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Archive for 24 marzo 2015

LOS ANDALUCES VOTAN UNA RECUPERACIÓN JUSTA

La primera votación de este año electoral coloca al PSOE como la alternativa favorita de los ciudadanos, con un gran triunfo en Andalucía. El PP se derrumba con 14 puntos y medio millón de votos menos. Los apoyos a IU también caen a menos de la mitad. Y los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, no cumplen sus expectativas de sorpasso, si bien obtienen apoyos importantes que fraccionan sobremanera la representación institucional de los andaluces.

El Partido Socialista ha ganado las elecciones con un discurso basado en la recuperación justa. “Queremos que Andalucía crezca sin dejar a nadie atrás”, ha repetido una y otra vez Susana Díaz. La ciudadanía ha castigado duramente la estrategia neoliberal de contraponer economía y bienestar social. Centenares de miles de andaluces han dado la espalda al PP por aprovechar la crisis para acrecentar las desigualdades y empobrecer a las mayorías.

Podemos rentabiliza su discurso crítico, aunque queda muy lejos de sus promesas de “conquistar los cielos”. Los andaluces han sabido distinguir la dialéctica tertuliana más o menos afortunada de una auténtica alternativa de gobierno. Y Ciudadanos obtiene provecho de su indefinición ideológica y su imagen de cierta novedad, pero el provecho también es limitado.

Aquellos que se apresuraron a vaticinarel fin de los apoyos mayoritarios a los grandes partidos tendrán que revisar sus análisis en las tertulias de los próximos días. No se ha producido ninguna hecatombe en el voto socialista. De hecho, el PSOE vuelve a ser el primer partido en Andalucía, mantiene exactamente los mismos escaños que tenía hace cuatro años y saca 14 diputados de ventaja al segundo clasificado.

Y el PP recibe el castigo merecido por sus políticas antisociales y la corrupción sistémica en su organización, pero tampoco cede la segunda posición y más que duplica en diputados al tercer partido.

La sociedad andaluza ha optado por una representación democrática más fraccionada. Esta nueva situación tiene la ventaja de la pluralidad en las voces y en los posicionamientos políticos a tratar en el Parlamento andaluz. Pero añade también cierta dificultad para asegurar la gobernabilidad de las instituciones.

Ahora corresponde a Susana Díaz y al Partido Socialista estudiar el nuevo escenario político en Andalucía y sacar adelante un gobierno que cumpla la voluntad que los andaluces han expresado inequívocamente en las urnas. La ciudadanía quiere dejar atrás la crisis, pero no al coste de perder igualdad, bienestar y dignidad. Los andaluces han votado por una recuperación justa, con el Partido Socialista al frente.

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SUELO PÚBLICO PARA ENSEÑANZA PÚBLICA

Posiblemente no se nos ocurra ninguna acción de gobierno más miserable que aquella que hace del derecho a la educación de nuestros hijos una simple moneda de cambio para el mercadeo y las corruptelas de esas moscas ventajistas que revolotean siempre alrededor del poder.

Y esto es lo que la Justicia ha descubierto en la inefable conducta de Francisco Granados, consejero del Gobierno madrileño del PP durante muchos años, y sus no menos inefables socios en el macro-caso de corrupción que la policía bautizó como “Púnica”.

Suelo público a precio de saldo. Construcción del colegio a cargo de una empresa de la trama. Garantía de concierto y financiación pública a cargo de la Comunidad de Madrid. Tal era, al parecer, el pack infame con que Granados, Marjaliza y compañía se enriquecían a costa de los recursos destinados a asegurar la formación y la igualdad de oportunidades de nuestros hijos.

Más de dos millones de metros cuadrados de suelo público regalados a las empresas de los amiguetes, mientras se negaba la construcción del instituto público imprescindible, mientras se demoraba sin rubor la ampliación del colegio saturado, mientras se recortaban los recursos precisos para atender las necesidades de los más débiles, mientras se justificaba la no apertura de los comedores escolares para los más pobres durante las vacaciones…

El reproche ya no es solo político, por penoso. El reproche debe ser moral, porque deberían avergonzarse hasta el extremo quienes acumulan millones en Suiza a costa del futuro de los niños y las niñas de su comunidad.

Ahora se entiende aquella enmienda apresurada que presentó el Partido Popular durante la última fase de la tramitación de la LOMCE en el Congreso. La iniciativa facultaba a las Administraciones para ceder suelo público a las empresas privadas de la educación. El PP estaba legalizando las prácticas vergonzantes de sus cargos en Madrid.

Solo cabe exigir primero una investigación a fondo de los hechos, en sede judicial y en sede parlamentaria. Segundo, la restitución de todo lo robado a la educación pública, para dedicarlo a la mejora de la enseñanza de todos y todas. Tercero, la vigilancia para que los centros así concertados cumplan la ley, escolarizando a niños y niñas con necesidades especiales y renunciando al cobro de contribuciones “voluntarias” a las familias.

Cuarto, retirada inmediata del concierto a los centros que segreguen a los niños de las niñas, contraviniendo el principio de la igualdad de género. Quinto, derogación de la LOMCE en cuanto exista una mayoría parlamentaria comprometida para ello. Y sexto, y más importante, garantía a los ciudadanos de Madrid de que el próximo Gobierno del cambio solo destinará suelo público a la enseñanza pública.

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POLÍTICA LIMPIA PARA MADRID

La primera condición para el cambio político en Madrid consiste en que la política recupere la legitimidad y la credibilidad que ha perdido tras veinte años de gobierno de la derecha. Ningún gobierno podrá afrontar los cambios necesarios en el modelo productivo, en la creación de buenos empleos o en la recuperación de unos servicios públicos con calidad y con equidad, si no logra antes generar un mínimo de confianza en las instituciones que rigen la convivencia democrática.

Una sociedad compleja como la madrileña no se gobierna solo desde la Puerta del Sol. Acometer retos de envergadura requiere concernir, implicar y movilizar a muchas entidades y a muchos ciudadanos en un proyecto común. Y esto solo puede hacerse cuando tales entidades y tales ciudadanos ven honestidad y rigor en sus referentes institucionales.

La Comunidad de Madrid está sometida desde hace mucho tiempo a un deterioro institucional gravísimo y creciente. Estamos ante el derrumbe de todo un régimen clientelar que ha alimentado intereses parciales y a menudo espurios por encima y a pesar del interés general de los madrileños y de las madrileñas. El espectáculo lamentable de estos días a costa de áticos presidenciales y dádivas a jueces constituye el mejor símbolo para un fin de ciclo más que necesario.

Un presidente que denuncia el chantaje de unos comisarios de policía a propósito de la investigación sobre el origen dudoso de una propiedad. Un comisario de policía denunciando por injurias a un presidente autonómico. Un Parlamento haciéndose eco de sobresueldos pagados a jueces a través de una concesionaria autonómica. Un juzgado tratando los espionajes zafios entre miembros del gobierno de la Comunidad.

Otro exmiembro del gobierno de la Comunidad en los periódicos por sus pelotazos urbanísticos, sus cuentas en paraísos fiscales y sus sociedades con un agraciado múltiple en la lotería. Un exmiembro más del mismo gobierno en el juzgado por ser epicentro de la trama Gürtel como receptor de comisiones delictivas entre concesionarios públicos. Alcaldes y concejales del partido gubernamental procesados y condenados por manejos ilegales en el suelo de Madrid, de norte a sur y de este a oeste, de Majadahonda a Valdemoro, de Arganda a Pozuelo.

Miembros del gobierno y altos cargos de la sanidad pública haciendo uso de las puertas giratorias en empresas beneficiarias de sus propias decisiones privatizadoras. Pruebas fehacientes de la financiación irregular durante décadas de las campañas electorales del partido del gobierno. Una televisión pública usurpada por el partido del gobierno y desahuciada por unos telespectadores que la pagan pero se niegan a tragar su sectarismo. Un Parlamento regional sometido al poder ejecutivo con alevosía y nocturnidad literal…

La Comunidad de Madrid necesita una operación urgente de limpieza en sus instituciones. Como ha dicho Ángel Gabilondo, nuestra región debe someterse cuanto antes a la máxima kantiana de la honradez como la política primera y fundamental. Política limpia en instituciones justas. Este es el primer paso del cambio.

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