Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 23 febrero 2013

“Reclamo nuestro derecho a rectificar. De hecho, cada vez que tengo noticia de un desahucio me digo: maldita sea, ¿por qué no lo arreglamos nosotros cuando pudimos?”. Esta frase pronunciada por el portavoz socialista en el reciente Debate sobre el Estado de la Nación causó un impacto tan notorio como sorprendente. ¿Es lícito ejercer el derecho a la rectificación en política? ¿Solemos hacerlo?

Tradicionalmente es de común aceptación que el liderazgo en la vida pública conlleva como atributos imprescindibles tener siempre claro qué se debe hacer, jamás reconocer un error y derivar hacia los demás las responsabilidades por lo que se ha hecho mal. Sin embargo, las sociedades democráticas más consolidadas comienzan a valorar sobremanera otros signos de lucidez y eficacia en sus referentes políticos: el admitir una equivocación, pedir disculpas por la mala conducta, o rectificar un criterio o una decisión mejorable.

El PSOE gobernó la crisis vigente entre los años 2008 y 2011, las cosas no se hicieron bien y los ciudadanos ofrecieron mayoritariamente su confianza a otro partido en las elecciones generales celebradas hace poco más de un año. No sería razonable que los socialistas siguieran encadenados a las políticas que condujeron a aquel fracaso, y de hecho los programas y las resoluciones del PSOE ya apuntan en una dirección bien distinta. Tampoco resulta aceptable que el actual Gobierno pretenda hacer uso permanente del argumento de los errores pasados, para negar toda legitimidad al primer partido de la oposición en su capacidad de propuesta. Y la alternativa del perdón constante parece tan absurda como estéril.

Ejercer el derecho a la rectificación parece, pues, lo más inteligente y lo más útil, para el PSOE, para los ciudadanos a los que representa, y para la sociedad española en general. Eso no obsta para que los socialistas compartan un juicio globalmente positivo de su paso por los Gobiernos de España. Los mayores avances que ha experimentado este país en términos de equidad y modernización llevan la innegable firma socialista. Y no puede aceptarse una descalificación generalizada sobre la gestión de los equipos de Zapatero entre 2004 y 2011. Se hicieron muchas cosas de las que socialistas y españoles en general debemos sentirnos satisfechos.

¿Qué rectificaciones son pertinentes? Algunas de carácter estratégico y ya reconocidas, como la famosa burbuja inmobiliaria. El PSOE en el Gobierno pudo hacer más por evitar la fatal deriva especulativa en el mercado de suelo y vivienda. Otras, también de calado, aún están en parte pendientes: como la priorización del objetivo del déficit, hasta el punto de perpetrar una reforma constitucional que no figurará en los anales de las grandes realizaciones socialistas; y como la promoción de una cultura fiscal de orientación más que dudosa, basada en aquel eslogan de “bajar los impuestos también es de izquierdas”, que muchos quisiéramos no haber escuchado jamás.

Otras rectificaciones importantes tienen que ver con la gestión de los desahucios, tal y como expresó Rubalcaba en el Debate. Es cierto que cuando gobernaba el PSOE este drama que hoy conocemos aún no había eclosionado, pero podía haberse previsto su evolución. Y de igual manera podría hablarse de la reforma de la legislación sanitaria para evitar la privatización de hospitales públicos, o la garantía imprecisa en el desarrollo de aquella ley de atención a las personas dependientes, de cuya promulgación sí pueden sentirse orgullosos todos los socialistas.

A partir de la rectificación resulta mucho más creíble la renovación de los proyectos políticos. El proyecto socialista en revisión va a perseverar en gran parte de sus políticas, porque se han demostrado beneficiosas para el interés general, conforme a los valores de progreso. Pero el proyecto socialista va a corregir algunas de sus políticas, porque la experiencia propia y también la experiencia ajena nos conminan a hacerlo.

Por ejemplo, hoy sabemos que la estrategia de priorizar el crecimiento sobre el control del déficit contribuye a reactivar la economía y crear empleo. Lo ha demostrado la Administración Obama en Estados Unidos. Antes comulgamos un tanto con la ortodoxia austericida, porque parecía no haber alternativa posible, y porque nos convencimos de que el más mínimo desmarque podría costarle muy caro al país en la financiación diaria de su deuda. Hoy tenemos conciencia plena de que el austericidio mata cualquier posibilidad de salida de la crisis. Lo sabemos nosotros, lo saben los franceses y lo saben quienes pueden gobernar muy pronto en Italia. Y tenemos la referencia norteamericana. Cabe la rectificación. Es viable, es honesta. Y es necesaria.

Desde luego, resulta mucho más interesante rectificar el error que perseverar en su ejercicio. Y esto es precisamente lo que ha anunciado Rajoy a los españoles en el mencionado Debate sobre el Estado de la Nación. Jactancia sin fundamento porque “ahora hay futuro y antes no lo había”. Complacencia porque “España ya tiene la cabeza fuera del agua”, cuando se ahogan cada día parados y desahuciados. Y perseverancia en una “segunda oleada de reformas” que, a juzgar por los resultados de la “primera”, puede llevarnos a más recesión, más desempleo y más pobreza. Algo de rectificación le vendría bien al Gobierno.

El portavoz socialista ganó el debate, porque sus análisis estaban más pegados a la realidad, y porque sus propuestas fueron solventes. Y también ganó porque fue valiente al ejercer su derecho a rectificar.

Read Full Post »

Entre las causas que se citan habitualmente para explicar la desafección de una parte de la ciudadanía hacia la tarea política destaca la llamada “lejanía entre representantes y representados”. Un buen número de ciudadanos perciben a sus representantes en las instituciones como personajes muy lejanos a sus preocupaciones y sus intereses. Estas personas tienen la sensación de que la política y los políticos actúan conforme a propósitos y claves que nada tienen que ver con lo que importa a aquellos a los que teóricamente representan.

En un contexto de crisis grave, tal percepción está relacionada íntimamente con el hecho de que las instituciones políticas están fracasando en la resolución de los problemas que más angustian a los ciudadanos, como la recesión económica y el paro. También tiene que ver con la aparente abdicación de los legítimos representantes democráticos en la adopción de las decisiones estratégicas, que aparecen en manos de instancias lejanas y ajenas al control ciudadano, como es el caso de las autoridades monetarias o las llamadas “troikas”. La proliferación de casos de corrupción y la amplificación mediática, más o menos interesada, de las denuncias sobre la supuesta indolencia y la indiferencia entre los políticos, contribuyen a aumentar esta dinámica.

Una de las ideas que ha logrado abrirse paso en la opinión pública como solución al problema de la “lejanía” de los políticos consiste en la adopción de las listas abiertas en nuestro sistema electoral. Se trataría de sustituir las actuales listas cerradas y bloqueadas que presentan los partidos políticos para las elecciones a ayuntamientos, parlamentos autonómicos y Congreso de los Diputados, por unos listados abiertos de nombres entre los que la ciudadanía pueda elegir libremente. No es una idea nueva. Sin duda presenta ventajas, pero también tiene inconvenientes muy serios. El balance, a mi juicio, es negativo. Y el hecho de que políticos como Esperanza Aguirre se hayan apuntado de manera entusiasta a su promoción debiera aportarnos alguna pista.

Las ventajas son evidentes. Salvar y tachar nombres en un listado de políticos resulta aparentemente el culmen de lo que se ha dado en llamar el “empoderamiento ciudadano”. Tú me gustas, tú no me gustas. El vínculo entre elector y elegido se estrecha al máximo, y el débito del político reside tan solo en el conjunto de sus votantes, y no en la dirección de su partido.

Ahora bien, es preciso analizar otros factores. El primero se refiere a la propia naturaleza de la tarea política. La política es la disciplina según la cual se administra el espacio común que compartimos, conforme a la voluntad y los valores de la mayoría. Y la voluntad política se articula mediante proyectos colectivos, con una identificación ideológica y programática. Más allá de los paraguas colectivos que puedan establecerse, las listas abiertas convierten el debate político en un debate entre individualidades, y entre la individualidad y el personalismo hay una distancia muy corta. Podemos pasar de la política de las ideas y los proyectos a la política de los personalismos.

Hay más dificultades. Con el sistema actual, las campañas electorales son campañas de partidos fundamentalmente. Se contrastan los programas de los partidos a través del discurso de sus candidatos. Con un sistema de listas abiertas, aunque persistan los partidos, las campañas se convertirían inmediatamente en campañas de personas contra personas, de diferentes partidos o del mismo partido. El adversario de un candidato en una lista cerrada es el partido de enfrente. El adversario de un candidato en una lista abierta es todo el mundo, los candidatos del partido de enfrente y los candidatos del propio partido.

Con listas cerradas, el programa del partido es común y compartido. Con listas abiertas, inevitablemente habrá tantos programas con tantos matices como candidatos, y cada candidato procurará fijar la atención sobre los elementos diferenciadores de su opción frente a todas las demás, incluidas la de sus propios compañeros de partido.

Con listas cerradas, los recursos para la ejecución de la campaña son comunes en el partido. Con listas abiertas, cada candidato buscará recursos propios para obtener ventaja. A no ser que el candidato disponga de recursos propios, los apoyos externos a cada candidato personal llegarán fundamentalmente desde instancias sociales, empresariales y mediáticas. Y el débito que las listas cerradas residencian, es verdad, en la dirección del partido pasa con las listas abiertas a la dirección de los emporios económicos y los medios de comunicación del territorio, cuyo desinterés sería ingenuo presumir. A no ser, claro está, que queramos convertir la política en arena exclusiva para millonarios. Recordemos que durante mucho tiempo en el Parlamento italiano algunos representantes eran conocidos popularmente como “el diputado Olivetti” o “el diputado FIAT”.

Por lo tanto, para evitar la adopción de decisiones por parte de las direcciones de los partidos políticos, elegidas democráticamente para alcanzar objetivos de interés público, podemos acabar situando las decisiones sobre quiénes nos han de gobernar en las direcciones de algunos negocios, que ni son democráticas ni lo han pretendido nunca, y que solo buscan, como es legítimo, sumar cuanto más dinero mejor a las cuentas de sus accionistas.

Además, identificar la mejora de la capacidad de elección democrática de los ciudadanos con la posibilidad de primar unos nombres propios sobre otros nombres propios, supone depositar buena parte de esa capacidad en manos de quienes, en una sociedad mediática, pueden promocionar unos nombres y silenciar o descalificar otros a gran escala. La ventaja del apoderamiento ciudadano en las listas abiertas solo sería enteramente posible en sociedades de pequeño tamaño en las que todos conocieran a todos, y ningún intermediario pudiera distorsionar interesadamente la percepción de la realidad sobre el pensamiento o la conducta de cada cual. Pero esas sociedades solo se dan en núcleos urbanos muy pequeños. No nos engañemos. En una campaña de listas abiertas en la circunscripción de Madrid tendrían más posibilidades de ser elegidos aquellos que ya son famosos por una u otra circunstancia, y aquellos que obtengan apoyo promocional privado, bajo el interés que podemos adivinar. ¿Esa es la democracia que queremos?

Por no hablar de las dificultades que entrañaría la adopción de decisiones viables en un Congreso de los Diputados que pasaría de tener seis o siete grupos parlamentarios con posición coherente, a contar con 350 diputados y diputadas con posición diferenciada, debido a sus programas diferenciados y a sus diferenciados patrocinadores. ¿Quién estaría dispuesto a arriesgar el apoyo a la próxima campaña personal para apoyar, por ejemplo, un impuesto sobre grandes fortunas o una subida del impuesto de sociedades? Algo más incluso: las listas abiertas suelen ser el instrumento preferido de las mayorías para barrer a las minorías en los órganos representativos.

La salida no consiste en mantener todo como está. Pero tampoco en darle la vuelta a todo para dejarse llevar por cantos de sirena que plantean fórmulas aparentemente mágicas, pero que conllevan inconvenientes serios a tener en cuenta. Las listas abiertas tienen ventajas. Las cerradas también, y si las direcciones de los partidos lograran elaborarlas mediante procedimientos más transparentes y democráticos, tendrían aún más ventajas.

Hay alternativas a estudiar en otros países. Alemania cuenta con un doble sistema. Una parte de sus diputados se eligen en circunscripciones pequeñas, donde es más fácil estrechar el conocimiento y la relación entre representante y representado. Y otra parte se elige mediante listas nacionales, respetando la proporcionalidad entre las diferentes opciones políticas.

Mejoremos la calidad de nuestra democracia, pero no nos dejemos llevar por cada señuelo que nos colocan a nuestro paso.

Read Full Post »

El nacionalismo catalán intenta evitar una presentación directa y transparente de su proyecto rupturista porque teme la reacción prudente de la ciudadanía. Para camuflar su apuesta nítida por la secesión, ha tenido la habilidad de situar una especie de debate-pantalla en la opinión pública: el llamado “derecho a decidir”. Tras esta expresión no hay más que una estrategia a favor de la independencia de Cataluña, pero Mas y sus aliados han logrado introducir alguna confusión en la discusión pública. De hecho, hay quienes se manifiestan en contra de la independencia pero respaldan el “derecho a decidir”, cuando en realidad son la misma cosa.

Resulta evidente que asumir el derecho a decidir la independencia y proclamar la independencia misma son dos caras de una sola moneda. No obstante, es preciso no rehuir ningún debate. Los independentistas presentan tal derecho como incuestionable en democracia. Quien se opone al derecho a decidir de los catalanes sobre la independencia de Cataluña está vulnerando el principio democrático, se llega a decir, como si establecer límites o condiciones al ejercicio del derecho de decisión fuera algo tan intolerable como extravagante.

Sin embargo, el ejercicio de los derechos conforme al marco jurídico vigente forma parte de la esencia misma del régimen democrático y el Estado de Derecho. Ningún derecho se ejerce sin límites, sino en función de las normas democráticamente establecidas. La democracia vigente en España ampara mi libre albedrío como persona, pero tal libertad no me permite levantarme una mañana y conducir mi vehículo en sentido contrario al marcado por las normas viales en mi calle. Tampoco podría decidir la sustitución de mi casa por la de mi vecino, aunque esta última me resulte más cómoda y espaciosa. ¿Tengo derecho a decidir? Claro, con los límites y las condiciones que establecen las leyes. La democracia no consiste en el derecho ilimitado a decidir todo aquello que se me ocurra.

Esta argumentación también sirve para el supuesto derecho a decidir de “los territorios”, porque en realidad los territorios no deciden nada. Podrían decidir, en todo caso, las personas que habitan esos territorios. Podemos poner varios ejemplos. Es posible que circunstancialmente los ciudadanos de Cartagena sean mayoritariamente partidarios de “independizarse” de Murcia en una comunidad distinta. Puede que algo parecido ocurriera con los leoneses respecto a la comunidad castellana. El Ayuntamiento del Condado de Treviño ha propuesto abandonar Castilla para integrarse en Euskadi. Quizás una parte de Navarra quiera ser vasca, y puede que una parte del País Vasco prefiera ser cántabra. La alcaldesa de Solana del Pino en Ciudad Real ha pedido formalmente la integración de su municipio en Andalucía. El barrio de la Moraleja en Alcobendas reclama mayoritariamente desde hace años la secesión municipal. Y me consta que algunos colectivos que viven en Cataluña preferirían la nacionalidad francesa.

¿Debemos reconocer el derecho a decidir de todos ellos? ¿Unos sí y otros no? ¿Con qué criterio? Porque puestos a buscar o construir justificaciones de tipo histórico, indentitario, sociológico o económico, seguro que se consiguen para todos. ¿Qué tipo de país y qué tipo de sociedad podríamos mantener en tales condiciones?

Por tanto, el “derecho a decidir” de los ciudadanos que residen en Cataluña existe y se respeta, exactamente igual que el derecho a decidir del resto de los ciudadanos españoles. Con las mismas garantías y con las mismas condiciones que establece para todos nuestro marco legal. De hecho, los ciudadanos catalanes adoptan decisiones cada día a través de sus instituciones legítimas. Pero, por ejemplo, el derecho a decidir sobre la integridad del Estado español está adjudicado por la Constitución española al conjunto de los ciudadanos de España, y no a una parte de ellos. El artículo 1 establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”, y el artículo 2 mandata “la indisoluble unidad de la Nación española”. Otro ejemplo: el artículo 149.1.32 de la misma Constitución reserva para el Estado la competencia exclusiva para la “autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”.

¿Puede celebrar el Gobierno catalán un referéndum en su territorio? Sí, cumpliendo las normas. Es decir, solicitando y obteniendo la autorización del Estado. Esto fue lo que intentó Ibarretxe. Propuso, se votó, perdió y desistió. ¿Puede plantearse igualmente un cambio en el marco jurídico para hacer posible la independencia de Cataluña o de cualquier otro territorio? Desde luego que sí, pero cumpliendo los procedimientos de cambio constitucional que establece la propia Carta Magna en su Título X. Y en esos procedimientos han de participar todos los españoles, no solo una parte.

Todo esto lo conocen perfectamente quienes orquestan la ceremonia de la confusión en torno al “derecho a decidir” sin limitaciones. ¿Por qué lo hacen? Para evitar el debate auténtico sobre sus propósitos secesionistas. Con el supuesto conflicto democrático buscan no dar explicaciones sobre las nefastas consecuencias que una eventual independencia traería sobre la gran mayoría de los catalanes y del resto de los españoles. Con la polémica falsa sobre el “nos quitan las urnas” soslayan la rendición de cuentas en torno a la fractura social y el deterioro económico que la aventura soberanista está generando ya en la actualidad de Cataluña.

El proyecto de la independencia es un proyecto legítimo. Muchos entendemos, no obstante, que es un desastre, un legítimo desastre. Lo que no está siendo legítimo es la estrategia de la confusión a la que nos someten quienes gestionan el independentismo catalán.

Read Full Post »

LIBROS CON HUELLA

Queridos amigos y amigas:

Quiero presentaros una nueva iniciativa de la Secretaría de Formación del PSOE a desarrollar en el salón de actos de nuestra sede histórica en la madrileña calle de Ferraz, 70.
Tras el éxito de nuestra Escuela de la Memoria dedicada a las enseñanzas de las Grandes Figuras Históricas del Socialismo Español, culminada el pasado día 31 de enero, emprendemos un nuevo reto.
El nuevo ciclo de actividades formativas lleva el título de “LIBROS CON HUELLA“, y trata de dar a conocer las últimas publicaciones aparecidas en el panorama editorial con análisis y propuestas en torno a la política, la economía o la sociedad, desde una perspectiva progresista.
Regularmente, y sobre todo en este tiempo de cambio, se publican libros de interés para enriquecer nuestra tarea en la renovación del proyecto socialista. Nuestro deber consiste en asegurarnos de que todas las opiniones relevantes se tienen en cuenta.
El primer acto previsto es el siguiente:

Día 13 de febrero: “La crisis de la democracia. ¿Qué crisis?”, de Ignacio Urquizu.
“La socialdemocracia maniatada”, de Ludolfo Paramio.
Ponentes: los autores.

Día 7 de marzo: “El precio de la desigualdad”, de Joseph Stiglitz

Los que tienen y los que no tienen”, de Branko Milanovic

Como siempre, las sesiones discurrirán entre las 19 y las 20,30 horas, en nuestra sede de Ferraz, 70.
Esperamos vuestra asistencia y participación.

Rafael Simancas


Libros con Huella 1

Read Full Post »

El grado de bochorno e indignación que expresa hoy la gran mayoría de los españoles respecto a la corrupción en la vida pública va más allá de lo soportable. Día a día se constata, con todo lujo de detalles sórdidos, cuan miserable resulta el comportamiento de algunos de aquellos a los que confiamos nuestra representación para el gobierno del espacio que compartimos. La certeza de que son minoría, entre muchos honestos y trabajadores, no resta un ápice de repugnancia al juicio que merecen.

La administración trufada de corrupción es una administración deficiente, que no cumple su función social. Pero este daño es solo una parte del problema. Porque corrompidos y corrompedores socavan la legitimidad misma de nuestro modelo de convivencia. Cuando traicionan la confianza de la sociedad no están inutilizando tan solo un instrumento de gestión colectiva. Están matando la credibilidad de las instituciones que nos hemos dado para vivir en libertad y en democracia.

Es verdad que se han dado casos de corrupción en todas las latitudes, y que todos, los grandes y los pequeños, merecen luz y condena. Pero no todos son iguales en su naturaleza y en su alcance. En algunos ámbitos de la vida pública hay casos de corrupción, y en otros se está demostrando una corrupción estructural, sistémica y continuada. Y cuando esta última corrupción afecta al partido que nos gobierna en un contexto de crisis gravísima, la respuesta requiere inmediatez y contundencia.

El llamado caso Gürtel-Bárcenas o “el caso de los sobres” abarca al conjunto del PP desde su sede en Génova hasta sus delegaciones territoriales en Madrid, Valencia y Baleares; desde el Gobierno de España hasta el Ayuntamiento de Majadahonda, pasando por las Comunidades madrileña, balear, valenciana, castellano-leonesa… El número de investigados e imputados es tremendo, y los últimos testimonios que aluden al reparto de sobres con dinero negro alcanzan a toda la cúpula de la organización.

No. Este no es un caso más. Este es el caso que aúna todos los componentes escabrosos de la corrupción en la vida pública: la corrupción personal de quienes reciben los sobres; la corrupción institucional del partido que se financia irregularmente; y la utilización corrupta del Gobierno de España para amnistiar y lavar el dinero sucio de la corrupción. Pareciera como si el PP, tras pasar por casos como el referido a Naseiro, sin coste penal y sin coste electoral alguno, se hubiera instalado en una sensación de falsa impunidad para cometer barbaridades. Todas presuntas hasta que se pronuncien los tribunales, desde luego.

Las respuestas del PP han evolucionado últimamente de aquel “que cada palo aguante su vela” hasta el requerimiento de pactos que ayuden a dar apariencia de colectividad en el problema, pasando por las “auto-auditorías” increíbles, el “vienen a por nosotros” y el “no a todo” que se hizo célebre con el caso “Tamayo”, muy relacionado con este asunto, por cierto.

Pero ya se acabó el tiempo del disimulo y la confusión. Ni vale pacto alguno hasta que no se diluciden las responsabilidades en el partido del Gobierno. Ahora solo cabe aclarar y limpiar. Que el PP, por boca de su presidente, que está directamente aludido en las acusaciones y que es el Presidente del Gobierno, aclare si recibieron sobresueldos, si eran en negro o en blanco, si financiaron sus campañas de manera irregular y si puede explicar de dónde sacó Bárcenas aquellos 22 millones suizos. Y que asuman sus responsabilidades con diligencia, comenzando por el ministro de Hacienda que diseñó una amnistía fiscal a la medida de defraudadores y delincuentes, mientras exigía sacrificios a la mayoría de gente cumplidora y decente.

Aclarar y limpiar rápido, porque la tolerancia de los estómagos es limitada, y todos los españoles hemos tenido que digerir en estos días los mensajes hipócritas sobre el ajuste del gasto público. Por una parte nos decían que era imprescindible recortar el sueldo a los políticos de la oposición, mientras ellos se repartían los presuntos sobres de Bárcenas. Por una parte suprimían las urgencias sanitarias en los pequeños pueblos castellanos porque había que “equilibrar las cuentas públicas”, mientras sumaban sueldos sobre sueldos presuntos en sus cuentas personales.

Y después tiene que llegar la respuesta colectiva. Para prevenir y atajar esa lacra, sobre todo. Porque una vez denunciada, el daño está hecho, aunque se diluciden responsabilidades y se cumplan las condenas. Es preciso impedir la ocasión. Pero no son necesarios más pactos. Basta el trabajo colectivo, de políticos y de no políticos, donde corresponde, en las instituciones democráticas. Sobre todo en las Cortes Generales, que es donde se hacen las leyes.

Garantía legal de transparencia absoluta en el comportamiento público y privado de los responsables públicos. Transparencia cristalina para las finanzas de los partidos. Acabar con la discrecionalidad y la opacidad en algunos instrumentos de contratación pública. Prohibir suplicatorios, acuerdos judiciales e indultos que alimenten la impunidad del corrupto. Refuerzo público al investigador y al instructor judicial en la aclaración de los casos de corrupción. Castigo contundente al corrompido y al corruptor, por acción, omisión o disimulo, sea persona física, empresa o banco. Fulminar los paraísos fiscales que son paraísos de delincuentes…

Pero lo primero es lo primero. Y lo primero es la verdad.

Read Full Post »