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Archive for 26 abril 2014

A VUELTAS CON EL BIPARTIDISMO

Conforme se aproximan las convocatorias electorales reaparecen recurrentemente los discursos falaces y oportunistas sobre el llamado “bipartidismo”. En Norteamérica, por cierto, el término “bipartidismo” tiene una connotación positiva y alude a la voluntad de alcanzar acuerdos sobre cuestiones importantes entre demócratas y republicanos.

Aquí no. En España, generalmente, se utiliza esta expresión en clave peyorativa, bien para deslucir el éxito de los partidos más votados por los ciudadanos, o bien para intentar una identificación imposible por incierta entre los idearios y las políticas de los dos partidos con más apoyos democráticos. Cuando este discurso proviene de una parte de la izquierda, suele buscar la evitación del “voto útil”, o la tendencia lógica a aglutinar los apoyos electorales progresistas en el partido que más capacidades y posibilidades tiene para defender los valores y los propósitos comunes.

Resulta sorprendente que se lleguen a utilizar argumentos de calidad democrática para cuestionar el hecho incuestionable de que unos partidos obtienen más votos que otros. La democracia española no limita la concurrencia electoral a dos partidos y, antes al contrario, en cada elección suelen participan decenas de formaciones políticas. Si unos obtienen más apoyos que otros, no es por un déficit democrático o porque los partidos mayoritarios se adjudiquen a sí mismos la representatividad, sino por la propia voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.

Es cierto que el sistema electoral votado por los ciudadanos y sus representantes en la Constitución y en las leyes prima a las mayorías, pero no es menos cierto que el respeto a la proporcionalidad de los votos es mucho más relevante aquí que en otros países, y que el sistema permite tanto mayorías absolutas como representaciones parlamentarias muy fraccionadas. Además, el sistema vigente no predetermina cuál ha de ser el partido más votado en la izquierda o en la derecha. Son los votantes los que toman esa decisión.

El reforzamiento de las mayorías, en todo caso, no es una cuestión baladí, ilegítima o irracional. Si el respeto a la pluralidad es un valor en democracia, no lo es menos el ejercicio del gobierno democrático en condiciones de mínima estabilidad y eficacia. Muchos de los comentaristas que a veces recelan de las mayorías son los mismos que en otras ocasiones abominan de la incoherencia y la inestabilidad de los gobiernos sin apoyos mayoritarios, de los gobiernos en coalición y de los tripartitos o cuatripartitos.

Los argumentos sobre la pretendida “frescura” y “originalidad” que aportan algunos de los partidos minoritarios son tan legítimos como perfectamente discutibles. Hablar de la frescura novedosa de los actuales dirigentes máximos de IU o de UPyD es tan opinable como la que puede adjudicarse a los dirigentes del PSOE y el PP, y la supuesta originalidad de sus planteamientos tiene que ver a veces con la propia convicción de que rara vez tendrán que contrastar sus discursos a favor de corriente con una acción efectiva de gobierno.

Despachar con una descalificación general el vigente régimen de democracia parlamentaria porque hasta ahora solo dos partidos han obtenido apoyos ciudadanos suficientes para gobernar no parece razonable. Quizás la democracia española de este tiempo sea manifiestamente mejorable, pero no sé yo si podemos buscar referencias más positivas en otras etapas históricas. Y tampoco creo que sea muy fácil encontrar ejemplos de funcionamiento más perfecto en las democracias vecinas. ¿Nos interesa el sistema británico que margina a las minorías? ¿O vamos a apostar por la inestabilidad permanente del sistema italiano?

Más grave por mendaz me parece la acusación de que los dos grandes partidos representan los mismos intereses y las mismas políticas. Porque cualquier análisis mínimamente informado y honesto debe llegar a la conclusión contraria. No pueden ser iguales, además, las políticas del partido que instauró el Estado de Bienestar que toda la izquierda defiende hoy en las manifestaciones y mareas, que el partido que está desmontando este modelo social decreto a decreto. Y no puede ser igual el partido que afianzó derechos civiles y libertades públicas que el partido que los está derogando. Desde luego que no.

Dejemos que sean los ciudadanos los que decidan democráticamente con su voto si en España hay un monopartido mayoritario, o dos partidos mayoritarios, o tres, o cinco o veinticinco. Y dediquemos nuestros esfuerzos en campaña electoral menos a criticar la decisión libre de los votantes sobre el sentido de su voto, y más a hacer propuestas que reivindiquen el apoyo de los votantes por atender eficaz y creíblemente a sus intereses.

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POR UNA REGULACIÓN LAICA DE LOS ACTOS DE ESTADO

Puede que el inefable cardenal Rouco Varela logre impulsar de modo involuntario lo que muchos hemos peleado voluntariamente durante años y años. El aprovechamiento espurio que el líder de los obispos españoles hizo de las ceremonias de Estado en torno a la conmemoración del atentado de Atocha y el funeral de Adolfo Suárez ha sido el último detonante para una reivindicación tan lógica como indebidamente postergada: la regulación laica de los actos de Estado.

Rouco utilizó sendas ceremonias religiosas con carácter de Estado para divulgar sus posicionamientos políticos en plena comunión con la extrema derecha. Durante su discurso conmemorativo del 11-M llegó a dar pábulo a las teorías conspiranoicas que, ignorando lo probado y sentenciado por la Justicia, sitúan la auténtica motivación de los asesinos en el desalojo del Gobierno popular y en la llegada de Zapatero a la Moncloa. No satisfecho con tamaño desbarre, días después, durante el funeral por la muerte del Presidente Suárez, utilizó la convocatoria institucional multitudinaria para legitimar el levantamiento fascista de 1936 y advertir de la plena vigencia de los “hechos y actitudes que causaron la guerra civil”.

Pero el conocido extremismo político de Rouco Varela no debe distraernos de la cuestión de fondo mucho más relevante. Si la Constitución Española que regula nuestra convivencia establece en su artículo 16 que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, carece de sentido que los actos y ceremonias de Estado se celebren conforme a las reglas, los escenarios y los protagonistas de una determinada organización religiosa.

Aún hoy, treinta y seis años después de promulgarse nuestra ley de leyes, multitud de tomas de posesión de autoridades públicas, muchas conmemoraciones y casi todos los funerales de Estado, se llevan a cabo mediante fórmulas establecidas por la iglesia católica. Es más, la última revisión de nuestras leyes educativas, bien adentrado el siglo XXI, establece el adoctrinamiento religioso como una asignatura obligatoria, curricular y computable a efectos de evaluación y promoción académica. Las ceremonias más importantes de nuestras Fuerzas Armadas se subordinan al rito católico, y el erario público, satisfecho por religiosos, agnósticos y ateos, sufraga el salario de curas, capellanes militares y consejeros religiosos en hospitales y centros penitenciarios.

En el marco de un Estado aconfesional, las administraciones deben respetar escrupulosamente las creencias religiosas de los ciudadanos, han de garantizar su libertad de culto y han de preservar la autonomía plena en el funcionamiento de las instituciones confesionales. Y, a la inversa también, las organizaciones religiosas deben respetar la autonomía propia de un Estado que es aconfesional por decisión del poder constituyente. España no se configura como un Estado teocrático, afortunadamente y a diferencia de otros muchos. Las fuentes del derecho en España no emanan de los dogmas religiosos, sino de las instituciones democráticas. Y aquí no hay religión de Estado.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha propuesto la creación de una comisión plural de trabajo para dar lugar a una nueva regulación para las ceremonias y actos de Estado, con autonomía total respecto a cualquier confesión religiosa. El objetivo consiste en diferenciar con claridad los ámbitos que tienen legitimidad, naturaleza y propósitos diferentes. Una conmemoración o un funeral de Estado no deben celebrarse conforme a los designios de una u otra organización religiosa. Y cualquier ciudadano, familia y entidad privada cuenta con la libertad y el derecho de organizar por su cuenta todas las manifestaciones católicas, protestantes, musulmanas, judías o budistas que consideren.

Va siendo hora ya de que esta sociedad madura cuente con instituciones y normas propias de su madurez. Y casi cuarenta años después, es tiempo ya también de que vayamos cumpliendo la Constitución que nos otorgamos, entre otras razones para liberarnos de determinados poderes fácticos que han lastrado nuestro desarrollo durante demasiados siglos.

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EUROPA DEBE CRECER: SCHULZ-VALENCIANO FRENTE A JUNCKER-RAJOY

La inminente campaña electoral para los comicios europeos del 25 de mayo ha de contribuir al desmentido de dos afirmaciones tan reiteradas como falaces. La primera pretende establecer que “en Europa no hay políticas económicas de izquierdas o derechas, sino políticas económicas malas y buenas”. Y la segunda busca llevar al ánimo general que “no hay alternativa a la austeridad”, como lo demuestra supuestamente la claudicación de Hollande: a la izquierda solo le quedan las recetas paliativas o el “programa ibuprofeno”.

La pareja formada por Martin Schulz y Elena Valenciano tiene la responsabilidad de ofrecer un modelo de desarrollo alternativo para Europa, frente a la continuidad del austericidio y la Troyca que representan Jean-Claude Juncker y Mariano Rajoy. Porque las metas son distintas, porque las ideas son diferentes, y porque también existen referentes contrapuestos. Juncker y Rajoy tienen como modelo a Merkel y sus políticas procíclicas de ajuste. Schulz y Valenciano se fijan en las políticas anticíclicas y de estímulo al crecimiento y el empleo que ha aplicado la administración Obama en los Estados Unidos.

Mientras las recetas merkelianas han conducido a la zona euro a decrecimientos en el PIB de -0,7% y del -0,5% en 2012 y 2013, con niveles de paro del 11,9% y el 12,0% respectivamente, las políticas típicamente socialdemócratas y keynesianas del gobierno estadounidense llevaron su PIB al 2,8% (2012) y al 2,0% (2013), con un paro reducido al 7,9% (2012) y 6,7% (2013). La estrategia pangermánica de los últimos cinco años ha conducido a Europa a un escenario de estancamiento, deflación, paro masivo y aumento exponencial de la pobreza y las desigualdades. Claro que hay alternativa. Pero si  no la hubiera, habría que inventarla.

Los modelos económicos para Europa que plantean derecha e izquierda pueden diferenciarse claramente a través de siete claves, al menos.

1.       La derecha prioriza el cumplimiento acelerado de los objetivos de déficit público, por encima de las metas de crecimiento. La izquierda busca contener el déficit público, con unos ritmos compatibles con la prioridad del crecimiento y la creación de empleo.

2.       La derecha utiliza el Banco Central Europeo como instrumento para el control de la inflación, dejando a su suerte la deuda de cada país. La izquierda plantea utilizar el BCE al modo de la Reserva Federal USA, para estimular el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo, mutualizando las obligaciones de la deuda.

3.       La derecha busca mejorar la competitividad mediante operaciones de dumping fiscal, laboral y social. La izquierda propone obligaciones fiscales homogéneas (impuesto de la reta e impuesto de sociedades) y derechos sociolaborales únicos (salario mínimo, régimen contractual, pensiones, educación, sanidad, dependencia).

4.       La derecha presenta como candidato a presidir la Comisión al hombre que hizo de Luxemburgo el mayor paraíso fiscal de Europa. La izquierda incluye en su Manifiesto el fin de los paraísos fiscales y la lucha contra el fraude de un billón de euros que lastra la economía productiva.

5.       La derecha persevera en la desregulación de los mercados financieros, en Frankfurt y en la city londinense. La izquierda plantea regular las finanzas al servicio de la economía real, diferenciando la banca comercial de la banca financiera, estableciendo la Tasa Tobin y desviando los fondos del rescate bancario a la circulación de crédito para familias y empresas.

6.       La derecha mantiene un tipo de cambio del euro muy alto, para favorecer a Alemania y las economías acreedoras. La izquierda prevé revisar el tipo de cambio del euro para estimular el crecimiento global y facilitar la salida de la crisis a las economías deudoras.

7.       La derecha confía el desarrollo económico a la devaluación de derechos sociales y laborales. La izquierda apuesta por un desarrollo fundamentado en la mejora de la competitividad, la investigación, la innovación, la formación, la logística eficiente y la equidad social.

¿Y qué es lo que le conviene a España? Si el Parlamento de Europa y su Comisión siguen dominados por la derecha que representan Merkel, Juncker y Rajoy, los españoles solo podemos esperar más estancamiento, la consolidación de las altas cifras de paro y una desigualdad creciente. Porque estas son las consecuencias comprobadas de las políticas económicas de la derecha.

A España le conviene otra política económica. Por paradójico que resulte, al Gobierno español le interesa que Schulz y Valenciano ganen estas elecciones europeas. Porque solo un giro hacia la izquierda en la política económica de Europa puede proporcionar a España un horizonte de crecimiento sostenido, empleo suficiente y digno, y el fin de la dinámica de empobrecimiento general en la que estamos cayendo.

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