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Archive for 29 noviembre 2013

El Presidente del Gobierno de España miente en el Parlamento. Resulta duro de expresar, pero es un hecho perfectamente comprobable. Lo hace, además, de manera reiterada y sistemática. Mienten también los ministros. Y todo parece formar parte de una estrategia destinada a hacer creer a los ciudadanos que las cosas son distintas de cómo esos mismos ciudadanos las ven cada día.

El último episodio de esta estrategia se ha producido a cuenta de la destrucción de empleo. Rajoy ha sostenido formalmente en el Parlamento que en España ya no se destruyen puestos de trabajo, pero las estadísticas de su propio Gobierno desmienten tal afirmación. La Encuesta de Población Activa refleja que desde enero de 2012 hasta el tercer trimestre de este año se han destruido nada menos que 984.300 puestos de trabajo, y los datos de afiliación a la Seguridad Social demuestran que entre octubre de 2012 y octubre de 2013 se perdieron 376.000 empleos.

A esta mentira hay que añadir otras, como la afirmación de que Bárcenas no trabajaba para el PP cuando este partido asumió el Gobierno de España, o la negación de la existencia de una contabilidad B en el PP. Son mentiras flagrantes, plenamente demostrables a partir de datos conocidos y contrastados.

Miente Rajoy y miente Montoro cuando asegura que no se reducen los salarios. La propia Agencia Tributaria, dependiente del ministro de Hacienda, ha publicado que el salario medio de los españoles cayó en el año 2012 un 2,5%. Y el proyecto de presupuestos para 2014, presentando por el mismo Montoro, establece que los costes laborales unitarios decrecerán en este ejercicio 2013 un 1,6% y un 0,6% el año próximo.

Y miente el ministro Wert cuando sostiene que la cuantía de las becas Erasmus se reduce como consecuencia de las decisiones de la Comisión Europea. Miente hasta el punto de merecer una reprobación pública y vergonzante del portavoz oficial de esa Comisión Europea. Y miente la ministra Báñez cuando nos dice que con la nueva ley no bajarán las pensiones, o cuando asegura sin pestañear que el Gobierno del PP heredó una Seguridad Social quebrada, sabiendo que el fondo de reserva contaba en 2011 con 67.000 millones de euros.

No se trata de errores de información, porque nadie puede admitir que desconozcan hasta tal punto lo que se traen entre manos cada día. No son valoraciones subjetivas más o menos cuestionables. Ya no hablamos de hacer promesas falsas, aun sabiendo que no se cumplirán, como aquello de los 3,5 millones de puestos de trabajo de los que hablaba Esteban González Pons durante la última campaña electoral. No. Se trata de mentir deliberadamente, en sede parlamentaria, como estrategia de engaño permanente.

Están convencidos, además, de que la estrategia funciona. A mí me lo aseguraron así durante mi etapa como portavoz en la Asamblea de Madrid, cuando semana tras semana escuchaba estupefacto aquello de “Ningún madrileño espera más de 30 días para someterse a una intervención quirúrgica”. Quizás no engañan a los muchos que esperan más de 30 días, pero puede que sí engañen a los demás. Al menos durante un tiempo.

Puede que les funcione, sí. Pero el daño que hacen a la credibilidad de las instituciones públicas es tremendo. La mentira mina la confianza de los ciudadanos en sus responsables institucionales, en mucha mayor medida que el error o el incumplimiento de un compromiso. Y cuando los ciudadanos ya no se creen nada de lo que les dicen sus dirigentes políticos, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? La mentira es incompatible con un régimen democrático serio. Pero ¿a quién le importa si uno tiene capacidad mediática para sostener la mentira y la mentira reporta ventaja?

En otros países con más tradición democrática, una mentira desvelada equivale a una dimisión. Aquí, las mentiras merecen el aplauso cerrado de la bancada propia.

No se trata solo de moralidad. Se trata de no socavar los cimientos de nuestra convivencia democrática. Recorten lo que quieran recortar, mientras tengan votos para ello, pero encima no insulten a la gente.

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El reciente protagonismo de los sindicatos en las portadas de los medios de comunicación más derechistas no es casual ni baladí. Nadie es tan ingenuo como para considerar que una atención tan extraordinaria y coincidente sobre los procedimientos y las cuentas de los sindicatos responde simplemente al afán por la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones del país. Las organizaciones empresariales no están siendo objeto de investigaciones y tratamientos similares, desde luego.

Resulta evidente la existencia de una estrategia que tiene como objetivo socavar el prestigio y la capacidad de acción de las organizaciones que representan los intereses de los trabajadores. Y en tal estrategia participan actores mediáticos, económicos y políticos. Porque a la ofensiva de denuncias mediáticas -unas ciertas, otras falsas-, debe incorporarse para el análisis la sucesión de reformas legales que debilitan gravemente la capacidad de negociación y defensa de los derechos laborales por parte de los sindicatos. Desde la reforma laboral que finiquita la negociación colectiva hasta la anunciada ley de huelga, y desde la retirada de las funciones formativas hasta la nueva ley limitativa del derecho de manifestación.

Sin embargo, se equivocan gravemente quienes actúan movidos por el afán de fomentar la desafección ciudadana hacia las centrales sindicales. Los sindicatos son parte sustancial del sistema democrático y socio-económico vigente, posibilitan su eficacia, lo hacen viable y lo legitiman ante los trabajadores. La historia de las relaciones sociales en nuestro país, además, demuestra el alto grado de responsabilidad y compromiso con el desarrollo equilibrado que han ejercido los sindicatos. Las grandes reformas y reconversiones que han experimentado nuestra economía y nuestra sociedad, con sacrificios muy relevantes en el mundo del trabajo, no se hubieran llevado a cabo con cierto éxito y una relativa paz social sin la labor positiva de organizaciones respetables como la UGT y las CC.OO.

Si el mensaje que reciben los trabajadores es el de que los sindicatos no sirven porque no son fiables, ¿cuál es la alternativa que se les ofrece para defender sus intereses en el plano laboral y social? ¿O se trata de convencerles de que la precarización de las condiciones laborales y la renuncia a los derechos sociales son un fenómeno inexorable y solo cabe la resignación?

El desarrollo de la reciente huelga de limpieza y jardinería en la ciudad de Madrid ha sido muy revelador. La complicidad de un gobierno derechista y unas empresas dispuestas a todo para maximizar beneficios amenazaba con dejar a más de un millar de empleados en la calle y a rebajar sustancialmente el salario de los demás. Gracias a la acción sindical, el apoyo de los grupos políticos progresistas y la comprensión ciudadana se han evitado los despidos y los recortes salariales, si bien los trabajadores han tenido que aceptar un ERTE doloroso y la congelación de sus sueldos por muchos años. ¿Qué hubiera ocurrido si los trabajadores no hubieran podido contar con la capacidad organizativa y negociadora de los sindicatos?

Cuidado. Porque pueden surgir alternativas a los sindicatos en la representación de los intereses de los trabajadores y en la defensa de sus derechos, y puede que no sean tan sensatas y responsables como lo han sido siempre organizaciones como UGT y CCOO. Atacar sistemáticamente a los sindicatos con el propósito de socavar la confianza de los trabajadores en sus representantes puede conducir a una radicalización de las reivindicaciones sociales. Y puede que esto es lo que busquen algunos: convertir las justas reclamaciones de los trabajadores en un problema simple de orden público, con una respuesta simple en el porrazo y tentetieso. Pero, desde luego, sería muy negativo para el desarrollo económico, la convivencia cívica y la calidad democrática en nuestra sociedad.

Que se investiguen, se denuncien, se condenen y se corrijan cuantas irregularidades existan en el funcionamiento de los sindicatos, y de los partidos, y de las organizaciones empresariales, y de las empresas propietarias de los medios de comunicación. Con plena transparencia y responsabilidad. Ahora bien, cruzadas antisindicales no, por favor. No conviene a nadie.

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La catástrofe medioambiental que causó el hundimiento del Prestige ha tenido una equivalencia paradójica y triste en la catástrofe ocasionada por su tratamiento judicial. El chapapote de la codicia inundó las costas gallegas hace once años, y un nuevo chapapote de ignominia y frustración ha golpeado cruelmente en estos días sobre el sentido de la justicia en la sociedad española.

No hay culpa ni responsabilidad. Al parecer, la justicia contempla el desastre del Prestige como si de un fenómeno natural se tratara. Algo así como una tormenta o un terremoto. Nadie tiene la culpa. De nada ha servido probar que el barco arrastraba 30 años de antigüedad, que presentaba graves problemas estructurales, que fue una irresponsabilidad llenarlo de fuel y ponerlo a navegar, que fallaron terriblemente armadores, fletadores, tripulantes, inspectores y autoridades marítimas. Da igual, ¿quién tiene la culpa de que llueva?

El daño ocasionado sobre la ya mermada confianza en la justicia ha sido tremendo. No ha habido culpables en la quiebra del sistema financiero y no hay culpables para la quiebra de nuestro ecosistema. Los criminales que especularon con el paro y la pobreza de cientos de millones de criaturas disfrutan tranquilamente del botín en sus lujosas mansiones. Y los criminales que vertieron toneladas de veneno sobre nuestro medio ambiente respiran tranquilos, porque conocen bien el sistema.

Si rompes un escaparate y dañas la propiedad de un joyero para lucrarte, tienes cárcel asegurada, como es lógico. Ahora bien, si lo que rompes es el ecosistema a lo largo de 2.000 kilómetros de costa, dañando la naturaleza, el paisaje, la salud y el modo de vida de millones de personas, también para lucrarte, entonces tienes asegurada la impunidad. Aquí hay algo que no va bien.

Un informe de la Universidad de Santiago cuantifica en más de 4.300 millones de euros el coste de aquel desastre, como si pudiera cuantificarse en euros el daño sufrido por el océano, por sus criaturas, por la riquísima costa atlántica, por sus moradores, por sus pescadores, por sus aldeas, por sus ayuntamientos… Pero no habrá compensación, ni por 4.300 millones, ni por un millón, ni por un euro. Porque al no haber culpables, no habrá posibilidad de reclamar indemnización alguna por la vía civil.

El armador sabía que el barco no reunía las condiciones mínimas de seguridad, pero lo puso a navegar. El fletador solo se ocupó de sumar y restar ganancias, ignorando los riesgos en que incurría la naturaleza con su negocio. La multinacional norteamericana de certificación recibió su cheque y despachó aquella bañera con goteras como si fuera el buque más sólido del mundo. Pero la justicia española ni tan siquiera ha sido capaz de sentar en el banquillo a alguno de estos responsables.

El mensaje ha llegado muy nítido a los desaprensivos del mundo. Vengan ustedes a hacer sus negocios inmundos a España, destrocen nuestro medio ambiente, porque es gratis. Nadie les molestará con juicios engorrosos, con molestas indemnizaciones en sus balances o con inimaginables amenazas de cárcel. No. La cárcel queda para el que roba poco o daña limitadamente. Los robos a gran escala y los daños sistémicos disfrutan de impunidad.

Y todo esto llega cuando hasta en Ecuador son capaces de juzgar a los responsables de un vertido criminal y hacerles pagar su fechoría. En Ecuador sí. En España no.

Por desgracia, hace once años el chapapote de la codicia ensució algo más que la bella costa gallega.

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Uno de los muchos datos interesantes que han pasado desapercibidos en las últimas encuestas publicadas está relacionado con la valoración de los españoles en torno a la mayor o menor intervención del Estado en la economía. La Encuesta de Tendencias Sociales que publica TEMAS cuantifica durante la última década en más de un 60% a los ciudadanos partidarios de dicha intervención. Casi simultáneamente, el CIS refleja que hasta un 36,5% de españoles reclama más servicios públicos aún a costa de más impuestos, frente al 23,7% que exige lo contrario. Es decir, los españoles son inequívocamente partidarios de un Estado muy presente en la economía.

Sin embargo, la ortodoxia económica camina aparentemente en dirección contraria, hasta el punto de que en la jerga propia de los economistas los términos “intervención estatal”, “gobierno público de la economía” o “planificación económica del Estado” se consideran prácticamente anatemas. La “autonomía de los mercados” frente a la interferencia pública, la “desregulación de las actividades económicas” y la presión fiscal a la baja, se siguen considerando factores inexorablemente positivos. “El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”, exhortaba hace escasos días el Presidente de la Comunidad de Madrid, presumiendo de liberalismo ortodoxo.

La realidad es que la economía está gobernada, intervenida e interferida en cada momento, si bien los poderes que la gobiernan, la intervienen y la interfieren no son fundamentalmente los poderes democráticos del Estado ni la lógica del interés general, sino otros poderes plutocráticos con complicidades espurias en la maquinaria estatal, que actúan conforme a intereses muy parciales. Y la realidad es que los mercados no son autónomos, sino que se administran desde posiciones oligopólicas al servicio de unos pocos. Y la realidad es que el dinero que no contribuye a financiar las políticas y los servicios del Estado para el conjunto de la ciudadanía no se queda “en el bolsillo de los ciudadanos”, sino muy mayoritariamente en las cuentas suizas de unos pocos acaparadores en una sociedad cada día más desigual e injusta.

Esta es la realidad que tiene que cambiar la política, interviniendo en la economía. La política es la disciplina que administra el espacio común que compartimos conforme a los propósitos y los valores de la mayoría. Si la economía es una herramienta fundamental para alcanzar los propósitos generalizados de una sociedad desarrollada y justa, y si los valores de la mayoría pasan por una mayor intervención pública en la economía, ¿por qué seguimos permitiendo aquello de la “autonomía de los mercados”? ¿Por qué seguimos permitiendo que los grandes intereses económicos gobiernen la política, en lugar de que la política democrática gobierne una economía al servicio de las mayorías?

La encuesta de TEMAS nos dice que durante la última década se ha incrementado notablemente el número de españoles que considera que “hay mucha desigualdad” (del 58,9% al 75,6%). Aún peor, se ha más que duplicado la cantidad de españoles convencidos de que “las nuevas generaciones vivirán peor que ahora” (del 23,9% al 58,5%). Es obvio que la ortodoxia económica neoliberal ha fracaso en el objetivo de proveer un desarrollo justo a la sociedad pero, a pesar de todo, la ortodoxia económica se percibe hoy más fuerte que nunca: en la “pirámide del poder” de la encuesta referida, los bancos aparecen como más poderosos que el Gobierno, y a la gran patronal se le atribuye más influencia que al propio Parlamento en el que reside la soberanía popular fruto del voto ciudadano. Las cosas están mal, pero seguirán mandando los de siempre, parecen decir los españoles.

Joaquín Estefanía recordaba hace poco que la lógica de las crisis del capitalismo financiero prácticamente no ha variado durante el último siglo, aunque su intensidad y sus consecuencias sociales se agraven con el paso del tiempo. En un primer estadio temporal, las empresas se endeudan con responsabilidad: los beneficios cubren intereses y amortización. En una segunda etapa, al calor de la revalorización de activos, las deudas crecen: los beneficios ya solo cubren intereses. En la tercera fase, las deudas se disparan, en la confianza de que el crecimiento de los activos será eterno: los beneficios ya no cubren ni el pago de intereses. Y en la última fase, los activos se deterioran y las pirámides financieras se derrumban, llevándose por delante la economía financiera, la economía no financiera, las empresas, el empleo, el bienestar social…

Si sabemos que esta lógica se repetirá una y otra vez, como en el clásico “Día de la marmota”, ¿por qué no hacer uso de la intervención del Estado para impedirlo? ¿Por qué aceptar sin más este cíclico desastre como si de una maldición bíblica se tratara? ¿Por qué asumir el coste terrible que estas crisis tienen para la mayoría, mientras los beneficiarios de siempre acomodan sus estrategias a cada fase del ciclo, contemplando las cifras de paro y pobreza como simples peones a sacrificar en un juego con ganador predeterminado?

El Estado debe intervenir la economía, conforme a los intereses generales y conforme a los valores de la mayoría. Y eso implica “rescatar” a las personas antes que a los bancos. Y eso requiere legislaciones laborales que protejan a los trabajadores del despido oportunista y la explotación salvaje. Y eso obliga a establecer una política fiscal que recaude más de quien más tiene y aporte más a quien más lo necesita. Y eso supone optar por unos modelos productivos que aseguren desarrollo y progreso, frente a otros modelos productivos que conllevan especulación y desigualdad. Y eso exige proteger y promover los servicios públicos que atienden el bienestar del conjunto de la población, combatiendo la pobreza y la exclusión social.

Intervenir, planificar, interferir, gobernar. Claro que sí.

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El Partido Popular, de la mano de los obispos, ha dado una nueva vuelta de tuerca a la estrategia de incrementar el peso del adoctrinamiento católico en la educación pública española. Como se sabe, la llamada ley Wert en trámite recupera la enseñanza confesional como asignatura curricular, evaluable, de oferta obligatoria y con alternativa forzosa en los tramos de educación primaria y secundaria. Ahora, mediante una enmienda introducida en el Senado, se pretende implantar tal modelo también en el bachillerato. No es una buena idea.

El artículo 27.3 de la Constitución Española legitima las reivindicaciones de quienes esperan del Estado la garantía del “derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Pero tal precepto constitucional no obliga al Estado a hacer de la doctrina religiosa una asignatura curricular en el sistema público de enseñanza. Las administraciones pueden garantizar el acceso a la formación confesional, por ejemplo, colaborando con el sostenimiento de los templos religiosos en los que se lleva a cabo la catequesis, o facilitando instalaciones públicas para que las iglesias impartan por sí mismas sus postulados, cuando no incidan negativamente en otras utilidades.

Por otra parte hay quienes reclaman justamente que el hecho religioso no puede quedar fuera de los contenidos curriculares en una enseñanza de calidad. Desde luego que es así. Ahora bien, el estudio científico del hecho religioso no tiene nada que ver con el proselitismo y el adoctrinamiento llevado a cabo en las aulas por una determinada confesión religiosa. La realidad de las religiones, en sus perspectivas filosófica, histórica y sociológica, puede tratarse mediante una asignatura específica o de manera transversal, pero siempre asegurando la autonomía respecto a cualquier doctrina concreta. Defender lo contrario equivaldría a reclamar, por ejemplo, una asignatura de adoctrinamiento socialista bajo el argumento de que no puede obviarse el estudio de la evolución política de nuestro país. Tampoco sería una buena idea.

Quienes defendemos una enseñanza autónoma respecto a cualquier confesionalismo religioso reivindicamos la mejor tradición ilustrada. Enseñemos a nuestros jóvenes a hacer uso de la razón y el juicio crítico, en lugar de obedecer e inclinarse acríticamente ante un dogma de fe. ¿Debe renunciar la escuela a la formación moral? No, pero la única formación moral que un Estado aconfesional puede impartir a los alumnos de la enseñanza pública es la que emana de los derechos y deberes establecidos en su Constitución. Por eso el Gobierno socialista impulsó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que la coalición del Partido Popular y la jerarquía católica se ha apresurado a desmontar. Y es que la Constitución no se limita al artículo 27. Existe un artículo anterior, el 16.3, que mandata lo siguiente: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

Cierto es que junto a la Constitución pueden esgrimirse los acuerdos establecidos por el Estado español con el Vaticano en los años setenta. Puede esgrimirse su cumplimiento, y puede defenderse su denuncia, que es lo que vamos a hacer los socialistas españoles en la Conferencia Política del próximo fin de semana.

Es este un debate importante, que debe realizarse sin renuncias pero con moderación, porque afecta a la esfera de las creencias más íntimas y respetables. Quienes defendemos una sociedad española laica y un Estado coherentemente aconfesional no tenemos nada contra las creencias religiosas de nadie, ni contra la práctica religiosa, ni contra el adoctrinamiento religioso de quien libremente lo solicite. Entendemos tan solo que la libertad religiosa ha de amparar también a quienes no participan de creencia o práctica religiosa alguna, y que el Estado de todos y de todas debe mantenerse convenientemente neutral.

Hay una salida razonable y respetuosa con todo el mundo. Dejemos la enseñanza confesional fuera del currículum y del horario escolar en la educación pública. Aseguremos el estudio científico y aconfesional del hecho religioso. Garanticemos el libre acceso de las familias a la enseñanza privada impartida desde la doctrina religiosa, con cargo a la financiación privada de quienes opten de tal manera. Y, en tanto haya alguna confesión que no cuente con instalaciones propias adecuadas, facilitemos el uso de los centros escolares públicos, fuera del horario escolar, desde luego, para que las iglesias diversas ofrezcan su doctrina a aquellos que libremente se lo soliciten. Con sus propios recursos, claro está.

La coalición de ministros del PP y obispos católicos no lo hará así. Pero les quedan solo dos años de mayoría. ¿Nos atreveremos los demás? Espero que sí.

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