CHAPAPOTE JUDICIAL

La catástrofe medioambiental que causó el hundimiento del Prestige ha tenido una equivalencia paradójica y triste en la catástrofe ocasionada por su tratamiento judicial. El chapapote de la codicia inundó las costas gallegas hace once años, y un nuevo chapapote de ignominia y frustración ha golpeado cruelmente en estos días sobre el sentido de la justicia en la sociedad española.

No hay culpa ni responsabilidad. Al parecer, la justicia contempla el desastre del Prestige como si de un fenómeno natural se tratara. Algo así como una tormenta o un terremoto. Nadie tiene la culpa. De nada ha servido probar que el barco arrastraba 30 años de antigüedad, que presentaba graves problemas estructurales, que fue una irresponsabilidad llenarlo de fuel y ponerlo a navegar, que fallaron terriblemente armadores, fletadores, tripulantes, inspectores y autoridades marítimas. Da igual, ¿quién tiene la culpa de que llueva?

El daño ocasionado sobre la ya mermada confianza en la justicia ha sido tremendo. No ha habido culpables en la quiebra del sistema financiero y no hay culpables para la quiebra de nuestro ecosistema. Los criminales que especularon con el paro y la pobreza de cientos de millones de criaturas disfrutan tranquilamente del botín en sus lujosas mansiones. Y los criminales que vertieron toneladas de veneno sobre nuestro medio ambiente respiran tranquilos, porque conocen bien el sistema.

Si rompes un escaparate y dañas la propiedad de un joyero para lucrarte, tienes cárcel asegurada, como es lógico. Ahora bien, si lo que rompes es el ecosistema a lo largo de 2.000 kilómetros de costa, dañando la naturaleza, el paisaje, la salud y el modo de vida de millones de personas, también para lucrarte, entonces tienes asegurada la impunidad. Aquí hay algo que no va bien.

Un informe de la Universidad de Santiago cuantifica en más de 4.300 millones de euros el coste de aquel desastre, como si pudiera cuantificarse en euros el daño sufrido por el océano, por sus criaturas, por la riquísima costa atlántica, por sus moradores, por sus pescadores, por sus aldeas, por sus ayuntamientos… Pero no habrá compensación, ni por 4.300 millones, ni por un millón, ni por un euro. Porque al no haber culpables, no habrá posibilidad de reclamar indemnización alguna por la vía civil.

El armador sabía que el barco no reunía las condiciones mínimas de seguridad, pero lo puso a navegar. El fletador solo se ocupó de sumar y restar ganancias, ignorando los riesgos en que incurría la naturaleza con su negocio. La multinacional norteamericana de certificación recibió su cheque y despachó aquella bañera con goteras como si fuera el buque más sólido del mundo. Pero la justicia española ni tan siquiera ha sido capaz de sentar en el banquillo a alguno de estos responsables.

El mensaje ha llegado muy nítido a los desaprensivos del mundo. Vengan ustedes a hacer sus negocios inmundos a España, destrocen nuestro medio ambiente, porque es gratis. Nadie les molestará con juicios engorrosos, con molestas indemnizaciones en sus balances o con inimaginables amenazas de cárcel. No. La cárcel queda para el que roba poco o daña limitadamente. Los robos a gran escala y los daños sistémicos disfrutan de impunidad.

Y todo esto llega cuando hasta en Ecuador son capaces de juzgar a los responsables de un vertido criminal y hacerles pagar su fechoría. En Ecuador sí. En España no.

Por desgracia, hace once años el chapapote de la codicia ensució algo más que la bella costa gallega.

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