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Archive for 28 junio 2014

RUBALCABA

“En España se entierra muy bien”, dijo recientemente Rubalcaba, en una de esas frases célebres que le han convertido en el mejor comunicador de la política española. La alusión es tan certera como dura: en este país solo se elogia a los políticos cuando anuncian su marcha. Y solo a algunos. Al secretario general del PSOE se le regatearon muchos reconocimientos en activo, y albergo la esperanza, posiblemente vana, de que al menos reciba algo de la gratitud merecida cuando se despide.

La leyenda que acompaña a Rubalcaba habla también de su afán por dominar los tiempos y los símbolos de la tarea política. Por ello podemos concluir que no fue casual que abandonara el último pleno del Congreso caminando junto a Alfonso Guerra, o que dejara claro su próximo destino en la docencia universitaria, o que hiciera coincidir el hecho noticioso de su despedida con el debate incómodo sobre el aforamiento del último rey.

Rubalcaba ha sido responsable fundamental en muchos logros colectivos que dieron lugar a unas cuantas medallas ajenas. Puede que se recuerde a Maravall y a Solana como grandes hacedores de las reformas educativas de la democracia, pero el muñidor perenne de aquellos avances, con un ministro o con otro, se llamaba Alfredo. Y en la historia quedará que ETA dejó las armas bajo mandato de Zapatero, pero hasta él sabe que aquello no hubiera sido posible sin su ministro más listo. Y si hay un ingeniero que ha levantado una y otra vez los frágiles puentes entre Cataluña y Madrid, para que otros pasearan banderas y palmitos, ese ha sido también Rubalcaba.

Eso sí, jamás faltó a una cita bajo los focos cuando se trataba de poner la cara en nombre del partido, del Gobierno o del sistema, especialmente en los momentos en los que las cosas venían mal dadas. Fue él quien daba rostro a las explicaciones de los últimos gobiernos de Felipe cuando “caían roldanes de punta”. Y fue Alfredo el que acudió al grupo parlamentario socialista para defender la reforma del 135 de la Constitución que otros negociaron contra su criterio, consciente de que arruinaría las escasas expectativas electorales de 2011. Y después puso su nombre en las papeletas de aquellos comicios convocados para perder. Y tampoco dijo no cuando muchos le pedimos que volviera a someterse a la picadora interna del PSOE para encabezar el tránsito a la recuperación.

Es hombre de símbolos, sí. Bajó las escaleras del hemiciclo en su último día junto a Alfonso Guerra, respetado rival de antaño y confidente leal en los últimos tiempos, los más difíciles. Un gesto de reconocimiento y de agradecimiento que le honra. Y una reivindicación en clave generacional. La que corresponde a aquellos pocos que dieron lo mejor de sí para que todos pudiéramos quejarnos del pasado, del presente y del futuro, como toda la vida, pero ahora en libertad y en democracia. En su última comparecencia mediática en el Parlamento situó deliberadamente también su destino en la universidad y en la ciencia, que han sido dos constantes prioritarias en su conciencia inquieta y en su trabajo incansable durante toda su vida pública.

¿Fue casual que Rubalcaba lograra colocar en segundo plano de los noticiarios el feo debate sobre el aforamiento del rey abdicado? Si realmente fue casual, no le gustará leer esto. Y si no lo fue, aún menos. Pero la simple sospecha que albergamos muchos lo dice todo sobre su reconocida vocación de servicio al Estado y al interés común. Como también lo dice que el Parlamento entero, de la izquierda a la derecha, de la oposición al Gobierno, de los amigos a los adversarios y los enemigos, se pusiera en pie para aplaudir a este servidor público en su despedida.

Muchas crónicas identifican estos tres últimos años como los peores en la vida política de Rubalcaba. A mi juicio se equivocan de cabo a rabo. El PSOE necesitaba sujeción interna para combatir el riesgo de desbandada y conflicto que suele acompañar al fracaso electoral, y la autoridad política y moral de Alfredo han sido ese cemento imprescindible. Los socialistas necesitaban también de su solvencia y su crédito personal para mantener la influencia pública de un partido con solo 110 diputados y apenas dos gobiernos autonómicos. Y el PSOE ha sido influyente durante este tiempo gracias al trabajo de mucha gente, pero en muy buena medida también gracias a la capacidad y el prestigio de su secretario general.

Ahora muchos le echarán de menos. Desde luego sus amigos y quienes le hemos acompañado en momentos dulces y amargos. Pero muy especialmente sus rivales internos y sus adversarios externos. Los primeros porque ya no podrán confiar en las anchas espaldas de Rubalcaba para sujetar un edificio sometido en demasiadas ocasiones a los empellones del interés personal. Y los segundos porque ya no contarán con ese contrincante temido en la contienda partidaria, pero siempre dispuesto para el auxilio discreto y el acuerdo leal en los momentos más difíciles, cuando está en juego el interés de todos.

Sí. Yo he tenido la suerte y el orgullo de estar ahí. Con Rubalcaba.

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El Gobierno acaba de anunciar sendos procesos de liberalización y privatización en dos ámbitos públicos de importancia estratégica para la sociedad española: el gestor aeroportuario AENA y el servicio ferroviario de viajeros. El momento elegido no es baladí ni casual. La derecha suele adoptar este tipo de decisiones con gran calado ideológico y perjuicio público significativo en las etapas de mayor debilidad de la izquierda y con la opinión pública entretenida. De hecho, el Consejo de Ministros que dio vía libre a esta medida se produjo a una semana de la proclamación de un nuevo rey y en plena renovación del liderazgo socialista.

El presente episodio tiene sus antecedentes en las privatizaciones emprendidas por el PP durante el mandato de Aznar en los sectores de la telefonía, de la energía y de la banca pública. Igualmente sucedió en varias comunidades autónomas como la madrileña y la valenciana en relación al patrimonio público de suelo y vivienda o en los servicios públicos sanitarios y educativos.

El Partido Popular pretende enmarcar estas operaciones en lo que llaman procesos de liberalización. El juego tramposo de la conceptualización y el lenguaje político de la derecha resulta efectivo cuando cuenta con múltiples complicidades en los medios de comunicación. El término liberalización pretende evocar conceptos positivos como libertad, apertura, competitividad, eficiencia y ventajas para los usuarios, frente a la ausencia de libertad, los monopolios ineficientes y la burocracia inherente a lo público.

La experiencia, sin embargo, nos enseña que, en demasiadas ocasiones, estos procesos teóricos de liberalización acaban dando lugar a la apropiación privada en sectores de interés público, con grandes beneficios para unos pocos y perjuicios considerables para la mayoría. La privatización del sector energético en nuestro país, por ejemplo, no evolucionó del  monopolio público al mercado abierto, competitivo y eficiente, sino más bien del monopolio público al oligopolio privado, con gran fortuna para los accionistas de las empresas apropiadoras y con un coste creciente y abusivo en la energía a pagar por las familias y las pymes españolas.

Hace mucho tiempo que la socialdemocracia asumió el mercado como un mecanismo potencialmente eficiente y justo para la asignación de recursos, pero la garantía de estos adjetivos de eficiencia y justicia requiere la aplicación de reglas y controles que a menudo se incumplen. Hay un espacio donde el mercado abierto y reglado ejerce un papel de interés general, pero hay espacios que deben reservarse a la titularidad y a la gestión pública a fin de preservar los intereses de la colectividad. El Gobierno de Felipe González privatizó la empresa pública “Calzados Segarra”, porque la fabricación y venta de zapatillas puede desarrollarse en el ámbito puramente mercantil sin riesgo para el interés público. Pero privatizar la energía, los hospitales, los aeropuertos y el transporte ferroviario de viajeros tiene implicaciones muy distintas.

El Gobierno ha decidido aprovechar el marco legal abierto en 2010 para poner en el mercado el 49% del capital de la empresa pública AENA Aeropuertos. Pero las intenciones y las consecuencias de esta decisión de hoy tienen muy poco que ver con aquello que se procuraba hace cuatro años. En 2010, el Gobierno tan solo buscaba socios financieros para aumentar los ingresos del Estado en un momento crítico para el país y cuando estaban vedadas las vías habituales de financiación. Hoy, la situación financiera es distinta, la prima de riesgo se ha reducido y el coste de la financiación del Estado en los mercados habituales se ha normalizado. No existe aquella urgencia.

Además, lo que la norma de 2010 buscaba eran simples inversores privados en busca de una rentabilidad interesante, pero el Gobierno del PP plantea algo diferente: un “núcleo estable de inversores privados”. El primer demandante de este núcleo nos ofrece una buena pista sobre su verdadera naturaleza: Ryanair. Ya no se trata de inversores privados sin interés en la gestión de la red aeroportuaria. Ahora hablamos de empresas con interés en el sector y con intención de participar en la gestión de la red AENA.

Los riesgos son muy considerables. Nuestra red de aeropuertos  constituye un factor estratégico para el desarrollo económico y el ejercicio del derecho a la movilidad de millones de españoles, algunos de los cuales, por ejemplo los isleños, dependen casi en exclusiva de estas instalaciones para su empleo y su conectividad. Solo la titularidad pública mayoritaria de AENA y su gestión conforme a objetivos de carácter general asegura que los aeropuertos menos rentables no se cierran y que el conjunto responde al interés colectivo. ¿Quién garantiza que un empresario privado no acabaría cerrando los aeropuertos deficitarios que empañarían los resultados de explotación?

¿A quién beneficia esta operación? Los ciudadanos españoles no pagan ni un euro de sus impuestos hoy para sostener la red aeroportuaria, y a través de su representación pública establecen pautas de gestión, tarifas, conectividades… ¿Qué ganarían con una gestión privada? Nada. Los que ganarían serían los operadores privados que pondrían AENA al servicio de sus intereses particulares.

Algo parecido ocurre respecto al AVE. Las normas europeas no obligan a considerar la liberalización del servicio ferroviario de viajeros hasta el año 2019. ¿Por qué adelantarse? Los españoles hemos invertido 50.000 millones de euros de nuestros impuestos para contar con una red ferroviaria de alta tecnología y altas prestaciones. ¿Por qué entregarla sin más al beneficio de una empresa privada?

No existe ni una sola razón de interés general para privatizar la gestión del AVE, que el Gobierno pretende iniciar en la línea Madrid-Levante. No hay margen para bajar los precios, porque RENFE ya aplica tantas rebajas que ha finalizado el primer cuatrimestre de 2014 con unas pérdidas de cerca de 100 millones de euros. No hay margen tecnológico para aumentar velocidad. No hay trayecto nuevo a ofertar que no pueda asumir RENFE en mejores condiciones. Cualquier servicio añadido a bordo iría contra el factor clave del precio competitivo. ¿Dónde está la ventaja para el usuario?

No. La ventaja de esta operación no está en el interés general, sino en el beneficio privado que pueda obtener la empresa elegida por el Gobierno a costa del esfuerzo inversor de todos los españoles. Por el contrario, sí existen riesgos. La experiencia británica, por ejemplo, nos enseña que los gestores ferroviarios privados suelen relegar las obligaciones de velar por un buen mantenimiento y una seguridad maximizada en las infraestructuras, el material móvil y los servicios. Allí, de hecho, están de vuelta.

Se trata de una constante histórica. Cuando la izquierda parece debilitada, la derecha aprovecha para perjudicar el interés público en beneficio de unos pocos. Una razón más para fortalecer cuanto antes la alternativa progresista.

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CONGRESO, DEMOCRACIA Y REPRESENTACIÓN

El debate en torno al Congreso del PSOE está poniendo de manifiesto una de las paradojas más relevantes de nuestro tiempo político. Cuando el proceso estaba inicialmente convocado conforme a los procedimientos de representación que marcan los estatutos, es decir, conforme a un Congreso de delegados, se acusó al PSOE de “poco democrático” y de “cerrarse a la participación de los militantes”. Sin embargo, cuando se convocó finalmente el Congreso mediante una fórmula que permite a los militantes elegir directamente a su secretario general, también llegaron los reproches: “improvisación”, “fractura”, “división”, “sobresalto” y “baile de candidatos”, entre otros.

En realidad, el ejercicio de la representación no desmerece la calidad de la democracia. Antes al contrario, no hay democracia sin representación. La articulación efectiva de las propuestas y la conformación de los equipos requiere del ejercicio de la representación democrática. Así ha funcionado siempre en todas las organizaciones con democracia interna y así se aplica también en las instituciones parlamentarias más señeras. A nuestro Presidente del Gobierno se le elige a través de los representantes de la soberanía popular en las Cortes generales, y las leyes no se elaboran mediante procedimientos asamblearios en la plaza pública, sino a través de los diputados y los senadores electos por la ciudadanía.

Y este ejercicio de representación democrática es compatible con la elección directa de algunas instancias especialmente relevantes. Por ejemplo, resulta razonable que tanto el secretario general como el candidato a la presidencia del Gobierno de España sean elegidos directamente en la urna por el conjunto de los afiliados de un partido político, en este caso el PSOE, siempre en cabeza de las innovaciones en materia de profundización democrática. Es curioso, además, que las críticas más duras procedan precisamente de formaciones políticas, sociales o de comunicación que ofrecen constantes lecciones de democracia, pero cuyos procedimientos de designación de directivos son más bien digitales, por el dedo.

No obstante, cabe alertar sobre los riesgos que conllevan los intentos permanentes de deslegitimación que se aplican sobre la representación en democracia desde algunos ámbitos de la izquierda. “No nos representan”, “No decidas por mí” y “Vale más la opinión de 46 millones que la decisión de 350 diputados” son algunas de las frases que más hemos escuchado en estos últimos días. La experiencia histórica nos enseña que algunas adjetivaciones practicadas sobre la democracia, como la “democracia popular” o la “democracia directa”, suelen esconder pretensiones realmente antidemocráticas. Aquellos que niegan “intermediarios entre el pueblo y sus líderes” no buscan generalmente más democracia, sino menos. La decisión democrática articulada mediante una representación electiva y transparente funciona con defectos, pero funciona. Las alternativas son arriesgadas, cuando menos.

Pero no se cae la democracia porque la representación habitual se combine con elecciones directas o consultas directas en casos específicos. Los Parlamentos legislan con carácter habitual, y los Congresos elaboran resoluciones con plena legitimidad. Y, paralelamente, pueden someterse a la elección general determinados cargos o pueden convocarse referéndums para dilucidar la opinión sobre un asunto relevante de todos los ciudadanos o todos los integrantes de una organización concreta. Sin miedos.

¿A qué se debe por tanto aquella paradoja de inicio? A que, en realidad, los españoles y los socialistas no están poniendo en cuestión procedimientos democráticos de representación o de consulta directa. Lo que se está poniendo en cuestión con carácter general es la institucionalidad misma del país. Toda la institucionalidad, prácticamente. Los problemas económicos no se resuelven, el paro se mantiene en tasas muy elevadas, las familias se empobrecen, la corrupción irrita sobremanera, los representantes políticos no cumplen sus programas… Y cada día más ciudadanos, militantes y no militantes, están hartos. Y desconfían de los congresos con delegados, de los congresos sin delegados, de los delegados, de los congresos, de los militantes, de los dirigentes, de los ministros y de los reyes.

En Europa ya vivimos otras crisis de la institucionalidad democrática en el siglo XX. La gente se hartó de corruptelas y desigualdades, aparecieron los “salvadores” y sobrevino la desgracia. Aprendamos de la historia y no repitamos sus episodios más dramáticos.

El problema no está en la representación democrática. Sino en que los representantes representen. Y resuelvan. Conforme a los valores y conforme a los intereses de la mayoría.

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EL VALOR DEL CONSENSO CONSTITUCIONAL

La historia de España durante los dos últimos siglos está jalonada de experiencias en la ordenación del espacio público con reglas del juego impuestas o insuficientemente acordadas. En la mayoría de las ocasiones, el orden se establecía por la fuerza, con arreglo a las ideas y los intereses de quienes podían ejercerla. En otros casos, el orden se planteaba desde mayorías legítimas pero insuficientes, conformadas a partir de ventajas coyunturales.

Ya conocemos el resultado. Cuando las reglas del juego no responden a la convicción y la voluntad de una gran mayoría, la convivencia en paz, el respeto a las libertades y el progreso colectivo no están asegurados. Antes al contrario, de Goya a Machado, nuestros referentes culturales han dado cuenta de una tendencia cuasi endémica al enfrentamiento civil entre las dos Españas.

Por esta razón, la gran mayoría de los españoles valoramos muy positivamente aún el consenso alcanzado durante la Transición Democrática en torno a unas reglas del juego comúnmente aceptadas. Por vez primera, casi el 90% de los españoles votamos conjuntamente una Constitución para regular la convivencia democrática, conforme a unas normas equiparables a las vigentes en los países más avanzados de nuestro entorno.

Aquella Constitución estaba plagada de aciertos, pero también contenía aspectos que, contemplados en perspectiva, podían haberse mejorado. Como en todas las negociaciones exitosas, unos y otros celebraron victorias y lamentaron renuncias. Pero, por vez primera, derechas e izquierdas, nacionalistas del centro y de la periferia, socialistas, comunistas, derechistas y centristas, se sintieron parte de un proyecto común de país.

En estos días de crisis económica, política e institucional se revisa todo. Hay quienes analizan críticamente la Transición. También hay quienes tachan aquel consenso constitucional de “impuesto por el dictador” o de “traición” a los principios de la izquierda. La crítica histórica es positiva si se practica con objetividad, con respeto a la verdad, atendiendo a los condicionantes de la época y sin caer en el “presentismo” absurdo. Las “imposiciones” y las “traiciones” son simples tergiversaciones fruto del error, el desconocimiento o la mala fe.

Los términos de aquel consenso de la Transición y de la Constitución de 1978 son revisables hoy, desde luego. Las generaciones presentes tienen derecho a replantearse las motivaciones y los resultados de las reglas del juego que se pactaron entonces. Faltaría más. Ha pasado tiempo suficiente, y los cambios en la sociedad española han sido muchos y profundos desde entonces. Cabe hablar de la estructura territorial, de los cauces de participación política, de la garantía para el ejercicio de algunos derechos, y más. Cabe plantearse cambios. Claro que sí.

Pero a mi modesto juicio, hay algunas condiciones previas al planteamiento en firme de estos cambios. La primera es el rigor. Parece razonable, cuando estamos hablando de sustituir nada menos que las reglas del juego democrático, las bases de la convivencia en paz entre españoles. Y no es riguroso hacer planteamientos de cambio al calor de las corrientes de opinión coyunturales, el afán de arrinconar al adversario político o la ganancia electoral inmediata de unos u otros. Esto no es una tertulia. Nos jugamos mucho.

La segunda condición es tan o más importante. Se trata del consenso. No podemos recaer en el error de fijar nuevas reglas del juego respaldadas por una mayoría circunstancial del 55% frente a una minoría también circunstancial del 45%. Demostraríamos que no hemos aprendido nada de nuestra historia. Trabájense las propuestas. Genérense nuevos consensos distintos, pero tan amplios como los que han fundamentado nuestra convivencia en paz durante los 35 últimos años. Y cuando esos consensos amplios estén consolidados, afrontemos los cambios. Sin miedos. Pero con responsabilidad. Mientras tanto, respetemos la legitimidad de las normas vigentes.

Por desgracia, durante los dos últimos siglos hemos tenido muchas demostraciones de que no siempre actúa con más razón el que en un contexto concreto es capaz de gritar más fuerte, o llenar más manifestaciones. Aspiremos a más y a mejor. Siempre. Pero valoremos bien lo que tenemos.

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