AENA Y AVE: LIBERALIZACIÓN O APROPIACIÓN

El Gobierno acaba de anunciar sendos procesos de liberalización y privatización en dos ámbitos públicos de importancia estratégica para la sociedad española: el gestor aeroportuario AENA y el servicio ferroviario de viajeros. El momento elegido no es baladí ni casual. La derecha suele adoptar este tipo de decisiones con gran calado ideológico y perjuicio público significativo en las etapas de mayor debilidad de la izquierda y con la opinión pública entretenida. De hecho, el Consejo de Ministros que dio vía libre a esta medida se produjo a una semana de la proclamación de un nuevo rey y en plena renovación del liderazgo socialista.

El presente episodio tiene sus antecedentes en las privatizaciones emprendidas por el PP durante el mandato de Aznar en los sectores de la telefonía, de la energía y de la banca pública. Igualmente sucedió en varias comunidades autónomas como la madrileña y la valenciana en relación al patrimonio público de suelo y vivienda o en los servicios públicos sanitarios y educativos.

El Partido Popular pretende enmarcar estas operaciones en lo que llaman procesos de liberalización. El juego tramposo de la conceptualización y el lenguaje político de la derecha resulta efectivo cuando cuenta con múltiples complicidades en los medios de comunicación. El término liberalización pretende evocar conceptos positivos como libertad, apertura, competitividad, eficiencia y ventajas para los usuarios, frente a la ausencia de libertad, los monopolios ineficientes y la burocracia inherente a lo público.

La experiencia, sin embargo, nos enseña que, en demasiadas ocasiones, estos procesos teóricos de liberalización acaban dando lugar a la apropiación privada en sectores de interés público, con grandes beneficios para unos pocos y perjuicios considerables para la mayoría. La privatización del sector energético en nuestro país, por ejemplo, no evolucionó del  monopolio público al mercado abierto, competitivo y eficiente, sino más bien del monopolio público al oligopolio privado, con gran fortuna para los accionistas de las empresas apropiadoras y con un coste creciente y abusivo en la energía a pagar por las familias y las pymes españolas.

Hace mucho tiempo que la socialdemocracia asumió el mercado como un mecanismo potencialmente eficiente y justo para la asignación de recursos, pero la garantía de estos adjetivos de eficiencia y justicia requiere la aplicación de reglas y controles que a menudo se incumplen. Hay un espacio donde el mercado abierto y reglado ejerce un papel de interés general, pero hay espacios que deben reservarse a la titularidad y a la gestión pública a fin de preservar los intereses de la colectividad. El Gobierno de Felipe González privatizó la empresa pública “Calzados Segarra”, porque la fabricación y venta de zapatillas puede desarrollarse en el ámbito puramente mercantil sin riesgo para el interés público. Pero privatizar la energía, los hospitales, los aeropuertos y el transporte ferroviario de viajeros tiene implicaciones muy distintas.

El Gobierno ha decidido aprovechar el marco legal abierto en 2010 para poner en el mercado el 49% del capital de la empresa pública AENA Aeropuertos. Pero las intenciones y las consecuencias de esta decisión de hoy tienen muy poco que ver con aquello que se procuraba hace cuatro años. En 2010, el Gobierno tan solo buscaba socios financieros para aumentar los ingresos del Estado en un momento crítico para el país y cuando estaban vedadas las vías habituales de financiación. Hoy, la situación financiera es distinta, la prima de riesgo se ha reducido y el coste de la financiación del Estado en los mercados habituales se ha normalizado. No existe aquella urgencia.

Además, lo que la norma de 2010 buscaba eran simples inversores privados en busca de una rentabilidad interesante, pero el Gobierno del PP plantea algo diferente: un “núcleo estable de inversores privados”. El primer demandante de este núcleo nos ofrece una buena pista sobre su verdadera naturaleza: Ryanair. Ya no se trata de inversores privados sin interés en la gestión de la red aeroportuaria. Ahora hablamos de empresas con interés en el sector y con intención de participar en la gestión de la red AENA.

Los riesgos son muy considerables. Nuestra red de aeropuertos  constituye un factor estratégico para el desarrollo económico y el ejercicio del derecho a la movilidad de millones de españoles, algunos de los cuales, por ejemplo los isleños, dependen casi en exclusiva de estas instalaciones para su empleo y su conectividad. Solo la titularidad pública mayoritaria de AENA y su gestión conforme a objetivos de carácter general asegura que los aeropuertos menos rentables no se cierran y que el conjunto responde al interés colectivo. ¿Quién garantiza que un empresario privado no acabaría cerrando los aeropuertos deficitarios que empañarían los resultados de explotación?

¿A quién beneficia esta operación? Los ciudadanos españoles no pagan ni un euro de sus impuestos hoy para sostener la red aeroportuaria, y a través de su representación pública establecen pautas de gestión, tarifas, conectividades… ¿Qué ganarían con una gestión privada? Nada. Los que ganarían serían los operadores privados que pondrían AENA al servicio de sus intereses particulares.

Algo parecido ocurre respecto al AVE. Las normas europeas no obligan a considerar la liberalización del servicio ferroviario de viajeros hasta el año 2019. ¿Por qué adelantarse? Los españoles hemos invertido 50.000 millones de euros de nuestros impuestos para contar con una red ferroviaria de alta tecnología y altas prestaciones. ¿Por qué entregarla sin más al beneficio de una empresa privada?

No existe ni una sola razón de interés general para privatizar la gestión del AVE, que el Gobierno pretende iniciar en la línea Madrid-Levante. No hay margen para bajar los precios, porque RENFE ya aplica tantas rebajas que ha finalizado el primer cuatrimestre de 2014 con unas pérdidas de cerca de 100 millones de euros. No hay margen tecnológico para aumentar velocidad. No hay trayecto nuevo a ofertar que no pueda asumir RENFE en mejores condiciones. Cualquier servicio añadido a bordo iría contra el factor clave del precio competitivo. ¿Dónde está la ventaja para el usuario?

No. La ventaja de esta operación no está en el interés general, sino en el beneficio privado que pueda obtener la empresa elegida por el Gobierno a costa del esfuerzo inversor de todos los españoles. Por el contrario, sí existen riesgos. La experiencia británica, por ejemplo, nos enseña que los gestores ferroviarios privados suelen relegar las obligaciones de velar por un buen mantenimiento y una seguridad maximizada en las infraestructuras, el material móvil y los servicios. Allí, de hecho, están de vuelta.

Se trata de una constante histórica. Cuando la izquierda parece debilitada, la derecha aprovecha para perjudicar el interés público en beneficio de unos pocos. Una razón más para fortalecer cuanto antes la alternativa progresista.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s