consiste en posibilitar el único gobierno factible o bloquear sine die la gestión de los intereses generales. En Madrid, sin embargo, hay dos opciones perfectamente viables: la continuidad o el cambio.

Está en juego el futuro de la ciudadanía madrileña, y esto es lo más importante. Pero Ciudadanos también se juega su credibilidad como opción política de cambio, de modernización y de regeneración democrática.

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A VOTO LIMPIO

La política es la actividad mediante la que hombres y mujeres organizamos el espacio público que compartimos. Es, por tanto, una actividad imprescindible. Y cuando responde a los valores y a la voluntad de las mayorías es, además, una actividad democrática y noble. Sin embargo, pocas actividades humanas están tan denostadas ante la opinión pública hoy día como la política. Hasta el punto de que muchos de los candidatos que se presentan a las elecciones del día 24 se apresuran paradójicamente a tomar distancias con la política e, incluso, a negar para sí mismos la cualidad del político.

¿Por qué? Porque a menudo se confunde la política con conductas reprochables como el partidismo sectario o el aprovechamiento particular de la representación pública. Y la política, como otras muchas actividades humanas, no es ni buena ni mala en sí misma. Hay políticas buenas y malas, como hay políticos que merecen reconocimiento y otros que merecen reproche. Pero declararse ajeno a la política es tan absurdo como declararse ajeno al transcurrir de los días. La política es inexorable, pero puede llevarse a cabo conforme a la participación de los más o conforme a la participación de los menos. Esta es la cuestión.

En consecuencia, los discursos que llaman a desconfiar de la política con carácter general, o los que establecen una indiferenciación falaz, el “todos son iguales”, en realidad están promoviendo un escenario político concreto: el escenario conservador en el que las mayorías con valores progresistas desisten en la capacidad reformista de sus votos, y permiten que sigan gobernando las minorías con valores regresivos.

En democracia, el voto no es solo un derecho. Es también un deber cívico. Tenemos el deber de interesarnos, de opinar, de participar, de influir y de votar, para que el criterio de cada uno de nosotros cuente en la formación de la voluntad democrática para la organización del espacio público que compartimos. La auto-marginación de la política y del voto no equivale a una postura coherente de rechazo a la institucionalidad presente, sino un apoyo poco inteligente y poco responsable a su permanencia indefinida, y un desistimiento absurdo ante la posibilidad de los cambios deseados. El que calla otorga, en política también.

Como todo deber cívico, el voto ha de ejercerse con responsabilidad. Primero votando. Y después votando en función de las convicciones propias y de los objetivos que se comparten. El voto responsable es el voto que valora los idearios, los programas, los equipos y la credibilidad de las distintas opciones antes de descantarse por una de ellas.

Todos los votos son respetables en democracia, pero unos son más coherentes que otros. Es poco coherente, por ejemplo, votar a la contra, o el voto del enfado y del desahogo. Votar para fastidiar a unos o a otros, porque puede acabar uno fastidiándose a sí mismo. El voto del hartazgo, del “que se vayan todos”, del “qué más da”, puede llevar a las instituciones a muchos representantes sin ideas, sin proyectos, sin equipos y sin solvencia para afrontar retos y para resolver problemas. Y no podemos permitirnos cuatro años de Ayuntamientos y de Gobiernos autonómicos bloqueados e incapaces de administrar la economía, el empleo, los servicios públicos o la convivencia misma.

Respetable pero incoherente es el voto del riesgo. El voto a la formación que apenas se conoce por la imagen de uno de sus dirigentes o la frase ocurrente del tertuliano. Tras algunas sonrisas de cartel y algunas habilidades trabajadas en cursos de dialéctica televisiva, se esconden populismos vacuos e insolvencias manifiestas, que hoy pueden defender A con contundencia, para mañana desdecirse y defender B, C o D, con el mismo furor irreflexivo, tan solo para agradar a las audiencias. ¿Queremos este tipo de políticos al frente de nuestros colegios y hospitales?

Legítimo pero incoherente es el voto conservador, especialmente para aquellos que prefieren el cambio. Quienes llevan años gobernando o sosteniendo gobiernos contrarios a las convicciones de la mayoría, carecen de credibilidad para cambiar de cartel, de eslogan y de discurso y presentarse ante la ciudadanía como adalides del tiempo nuevo. No. Votar a la derecha es votar lo que ha hecho la derecha, lo que la derecha hace y lo que la derecha siempre hará.

El cambio es posible. Pero el cambio seguro y factible exige un voto responsable. No se cambia sin votar. No se cambia votando conservador. Y no se cambia con el voto de la protesta y el bloqueo. Se cambia con el voto de cambio coherente y reformista. El cambio no llega tan solo con el discurso del cambio o la voluntad del cambio. El cambio requiere convicciones, ideas, programas, equipos. Porque de lo contrario, el cambio proclamado puede convertirse tan solo en cambio frustrado.

Cambiemos. A voto limpio.

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TRABAJO O DIGNIDAD

Resulta difícil de explicar y de entender que la campaña electoral esté transitando por caminos que en muchas ocasiones poco o nada tienen que ver con las preocupaciones cotidianas de aquellos a los teóricamente está dirigida, es decir, la ciudadanía española. El presidente del Gobierno se fotografía en bicicleta, la candidata derechista de la capital pasea a su mascota, los llamados emergentes no dejan de hablar de sí mismos, de lo importantes que son y de lo encantados que están de haberse conocido…

Pero poco se habla del primer problema de los españoles: el paro y la precariedad laboral, a pesar de que las competencias municipales y autonómicas en esta materia son decisivas. Desde las políticas activas de empleo hasta la formación profesional, desde el urbanismo y el I+D+i que pueden cambiar el modelo productivo, hasta los servicios sociales que pueden paliar las peores consecuencias del desempleo de larga duración. Las funciones de los gobiernos municipales y autonómicos en relación al trabajo de los españoles son claves, pero las propuestas de unos y otros apenas aparecen en la campaña.

Los niveles de paro en nuestro país son sencillamente insoportables, muy por encima de la media europea. La “recuperación” que preconiza el Gobierno está consistiendo en sustituir los contratos indefinidos a tiempo completo por contratos precarios, temporales y a tiempo parcial en su gran mayoría. La explotación laboral crece exponencialmente año a año, al amparo de la reforma laboral retrógrada de 2012, con millones de horas trabajadas a la semana que ni se reconocen ni se pagan, y con cientos de miles de contratos fraudulentos que se firman por pocas horas y pocos días y que esconden condiciones penosas y salarios de miseria.

Los problemas del paro y de la precariedad laboral se ceban sobre todo en los colectivos socialmente más vulnerables, como los más jóvenes, los mayores de 45 años y las mujeres. El paro de larga duración y los falsos contratos a tiempo parcial se acumulan especialmente en estos sectores. En el horizonte asoma como amenaza, además, el contrato único con despido barato y el contrato de “cero horas”. El primero constituye la gran oferta de algún partido que presume de nueva política pero que preconiza las recetas más viejas. Y el segundo supone poner al trabajador a disposición total del empresario, hoy una hora, mañana media, y pasado ya me pienso si te llamo o no.

La lucha reciente de los trabajadores de servicios telefónicos ha sido paradigmática. Mientras algunas empresas tecnológicas multiplican sus beneficios y los directivos se reparten bonus millonarios, los trabajadores sufren la precariedad más absoluta por la vía de la externalización y la subcontratación sucesiva de los servicios. En mi despacho me han denunciado casos de contratos firmados por dos horas diarias, que se convierten en diez horas diarias de trabajo real, con 400 euros en blanco y 200 en negro.

La derecha pretende convencer a los trabajadores de que tienen que elegir entre tener trabajo o tener dignidad, porque ambas cosas a la vez ya no están a su alcance. Si quieren trabajo han de renunciar a su derecho de disfrutar de unas condiciones y unos salarios dignos. Y si quieren dignidad deben despedirse del trabajo. Es una alternativa falaz y tramposa. Que requiere de una respuesta contundente. El día 24, y “a voto limpio”, como dice Angel Gabilondo.

Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos tienen capacidad para hacer frente a esta deriva de paro y subempleo. Se pueden lograr buenos empleos para la mayoría, con una política económica que promueva la innovación y la formación para ganar competitividad.

Con un nuevo Estatuto de los Trabajadores que blinde los derechos laborales frente a la depredación de algunos empresarios. Con unas políticas activas de empleo eficaces y con recursos para orientar, mediar y formar a favor del trabajo de calidad. Con programas de inspección y sanción sobre los abusos y los fraudes en la contratación y en la duración de la jornada laboral. Con medidas específicas para mejorar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables, como jóvenes, mayores de 45 años y mujeres… Con acuerdos sociales para elevar los salarios. Con ampliaciones de la cobertura social a los parados, especialmente los afectados por riesgos de exclusión.

He leído y escuchado propuestas muy interesantes desde el PSOE, desde las candidaturas de Gabilondo y Carmona. Pero, ¿por qué todas estas cosas no son protagonistas de la campaña electoral en un país que tiene el paro y la precariedad laboral como la primera de las preocupaciones entre la ciudadanía? Estamos a tiempo para lograrlo.

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VOTAR, NO VOTAR O VOTAR A LA CONTRA

La campaña electoral presente está dominada en mayor medida que en otras ocasiones por ese fenómeno que Felipe González llama “psicopolítica”, y que consiste en la formulación mayoritaria de posiciones políticas derivadas por las emociones antes que por las ideologías, y por cierta irracionalidad antes que por el sentido común.

Las gravísimas consecuencias de la crisis en términos de deterioro social y el descrédito institucional derivado de los casos de corrupción alimentan una pulsión de cambio tan potente como legítima. Pero tal pulsión está desarrollándose mediante conductas políticas diversas: una parte de la población decide optar por proyectos políticos constructivos pero distintos al hegemónico; otra parte piensa utilizar su voto para castigar a quienes considera responsables de los problemas; y una tercera opción se decanta por la auto-marginación en el proceso electoral.

Cualquier actitud que respete las reglas del juego ante una campaña electoral es legítima en democracia: votar, no votar o votar a la contra. Sin embargo, unas actitudes resultan más beneficiosas que otras desde la perspectiva del interés común e incluso del interés propio.

Por ejemplo, la decisión de no votar es irracional y contraria a cualquier expectativa de mejora. La política es la disciplina que organiza el espacio público que compartimos, y puede aplicarse conforme a los valores y a la voluntad de los concernidos, o tan solo conforme a los que decidan participar en sus procesos de decisión. Como siempre hay alguien que decide, el hecho de auto-marginarse no conduce a la no-política sino al ejercicio de la política que llevan a cabo los que no se auto-marginan. Por tanto, la actitud de no votar no es inteligente, sino todo lo contrario. Si no votas, alguien votará por ti, y puede que vote contra ti.

Votar a la contra puede ofrecer una primera satisfacción agradable. Estoy enfadado. ¿Dónde puedo hacer más daño con mi voto a quienes responsabilizo de mi enfado? Pues ahí voy a votar. Es voto de la frustración y el desahogo. Bien, pues. Respondo al daño con daño.

¿Y después qué? ¿Qué hacemos con unos Ayuntamientos y con unos Parlamentos donde se sientan un buen número de anti-todo? ¿Qué hacemos con unos Ayuntamientos y unos Parlamentos en los que buena parte de sus integrantes no cuentan ni con programas realizables, ni con equipos solventes, ni tan siquiera con voluntad alguna para colaborar en el gobierno de los problemas? Ya estamos viendo en Andalucía para qué sirve el voto del desahogo: para bloquear la formación del gobierno que han elegido mayoritariamente los andaluces.

El voto del cambio realizable y seguro resulta menos arrebatador en la psicopolítica reinante, ciertamente, pero es la opción más positiva para el interés propio y el interés común. Entre el inmovilismo y el “liquidacionismo”, por citar otra vez a Felipe, cabe la opción del reformismo. Entre no cambiar nada de lo que no funciona, y tirar abajo lo que funciona junto a lo que no funciona, cabe optar por cambios sensatos, en positivo, conforme a los valores progresistas mayoritarios, y conforme a la experiencia positiva de los programas reformistas para el desarrollo equitativo de la sociedad.

Y claro que hay una traducción electoral en este discurso. Si Cifuentes y Aguirre representan el inmovilismo, y los Podemos-Ciudadanos representan el “liquidacionismo”, las candidaturas socialistas que encabezan Gabilondo y Carmona representan el reformismo inteligente y justo. Debo decirlo, sí. Pero es la pura verdad.

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¿NECESITAMOS BUENOS LÍDERES O BUENAS INSTITUCIONES?

Dos fenómenos paralelos y crecientes caracterizan el panorama político actual en nuestro país: la progresiva denostación de las instituciones y la confianza en los liderazgos con facultades aparentemente taumatúrgicas. El Parlamento, el sistema electoral, el procedimiento legislativo, los partidos, la judicatura, la agencia tributaria, los sindicatos… Prácticamente no hay institución a salvo hoy de la crítica acerada en cualquier tertulia pública o privada.

Como contrapunto a tanto deterioro, periódicamente surge una figura personal que concita todas las esperanzas para la regeneración del sistema y la provisión de un futuro brillante. Eso sí, la percepción del desastre institucional permanece y se consolida mes tras mes, pero la figura salvadora se sustituye periódicamente. El salvador de ayer no nos sirve para hoy, y el de hoy posiblemente muestre fallos imperdonables para mañana.

Las referencias ideológicas están pasadas de moda. Los programas son intercambiables, según algunos. Cierto líder emergente hoy, y muy posiblemente sumergido mañana, ha llegado a afirmar que es un error escoger solo un lado del escaparate político tradicional, cuando se puede picar cada día un poco de la derecha y otro poco de la izquierda. Los debates, los contrastes y los posibles pactos no se referencian en las opciones políticas sino en los líderes mediáticos. No se trata de si se pactará entre tal o cual posición o si se acordará tal o cual programa. La pregunta es si fulanito pactará con menganito o no.

La política se ha personalizado tanto que junto a cualquier ranking demoscópico sobre apoyos electorales a partidos, aparece ya irremediablemente el ranking de popularidad de los personajes que protagonizan el debate mediático. Ya no se miden tanto los apoyos a las opciones políticas como los índices de respaldo popular a tal o cual liderazgo personal. Otro líder, emergente ayer y sumergido hoy, llegó a sustituir el símbolo del partido por su propia fotografía en la papeleta electoral.

¿Podemos permitírnoslo? ¿Puede una sociedad que aspira a una democracia de cierta calidad sustituir el crédito de sus instituciones por la popularidad de sus líderes? ¿Se puede sustituir la confianza en el sistema político por la fe en los sucesivos personajes que encabezan los concursos de popularidad en el prime time televisivo?

Jean Monnet dijo aquello de “los hombres pasan, pero las instituciones permanecen”. El sabio candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, insiste en promover las “instituciones justas” como parte fundamental de su programa. Y ambos tienen poderosas razones para manifestarse así. La razón y la experiencia histórica nos dicen que vale más una institución benéfica pero imperfecta que un salvador aparentemente perfecto pero seguramente perfectible.

Cuidemos de mejorar nuestra democracia mejorable, nuestros Parlamentos mejorables, nuestros partidos mejorables, nuestras ideologías mejorables y hasta nuestra moralidad mejorable. Porque son las instituciones las que aseguran la vigencia de nuestros derechos, más allá de cualquier veleidad personal. Y ojalá podamos contar además con liderazgos sabios y ponderados.

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