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Archive for 22 febrero 2014

AHOGADOS EN LA FRONTERA

La contemplación del drama de decenas de seres humanos muriendo por agotamiento o por puro pánico mientras intentan ganar la costa a nado, produce consternación y rabia. Ahora bien, las reacciones que pretenden interpretar esta tragedia en términos de mera dificultad administrativa o de simple problema de seguridad, provocan escalofríos.

Eran 15 personas. No eran animales. Se trataba de 15 personas que pretendían algo tan lógico y legítimo como tener una vida mejor. No eran terroristas ni delincuentes. Llegaban a nado, con las manos desnudas, pidiendo auxilio para salvar sus vidas. No iban armados, ni eran una amenaza para nadie.

Pero se les disparó con pelotas de goma para ahuyentarlos. En lugar de auxiliar a unos semejantes inocentes, que llegaban exhaustos a nuestras playas, en riesgo de morir, se les bombardeó con material antidisturbios. Con toda seguridad, a una ballena desorientada se le hubiera tratado con más humanidad.

Este es el mundo que nos estamos dando y que estamos dejando a nuestros hijos. Un mundo que mueve el dinero sin cortapisas, por encima de fronteras, regulaciones y culturas. Pero un mundo que rechaza al ser humano desgraciado con cuchillas y pelotazos. Los suizos acaban de votar fronteras abiertas para el dinero criminal, pero fronteras cerradas para el pobre y el parado.

Con todo, lo peor ha sido la explicación. Ni un lamento, ni una disculpa. Ni mucho menos una dimisión. “Teníamos un problema y lo hemos solucionado”, se dijo hace un tiempo. “Si queréis les recibimos con un comité de azafatas”, se ha dicho ahora. “Tendríais que preocuparos por los guardias lastimados”, se nos insulta.

Primero ocultaron la verdad de los disparos. Y como la verdad acabó abriéndose paso, la negaron. Mintieron con crueldad. Y después justificaron con desvergüenza. No es la política migratoria, no es el control de las fronteras, no es la seguridad, y no es la consideración hacia la Guardia Civil. Son 15 seres humanos muertos por el comportamiento criminal de quien ordenara dispararles en lugar de auxiliarles.

Se ha dicho con razón que si hubieran sido 15 blancos, ricos y con DNI, ahora estaríamos ante una crisis extraordinaria. Incluso si hubieran sido 10, o 5, o 2, o uno. Con un solo blanco ahuyentado a pelotazos mientras nadaba exhausto hacia una playa, se hubiera montado una buena. Pero eran negros, pobres e indocumentados. Fueron 15, pero hubiera dado igual que fueran 30 o 60.

¿Regulaciones y controles migratorios? Sí, pero con legalidad, con respeto a los derechos humanos. Con humanidad. Mejor aún: con cooperación al desarrollo, para que ningún ser humano, negro o blanco, se vea impelido a tirarse al mar para escapar del hambre y la miseria.

Rectifiquemos. Pronto. Y no por razones de legalidad, que sí. Y no por razones de política o de moral, que también. Rectifiquemos por razones de supervivencia. Porque el día que todos los negros, pobres e indocumentados pierdan la paciencia, no nos salvarán ni todas las concertinas ni todas las pelotas del mundo.

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NO ES EL ABORTO, ES LA LIBERTAD

El debate sobre el anteproyecto de ley del Gobierno que limita la interrupción voluntaria del embarazo se está planteando de manera errónea en algunos ámbitos. No se trata de un debate entre proabortistas y antiabortistas. Se trata de un debate entre los partidarios de salvaguardar la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad, y los partidarios de estableces prohibiciones, limitaciones y tutelas a tal libertad.

No he escuchado a nadie promocionar la práctica de los abortos, y estoy convencido de que la gran mayoría de los españoles queremos evitar ese trance a cualquier mujer. Todas las creencias religiosas y las convicciones morales son respetables en este asunto. Respetable es la posición de quien considera al concebido como un ser humano pleno dotado de alma propia y, en consecuencia, no admite la interrupción del embarazo. Y respetable es la posición de quien entiende que un ser humano no adquiere tal condición hasta el nacimiento.

El legislador ha de conocer y respetar todas las creencias y convicciones, pero ha de actuar conforme al marco jurídico vigente y el interés general. La doctrina constitucional española diferencia entre el bien jurídico del no nacido y los derechos humanos del nacido. Y vivimos en un Estado aconfesional que promulga sus leyes de manera autónoma respecto a dogmas religiosos y morales sectarios.

El Gobierno del PP ha decidido socavar la libertad de las mujeres, imponiendo a través de la ley un código religioso y moral que niega a las ciudadanas españolas la capacidad de decidir sobre su propia maternidad. Prácticamente todos los demás estamos a favor de proteger la libertad de las mujeres. Los primeros pretenden una ley de supuestos que penaliza la interrupción del embarazo, salvo en los casos de violación o riesgo para la vida de la madre. Los segundos queremos mantener una ley de plazos, que garantiza la decisión libre de las mujeres durante las primeras semanas de gestación.

La diferencia estriba en que la ley de plazos respeta la libertad y la convicción de todas las mujeres: las que deciden abortar y las que deciden no hacerlo. Mientras que la ley de supuestos condena a muchas mujeres a ser madres en contra de su voluntad, o a someterse a la decisión de médicos, curas y ministros en relación a su cuerpo y su vida.

Hay otras derivadas de interés en este debate. Por ejemplo, hay quienes manejan argumentos sanitarios, demográficos y económicos, defendiendo que el aborto legal pone en riesgo la salud de la mujer, que limita el crecimiento poblacional y que, incluso, dificulta la recuperación económica. Evidentemente, se trata de planteamientos falaces, porque está probado que la ilegalización del aborto no limita las interrupciones voluntarias de los embarazos, sino que los deriva a la práctica clandestina e insalubre para las mujeres sin recursos, y los desvía a las clínicas habilitadas en el extranjero para las mujeres con recursos.

Existe además cierta incongruencia en los argumentarios que defienden el supuesto derecho a la vida del concebido inocente, frente a la actitud insensible y cruel de la madre dispuesta al aborto, especialmente cuando se admite la interrupción del embarazo en determinados supuestos. ¿Hay menos “derecho a la vida” o menos inocencia en el concebido a partir de una violación? ¿Debe pagar el concebido por el pecado de su padre violador? No se sostiene.

El retroceso a una ley de supuestos arroja a España al rincón de los países más atrasados en materia de reconocimiento de los derechos de ciudadanía y las libertades civiles, cuando nuestro país había alcanzado un prestigio internacional muy relevante en esta materia, a partir de la legislación contra la violencia de género, el matrimonio homosexual o la propia ley de plazos aún vigente para la interrupción del embarazo.

El Gobierno y el PP han decidido dar satisfacción a una extrema derecha española un tanto enfadada por las subidas de impuestos y el tratamiento a los condenados por terrorismo. Y esta satisfacción pasa por sacrificar la libertad de las mujeres y el derecho a decidir sobre su propia maternidad.

No es el aborto. No. Es la libertad.

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EMPRESAS, RESPONSABILIDAD Y CODICIA

Una de las grandes paradojas de nuestros días consiste en comprobar cómo se multiplican los beneficios que dan a conocer con alharacas las grandes empresas del país, al mismo tiempo que se dan por perdidos los recursos públicos invertidos en rescates bancarios y déficits eléctricos, y mientras no cesan de aumentar las cifras de desempleados y personas en situación de pobreza. Una paradoja cada vez más insoportable.

Entre los numerosos casos de firmas que presumen de buenos resultados económicos ante sus accionistas, al tiempo que despiden trabajadores y rebajan salarios, está la empresa Coca Cola. De hecho, Coca Cola Iberian Partner (CCIP), como gusta de llamarse cuando ofrece su faceta menos dulce, cuenta en España con siete embotelladoras que en el año 2011 obtuvieron un beneficio conjunto de 323,9 millones de euros, para bajar a 222,7 millones en el año 2012, y dispararse hasta los 863,2 millones de euros durante el ejercicio de 2013.

Al parecer, la matriz directiva de Coca Cola en Atlanta, con la complicidad de sus jefes en España, han decidido que no les basta con tales beneficios, y que entre este año 2014 y el año 2020 tienen que aumentar sus ganancias en un 50% más. Para ello no han pensado en nuevos productos o en innovar servicios. No. Han pensado que lo más fácil es echar a buena parte de los mismos trabajadores que les han permitido hacerse ricos hasta ahora, y rebajar sustancialmente los salarios del resto. Directivos aparte, claro está.

El ERE de Coca Cola pretende cerrar las factorías de Fuenlabrada (Madrid), Alicante, Oviedo y Palma, dejando en la calle a 1.253 empleos directos y cerca de 5.000 indirectos. Y no lo hacen por supervivencia, porque la empresa sobrevive muy bien. Y no lo hacen por eficiencia, porque sus fábricas son las más productivas de Europa, e incluso sirven para ilustrar en los programas de televisión los planes de formación profesional de algunos gobiernos autonómicos, como el madrileño. No. Lo hacen por pura codicia. Por puro afán de acumular más, y más, y más, sin importarles las consecuencias dramáticas sobre la vida de miles de criaturas.

Las empresas son instituciones de nuestra sociedad, que se benefician del espacio común que construimos día a día para mantener las libertades, para la buena marcha de la economía, para el buen funcionamiento de las infraestructuras… Los Parlamentos tienen una responsabilidad compartida, como la tienen los partidos, y los sindicatos, y las entidades vecinales, y las asociaciones culturales. Y también las empresas. Y cuando las empresas no cumplen con su responsabilidad para con el conjunto de la sociedad, la sociedad tiene el derecho de defenderse. Con la ley, con la acción de las administraciones, con el trabajo de los representantes políticos, con la movilización de los trabajadores, y con la reacción de la propia sociedad civil.

Coca Cola, como las demás empresas que participan del mercado, depende de una buena reputación para alcanzar sus objetivos. Esta marca en particular ha dedicado mucho esfuerzo y dinero en publicidad para generarse una imagen de simpatía, dinamismo e ilusión. Pues bien, la sociedad española debe procurarse mecanismos para que cada empresa obtenga la reputación y la fama que merece por el ejercicio de su responsabilidad social, más allá de los millones que cada cual invierta en publicidad. Y si una empresa no cumple con esa responsabilidad, desentendiéndose de la suerte de sus trabajadores, ocasionando graves sufrimientos a miles de familias y contribuyendo a la pobreza y la exclusión social, los ciudadanos y los consumidores deben saberlo. Para que cada ciudadano y cada consumidor actúe como le dicte su conciencia.

Porque además de codiciosos, esos directivos que firman EREs y acumulan pluses, resultan poco inteligentes. Cuando todas las empresas españolas hagan lo que quiere hacer Coca Cola ¿quién va a poder permitirse comprar un refresco a sus hijos?

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(Ni la lucha contra el ERE injusto de Coca Cola)

A Manuel Jabois no le gusta mi “pelo cano”. Tampoco le gusta mi “cuerpo encogido”. Aún no sabemos qué opina sobre la regularidad de mi dentadura o sobre mis incipientes juanetes, pero es posible que también nos lo cuente algún día desde su columna en El Mundo.

Lo primero que pensé al leer aquello del pelo y el cuerpo es que de alguna manera pudiera haber despertado yo en este señor una pulsión rara, al modo de la fan tristemente célebre del locutor deportivo Paco González. Días más tarde me calmé al comprobar cómo dedicaba pensamientos de parecida altura intelectual a otra persona: “Chiquita, chiquita la tenía: por el frío y por el miedo”. No soy solo yo. Menos mal.

A mí no me importa el color de la masa capilar del señor Jabois, ni si es alto o “encogido” como yo. Me importa más la gente que lee lo que él escribe, porque el periódico que ofrece cobijo a sus productos tiene una divulgación importante. Y porque al compartir espacio con periodistas tan destacados como Victoria Prego, Raúl del Pozo o Arcadi Espada, alguien pudiera pensar equivocadamente que comparten algo de credibilidad.

El señor Jabois pertenece a la especie del columnista que suele confundir inteligencia con ocurrencia, ingenio con diatriba, mordacidad con insulto y, lo que es peor, periodismo con sicariado. Pero no es lo mismo. Quizás creció leyendo a Umbral en el mismo periódico para el que trabaja ahora. Pero desconoce que Umbral no ganó su fama haciendo daño, sino vertiendo información, ideas, personalidad, estilo y genio en sus escritos.

La columna que me dedicó hace unos días llevaba por título “La chispa de la vida”, en alusión a mi modesta participación en la lucha contra un ERE injusto que pretende acabar con más de 1200 despidos en la empresa Coca Cola Iberian Partner. No le parece bien mi “pulso a Atlanta” para “tumbar a Coca Cola”, según él.

Esta especie no suele equivocarse de causa ni de trinchera. Aquel día podía haber escrito sobre Gürtel, Caja Madrid o el aumento del paro, pero escribió sobre un ERE que estaba siendo cuestionado socialmente. Y podía haberse puesto del lado de unos trabajadores que pelean por el sustento de sus familias, frente a unos directivos codiciosos que solo buscan aumentar sus beneficios, bien altos ya. Pero no se equivocó, no.

Sus tácticas suelen ser predecibles también. No usan datos ni argumentos para rebatir posturas ajenas. Se limitan a zaherir al postulante, con mucha estridencia, para simular la falta de razones. “Fantasma de Canterville”, llega a denominarme. Suelen situar en su diana a personajes algo conocidos, para hacer rentable el esfuerzo, pero no demasiado poderosos. No vayan a devolver los golpes. Por ejemplo, cita a Almunia en la misma columna que a mí, pero a él le trata con suavidad.

Algunos, sin embargo, elegimos las causas por las que luchamos en función de su justicia, y nos ponemos del lado que nos dictan nuestros valores y nuestra conciencia. Y aunque al señor Jabois no le parezca bien, yo, con mis modestísimas fuerzas, seguiré respaldando a los trabajadores de Fuenlabrada, contra “Atlanta” y contra él. Porque entiendo que las empresas han de asumir una responsabilidad social que va más allá del simple afán de ganar más y más y más, a cualquier precio.

Dice de mí que me siento en mi escaño “como una estatua” y que “mata el tiempo deambulando por los pasillos”, pero si hubiera trabajado un poco, contrastando información con los buenos periodistas que su periódico tiene en el Congreso, sabría que esa no es mi fama precisamente.

Puede que alguna noche me acueste “derrotado”. Sí. Pero ha de tener por seguro que en la mañana siguiente volveré a despertarme con la ilusión de proseguir una lucha en la que creo, reconociéndome en el espejo como algo mejor que un bufón más en la caverna.

Sí, me quedo con mi “pelo cano”.

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DEFENDER LO PÚBLICO

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de confirmar la paralización cautelar del proceso privatizador en la sanidad pública madrileña ha reavivado varios debates de gran interés. Uno de ellos tiene que ver con el evidente agotamiento del proyecto político del PP en la Comunidad de Madrid, cuyos dirigentes van de fiasco en fiasco: el Parque Warner, la Ciudad de la Justicia, el nuevo sistema de financiación, el euro por receta, los Juegos Olímpicos, Eurovegas, y ahora la frustrada privatización de hospitales públicos. Otro debate interesante versa sobre la influencia demostrada por las nuevas plataformas de acción política, en alianza con la sociedad civil movilizada y los representantes de la oposición institucional.

Quizás el debate más de fondo está relacionado con la defensa encendida de lo público que conlleva la extraordinaria respuesta social frente al asalto privado a la sanidad de todos. La intentona privatizadora ha estado basada en dos argumentos: el supuesto gasto público insostenible de la prestación sanitaria, especialmente en tiempos de crisis; y la supuesta ventaja del servicio privado en la garantía de eficiencia.

En realidad, ambos argumentos son falsos. Según datos del Banco Mundial, España dedicó al gasto sanitario total en el año 2012 un 9,3% de su PIB, por debajo de la media de la OCDE y lejos de países como EE.UU. (17%), Canadá (11,2%) o Francia (11,6%). La sanidad pública española está muy bien valorada por la población y resulta barata. La eficiencia del sistema público se demuestra también al comparar el número de médicos por cama (tres veces superior al de la sanidad privada), enfermeros (2,5 veces más) o auxiliares (el doble).

Las razones para defender la gestión pública de la prestación sanitaria pueden ser de carácter ideológico, porque lo público asegura la igualdad; o bien de orden político, porque la cobertura pública universal legitima la propia democracia; e incluso de naturaleza económica, porque está demostrado empíricamente que las sociedades más cohesionadas y seguras son también las más competitivas.

De hecho, la propia teoría económica ha defendido tradicionalmente la titularidad y la gestión por parte del Estado de aquellos bienes que han de ser considerados públicos, porque son de oferta necesariamente colectiva (como la justicia o la defensa), así como de los bienes llamados preferentes, porque implican externalidades de aprovechamiento general (como la educación, la sanidad, las pensiones, el seguro de desempleo o determinados servicios de transporte).

Solo la titularidad y la gestión pública de los bienes públicos y preferentes aseguran la ausencia de discriminación en su acceso. Dicho de otro modo: la garantía de los derechos y las libertades que consideramos inherentes al carácter democrático de una sociedad obliga a excepcionar la asignación por parte del mercado de determinados bienes y servicios esenciales.

¿Por qué entonces se orquestan las estrategias de la privatización sobre bienes como la salud colectiva? Porque hay ideologías e intereses que contravienen el principio democrático y el interés general desde la aversión a la igualdad y desde la voluntad de hacer negocio a costa de todo. Antón Losada, en su magnífico libro “Piratas de lo público”, describe perfectamente “el abordaje en 3D a la sanidad pública”: primero se deteriora conscientemente lo público negándole los recursos imprescindibles; después se descapitaliza y se desprestigia la calidad de su servicio con mentiras relativas a su “insostenibilidad” o “ineficiencia”; y finalmente se desmonta el sistema público para entregarlo al negocio privado.

Tony Judt, no obstante, ya alertó del paralelismo a tener en cuenta entre el derrumbe del muro comunista en los ochenta y el derrumbe del muro capitalista en los dos mil. Si con la caída del muro de Berlín se pretendió demostrar las limitaciones del Estado para producir bienes públicos, con la caída del muro de Wall Street se demostró la incapacidad del mercado para producir eficientemente determinados bienes privados. En consecuencia, la izquierda ha contado siempre con argumentos para defender la gestión estatal de los bienes públicos y preferentes, y ahora tras la gran crisis financiera tiene también argumentos para defender la gestión pública de algunos bienes privados con gran repercusión general, como las finanzas, por ejemplo.

Conclusión: la izquierda ha de defender lo público con convicción y firmeza, porque la gestión pública de los bienes más relevantes para el interés colectivo legitima la democracia y la propia economía de mercado. Pero la izquierda debe ser valiente para plantear en paralelo una fiscalidad suficiente y justa que financie adecuadamente aquella gestión. Y ha de comprometerse a administrar lo público desde la máxima eficiencia y transparencia posibles.

Privatizar no es moderno. Es tan viejo como la codicia.

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