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Archive for 25 enero 2014

RECORTAR LA SALUD

El discurso de la “recuperación” que intenta instalar el Gobierno en la opinión pública por tierra, mar y aire, choca de una manera frontal con la profundización simultánea de las políticas de recorte en las prestaciones sociales más básicas a la población. Muchos ciudadanos se preguntan: ¿si es cierto que la economía se está recuperando, por qué el Gobierno insiste en recortar prestaciones que afectan a derechos fundamentales? Mientras los ministros brindan cada día por la evolución de algunas cifras macroeconómicas, millones de ciudadanos sufren los recortes gubernamentales en los servicios sanitarios, en las becas, en las pensiones, en la atención a las personas dependientes…

Quizás el recorte más dramático sea el que afecta a la atención sanitaria. Recortar recursos en la protección frente a la enfermedad y la muerte resulta especialmente cruel. Pero es precisamente en el capítulo sanitario donde los ajustes del Gobierno están resultando más duros y persistentes. Hasta cinco grandes capítulos pueden definirse en la política del PP para recortar prestaciones sanitarias a los españoles.

 El Gobierno se estrenó fulminando el carácter universal del sistema público de salud. Hasta la llegada de Rajoy al poder, todos los seres humanos tenían derecho en nuestro país a la protección pública frente a la enfermedad. Ahora ya no. Los primeros excluidos fueron los inmigrantes irregulares. Son personas como nosotros, con los mismos sufrimientos que nosotros, pero el Gobierno les niega la atención sanitaria para salvar sus vidas o protegerse de la enfermedad. Si quieren sanidad, que se la paguen, y si no pueden, pues allá ellos. Como es lógico, se han producido fuertes resistencias entre los profesionales para la aplicación de una medida tan mezquina, y la realidad es que muchos inmigrantes enfermos están siendo tratados en el sistema sanitario público de manera irregular y por la puerta de atrás. Es denigrante.

 Otro colectivo singular que está siendo objeto de la exclusión sanitaria por parte del Gobierno del PP es el de los parados españoles que deciden no resignarse y buscan empleo más allá de nuestras fronteras. Lejos de ayudarles, el Gobierno de Rajoy y Mato ha decidido retirarles la tarjeta sanitaria y todos los derechos a prestaciones públicas en cuanto pasen más de 90 días fuera de nuestro país. Aducen que en cuanto encuentren empleo en otro territorio estarán cubiertos por la sanidad de ese lugar, pero la realidad es que son muchos los emigrantes españoles que, por desgracia, tardan más de tres meses en encontrar trabajo o que, incluso, no llegan a encontrarlo nunca. ¿Merecen además el castigo de su Gobierno con la exclusión del sistema sanitario? Penoso también.

 Rajoy implementó igualmente el llamado copago hospitalario, por el que los pacientes hospitalizados quedan obligados a pagar parte de los medicamentos que se les suministran mientras están internados. Es decir, se les obliga a pagar para salvar sus vidas frente a enfermedades graves que requieren de hospitalización. Resulta especialmente dramático. Tanto que ninguna administración autonómica se ha atrevido aún a ponerlo en marcha, y hasta la presidenta castellano-manchega, a la sazón también secretaria general del PP, ha decidido congelar su aplicación.

 Ha tenido que ser el Consejo de Estado el que tumbara el copago prescrito para el uso de ambulancias no urgentes y prótesis en general. Esta alta instancia del Estado se ha visto en la obligación de recordar al Gobierno algo tan obvio como que los enfermos no utilizan las ambulancias para hacer turismo, sino para acudir a los centros sanitarios a recibir el tratamiento que les ha de salvar la vida. Finalmente, Rajoy y Mato han tenido que retirar la medida, ante su evidente ilegalidad.

 Se mantiene, sin embargo, el copago agravado en la adquisición de medicamentos por parte de pensionistas. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acaba de denunciar precisamente que la renuncia del Gobierno a fijar precios de referencia para los medicamentos ha ocasionado una subida media de precios del 1,47% durante los últimos meses de 2013, mientras la inflación aumentaba un 0,3% y la subida de las pensiones se limitaba al conocido 0,25%. El resultado ha sido una ganancia importante para la industria farmacéutica, y una carga suplementaria para la deteriorada capacidad adquisitiva de nuestros pensionistas. Lamentable.

 El último capítulo a reseñar podría ser el de las privatizaciones de hospitales y centros de atención primaria y especializada, en marcha en la Comunidad de Madrid, a pesar de los varapalos judiciales y de la firme oposición de profesionales y ciudadanía en general. Finiquitado el gran negocio de la especulación inmobiliaria, los negociantes madrileños al amparo del poder han encontrado en el sistema público de salud un nuevo objeto de saqueo. Afortunadamente, puede que a los gobernantes del PP no les de tiempo para culminar el proceso y poner la salud de los madrileños en manos de empresas privadas y, con toda seguridad, el nuevo gobierno que salga de las urnas en el año 2015 impedirá esta barbaridad.

 Resulta comprensible, por tanto, la irritación ciudadana creciente. Si nos estamos “recuperando”, ¿a qué viene recortar nuestra salud?

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EL CONFLICTO CATALÁN, DE MAL EN PEOR

Lejos de entrar en vías de solución, el gravísimo conflicto desencadenado por el separatismo catalán se desarrolla de mal en peor. El desencuentro político derivó hace tiempo en un problema institucional de envergadura y, lo que es aún peor, se está convirtiendo rápidamente en una profunda fractura social, dentro de Cataluña y entre catalanes y resto de españoles. Durante las fiestas de fin de año, han sido muchos los grupos familiares y de amigos que han reflejado las tensiones entre los que reprochan la “opresión” de España y los que denuncian el “egoísmo” de quienes quieren marcharse en el peor momento.

En este grave contexto llama la atención la irresponsabilidad tremenda que ponen de manifiesto precisamente aquellos que están llamados a procurar la resolución del problema. Primero, y sin lugar a dudas, los políticos independentistas. El nacionalismo de derechas busca tapar sus corruptelas y sus incapacidades frente a la crisis con una huida loca, que les lleva a ellos y a los catalanes irremediablemente de la frustración al fracaso. Y la supuesta izquierda independentista se asemeja cada día más a la Liga Norte de Umberto Bossi, más partidaria de cerrar filas con los explotadores del propio terruño que con los explotados del terruño vecino.

Después, el Gobierno de España, incomprensiblemente inactivo, como si la amenaza de romper el país no fuera con él, o como si los problemas tendieran a resolverse solos. A veces da la sensación de que Rajoy actúa en el conflicto catalán antes como presidente del PP que como presidente del Gobierno español. Puede que al primero le interese mantener vivo el conflicto separatista en Cataluña para movilizar a los sectores más extremos de su electorado, pero, desde luego, al segundo ha de importarle poner coto con urgencia a un proceso que puede alterar gravemente la convivencia entre los españoles.

Se suman a la irresponsabilidad también tres diputados autonómicos del Partido de los Socialistas de Cataluña, que sistemáticamente ignoran las decisiones adoptadas democráticamente en el seno de su organización para contribuir a las estrategias de los adversarios independentistas. El pensamiento independentista es legítimo, pero es totalmente incompatible con el ideario de un partido de izquierdas como el socialista. Anteponer la identidad territorial a la solidaridad entre las personas es un planteamiento de derechas, contrario a los valores más profundos de la izquierda. Los socialistas no hacemos política con el carnet de identidad sino con los principios de la igualdad y la libertad.

Dicen actuar “en conciencia”. Pues si su conciencia es una conciencia nacionalista, que dejen el partido socialista y militen consecuentemente en CiU, que es donde acabarán probablemente. Eso sí, después de hacer mucho daño al PSC y al PSOE. Resulta incomprensible que alguien que se autodenomina progresista anteponga las banderas nacionales a la solidaridad entre hombres y mujeres más allá de donde hayan nacido, o que se sientan más cerca del millonario barcelonés que del parado gaditano. Y aún más incomprensible es su concepción de la propia democracia. Reivindican un supuesto derecho a decidir la independencia para los catalanes, pero son incapaces de respetar la decisión democrática adoptada por inmensa mayoría en el órgano de máxima responsabilidad de su propio partido.

Las razones a sostener para rechazar la independencia han de ir más allá del sentimiento porque, por desgracia, algo se ha roto en el tradicional sentimiento de afecto mutuo entre los españoles de Cataluña y el resto de los españoles. Algo que habrá que recuperar. Pero también hay razones políticas, porque en el tiempo de la globalización de los retos y las comunidades integradas para afrontarlos, ya no caben los minimalismos y las fronteras. Y hay razones económicas, porque los mercados premian las sinergias de envergadura y castigan duramente a los reduccionismos. Y, desde luego, hay razones ideológicas, porque en sociedades con identidades cada vez más complejas y solapadas, solo caben instituciones complejas y solapadas. La ideología de la identidad única conduce al pensamiento único y al mando único, y la historia del siglo XX no nos recuerda nada bueno respecto a sus consecuencias.

Las falsificaciones de la historia que acompañan al independentismo resultan tan grotescas como lamentables. Nadie duda de que la reivindicación de la independencia sea una reivindicación legítima, pero lo es porque hay catalanes que hoy defienden esta opción, no porque “la nación catalana existe desde hace mil años”. Reivindicar la figura de Wilfredo el Velloso como “padre de la nación catalana ya en el siglo IX” es sencillamente ridículo, entre otras razones porque la idea de nación no fue inventada hasta el siglo XVIII.

El PSC mantiene ahora una postura razonable. No a la recentralización que niega identidades y frustra autogobiernos, y no al disparate secesionista. No a la ruptura y no al inmovilismo. Sí al diálogo, sí al encuentro y sí a las reformas consensuadas sobre nuestro marco de convivencia, en clave federal. Esta es una buena salida. Puede que la única salida. Es la posición del PSOE también. Merece consideración, merece apoyo y merece, al menos, la lealtad de todos los socialistas, fuera y dentro de Cataluña.

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LAS PRIMARIAS, MEJOR ABIERTAS

Vivimos en la sociedad de la comunicación global, intensiva e instantánea, y la tarea política resulta muy condicionada por ello. A menudo se incurre en la tentación de anteponer la imagen al mensaje y, por tanto, de otorgar más relevancia a los rasgos del portavoz que al contenido del discurso y la propuesta. Se busca una cara que evoque “futuro”, una voz que genere “empatía”, un talante que proporcione “dinamismo”, una actitud que sume “credibilidad”… Cuando lo que debiera suscitar futuro, empatía y credibilidad es el conjunto de la oferta política y muy especialmente su programa.

El PSOE ha dedicado los dos últimos años a recuperar el crédito ciudadano, gobernando allí donde le ha correspondido, ejerciendo la oposición donde este ha sido el veredicto de las urnas, y renovando a fondo su propuesta de futuro para la ciudadanía. Hay un liderazgo elegido en el Congreso de Sevilla y hay un proyecto perfilado en la Conferencia de Madrid. En este 2014, además de proseguir aquellas tareas y afrontar las elecciones de Europa, toca elegir candidatos y candidatas para las autonómicas, las municipales y las generales. Esto último no es lo más importante, pero es importante hacerlo bien.

Parece existir consenso en torno a un calendario que llevará al final del año las convocatorias de elecciones primarias para presidentes autonómicos y para presidente del Gobierno de España, con alguna excepción justificada en clave regional. Existe un mandato congresual para que las primarias nacionales sumen la participación de militantes y simpatizantes. Y tras la Conferencia Política, existe la posibilidad de que las primarias autonómicas también sean abiertas, si así lo decide el Comité Federal a propuesta de la dirección regional correspondiente. A mi juicio, esta posibilidad debería concretarse y las candidaturas autonómicas deberían elegirse también con el concurso de la ciudadanía no afiliada.

El Partido Socialista ha hecho una gran apuesta abriendo al conjunto de la ciudadanía una de sus decisiones más relevantes, la designación de su candidatura a la presidencia del Gobierno de España, con la sola condición de inscribirse en un censo, manifestar un compromiso con las ideas progresistas y cooperar mínimamente en la financiación del proceso. Se trata de un paso adelante inédito en el panorama político español, con precedentes exitosos en otros países, pero con dificultades resaltables también. Hay quien cita la movilización electoral extraordinaria de los casos francés e italiano, pero hay quien teme asimismo interferencias interesadas desde algunos poderes económicos y mediáticos.

Es una decisión valiente y en línea con las demandas crecientes en la sociedad española a favor de introducir mejoras en el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. En el ámbito anglosajón se habla de las estrategias“bottom-up” y en el mundo latino hablamos de la “política abierta”. La ciudadanía se considera hoy más informada, con criterio propio sobre los asuntos públicos que le afectan, y reclama un mayor protagonismo en la gestión del espacio que compartimos. Las reivindicaciones para cualificar la democracia suelen concretarse en más transparencia, más participación y más rendición de cuentas.

La gran mayoría de los ciudadanos que levantan su voz en este sentido no abominan de la democracia representativa, porque son conscientes de que sus instituciones y sus procedimientos constituyen la garantía de nuestros derechos y nuestras libertades. Pero ya no se conforman tan solo con votar cada cuatro años, dando carta blanca a los representantes de turno para cumplir o incumplir sus compromisos, para contar o no contar lo que hacen, para asumir o no asumir responsabilidades. Más democracia equivale hoy a más ciudadanos decidiendo, en más ocasiones y sobre más asuntos.

O los partidos políticos somos conscientes de esta evolución y le damos una respuesta positiva y razonable, o muchos ciudadanos se alejarán de los partidos y harán política a través de estructuras y procedimientos alternativos, con los riesgos que ello conlleva para un sistema que otorga precisamente a los partidos la función de ser “instrumento fundamental para la participación política” (artículo 6 de la Constitución Española). Las primarias abiertas del PSOE son una respuesta a esta situación, como lo ha sido su Conferencia Política abierta a la participación de miles de ciudadanos, y como lo es su propuesta de reforma constitucional y de actualización de los procedimientos electorales al uso.

Las primarias abiertas contribuirán a ampliar la base social de los partidos y de la propia participación democrática. Implicará a más ciudadanos en más decisiones colectivas. Movilizará a más ciudadanos en los procesos de elección representativa. Y comprometerá a más ciudadanos en el espacio público compartido.

Si todas estas ventajas las hemos procurado ya para el ámbito nacional, ¿por qué no aprovecharlas también comunidad a comunidad? No tendría sentido impulsar una estrategia de participación amplia como una gran idea a escala nacional, para después restringir la participación a la antigua en la escala regional.

Si hemos hecho esta apuesta, llevémosla adelante con coherencia, en España y en sus comunidades autónomas.

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1914-2014 ¿HEMOS DEJADO ATRÁS LOS DEMONIOS DE EUROPA?

La conmemoración del primer centenario desde el inicio de los acontecimientos que asolaron nuestro viejo continente entre 1914 y 1945 coincide con un debate de gran alcance sobre la identidad y el futuro de la Unión Europea, de cara a las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo mes de mayo.

El mercado común, las comunidades europeas y lo que se ha dado en llamar “el modelo social europeo” nacieron en la segunda posguerra mundial, con el objetivo de dejar atrás definitivamente los demonios que asolaron Europa durante la primera mitad del siglo pasado. Los Schuman, Monnet y Gasperi soñaron un “ethos” europeo común, fundado en los principios de paz, libertad, democracia, progreso y solidaridad, para superar por siempre jamás la pesadilla de autoritarismo y violencia que acababa de provocar la mayor hecatombe de la historia de la Humanidad.

¿Cuáles eran esos demonios? El nacionalismo exacerbado, la pulsión autoritaria, la xenofobia, el antisemitismo, el atropello de los derechos humanos y las enormes desigualdades sociales, fundamentalmente. La pregunta, un siglo después, es la siguiente: ¿estamos más cerca del sueño de los padres de Europa o de la pesadilla que intentaron superar con el proyecto de la Unión?

Durante los últimos días, un gesto aparentemente inocuo se multiplica a lo largo y ancho de la sociedad francesa, cuna de la Ilustración y de la libertad-igualdad-fraternidad. Se trata de una especie de saludo inverso al estilo nazi y lo promueve un humorista llamado Dieudonné, reiteradamente denunciado por prácticas antisemitas. Puede que los muchos franceses que lo llevan a cabo, referentes sociales y deportivos incluidos, no sean conscientes de su significación histórica, y puede que tan solo pretendan expresar disconformidad con el sistema, pero la desdramatización de una ideología tan terrible como el nacismo entre una de las poblaciones que la sufrió con más dolor, resulta tan significativa como inquietante.

El antisemitismo sigue latente, ahora asociado al rechazo hacia la beligerancia del régimen de Tel-Aviv, pero la xenofobia se encuentra en plena efervescencia. Los partidos populistas del Frente Nacional en Francia, la UKIP en Reino Unido, el Partido de la Libertad en Bélgica y Amanecer Dorado en Grecia, entre otros, agitan sin comedimiento alguno el odio al extranjero y al diferente, como chivo expiatorio para todos los males del mundo. Los gobiernos conservadores de Gran Bretaña y la Baviera alemana promueven abiertamente medidas xenófobas para limitar el acceso de los inmigrantes a sus mercados laborales y sus sistemas de protección social. Hasta los gobiernos progresistas de Francia e Italia, temerosos de una opinión pública que ansía fustigar culpables, se dejan llevar con declaraciones y decisiones contrarias a sus principios.

La Comisión Europea, depositaria de la responsabilidad para hacer valer los valores europeos, retrocede ante el empuje de la ola xenófoba y hurta la defensa precisa para uno de los puntales del proyecto común: la libertad de movimientos para las personas en el seno de la Unión. Se asusta a la población europea con la falacia de una invasión de hordas extranjeras, para justificar recortes de derechos y libertades, y no hay nadie en el timón de la vieja Europa para hacer frente a los demonios de siempre.

Cuando creíamos superada la gripe de las identidades totalitarias y excluyentes, cuando empezábamos a identificarnos antes con el ajeno explotado que con el explotador propio, vuelven los nacionalismos exacerbados y sus banderas narcotizantes. Y la meta no es ya el progreso común o la igualdad de los europeos o la solidaridad allí donde sea precisa. La referencia vuelve a ser primero Gran Bretaña, o primero Francia, o primero Alemania, o primero Escocia, o primero Cataluña…

Y nadie defiende la bandera común europea, como símbolo del fin de las banderías egoístas y beligerantes. ¿Por qué? Porque se ha hecho uso espurio de Europa para recortar Europa: austeridad en lugar de solidaridad, devaluación en lugar de progreso y ajuste en lugar de igualdad. ¿Y quién se atreve ahora a enarbolar la bandera de la troyka que ha empobrecido injustamente a millones de europeos? Desde las instituciones europeas se ha practicado la anti-Europa, y ahora algunos se extrañan del auge de las fuerzas euroescépticas. Merkel ha hecho más contra Europa que el mismísimo Le Pen.

El mundo se acercaba a Europa con admiración y envidia, porque Europa era el epítome de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos y del bienestar social. Pero los gobiernos europeos compiten hoy en políticas contra el semejante que nació en otra tierra, los capitales disfrutan de más libertad que las personas, los poderes determinantes no se presentan a las elecciones y los derechos sociales se subordinan a los mandatos de los mercados financieros. Y claro, la democracia representativa está en cuestión, como hace un siglo, y los populismos prenden entre la pobreza y el desafecto, como hace un siglo.

Los alemanes vuelven a preferir una Europa alemana antes que una Alemania Europea. Rusia recupera el régimen y hasta la retórica de los zares. Japón venera de nuevo a los criminales de la guerra imperialista. Y Estados Unidos cede a la tentación de encerrarse en sí mismo, al calor de la autosuficiencia energética.

No. Decididamente no estamos más cerca del sueño europeo. Las pesadillas del pasado amenazan con alcanzarnos, si no despertamos a tiempo. La campaña europea que ahora comienza es una buena oportunidad. O hablamos de los valores de Europa o hablamos de los índices bursátiles. O hablamos de los derechos y libertades de todos los europeos o hablamos de las banderas de unos europeos contra las banderas de otros europeos. O hablamos de un futuro colorido para los hombres y las mujeres de Europa, o hablamos de repetir lo más negro de nuestra historia.

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