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Archive for 29 junio 2013

 

EL VETO A "TEMAS" Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA

Puede que alguien se extrañe por la respuesta enérgica de muchos de nosotros ante el veto del Gobierno a la revista TEMAS en la distribución de ayudas públicas. No es mucho dinero, se nos podría decir, y tras tanto recorte en lo esencial tampoco cabe sorprenderse mucho por esta nueva agresión. Pero no podemos pasar por alto este episodio, ni rebajar su importancia. Porque el castigo a una plataforma de pensamiento político y cultural como TEMAS tiene una lectura en términos de retroceso democrático: el Gobierno busca acallar las voces con capacidad para ejercer funciones de análisis, crítica y propuesta independiente desde la sociedad civil.

¿Tiene sentido que las actividades de pensamiento y cultura reciban apoyo público en una sociedad democrática? Parece evidente que sí. Articular la participación de la ciudadanía en los ámbitos políticos y culturales requiere de instrumentos válidos para el estudio, para el debate y para la expresión libre de los diferentes posicionamientos. Si no existieran herramientas como la revista TEMAS, habría que inventarlas para garantizar el propio funcionamiento del sistema democrático.

¿Y cómo deben financiarse? Si exigimos la autofinanciación, estaremos discriminando a los ciudadanos con menos recursos respecto a los más pudientes. Si invitamos al “mecenazgo” como fuente exclusiva de financiación, estamos dando a los poderes económicos la llave para controlar qué se estudia y qué no se estudia, qué se publica y qué no se publica. Parece razonable garantizar con ayuda pública la existencia de un tejido cultural e intelectual activo y solvente, que responda a la diversidad social y que actúe desde la austeridad y el máximo rigor en la administración de sus cuentas.

¿Y cuáles deben ser los criterios para la distribución de estas ayudas? Es de sentido común: transparencia, limpieza, objetividad, pluralidad. Pero nada de todo esto se percibe en los procesos que la Secretaría de Estado de Cultura ha puesto en marcha. La propuesta de ayudas se lleva a cabo por una comisión de “expertos” cuya experiencia nadie ha explicado. Las baremaciones de los expertos son secretas. Y puede constatarse fehacientemente cómo determinadas publicaciones ideológicamente afectas al poder reciben mejor trato que las críticas, aun contando estas últimas con méritos de calidad y repercusión de tanto o mayor nivel. Esto último se llama sectarismo.

La cultura democrática que aquí reivindicamos ha estado presente en el comportamiento de todos los equipos del Ministerio de Cultura desde la transición democrática, con gobiernos de centro, de derechas y de izquierdas. Hasta hoy.

¿Hay que callarse? No. Hoy debemos defender la revista TEMAS frente a esta agresión sectaria. Y mañana, si fuera preciso, debemos defender a las revistas de pensamiento conservador o liberal. Porque está en juego algo más que unos miles de euros claves para la supervivencia de una buena publicación. Está en juego la calidad de nuestra democracia.

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El PSOE está recibiendo fuertes reproches por parte de algunos referentes minoritarios de la izquierda a propósito del pacto suscrito con el Gobierno para reforzar las posiciones españolas a favor del crecimiento y el empleo en el próximo Consejo Europeo. Lo sorprendente de estas críticas es que no se refieren al contenido del acuerdo, que tachan de “etéreo” y “obvio”. El problema no se manifiesta sobre el objeto del acuerdo, sino sobre su legitimidad y sobre su oportunidad. Se dice que no es legítimo pactar cosa alguna con un Gobierno de derechas y se dice que resulta inoportuno ofrecerle un “balón de oxígeno” en un contexto de crisis.

¿Cómo se valora la legitimidad de un acuerdo entre fuerzas políticas democráticas en sede parlamentaria? Solo se me ocurre una respuesta. El acuerdo es legítimo si su contenido responde al interés general y resulta coherente con los principios de quienes lo suscriben. Es más, muchos consideramos ilegítima la conducta de aquel que teniendo la oportunidad de acordar una decisión en beneficio de la colectividad no lo hace por razones de interés particular. ¿Y cómo se establece hoy la oportunidad de un acuerdo político? También es fácil. El acuerdo es oportuno si contribuye a buscar soluciones a la crisis, al paro y a la precariedad social. Todo lo demás son cálculos más oportunistas que oportunos, y que no hacen sino alimentar la desafección de muchos ciudadanos hacia unos manejos políticos ajenos al bien común.

En consecuencia, es preciso centrarse en el objeto de los acuerdos a suscribir. ¿Puede respaldarse desde un partido de izquierdas el pacto que ofrece Rajoy para recortar las pensiones? Evidentemente no. ¿Cabe aceptar un acuerdo con el Gobierno en torno a la ley Wert? Tampoco. En ambos casos se trata de posibilidades de acuerdo que traicionan el interés general y que contravienen los principios más elementales de una formación política progresista. Ahora bien, ¿merece la pena considerar un acuerdo sobre la posición que debe adoptar nuestro país en el próximo Consejo Europeo, a fin de que las conclusiones de esta reunión trascendental contribuyan a corregir la estrategia de la austeridad suicida y fomenten el crecimiento económico y el empleo? Si es posible, sí, evidentemente. Pues en eso estamos. No se pactará de ningún modo el recorte de las pensiones ni la ley educativa segregadora y confesional, pero se intentará condicionar en sentido progresista la posición española ante la Unión Europea.

Aquellos calificativos de “etéreo” y “obvio” aplicados sobre la proposición no de ley relativa al Consejo Europeo del 27 de junio son muy discutibles. ¿Es obvio reclamar que las inversiones destinadas a estimular el crecimiento y el empleo no computen como déficit? Pues hasta ahora nadie lo ha conseguido. ¿Es etéreo pedir la aplicación inmediata de la tasa sobre las transacciones financieras internacionales? Tampoco lo parece. ¿Resulta demasiado inconcreto proponer un programa Erasmus para la Formación profesional en Europa? ¿Qué inconveniencia puede encontrarse en la propuesta para aumentar los fondos del BEI destinados a financiar PYME o la recapitalización bancaria directa, si son objetivos de evidente interés general?

Puede que Europa comience a considerar alternativas frente a la ortodoxia germana del control acelerado del déficit, y puede que los mandatarios socialistas de Francia e Italia necesiten la ayuda de España en un frente que haga ceder a Merkel. ¿Hemos de renunciar a estos objetivos de interés general por razones de oportunismo cortoplacista? ¿No es más razonable intentar empujar la posición española y la posición europea, con todas nuestras fuerzas, hacia políticas económicas y sociales que nos ayuden a salir del marasmo de la crisis, el paro y la exclusión social creciente?

A una parte de la izquierda le cuesta mucho adoptar estrategias que vayan más allá de la denuncia y la movilización. Y la izquierda debe denunciar y debe movilizar, pero una izquierda que quiera contribuir eficazmente al progreso de la sociedad también ha de asumir ciertas responsabilidades. Ser útil a la ciudadanía requiere a veces encabezar manifestaciones, y a veces requiere sentarse en una mesa, acordar y lograr conquistas de interés para las mayorías. Una cosa no quita a la otra.

Pero quizás sea cierto que no todos somos iguales en el seno de la izquierda. Algunos pretendemos ir más allá de la rentabilización política y electoral de la irritación ciudadana. Algunos queremos responsabilizarnos de las soluciones a los problemas que irritan a esa ciudadanía. Si es posible, en los gobiernos, y si no, desde la oposición.

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BECAS SON DERECHOS

Saben lo que hacen. Saben que un buen sistema de becas constituye el mejor antídoto contra la desigualdad social. Saben que no hay palanca más potente para impulsar la movilidad social que la equidad en el acceso a la educación superior. Por eso están aprovechando la crisis económica y la legitimación universal de los recortes en el gasto público para dar muy duro donde más duele a quienes aspiramos a una sociedad más justa. Wert casi no se esconde ya. Antes argumentaba con las insuficiencias presupuestarias. Ahora reconoce que sus reformas son puramente ideológicas. Una ideología puramente de derechas.

Los Gobiernos socialistas llevaron el porcentaje de estudiantes becados hasta el 23%. El Gobierno del PP lo dejará en el 16% durante el próximo curso. 35.000 becarios menos en este curso, y otros 85.000 becarios menos en el curso 2013-14. Casi un tercio menos de beneficiarios en el sistema de becas. 110 millones de ahorro en este año y otros 300 millones el año que viene. Pero no hay ahorro más dramático. Porque cada beca suprimida equivale a un hijo o una hija de una familia trabajadora condenado a no seguir sus estudios por falta de recursos económicos. Cada beca suprimida es un paso atrás para equidad y un paso adelante para la reproducción de las desigualdades.

La educación española es la más igualitaria de la OCDE tras Finlandia, según uno de los índices PISA que el ministro Wert no acostumbra a citar. Y el Gobierno se ha propuesto arrancar de raíz este buen dato. El desmontaje está perfectamente planificado. Primero recortan más de 5.000 millones de euros en los presupuestos educativos públicos, deteriorando calidad y equidad. Después establecen por ley unas reválidas punitivas y unos itinerarios segregadores para ir sacando del sistema a los alumnos con más desventajas. Y finalmente dan un hachazo al sistema de becas para asegurarse de que la enseñanza posobligatoria no se les llena de pobres.

Cuánta ingenuidad la de aquellos que centran sus análisis y sus denuncias sobre la ley Wert en la religión y en las lenguas cooficiales. Mientras muchos se entretienen en debates colaterales, el Gobierno sigue una hoja de ruta con una meta perfectamente marcada: la consolidación de las desigualdades. Hablan de garantizar el “esfuerzo”, pero es una falacia. Primero porque los datos demuestran que el aprovechamiento de los estudiantes becados es ya de un 14% superior al aprovechamiento general. Y segundo porque las becas no han de tener como objetivo premiar los mejores expedientes académicos, sino asegurar que ninguna persona queda fuera del sistema educativo por razones de incapacidad económica. Las becas son derechos, no premios graciables conforme al criterio del ministro de turno.

El borrador del nuevo decreto de becas para el curso próximo plantea un galimatías de franjas fijas y variables. Las fórmulas son confusas, pero la intención es muy clara y el resultado también lo será. Suprimen algunas modalidades, como las becas para desplazamiento, y rebajan la cuantía de las demás. Aumentan gravemente los requisitos académicos para acceder a las becas y para mantener las becas. El hijo de una familia con un padre y una madre que cobre por encima de 1.400 euros al mes, o con padre, madre y hermano mileuristas, no tendrá derecho a beca. Y el estudiante de carrera no técnica que suspenda un solo crédito no podrá renovar su ayuda para el curso siguiente.

En resumen, según el modelo educativo Wert, los hijos de familias pudientes pueden acudir a la universidad tanto si son listos como si son torpes. Pero los hijos de las familias trabajadoras sin recursos para pagar la matrícula solo podrán ir a la universidad si son unos genios. ¿Por qué solo se exige un esfuerzo extra a quien tiene menos recursos? ¿No sería más justo exigírselo a quien ha contado con más oportunidades por los recursos de su familia? Todo el montaje destila una ideología darwinista de lo más deplorable.

Quien esto escribe fue la primera persona de una familia humilde en acudir a la universidad, gracias a las becas creadas por aquellos Gobiernos socialistas de Felipe González, Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba que jamás pensaron, como Wert, que había demasiados universitarios en nuestro país. Cada día es más evidente que algunos trabajan con denuedo para que no se generalicen estos saltos en el orden natural de las cosas…

Se nos acumulan las batallas, pero esta de las becas no es de las menores.

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Este día 10 de junio de 2013 se cumplen 10 años desde aquel lamentable episodio conocido como el tamayazo, que ha pasado a la reciente historia de España como el golpe más importante ejercido sobre nuestra democracia desde el 23-F, con la salvedad de que este último no triunfó, afortunadamente, y aquél sí lo hizo. Resulta inevitable rememorar las claves de aquella jornada y, sobre todo, reflexionar en torno a sus consecuencias.

Respecto al origen y el desarrollo de la trama hay poco que añadir a lo que ya ha sentenciado la sociedad española como convicción generalizada. Aquello fue exactamente lo que parece. Una banda de malhechores formada por dirigentes del Partido Popular y detentadores de importantes intereses económicos en la Comunidad de Madrid, con el imprescindible concurso de dos diputados traidores del PSOE, confabularon y actuaron para robar el Gobierno regional que los ciudadanos madrileños habían votado en unas elecciones libres y democráticas.

¿Cuándo? Desde la misma noche en que se conocieron los resultados electorales, como lo prueban las llamadas telefónicas entre Tamayo y sus cómplices en el PP. ¿Cómo? Mediante la compra de la voluntad de dos diputados electos. ¿Por qué? Para defender intereses espurios de algunos especuladores del suelo, algunos privatizadores de servicios públicos y ciertos próceres de la caja de ahorros regional, que vieron en el Gobierno que llegaba una grave amenaza. ¿Quiénes? Varios de ellos aparecieron perfectamente retratados en aquellos días: además de Tamayo y Sáez, los Romero de Tejada (del PP), los Bravo y Vázquez (del PP), los Verdes (del PP), los Ramos (del PP)… ¿Alguno más aún camuflado? Claro que sí, solo hay que seguir el quid prodest, ¿a quién benefició el golpe?

Ahora bien, a estas alturas de la historia quizás lo más relevante sea responder a otra pregunta: ¿qué hubiera sido de Madrid si aquel Gobierno decente que habían votado los ciudadanos hubiera llevado a la práctica su programa? ¿Hasta qué punto habría experimentado Madrid una evolución diferente en estos diez años? ¿Cómo vivirían hoy los madrileños? Aquí avanzo un juicio de valor que todos los lectores entenderán: no me importan las repercusiones del tamayazo sobre mi carrera política, y me importa el esclarecimiento definitivo de la verdad ante la opinión pública y la Justicia, pero me importa mucho más, y me duele mucho más, tener la convicción absoluta de que con ese Gobierno decente hoy la sociedad madrileña disfrutaría de unas mejores condiciones de desarrollo, progreso y bienestar. Lo que de verdad me atormenta algunas noches es pensar en esos madrileños parados, empobrecidos, apartados, excluidos o silenciados que hubieran necesitado la ayuda del Gobierno que yo debía presidir por decisión de la mayoría.

Algunos aún me preguntan: pero ¿qué peligro tenía a aquel Gobierno? Ninguno para la mayoría, desde luego, pero mucho para unos pocos poderosos. Solo hay que releer con los ojos y la experiencia de 2013 lo que algunos leyeron en el programa electoral del PSOE en 2003. El “Plan Regional de Estrategia Territorial” iba a frustrar buena parte de los desarrollos especulativos sobre el suelo comprometidos por el PP, y que después generaron plusvalías multimillonarias para sus promotores, algunos de ellos protagonistas y paganos del tamayazo. Prometimos transparencia en las decisiones urbanísticas, que es el antídoto de la corrupción generalizada que entonces reinaba sobre la gestión del suelo madrileño. Hablamos de reservar suelo para vivienda barata, para los espacios verdes, para la industria y el empleo, para los servicios a la ciudadanía… Íbamos a reventar el negocio más sucio del siglo, y no lo permitieron. ¿Cuántos parados nos hubiéramos evitado atajando a tiempo el monocultivo del ladrillo, y apostando por la industria y la innovación como modelo alternativo de desarrollo? ¿Cuántas familias hubiéramos salvado del desahucio y la exclusión social?

El programa sanitario que ganó aquellas elecciones descartaba claramente la privatización de servicios públicos, y promovía la atención primaria, los nuevos centros de alta resolución, el atajo de las listas de espera… Yo mismo recibí en aquella época a los dueños de las poderosas empresas privadas que hoy gestionan algunos hospitales de Madrid en clave de negocio, y les dije claramente que mi Gobierno no les permitiría poner las manos sobre un solo hospital o un solo centro de salud. Tomaron buena nota, desde luego. ¿Cuánto hubieran perdido ellos? ¿Y cuánto han perdido los madrileños con el despido de miles de sanitarios públicos, la rebaja de la calidad asistencial y la multiplicación de las listas de espera?

Un capítulo de aquel programa electoral de 2003, con más de 300 páginas cuidadosamente elaboradas por cierto, despertó especiales reservas en algunos de los cenáculos más exclusivos de la capital. Se titulaba El papel de Caja Madrid. Su contenido era irreprochable, pero aquellos comensales con grandes puros entendieron perfectamente el mensaje. Con un Gobierno decente, la caja regional se pondría al servicio del interés general, y dejaría de ser el chiringuito donde el compañero de pupitre de Aznar, el hoy presidiario Blesa, junto a Romero de Tejada, Díaz Ferrán y otros secuaces se repartían créditos insolventes y alimentaban el monstruo criminal del ladrillismo madrileño. Yo lo dije por aquel tiempo abiertamente: “Cambiaremos a Blesa en cuanto podamos”. Entonces se me criticó por arrogante, hoy se me critica por imprudente. Yo tengo la conciencia tranquila: dije lo que pensaba hacer. Y ellos lo entendieron perfectamente. ¿Hasta qué punto hubiéramos evitado el agujero de Bankia y el rescate desastroso para la vida de millones de españoles?

¿Cómo hubiéramos mejorado la calidad y la equidad de la educación española? ¿Cuántos madrileños se hubieran beneficiado de unas tasas y unas becas orientadas a mejorar el acceso a la universidad? ¿Qué hubiera sido de la vida de muchos jóvenes con vivienda accesible y transporte público gratis? ¿Cuántos mayores hubieran disfrutado de la paga número 15 y sin copagos farmacéuticos? ¿Cuántos creadores y artistas hubieran sobrevivido con una política cultural que apostaba por mejorar el teatro, el cine, el libro y las artes en lugar de aplastarlos? ¿En qué medida la Asamblea de Madrid sería hoy un parlamento respetable y útil para los ciudadanos si no se hubiera gobernado desde el autoritarismo y el sectarismo?

Todas estas son las preguntas que de verdad importan. Las que a veces me quitan el sueño. ¿Cuándo acabarán en la cárcel los culpables? Tarde o temprano. Estas tramas acaban estallando siempre desde dentro. Ocurrió con Gürtel, con Naseiro, con Filesa… y ocurrirá con el tamayazo. Estuvo a punto hace unos meses con aquel paseo infame de Tamayo por la Puerta del Sol. ¿Qué pido diez años después? Solo una cosa. Pido a los madrileños que recuperen la esperanza de un Gobierno decente para Madrid. Los socialistas madrileños seguimos trabajando para ello.

 

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CULTURICIDIO

Un pueblo es lo que es su cultura. El nivel de desarrollo de una sociedad no se mide solo por la evolución de su PIB, la renta de su población o la cantidad de bienes materiales que disfruta. Una sociedad es rica sobre todo por la creatividad de sus gentes y por el disfrute generalizado de la expresión cultural. Cultura es desarrollo, es progreso y es calidad democrática. Por eso, cuando se ataca a la cultura y cuando no se protege a la cultura se está causando un daño social muy grave.

Estas creencias, junto a los restos de tradición ilustrada que aún permanecen en la conciencia de unos cuantos europeos, ha permitido sobrevivir al mundo de la cultura en el marco del capitalismo globalizado y feroz que gobierna el viejo continente desde la caída del Muro. Pero las últimas barreras de protección también están cayendo ya, la cultura ha quedado expuesta a sus enemigos, y hoy corremos serio riesgo de muerte por asfixia o por inanición para la mayor parte de esas musas que nos elevan el alma a través de la música, el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el ensayo o el pensamiento humanístico.

Paradójicamente, la amenaza llega por partida doble y desde trincheras aparentemente contrapuestas. Solo aparentemente. Por una parte amenazan la pervivencia de la creación cultural aquellos que le niegan totalmente el carácter de bien o producto, hasta el punto de cuestionar el derecho a la propiedad intelectual y el derecho de autor, por ejemplo. Y por otro lado socaban los cimientos de la actividad cultural sostenible aquellos que atribuyen a los bienes culturales exactamente las mismas características que cualquier otra mercancía en un mercado libre, ni más ni menos. Pero las expresiones culturales no son bienes que puedan disfrutarse sin considerar los derechos de quienes los crearon, y tampoco son meros productos y servicios que puedan sobrevivir sin ayudas públicas en un mercado que siempre confundirá valor y precio.

En otros países europeos se viven en estos días debates encendidos sobre la necesidad y la manera de proteger la cultura propia. La guerra contra la piratería en las redes, la denuncia de las prácticas comerciales agresivas de Amazon, y la polémica sobre la inclusión de los bienes culturales en los nuevos acuerdos arancelarios con los Estados Unidos, son buena prueba de esa controversia. Aquí, el culturicidio está pasando más desapercibido, dada la gravedad del resto de los problemas que nos agobian, probablemente.

Pero el Gobierno no pierde el tiempo. En línea con los que niegan los derechos de autor, propone una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que consolida la impunidad de la piratería. La circulación de bienes culturales por la red sin ninguna protección ya ha acabado con la industria musical y con la incipiente industria cinematográfica española. Ahora amenaza seriamente a la industria editorial y a la prometedora industria de los videojuegos. Y tras la desaparición de las industrias, desaparecen los empleos y desaparecen las oportunidades para que los artistas creen y vivan de su creación. Resulta entre trágico y conmovedor comprobar cómo los partidarios del “gratis total” en el acceso a canciones, películas y libros creen estar actuando cual Robin Hood en defensa de los más débiles, cuando en realidad trabajan duramente para que las multinacionales tecnológicas sigan multiplicando beneficios a costa de matar nuestra cultura.

Y en línea con los partidarios de la cultura como vulgar mercancía, el Gobierno prepara su Ley de Mecenazgo. ¿Quieres consumir cultura? Te la pagas a precio de mercado, o la robas en la red. ¿Quieres crear cultura? Te buscas un mecenas. Eso sí, será el mecenas quien determine qué cultura creas, cómo, cuándo y para qué. En esta línea hay que interpretar también la subida descomunal del IVA en la cultura hasta el 21%, el tipo más alto de toda Europa. Transigirán porque exijamos comer, pero el lujo de leer un verso o alimentar el alma con una melodía lo tendremos que pagar caro. ¿Ayudas? ¿Para qué? ¿Para qué los artistas subvencionados actúen como librepensadores y critiquen al poder que les alimenta? Ni hablar.

La penúltima víctima de este culturicidio en marcha ha sido la revista TEMAS, hermana en papel de este Sistema Digital. El Ministro de Cultura y su Secretario de Estado le han negado la consideración de revista cultural y han suprimido la pequeña ayuda financiera que siempre se prestó desde el Estado a estas iniciativas de interés general, desde la transición democrática, con Gobiernos de izquierdas y de derechas. Eso sí, las revistas de la factoría PP-FAES mantienen todas sus subvenciones.

En la última manifestación en defensa de la escuela pública leí una pancarta que decía: “Franco ha WERTo”. Pues debe ser eso….

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El Gobierno está suprimiendo servicios ferroviarios cada día y en toda España. Lo hace sin someterlo a discusión y de improviso. Los ciudadanos se enteran del recorte cuando acuden a la estación como cada día y comprueban que el tren no llega o el tren no para. En unos casos han cambiado la frecuencia del servicio, en otros casos lo han sustituido por un viaje más lento en autobús, y en la mayor parte de las ocasiones simplemente han decidido dejar de atender a los pasajeros.

Han procurado que la operación pasara desapercibida, pero ha resultado imposible, porque los daños son muy importantes. Daños para los millones de ciudadanos que están viendo recortado su derecho básico a la movilidad. Daños para cientos de municipios, sobre todo pequeños y medianos, que de la noche a la mañana han sido borrados del mapa y sometidos al aislamiento. Daños para la economía y el empleo en muchos territorios, que tendrán menos oportunidades de futuro sin el apoyo del ferrocarril. Y daños al medio ambiente, porque sustituir servicios ferroviarios por viajes en carretera multiplica las emisiones contaminantes.

La ministra de Fomento intenta quitar importancia a los recortes, sosteniendo que “En realidad, no se van a levantar las vías ni se van a derribar las estaciones en ningún sitio. Simplemente, los trenes no pararán”. Si las consecuencias de esta actitud no fueran tan penosas, casi invitarían a la chanza. No se preocupen ustedes, las estaciones se mantendrán, pero sin trenes… Seguimos innovando: de los aeropuertos sin aviones pasamos a las estaciones sin trenes.

En realidad estamos hablando de un plan de envergadura, que afectará a más del 32% de todos los servicios ferroviarios destinados al transporte de viajeros en España, con 48 líneas en trance de supresión y más 1,65 millones de ciudadanos directamente afectados por tal supresión. A estos últimos datos habrá que añadir los cientos de servicios que no serán eliminados del todo, pero que serán amputados, derivados o sustituidos por el autobús. ¿Cómo lo sabemos? Desde luego no nos ha informado el Gobierno que presume de impulsar una ley de “transparencia”, sino que la filtración nos llega de los informes de consultoras públicas que el Gobierno se resiste a distribuir, de la experiencia de los sindicatos, de las asociaciones de consumidores…

¿Por qué lo hacen? Aducen el cumplimiento de una directiva europea que obliga a limitar las ayudas públicas para el sostenimiento de las empresas ferroviarias. Pero en realidad esa directiva admite que el Estado financie unas “obligaciones de servicio público” a definir con amplio margen. Se justifican con la necesidad de reducir el déficit público. Pero parecen no tener en cuenta que reducir las oportunidades de movilidad de la población disminuye también las posibilidades de generar actividad económica, empleo y, por tanto, ingresos fiscales. Sitúan unos umbrales mínimos de eficiencia para los servicios ferroviarios, utilizando unas cifras tan arbitrarias como cuestionables: 15% de ocupación y 30% de rentabilidad. Como si diera lo mismo medir la ocupación en trenes de 100 plazas o en trenes de 300 plazas, y como si la rentabilidad solo pudiera medirse en términos de cobertura de costes mediante el billetaje, ignorando la “rentabilidad” de la movilidad eficiente, la vertebración territorial, las oportunidades para el desarrollo o la lucha contra el cambio climático.

La verdad es que el Gobierno del PP socava este servicio público esencial, al igual que está socavando otros, como la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales públicos o, muy pronto, las pensiones públicas. Se trata de aprovechar el contexto de crisis económica y la disposición de muchos ciudadanos a aceptar sacrificios importantes bajo el falso pretexto de la austeridad, para cercenar gravemente derechos básicos de ciudadanía. Tras la supresión de los servicios públicos más deficitarios llegará la liberalización apresurada del transporte ferroviario de viajeros y la privatización del operador público de referencia, la RENFE. La estrategia no es nueva: ya la puso en marcha hace tres décadas una tal Margaret Thatcher en el Reino Unido, y el desastre fue tal en términos de ineficiencia, pérdida de calidad en los servicios y hasta accidentalidad, que hoy, cuando ya se han superado muchas de aquellas consecuencias nefastas, ningún británico en su sano juicio se atreve a proponer algo parecido.

En España se ha agotado el negocio de la promoción especulativa del suelo y el burbujeo inmobiliario. Y nuestros avispados “emprendedores” han localizado sus nuevos caladeros de negocio fácil en la liberalización de servicios públicos de los que depende el ejercicio de derechos cívicos muy relevantes, sea en la atención a la salud, la cobertura social de las pensiones o, en este caso, el transporte de viajeros. Primero se libera al gestor público de los servicios “no rentables”. Después se “liberaliza”, con una nueva regulación del sector orientada más a favorecer el negocio de los operadores que a garantizar la prestación de un servicio seguro y de calidad a precios razonables. Y finalmente se privatiza aquel gestor público colocando a su frente a algún buen amigo que sepa pagar favores, como ya sucedió en su día con Telefónica, Argentaria o Repsol.

¿Toda liberalización ha de ser necesariamente negativa? No, desde luego. De hecho, La Unión Europea nos obliga a emprender este camino. Ahora bien, nada confesable nos impele a hacerlo a ritmo matacaballo, dado que los plazos marcan el horizonte del año 2019. Nada lógico nos ha de conducir a pensar antes en los beneficios privados que en las rentabilidades colectivas, como parece estar ocurriendo. Y obviamente nada presentable nos lleva a abrir nuestro mercado ferroviario para pasajeros antes de preparar debidamente a nuestro operador nacional para la competencia que llegará, sobre todo y paradójicamente desde los operadores públicos alemán y francés. Porque el riesgo no lo es solo para el orgullo patrio, que podría resentirse más o menos viajando con servicios de titularidad alemana o francesa, ni lo es solo para los miles de puestos de trabajo de RENFE que estarán en juego. El riesgo estará también en entregar a operadores foráneos la explotación de un gran negocio, en las líneas AVE por ejemplo, después de sufragar unas infraestructuras carísimas con los impuestos de nuestros ciudadanos en buena medida.

¿Hay que ganar eficiencia? Sí, claro. Pero la racionalización y la eficiencia no se logran aplicando tan solo la tijera. Los servicios que sean rentables comercialmente deberán prestarse conforme a las reglas del mercado. Pero aquellos servicios que se definan como rentables desde el punto de vista de los derechos ciudadanos y el interés general, aunque no lleguen a los umbrales de rentabilidad económica que marcan los “expertos”, habrán de ser prestados igualmente con todas las garantías. Este es el verdadero sentido de las Obligaciones de Servicio Público que mandata Europa, y que el actual Gobierno confunde con una buena oportunidad para ahorrarse gasto público y para liberar a RENFE de parte del lastre que dificultaría su viabilidad como futuro operador privado.

El Gobierno le ha encontrado el gusto al juego de los trenes. Pero no debe jugarse con los derechos e intereses que se mueven en torno a los trenes.

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