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Archive for 30 noviembre 2014

REVISEMOS LA REFORMA DEL 135

El PSOE acierta al revisar ahora la reforma del artículo 135 de la Constitución acometida en el año 2011. Y acierta porque los españoles hoy reclaman y merecen mayores garantías para la financiación de los servicios que atienden sus derechos sociales más relevantes, sin que ello suponga renunciar al principio positivo de la estabilidad presupuestaria.

Pero esta revisión no supone admitir que el PSOE traicionara entonces a la clase trabajadora, como se ha sostenido de manera falaz y malintencionada. Ni que aquella reforma supusiera el desmantelamiento directo e inexorable del Estado de Bienestar. Ni que la nueva redacción del 135 impulsara y legitimara los recortes sociales del Gobierno del PP, que se hubieran producido de igual modo con la redacción original. Ni que pueda darse por bueno el relato falso que sitúa en aquella reforma la prueba incontestable de la conspiración bipartidista contra el pueblo. Ni tan siquiera que la proposición de ley de IU que hemos votado para abrir la posibilidad de tal revisión merezca mejor calificación que la de una mera chapuza oportunista.

Muchos de los que lanzan estas acusaciones falsas no han leído el artículo en cuestión, ni antes ni después de la reforma. Y otros, que sí lo han leído, mantienen una interpretación deliberadamente artera, por puro interés electoral. La realidad es que aquella reforma constitucionalizó el principio de estabilidad presupuestaria al que ya nos obligaban los Tratados de la Unión Europa, y que no tiene nada que ver con el cuestionable déficit cero permanente. Y que aquella reforma subrayaba la obligación de pagar las deudas públicas, tal y como ya establecía la redacción de 1978, y tal y como está obligado a actuar todo Estado que prevea seguir solicitando crédito externo. Y que la reforma establecía la “prioridad absoluta” de hacer frente a las obligaciones de la deuda, “salvo emergencia financiera, económica o social”, es decir, salvo que el pago de la deuda ponga en riesgo la atención a las necesidades básicas de la población.

La reforma se emprendió en 2011 porque las alternativas que se barajaban eran terribles: o el default, el impago de la deuda, la quiebra y el subsiguiente rescate del Estado, con las contrapartidas dramáticas que han empobrecido drásticamente a griegos y portugueses; o el seguimiento del recetario que el Banco Central Europeo se atrevió entonces a poner por escrito como condición para respaldar la deuda pública española. No es justo hacer hoy análisis sobre lo que se decidió entonces sin atender las circunstancias que condicionaban tal decisión.

Aquello se hizo por lo que se hizo. Pero no se hizo bien, y esto hay que reconocerlo. No fue justo afrontan la garantía constitucional del pago a los acreedores financieros, sin garantizar positivamente al mismo nivel la atención de las necesidades sociales de una población ya muy castigada por la crisis. No era admisible de buen grado asumir el chantaje de un órgano carente de legitimación democrática, como el BCE, sin someter esta decisión al escrutinio de los electores, que habían votado programas de gobierno muy diferentes. Y tampoco fue razonable llevar a cabo la reforma de manera acelerada y casi sin debate público. Quizás hubiera sido mejor disolver las Cortes y consultar a la ciudadanía en torno a los nuevos caminos a transitar. Claro que resulta fácil hacer estos análisis a toro pasado.

La posición correcta hoy no es la del PP, que pretende no revisar nada, porque a su juicio no hay problemas cuya solución requiera nuevas reformas. Pero no es correcta, igualmente, la posición de IU que somete a votación en el Congreso una proposición de ley panfletaria, carente de rigor jurídico y político, plagada de conceptos indeterminados –como aquello de los servicios públicos fundamentales-, y absolutamente contradictoria, porque tras atribuir a supuestas veleidades ultraliberales la simple intención de pagar las deudas contraídas, plantean en su reforma alternativa del 135 la mismísima obligación de incorporar cada año el pago de tales deudas al Estado de gastos de los presupuestos públicos. ¿En qué quedamos? ¿Pagar las deudas propias es neoliberal o no?

Tampoco cabe admitir la verborrea populista de los portavoces de Podemos cuando un día exigen que el Estado no pague las deudas contraídas, pero al día siguiente sostienen que el mismo Estado ha de incurrir en déficit público para pagar rentas universales o jubilaciones desde los 60 años. ¿Y quiénes van a prestarnos el dinero para cubrir ese déficit? ¿Los mismos a los que hoy nos negamos a pagar las deudas pendientes?

Sí hay que revisar hoy la reforma que acometimos en el año 2011 sobre el artículo 135 de la Constitución. Hay que blindar el derecho a la salud, el derecho a la pensión y el derecho a la atención en situaciones de dependencia, como derechos fundamentales. Y hay que establecer en ese artículo 135 una garantía firme, con un umbral fijo de gasto sobre el PIB, para financiar el ejercicio de los derechos sociales más importantes.

Y el reproche no ha de dirigirse a aquellos que revisan sus decisiones y que afrontan cambios para atender en cada momento los intereses generales, en función de unas circunstancias mutables y de unos valores inmutables. Quienes merecen reproche son aquellos que se niegan al cambio para mejorar la vida de la mayoría, y también aquellos a quienes el artículo 135, y el 136 y todos los demás importan bastante menos que el puro oportunismo de zaherir al adversario político para obtener una ventaja electoral incierta.

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HABLEMOS SOBRE EXPLOTACION LABORAL, CON PERDÓN

Y lo propongo pidiendo disculpas anticipadas por no sumar una contribución más al debate interesantísimo sobre la improbable generalización entre las Señorías de los escarceos amorosos de Monago a cuenta del erario público. Tampoco escribiré, lo siento, en torno a la consulta participativa o refrendaria o plebiscitaria o perifrástica con que nos amenaza ahora el “astuto” secesionismo catalán. Ni tan siquiera haré referencia a la enésima y original invención de la rueda con que nos amenizan los “nuevos” políticos emergentes, que como cualquier otro elemento sólido emerge más conforme menos densidad tiene.

No. Me limitaré a tratar con brevedad un asunto tan leve como el de la explotación laboral creciente en nuestro país. Porque bajo mi humilde criterio, al debate sobre el paro y la precariedad laboral deberíamos sumar cuanto antes un gran debate en relación al fraude cada día más habitual que convierte los contratos teóricos a tiempo parcial en jornadas reales de trabajo a tiempo más que completo, pero sin reconocimiento legal, sin los derechos correspondientes y sin el salario justo. Contratos de dos, tres o cuatro horas al día que se convierten de facto en jornadas de 8, 9 o 10 horas diarias por menos de 20 euros.

¿Merece la pena hablar de esto? Ahí están los datos. Según la última Encuesta de Población Activa, en España se trabajan más de 10,2 millones de horas extraordinarias ilegales cada semana. El 55% del total de las horas extraordinarias no se cobran. El 27% de los trabajadores asalariados de entre 25 y 54 años percibe sueldos por debajo del salario mínimo, y este porcentaje se eleva al 52% en el conjunto de los sufridores de contratos a tiempo parcial involuntarios. Un reciente informe de la Comisión Europea situaba la devaluación salarial entre los contratados temporales durante los tres últimos años en el 20%. Se llama explotación laboral y la sufren millones de españoles.

¿Por qué? Fundamentalmente porque la reforma laboral del Gobierno del PP ha roto el equilibrio de las relaciones laborales en el seno de la empresa, aumentando la potestad discrecional y unilateral del empresario en el establecimiento de las condiciones laborales, desde el salario hasta la jornada, desarticulando la tradicional negociación colectiva. Además, el real Decreto 16/2013 permite al empleador prolongar la duración de la jornada parcial mediante horas complementarias “pactadas” o “voluntarias”, pudiendo alcanzar el 90% de la jornada ordinaria. En realidad, lo que se hace es promover la sustitución de contratos indefinidos a tiempo completo (menos del 4% del total de contratos registrados el pasado mes de octubre) por supuestos contratos a tiempo parcial, sin derechos ni control legal.

Las consecuencias están ahí. Las 10.249.294 horas extraordinarias que se realizaron semanalmente en España de manera ilegal durante el tercer trimestre de 2014, según datos EPA, podrían haberse convertido en 286.284 nuevos puestos de trabajo legales. Los daños sobre la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y, sobre todo, de las trabajadoras, son brutales.

Para contestar a aquellos que insisten en la falsa relación entre los buenos resultados económicos y la suma de horas de trabajo, baste señalar que, según el Observatorio Europeo de Relaciones Laborales, países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda, Noruega, Alemania, Reino Unido y Bélgica, con mejor productividad que nuestro país, cuentan sin embargo con una jornada laboral más reducida.

Hemos propuesto en el Congreso un Plan contra la Explotación Laboral en España, derogando la reforma laboral que está en buena parte de su origen, multiplicando los recursos de la inspección de trabajo para este menester, corrigiendo la legislación sobre contratación a tiempo parcial hacia la prevención del fraude…

Con eco casi nulo. Claro que esto nos pasa por dedicarnos a lo poco importante.

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ALFONSO GUERRA

En un contexto de descrédito generalizado para la política y para sus protagonistas, la despedida de Alfonso Guerra del escenario institucional se ha percibido como un destello inesperado de reconocimiento y de gratitud por una vida ejemplar al servicio de los demás.

Diputados de izquierdas y de derechas aplaudiendo en pie. Periodistas compitiendo por los elogios. Sindicalistas, empresarios, intelectuales y trabajadores sencillos coincidiendo en la figura a ensalzar. Pareciera que despedíamos a un futbolista goleador o a una actriz oscarizada. Pero no. Se trataba de un político. Nada menos. Pero no de cualquier político, ciertamente.

¿Por qué esa coincidencia inhabitual de alabanzas? ¿Por la identidad de las ideas que ha defendido siempre? No solo, porque también llegaron halagos de otras latitudes. En mi opinión se trata de la autenticidad, un valor y una actitud cada día más infrecuentes tanto en la política como en otros ámbitos de la vida.

La leyenda de la fotografía dedicada por Alfonso Guerra que preside mi despacho desde hace casi tres décadas reza lo siguiente, tras mi nombre: “Un político que cree en lo que dice y hace lo que piensa”. Siempre atendí el mensaje como el mejor consejo que podía ofrecer quien nunca dejó de guiarse bajo tal premisa. Autenticidad es eso, firmeza en las convicciones y compromiso para defenderlas.

Resulta inevitable evocar a Alfonso Guerra cada vez que alguien pretende expresar la esencia de las ideas socialistas y de izquierda. De hecho, sus definiciones son las más citadas por quienes buscan la aproximación fiel a estos conceptos. Y, a la vez, pocos hay más certeros para la crítica atinada al contrincante ideológico: desde la derecha que contrapone tramposamente economía e igualdad, hasta el nacionalismo que esconde la explotación bajo las banderas, pasando por el populismo que cabalga hacia el poder sobre la mentira.

Como los grandes personajes de la historia, la suya es figura poliédrica y contradictoria. Percibido a veces como radical y extremista, ha protagonizado algunos de los consensos más básicos para la convivencia en este país, desde la Constitución hasta las reglas del juego electoral. Celoso confeso de la autonomía y el interés legítimo de su partido, el suyo fue siempre el primer teléfono que sonaba en busca de los acuerdos en interés del Estado. Protagonista reconocido de la institucionalidad vigente, sus propuestas son a menudo las más audaces para propiciar el cambio necesario.

Y más allá del personaje, algunos se atreven a atisbar la persona. Si el primero parece enemigo seguro del oropel, la segunda se adivina amante de lo más sencillo. De la bondad, de la belleza, de la cultura, de los libros y, sobre todo, de la familia. Auténtico, eso es.

Parece que termina el Alfonso Guerra de la brega institucional. Algunos, sin embargo, esperamos que el guerrismo no termine nunca.

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LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO

El nuevo partido Podemos ha planteado sustituir el tradicional eje de debate político entre la izquierda y la derecha por un nuevo esquema que contraponga a “los de arriba” frente a “los de abajo”.

Los dirigentes de este partido defienden que las diferencias entre la derecha y la izquierda han devenido en insignificantes, y que la confrontación relevante hoy se produce entre los intereses del “pueblo” (los de abajo) y los intereses de cierta oligarquía, élite o “casta”(los de arriba), indiferenciada supuestamente en su composición, y a la que se le niega el carácter de pueblo o su pertenencia a él.

El objetivo explicitado por esta formación emergente consiste en “acabar con la casta para que gobierne el pueblo”. Según su relato, la ciudadanía ha actuado durante los últimos 40 años de manera ignorante con su voto, aceptando una diferenciación cuestionable entre recetarios derechistas y recetarios izquierdistas. Ahora se trata de corregir esta situación, eliminar a cuantos ejercen la representación democrática en uno u otro lado, y facilitar que el poder sea ejercido por un nuevo actor político al que denominan el “pueblo”, es decir, ellos mismos, los dirigentes del partido Podemos.

En los finales del siglo pasado, tras la caída del Muro de Berlín, un tal Fukuyama ya nos enseñó a desconfiar de aquellos que anuncian el fin de las ideologías, porque suelen esconder propósitos arteros. El objetivo de este autor, celebrado por los seguidores de Reagan y Thatcher, consistía realmente en establecer el triunfo definitivo de una ideología concreta, el neoliberalismo, sobre todas las demás.

Los nuevos aspirantes a enterrar el debate ideológico tienen una finalidad más prosaica: conquistar el poder sin el engorro de explicar para qué y en nombre de qué ideas pretenden asumirlo. Su estrategia consiste en subirse a lomos de la ira y la frustración legítimas de muchos ciudadanos por los problemas sin resolver, y cabalgar así hasta la asunción del poder sin someter propuesta alguna al debate cívico y democrático.

Para esta cabalgada sirven igual unas cabalgaduras que otras, siempre y cuando conduzcan a sus jinetes al poder. Por eso unos días desbordan a la casta por la izquierda con la sugerencia de nacionalizar Mercadona para dar de comer a los hambrientos, al día siguiente asumen el discurso xenófobo y ultraderechista de quienes niegan auxilio social a los “no nacionales”, y al tercer día declaran su intención de “ocupar la centralidad” tras “asaltar los cielos”. Lo que sea preciso para seguir excitando la rabia popular hasta llevarles a la Moncloa.

¿Resulta sorprendente el surgimiento de estos grupos? Solo hasta cierto punto. En toda Europa están emergiendo formaciones de tinte populista y anti-sistema, como consecuencia del hartazgo ciudadano ante las consecuencias de la crisis económica, el paro, la pobreza, las desigualdades y las corruptelas, entre otros problemas sin resolver. Ahora bien, de ahí a justificar o legitimar a actores políticos que ofrecen diagnósticos falsos y cero soluciones a problemas que acaban agravando, hay una distancia que no debemos recorrer. Porque la historia nos dice que además de falaces, son peligrosos, para la democracia y para las libertades.

Ciertamente, el debate izquierda-derecha requiere de una actualización conforme a las nuevas realidades y los nuevos retos. Y es verdad que los temores de unos, los complejos de otros y el transfuguismo descarado de unos terceros han ocasionado cierta indiferenciación aparente entre unas opciones y otras. Los desbarres del francés Valls, por ejemplo, dan oxígeno a quienes alientan la llama del fin de las ideologías.

Pero lo cierto es que la historia de las realizaciones de la izquierda y la derecha no es una historia indiferenciada, ni en el mundo, ni en Europa, ni en nuestro país. Y lo cierto también es que las desigualdades crecen y los derechos de ciudadanía están más amenazados que nunca por los grandes poderes económicos.

En consecuencia, sigue plenamente vigente el debate entre quienes exigen más libertad y más mercado frente a quienes reclamamos más igualdad y más Estado. Y quienes niegan la vigencia de este debate contribuyen objetivamente al predominio de los intereses de los menos sobre los intereses y derechos de los más. Aunque se presenten a sí mismos como “el pueblo”.

Yo sí soy de izquierdas.

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