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Archive for 29 marzo 2014

PEAJES: GANANCIAS PRIVADAS Y PÉRDIDAS PÚBLICAS

Muchos ciudadanos han reaccionado con una mezcla de estupor e indignación ante la noticia de que el Gobierno está dispuesto a rescatar con fondos públicos el negocio de las autopistas de peaje quebradas durante los dos últimos años.

En función de las supuestas quitas que se acaben negociando, y sumando los intereses debidos al pago aplazado en 30 años, estamos hablando de entre 3.120 millones de euros (50% de quita, 1% de interés) y 10.560 millones de euros (0% de quita, 4% de interés), procedentes de los impuestos de los ciudadanos, para cubrir el agujero actual de cerca de 4.800 millones generado por nueve concesionarias privadas en quiebra.

No está mal, si tenemos en cuenta que el presupuesto estatal de becas es de 1.440 millones, que este año se dedican 1.176 millones a atender a las personas que no pueden valerse por sí mismas, o que todo el gasto público en I+D+i es de 5.400 millones.

La historia de los peajes quebrados en España es la historia de un despropósito y una desvergüenza. El Gobierno de Aznar y Cascos planeó un conjunto de autopistas de pago con un diseño absurdo (las radiales de Madrid conducen al atasco de la M-40), con unas previsiones de tráficos fantásticas (solo se han cubierto entre un 15% y un 35%) y unas provisiones de gasto en expropiaciones que los tribunales multiplicaron por un 1.200%.

Como era previsible, estos negocios resultaron fallidos desde un principio. El Gobierno socialista procuró una solución. Se trataba de reconvertir el sector concesional de autopistas, aglutinando “paquetes viables” que incluyeran peajes rentables (que los hay) con peajes no rentables. En tanto se negociaba con el sector, para ayudar al sostenimiento provisional de las empresas, los presupuestos estatales incluyeron unos préstamos a devolver, con el voto afirmativo del PP en la oposición.

Cuando Rajoy y Pastor llegan al Gobierno interrumpen este proceso de reconversión, por petición de las empresas concesionarias y las constructoras que tienen detrás. Las empresas, claro está, preferían quedarse con el negocio lucrativo y limpio de los peajes rentables, y que el Estado “rescatara” el negocio ruinoso de los peajes fallidos, pagándoles deudas e inversión con dinero público. A fin de justificar ante la opinión pública una decisión tan excepcional e impopular, anularon los préstamos y dejaron quebrar una tras otra a las empresas en mala situación. Ahora “no queda más remedio”, según ellos, que activar las ventajosas cláusulas de “rescate institucional” que Aznar y Cascos incluyeron en los contratos, para asegurar la socialización de las pérdidas.

En el colmo del cinismo, el Gobierno se presenta a sí mismo como un héroe salvador del interés público, porque intenta negociar una “quita” del 50%, dicen, en el pago a los acreedores de este negocio privado fallido. Se planea ante la ciudadanía una disyuntiva tramposa y falaz: o pagamos con dinero público el total del rescate (4.800 millones, más intereses) o aceptamos el heroísmo del Gobierno para pagar “solo” la mitad con los impuestos de todos (2.400 millones, más intereses). ¿Prefieres dos puñetazos o prefieres solo uno? Oiga, prefiero que no me pegue usted. Porque hay alternativa: volver a la reconversión empresarial y negar un solo euro público para asumir las pérdidas de unos negocios privados, de los que nunca hubiéramos sabido nada si hubieran generado ganancias.

Se nos dice además, faltando clamorosamente a la verdad, que “la solución planteada no costará dinero a los ciudadanos”. El truco reside en considerar el monto del rescate institucional como una obligación contractual que las empresas concesionarias pueden considerar ya como un activo. Mientras no se pague un euro por encima de este rescate, no hay sobre coste público, según esta teoría tan alambicada como mendaz. Pero entonces, ¿de dónde va a salir cada euro que se pague a bancos y empresas si no es de la caja común? La única verdad es que el Gobierno pretende compensar las pérdidas de estos negocios privados con los recursos públicos que niega a parados, becarios y dependientes. Esta es la única verdad.

Hay varias reflexiones de fondo a hacer a partir de este escándalo. La primera tiene que ver con la propia economía de mercado. Muchos de los beneficiarios privados de esta operación acostumbran a ofrecer discursos grandilocuentes sobre las bondades del mercado dejado a su libre albedrío en la asignación de recursos, y sobre la necesidad de reducir el papel regulador del Estado. Tales planteamientos, al parecer, solo sirven para cuando sus negocios arrojan resultados positivos, porque cuando, como en este caso, los negocios fallan, los supuestos partidarios del “mercado libre” llaman inmediatamente a la puerta del Estado para que recoja la basura y pague las facturas del desaguisado. A veces me dan ganas de salir a la puerta del Parlamento con una pancarta que diga: “¡Capitalismo, sí! ¡Pero capitalismo de verdad, oiga!”

La otra reflexión está relacionada con la política de los “rescates”, que es el eufemismo utilizado ahora para aludir a la antiquísima práctica del capitalismo tramposo para privatizar ganancias y socializar pérdidas. Se nos dice que el rescate bancario era inexorable porque el riesgo de caída del sistema financiero era un riesgo “sistémico”, es decir, que si cae la banca, se derrumba la civilización. ¿Y también es sistémico el riesgo de quiebra de las autopistas de peaje? ¿Se derrumbará la civilización occidental si unas cuantas constructoras pierden una parte ínfima del dinero que invirtieron en el negocio absurdo de unas radiales que pretenden cobrar por ir de ningún sitio a ninguna parte?

Otras preguntas para las que no espero respuesta: ¿Y cuándo un rescate millonario a los parados que ya no tienen cobertura social? ¿O a los dependientes que han perdido la ayuda pública? ¿O a los becarios sin beca?

Y los ciudadanos aún no saben lo mejor: tras el “rescate” multimillonario a las concesiones de peajes quebrados con dinero de todos, ¡el Gobierno aún pretende seguir cobrando a los ciudadanos por utilizar estas carreteras!

Nos tendrán enfrente. En el Parlamento, en la calle y en los tribunales.

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EL PP ENTREGA EL AVE Y AENA A SUS AMIGOS DEL NEGOCIO PRIVADO

Así de clarito. Sin apenas disimulos. La propia ministra de Fomento, Ana Pastor, lo confirmó públicamente hace pocos días, en un desayuno organizado por un grupo de comunicación cuyo propietario lo es también de la empresa presuntamente adjudicataria del AVE privatizado. Y así lo ha certificado públicamente también el presidente del operador aeroportuario español, José Manuel Vargas, a través de una reciente entrevista concedida al periódico The Wall Street Journal.

  Pastor aseguró que “antes de julio” su departamento afrontará “la entrada de operadores privados en la gestión del transporte ferroviario de pasajeros”. Y Vargas dejó claro que “posiblemente este año” se privatizará “el 60% del capital de AENA”. No hay ni un solo argumento relacionado con el interés general y el beneficio público para legitimar estas operaciones. Porque las operaciones son exactamente lo que parecen: la entrega de sectores públicos estratégicos, financiados con los recursos de todos los españoles, para el beneficio exclusivo de unos pocos negociantes del sector privado, afines al partido en el poder.

 El conflicto de intereses es más que evidente. Los españoles hemos invertido cerca de 50.000 millones de euros procedentes de nuestros impuestos para construir la primera red europea de alta velocidad ferroviaria. Parece razonable que esta inversión sea rentabilizada por los operadores públicos, al menos hasta su amortización. La Unión Europea solo contempla la liberalización de este mercado a partir de 2019, como muy pronto, y ni franceses ni alemanes, por ejemplo, parecen darse mucha prisa en debilitar a su operador público. Además, no existe margen para mejorar seguridad, precios y calidad en un servicio privatizado. No, hablamos de lo que hablamos: poner a disposición de empresarios privados un negocio de más de 1.000 millones de euros anuales, a partir de una inversión pública extraordinaria.

Los españoles hemos invertido muchos recursos también en la mejora de nuestra red de aeropuertos, conscientes de su importancia estratégica en una economía muy dependiente de la actividad turística. Tenemos posiblemente los mejores aeropuertos de Europa, en capacidad relativa y en tecnología. La gran ventaja competitiva de AENA parte de las sinergias positivas de su funcionamiento en red, pero la Comisión Europea tolera mal los monopolios públicos y sencillamente prohíbe los monopolios privados. Es decir, una AENA privada rompería necesariamente la red de aeropuertos, además de elevar las tasas vigentes, que están por debajo de la media europea por razones de interés general, y se cuestionaría la existencia de muchos aeropuertos que prestan un servicio esencial a la ciudadanía pero que pierden dinero año tras año. No, no hay beneficio público por ningún sitio en la privatización de AENA.

 Las operaciones en marcha son muy sencillitas. El PP en el Gobierno de España ya ha decretado la liberalización del mercado ferroviario de pasajeros y está distribuyendo títulos habilitantes para los operadores privados. En breve decretará también un remedo de concurso público, que otorgará la explotación de una, varias o todas las líneas más rentables del AVE, la Madrid-Barcelona, la Madrid-Alicante, la Madrid-Sevilla, de manera global o “por surcos”, según venga mejor al negocio privado. Y el gobierno ya cuenta con un informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones para poner en el mercado el 60% del capital de AENA Aeropuertos: un 30% para “grandes socios” y otro 30% para el menudeo en bolsa. Vargas, además, apunta un precio baratito: apenas 10.000 millones por todo el paquete, casi la mitad del precio tasado hace solo tres años. Todo bien diseñado para que los actuales gestores del PP en el operador público puedan quedarse al frente de la empresa tras su privatización, pase lo que pase en las elecciones generales de 2015. No es nuevo: ya lo hicieron con Telefónica, Argentaria y Repsol hace años.

Las consecuencias para el interés de los ciudadanos españoles, que hemos pagado la red de AVE y la red de aeropuertos de AENA, serán muy negativas. Otras experiencias internacionales de privatización en los servicios ferroviarios se han saldado con menos calidad, mayores precios, peor mantenimiento y más accidentes. Y el proceso en marcha para hacer AENA más atractivo al inversor privado ya se ha saldado con subidas generalizadas de tasas, que han hundido los tráficos en Barajas, por ejemplo; con el despido del 20% del personal de la compañía; y con el cuasi cierre operativo de decenas de instalaciones, construidas con mucho esfuerzo para estimular el desarrollo económico, y hoy funcionando con horario restringido para no espantar a los socios capitalistas que Vargas y compañía se afanan por reclutar en todo el mundo.

 Todo esto se está haciendo, además, con la mayor de las sordinas. La opacidad del proceso solo es comparable a la magnitud del negocio privado al que dará lugar. El Estado español está a punto de desprenderse de la propiedad y del control de un sector tan estratégico como su red de aeropuertos de interés general, y la ministra del ramo se niega una vez tras otra a comparecer en el Parlamento para explicar qué se trae entre manos. Cualquier viernes de estos, el gobierno anunciará que ha puesto en manos privadas la mayor inversión pública de la historia de España en la alta velocidad ferroviaria, y nadie ofrece un dato o una explicación sobre las razones y las consecuencias que tendrá esta operación “liberalizadora”.

A la par que pretenden privatizar el chollo del AVE y el gran negocio de AENA, nos comunican que quieren nacionalizar las autopistas de peaje quebradas, con rescate de dinero público añadido, desde luego. Privatizar beneficios y socializar pérdidas. Esta es la gran guía ideológica de la derecha neoliberal española, más allá del libre mercado. Porque no es libre mercado apropiarse de las ganancias cuando las cosas van bien, y adjudicar al erario público las pérdidas cuando las cosas van mal. Esto no es libre mercado. Esto tiene otros nombres menos bonitos.

Pero da igual esto. Y da igual que en España vivan más de tres millones de personas en unas islas, para las que el aeropuerto no es una instalación más, como una ferretería que puede tener un dueño u otro, sino la garantía para el ejercicio de su derecho fundamental a la movilidad. Y qué más da si la apropiación descarada de lo que es patrimonio común merece un fuerte reproche moral, cuando más arrecia la desafección ciudadana hacia las instituciones públicas. Importa el poder. Y ellos tienen el poder.

 Hasta que los ciudadanos quieran. Y esto puede empezar a cambiar el próximo mes de mayo.

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INMORALIDADES

Una de las tendencias sociales más preocupantes en nuestro tiempo consiste en el debilitamiento y la relativización de los valores que conforman la moral pública. La conveniencia propia se confirma cada vez más como la guía predominante para la conducta individual, y la ausencia de compromisos con el bien común ensombrece gravemente cualquier perspectiva en torno al futuro del espacio público que compartimos.

La naturaleza y la dimensión de los escándalos de corrupción que saltan a la opinión pública son muy preocupantes, pero ha de preocuparnos aún más la aparente falta de reproche moral con que se asumen. Malversar los recursos detraídos de las nóminas de los trabajadores madrileños para mejorar su formación y su empleabilidad resulta terrible, pero la naturalidad y la falta de arrepentimiento con que se muestran sus responsables es aún más dramática.

Frustra saber que unos cuantos desaprensivos causaron un agujero descomunal en cierta caja catalana que hemos tenido que rescatar con fondos públicos, pero irrita aún más conocer que esos mismos desaprensivos han acudido a los tribunales para reclamar una indemnización millonaria por despido improcedente. Bárcenas se presenta como víctima del sistema, tras poner a buen recaudo en Suiza los millones robados en sucias operaciones de corrupción, y Millet busca causar lástima en su silla de ruedas tras expoliar sin recato los recursos públicos del Palau.

No puede sorprendernos, desde luego, que una buena parte de la ciudadanía refleje en los estudios sociológicos una preocupación prioritaria por la acumulación de corruptelas que afectan a la vida pública. La creciente convicción sobre el déficit de compromiso de muchos representantes de la ciudadanía y muchos responsables institucionales con los más elementales principios de honestidad personal y respeto por el bien común, está debilitando gravemente las bases mismas de nuestra convivencia.

A la par, estamos comprobando cómo en algunos países de nuestro entorno se producen dimisiones fulminantes, entre grandes reproches de la opinión pública, por la comisión de fallos que distan mucho en gravedad y alcance de los que aquí apenas producen efectos sobre sus responsables. En Alemania, por ejemplo, varios ministros tuvieron que abandonar sus puestos avergonzados por haberse desvelado que plagiaron parte de sus tesis doctorales. Y el mismísimo Presidente de la República tuvo que cesar por descubrirse que un empresario amigo suyo le pagó un billete de unos cientos de euros para desplazarse a cierto festival. Los tribunales le exoneraron, pero dimitido fue y dimitido quedó.

Las leyes tienen que prevenir las conductas reprochables, y tanto los aparatos de seguridad como los tribunales de Justicia deben ser eficaces en la persecución de los culpables. Pero hay algo tan o más importante por lograr. Sobre todo aquel que traicione la confianza que sus semejantes han depositado en él, debe caer el oprobio y el fustigamiento moral más contundente, para que el desprestigio público y la vergüenza se sumen al castigo que corresponda en el ordenamiento jurídico.

¿Cómo podemos esperar que los ciudadanos respeten el bien público y cumplan con sus obligaciones fiscales si no se promociona la moral pública del cumplimiento con el deber y el respeto al espacio común que compartimos? ¿Cómo podemos reclamar a la ciudadanía que no ensalce al defraudador y vitupere al tramposo si no fomentamos el castigo moral ejemplificador sobre quien defrauda y hace trampas desde los puestos de referencia en las instituciones públicas?

Podemos leer todos los discursos que se nos ocurran sobre lo pernicioso de la corrupción y los corruptos. Podemos redactar todas las leyes penalizadoras que queramos. Podemos construir todas las cárceles que nos quepan. Pero si no promovemos desde la infancia hasta la madurez los valores morales de la honestidad, la solidaridad y el respeto hacia el bien común, y no castigamos con el mayor reproche ético al comportamiento egoísta y corrupto, seguiremos afianzando los cimientos de una sociedad gravemente enferma.

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ABORTO, VIOLENCIA DE GÉNERO E IGUALDAD

El cambio más relevante que está experimentando la Humanidad en términos de civilización tiene que ver con el proceso irreversible de igualdad entre los hombres y las mujeres. Ni el fenómeno de la globalización ni las grandes transformaciones económicas, demográficas o geoestratégicas de nuestro tiempo, tienen la dimensión de aquel cambio. Cualitativamente está relacionado con el ejercicio de los derechos humanos más básicos, y cuantitativamente afecta nada menos que a la mitad de nuestra especie. En clave temporal, estamos hablando del cambio de un paradigma patriarcal que proviene del origen mismo de las relaciones entre los seres humanos, en los primeros estadios de la prehistoria.

La izquierda política celebra muy especialmente en torno al 8 de marzo la reivindicación de la igualdad entre los hombres y las mujeres en todo el mundo. Se trata de una batalla política extraordinariamente motivadora, porque si el primer objetivo de la izquierda es la consecución de una sociedad más igualitaria, no existe propósito igualador más decisivo que aquel que sitúa a las mujeres en las mismas condiciones que los hombres.

En ocasiones, esta lucha legítima por la igualdad adquiere un carácter discutible, como cuando parecen anteponerse los instrumentos a los fines en relación a las cuotas y las cremalleras. O cuando se plantea la reclamación feminista como una especie de competición permanente entre mujeres y hombres. El propósito de la igualdad está por encima de las herramientas que coyunturalmente puedan establecerse, con mayor o menor acierto, para su consecución definitiva. Y el objeto de una sociedad igualitaria no consiste en un pulso constante entre ellos y ellas, sino en una convivencia enriquecedora sobre bases de mutuo respeto y reconocimiento.

Los debates más decisivos en torno a la igualdad entre mujeres y hombres han de centrarse en los modelos educativos, en la distribución de roles sociales, en la inserción laboral, en la promoción profesional, en la autonomía económica, en la participación del poder. Y no puede tratarse de debates circunscritos a las sociedades avanzadas donde, a pesar de los retos pendientes, se han logrado mayores progresos. El gran debate pendiente sobre la igualdad tiene que ver con los miles de millones de mujeres que viven absolutamente relegadas, sin el más mínimo respeto por sus derechos humanos, en sociedades con instituciones, legislaciones y prácticas inequívocamente machistas.

Al otro lado de nuestra frontera sur, por no ir más lejos, millones de mujeres son tratadas como esclavas, obligadas a casarse en la pubertad con maridos elegidos por sus padres, excluidas de la educación y del trabajo profesional, carentes de los derechos más elementales. Y así sucede en la mayor parte del mundo, aún hoy en pleno siglo XXI. Si la “comunidad internacional” se muestra dispuesta a presionar a algunos Estados a favor de determinados derechos de carácter económico o cultural, sería razonable también establecer como objetivo “liberar” a millones de mujeres del anacrónico yugo machista.

Ya en nuestro país, uno de los debates más llamativos se ha producido en torno a la relación entre el aborto y la violencia de género. El ministro Gallardón suele aludir a la “violencia estructural de género que impulsa a las mujeres a abortar”. El arzobispo de Granada ha llegado a afirmar que “las mujeres que abortan no pueden quejarse si son violadas”. Y diversas asociaciones antiabortistas establecen una más que discutible relación causa-efecto entre la interrupción voluntaria del embarazo y las agresiones que sufren muchas mujeres.

La violencia de género constituye un fenómeno social tan execrable como extendido, y merece una estrategia social e institucional de envergadura para su erradicación. Un reciente estudio de la Comisión Europea sitúa en el 33% el porcentaje de mujeres europeas que han sido objeto de violencia por su condición de mujeres, y en lo que llevamos de año 16 mujeres han muerto ya en España como consecuencia del ataque machista.

¿Puede establecerse una relación entre el aborto y la violencia de género? Entiendo que sí, pero la relación no tiene que ver con la supuesta presión ilegítima que, según los sectores sociales más conservadores, impelen muy mayoritariamente a las mujeres a abortar en contra de su voluntad. Más bien se trata de todo lo contrario.

Hay una frase muy significativa al respecto del ya citado y muy locuaz arzobispo de Granada: “No se puede hacer recaer la responsabilidad de un eventual embarazo sobre la mujer dejada a sí misma”. Este es el problema. La ausencia de respeto a la libertad de la mujer para adoptar sus propias decisiones. La consideración de la mujer como un ser inferior, necesitado de tutela, masculina naturalmente, cuando ha de enfrentarse a una decisión importante, como la maternidad.

Esa desconsideración hacia la mujer como sujeto de los mismos derechos que el hombre se encuentra en la base misma de la violencia de género. Los hombres que violentan a las mujeres lo hacen muy generalmente porque las consideran seres inferiores, necesitados de amparo y tutelaje, incapaces de valerse por sí mismas. Si el hombre es su protector, el hombre es su jefe y su dueño, legitimado para obligarle a hacer su voluntad y dispuesto para castigar sus desobediencias.

Si de verdad queremos acabar con la matanza de mujeres a manos de sus compañeros, antes tendremos que acabar con el machismo irredento que aún anida en muchos discursos y en muchas actitudes.

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SOCIALISTAS E INDEPENDENTISTAS

Leo en varios medios el análisis de Vicenç Navarro sobre “Los cambios del socialismo español durante la Transición”, y lo hago no solo desde la discrepancia, sino también desde la consternación. Porque lamento comprobar hasta qué punto una parte de la izquierda catalana, incluidos referentes intelectuales de gran relevancia, como el propio Navarro, han acabado participando de este planteamiento maniqueo y visceral que caricaturiza como enemigo depravado a todo aquel que no comulga con el nuevo pensamiento único independentista. Según estas posiciones pre-racionales, todos aquellos que rechazamos el secesionismo de Cataluña formamos parte de una conjura “imperial”, “borbónica”, “dictatorial” e “intolerante”.

Tres son las acusaciones que se arrojan sobre los herejes no secesionistas. La primera identifica la oposición a la independencia de Cataluña con lo más rancio de la historia española, incluidos “monarquía, ejército, iglesia y poderes fácticos”. Como si la historia del mundo en el siglo XXI no estuviera siendo, en realidad, la historia de la globalización y la superación de las fronteras. Como si cualquier análisis prospectivo mínimamente serio no anticipara un futuro de agregaciones en lugar de separaciones, de ampliación de espacios de convivencia en lugar de reduccionismos provincianos, y de sumas en lugar de restas. O como si el mundo entero estuviera encerrándose en el pueblo propio en lugar de estar abriéndose a la aldea global.

El segundo mandoble habitual sitúa la izquierda verdadera indeleblemente unida al supuesto derecho de autodeterminación de todos los territorios de España, mientras la izquierda vendida defiende el “establishment” del imperio. Como si resultara más de izquierdas el compartir trinchera y bandera con el millonario barcelonés antes que con el parado gaditano. Como si el futuro de la izquierda pasara antes por agitar la estelada y entonar “Els Segadors” que por ejercer la solidaridad con el desvalido, viva donde viva y hable la lengua que hable. O como si ser de izquierdas consistiera en hacer política con el carnet de identidad en lugar de hacer política desde los valores de la igualdad, la libertad y el internacionalismo.

La tercera pirueta retórica sitúa a los independentistas junto a la democracia auténtica y el “derecho a decidir”, mientras la izquierda no independentista hace el juego a “dictadores y monarcas”. Como si los catalanes y el resto de los españoles no estuviéramos decidiendo cada día en democracia desde hace 35 años. Como si el ejercicio de la democracia no estuviera inexorablemente unido al cumplimiento de las leyes que nos damos democráticamente. O como si no fuera legítimo rechazar el voto exclusivo de los catalanes sobre la integridad de España, de igual manera que debe rechazarse el voto de los aragoneses para declarar la guerra a Francia, o el voto de los alcalaínos para autodeterminarse como municipio italiano o portugués.

Se descalifica con trazo grueso a los socialistas españoles que no aplaudimos el independentismo catalán, de tal modo que pareciera que todos los socialistas del mundo se estuvieran apuntando constantemente a tales aventuras. Pero jamás escuché a los socialistas franceses reclamar la independencia del Rosellón, o a los socialistas italianos pedir la secesión de Calabria, o a los socialistas alemanes exigir la autodeterminación de Renania-Palatinado. ¿Serán todos ellos también socialistas vendidos a la conjura borbónica?

El colmo del reproche parece recaer sobre la decisión pérfida de anteponer la puesta en servicio del ferrocarril de alta velocidad en el trayecto Barcelona-Madrid, en lugar de hacerlo prioritariamente en el trayecto Barcelona-Bilbao. Pero si tenemos en cuenta que la capital castellana tiene más de tres millones de habitantes, mientras la respetabilísima ciudad vasca tiene apenas trescientos mil, parece bastante evidente que la planificación del AVE ha atendido a razones de obvia rentabilidad social antes que a una maléfica conspiración jacobina. Por cierto, Cataluña es la única comunidad autónoma española con todas sus provincias unidas por alta velocidad ferroviaria, gracias a la gestión del Gobierno de la España imperial-centralista.

Bastante más grave resulta despachar la Transición como un proceso tutelado por militares golpistas que dio lugar a una pseudo-democracia “limitada”. Y todo porque la Constitución de 1978 no avala el separatismo radical de Cataluña. Esta “revisión” torticera de nuestra historia merece una respuesta contundente. No, la Transición Democrática constituye el mayor logro de la historia de todos los españoles, incluidos los catalanes. Y aquella Carta Magna, que votamos todos, los catalanes también, ha resultado el marco jurídico y socio-político que nos ha asegurado el mayor periodo de convivencia pacífica y de progreso en siglos. Es más: la negativa constitucional al separatismo radical constituye uno de sus mejores valores.

Hay un problema en Cataluña, y hay un problema en la relación entre Cataluña y el resto de España. Un problema que se debe resolver desde el diálogo, el entendimiento y la formulación de un nuevo marco de convivencia pactado, a partir de una reforma constitucional en clave federal. Esta es la posición que mantenemos la gran mayoría de los socialistas de Cataluña y del resto de España. Pero la mayor amenaza para aquella relación no llega hoy ni de las conjuras borbónico-militar-eclesiales ni de los malintencionados trazados del AVE. La relación entre catalanes y resto de españoles se deteriora día a día por discursos panfletarios que incitan irresponsablemente al odio entre quienes hemos convivido razonablemente durante los últimos 35 años. Y debemos seguir haciéndolo.

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