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Archive for 22 diciembre 2012

Una de las grandes paradojas de la ortodoxia económica de este tiempo consiste en defender el equilibrio de las cuentas públicas como un mandato cuasi religioso y, a la par, estimular la laxitud en la llamada conciencia fiscal. Resulta evidente que el saneamiento de los presupuestos públicos depende de dos factores por igual: la austeridad en el gasto y la suficiencia en el ingreso. Sin embargo, el rigor en la exigencia del primero se corresponde con la permisividad irracional en el incumplimiento del segundo.

Los principales gurús del capitalismo especulativo festejan la rebelión fiscal del actor millonario Gerard Depardieu, que ha decidido autoexiliarse de Francia para no pagar los impuestos establecidos por el Gobierno socialista para las grandes fortunas. Depardieu y otros grandes acumuladores de riqueza, como el controvertido Arnault, descalifican el sistema fiscal de su país como “confiscatorio”.

La campaña contra los impuestos franceses coincide con una ofensiva orquestada a escala europea y liderada en España por la Fundación Impuestos y Competitividad, que augura grandes catástrofes para la economía en caso de instaurarse la llamada Tasa Tobin, o la imposición sobre las transacciones financieras especulativas. La financiación de las empresas y de las familias, dicen, se verá reducida en más de un 30%.

El propio Gobierno español acaba de forzar la aprobación de una ley que impide a las Comunidades Autónomas seguir cobrando impuestos a los depósitos bancarios, “porque pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero”, con el agravante de que deberá compensar a los territorios, con los impuestos de todos los ciudadanos, por la merma de sus ingresos. Debe ser que la estabilidad de los contribuyentes habituales no corre ningún riesgo.

A la par, la llamada “lista Lagarde” o la “lista Falciani”, con los nombres de los grandes defraudadores fiscales que esconden su dinero criminal en los bancos suizos sigue sin hacerse pública, y los culpables de robar cantidades inmensas al fisco parecen completamente a salvo. Es más, ni la Unión Europa ni ninguno de sus Estados ha planteado un conflicto diplomático ante el país helvético por lucrarse del latrocinio que se perpetra sobre las arcas públicas de sus vecinos.

Además, conocemos en estos días el resultado de la declaración de la renta del otrora empresario modelo Gerardo Díaz Ferrán durante el ejercicio fiscal 2010. Al parecer, mientras acumulaba yates y aviones privados, su declaración le salía incomprensiblemente “a devolver”. Lo que resulta coherente con la disposición del ministro Montoro para amnistiar a los tenedores de dinero negro, con la módica compensación negociable del 10% de lo robado.

Las empresas más emblemáticas del momento, además, se vanaglorian de poner en marcha estrategias fiscales que les permiten no pagar impuestos en ningún sitio, o pagar cantidades irrisorias. Las Apple o las Google se las ingenian para facturar de unas sucursales a otras a fin de pagar al fisco nacional que mejor oferta les haga, ante la indiferencia general. Mientras tanto, las castigadas rentas de los asalariados de clase media y baja siguen sosteniendo mal que bien el sacrosanto equilibrio de las cuentas públicas.

Todas las noticias apuntan en el mismo sentido. Rigor en el gasto. Laxitud en el ingreso. Sacrificio para quienes necesitan de la solidaridad colectiva, y egoísmo por parte de quienes han de contribuir en mayor medida a la caja común. Y algo de culpa tiene la izquierda en tal estado de opinión, porque entre los muchos contrabandos ideológicos que ha asumido con gran irresponsabilidad está aquél que defiende los impuestos bajos “para estimular la economía”. Porque no: la economía no se estimula con impuestos bajos. Lo que se estimula es la codicia de los más pudientes. Y lo que se estimula es la desigualdad social.

En consecuencia, uno de los grandes retos que tiene la izquierda española y europea por delante consiste en establecer una conciencia fiscal fuerte y justa. Sin ingresos suficientes no hay Estado de Bienestar, ni políticas públicas que aseguren progreso y desarrollo. Sin impuestos progresivos no hay justicia social. Sin una fiscalidad justa no habrá oportunidades para atajar las desigualdades crecientes. Pero es más, sin unos ingresos fiscales suficientes y progresivos tampoco habrá crecimiento económico equilibrado y cuentas públicas saneadas.

Si los Depardieu, los Arnault y otros millonarios egoístas se empeñan en desafiar a los Estados y sus sistemas fiscales, hagámosles saber que no vamos a dar un paso atrás. Una cosa es aceptar la economía de libre mercado, y otra cosa bien distinta es comulgar con la sempiterna intención de los más pudientes por acumular riquezas a costa de la miseria general.

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QUERIDOS AMIGOS Y AMIGAS:

Mi agradecimiento, una vez más, por la amplia participación que está obteniendo nuestra Escuela de la Memoria dedicada a las grandes figuras históricas del socialismo español. Durante las primeras cinco sesiones han participado presencialmente más de 800 personas, y han sido miles quienes se han interesado vía on-line. Nos quedan dos sesiones para culminar este ciclo. El jueves 20 de diciembre a las 19 horas en nuestra sede de la calle Ferraz 70 trataremos sobre la trayectoria de una militante controvertida, Margarita Nelken, con la ayuda de nuestra portavoz parlamentaria en materia de igualdad y miembro de la CEF, Carmén Montón. Y el 24 de enero, el prestigioso historiador Julio Aróstegui nos ilustrará sobre la vida y la obra de Francisco Largo Caballero. Anotadlo en la agenda, e ir solicitando en el correo de la Secretaría de Formación (formacion@psoe.es <mailto:formacion@psoe.es> ) certificado de participación en la Escuela de la Memoria que emitirá el Instituto Jaime Vera para todos los interesados.

Rafael Simancas

Invitación Margarita Nelken

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La polémica sobre la llamada “inmersión lingüística” en Cataluña está logrando camuflar ante la opinión pública aspectos de importancia crucial en la contrarreforma educativa promovida por el Gobierno del PP. Una vez más, la estrategia victimista del nacionalismo catalán coincide con la estrategia de la distracción que interesa a la derecha española. Entre unos y otros consiguen situar en segundo plano amenazas tan graves como la segregación escolar en edades tempranas, la derivación generalizada de fondos públicos a la enseñanza privada, y la consolidación del adoctrinamiento religioso en las aulas.

Entre provocaciones y chanzas, el ministro Wert hace retroceder varias décadas a la educación pública española en su esfuerzo por secularizar la enseñanza y ganar autonomía respecto a la influencia histórica del dogma católico. La asignatura de la religión no solo no pierde peso, como sería lógico en un Estado aconfesional, sino que adquiere relevancia, obligándose a los centros educativos públicos a programar una alternativa evaluable. Una alternativa nada menos que sobre “los valores éticos”, como si la ética ciudadana fuera una disciplina que pudiera impartirse de manera residual solo para quienes no optan por el catecismo católico.

Quienes apostamos por una escuela pública laica no lo hacemos por animadversión hacia el pensamiento o la práctica religiosa. De ningún modo. Se trata de garantizar escrupulosamente la libertad que establece la Constitución Española para quienes comparten el culto católico, para quienes participan de otras creencias religiosas, y para quienes no creen en seres superiores y omnipotentes. Y el disfrute de este derecho ha de ser compatible con la aplicación del otro mandato constitucional, el de que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

¿Cómo se logra esta compatibilidad? Asegurando la neutralidad religiosa del Estado, incluyendo la enseñanza pública. Garantizando que todos los ciudadanos pueden practicar libremente la religión que prefieran en los templos respectivos. Incluso vigilando para que las familias que así lo consideren puedan escolarizar a sus hijos en centros con proyectos educativos de naturaleza confesional, en el ámbito no estatal y cumpliendo con los requisitos legales.

Ahora bien, la educación pública tiene la obligación irrenunciable de promover la razón y la autonomía personal frente a los dogmas morales que tratan de imponer las religiones. El Estado no puede consentir, ni facilitar ni financiar, que se utilicen sus aulas, las aulas de todos los españoles, religiosos y no religiosos, católicos, musulmanes, budistas y agnósticos, para inculcar la doctrina católica a los escolares. ¿Supone esto un desmerecimiento o una falta de respeto para el credo católico? Desde luego que no. Muchos, por ejemplo, participamos de una interpretación de la realidad a través del prisma de la ideología socialista. Y no se nos ocurriría reclamar una asignatura obligatoria sobre doctrina socialista en las aulas públicas, ni con alternativa evaluable ni sin ella.

Algunos podrán esgrimir que el PSOE ha gobernado muchos años este país y que nunca llegó tan lejos. Y tendrán razón. Pero no es menos cierto que las reformas educativas impulsadas por el PSOE adjudicaban progresivamente un papel menos relevante a la asignatura de la religión. Cuando el PP quiebra esta tendencia y nos retrotrae a escenarios propios de la enseñanza confesional para todos, es cuando los socialistas perciben la imposibilidad de un desmontaje acordado de la influencia religiosa y proponen directamente sacar la asignatura católica del currículum de la educación pública española.

Hay quienes, como Esperanza Aguirre, mezclan este asunto con episodios más puntuales, como el referido a la felicitación pública del Presidente de las Cortes Españolas mediante un motivo religioso. Porque es cierto que algunos diputados, como el autor de estas líneas, hemos planteado que el ciudadano Posada puede ejercer su libertad religiosa para felicitar las fiestas como considere, pero que el Presidente de la institución en la que se residencia la soberanía popular ha de actuar con la neutralidad religiosa propia de un Estado no confesional. Por ejemplo, si yo fuera Presidente del Congreso nunca felicitaría institucionalmente el año nuevo con la foto de Pablo Iglesias ofreciendo un mitin desde la Casa del Pueblo de Madrid, imagen que me parece emocionalmente grata y positiva. Puede que no ofendiera a nadie, pero no sería correcto.

Es verdad que ambos hechos no son del mismo calibre, desde luego. La religión en la enseñanza pública tiene que ver con las bases de nuestro modelo de convivencia. El otro tema es más anecdótico, aunque tiene su importancia. Esperanza Aguirre aduce que resulta “fundamentalista y tonto” defender la neutralidad religiosa de las instituciones del Estado, porque las aportaciones del catolicismo a nuestra historia son muy relevantes. Relevantes, sí. Discutibles, también. Como las de otros dogmas en estas y otras latitudes. Y para evitar estas discusiones, lo más razonable es respetar la separación prudente de Estado y religión.

¿Que qué celebramos entonces en estos días? Algunos celebramos simplemente la llegada de un año nuevo con la esperanza (la otra esperanza) de un futuro mejor para todos. Yo no cuestiono otras celebraciones. Por favor, respeten la mía.

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EL PACTO CONSTITUCIONAL ESTÁ ROTO

La frase es de Alfonso Guerra, pero la hago mía también. La Constitución de 1978 está vigente en términos jurídicos e institucionales, pero el pacto que la hizo posible y que la ha sustentado políticamente durante estos 35 años ha quebrado.

La izquierda asumió la “libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”, junto a la garantía pública de los derechos sociales y laborales. Los socialistas encajaron “las relaciones de cooperación con la Iglesia católica”, entendiendo asegurado el carácter aconfesional del Estado. Y tanto el PSOE como el PCE, partidos tradicionalmente republicanos, aceptaron la monarquía en aras del consenso general sobre nuestra forma de Estado.

Sin embargo, la magnitud de la crisis vigente y la hegemonía política e ideológica de las fuerzas conservadoras en toda Europa, están facilitando a la derecha española la aplicación de un conjunto de reformas drásticas que rompen de facto el gran pacto asociado a la aprobación de la Carta Magna.

La agresión a los derechos de los trabajadores y a la negociación colectiva contenida en la reforma laboral. La ruptura de la universalidad en el acceso a la sanidad pública y su privatización progresiva en algunas comunidades. Los copagos y repagos sanitarios. La degradación progresiva de la enseñanza pública y la ruptura de la equidad en su acceso. La instauración, nuevamente, de la asignatura de la religión. El abandono de las personas en situación de dependencia, a pesar de la legalidad que les ampara. La precarización creciente de las personas en situación de desempleo. Las amnistías fiscales para los defraudadores. El acceso desigualitario a los tribunales de Justicia. La re-gubernamentalización de la radiotelevisión pública…

También los nacionalistas han traicionado el consenso constitucional. El Título VIII, con todas sus limitaciones, ha posibilitado el autogobierno nítido y provechoso de las llamadas nacionalidades históricas, respetando sus identidades diversas. No obstante, el pulso separatista se ha mantenido firme durante todos estos años, con una exacerbación permanente de los falsos agravios victimistas, hasta el punto de reclamar ahora la autodeterminación y la independencia, en clara vulneración de los dos primeros artículos de aquella Constitución que todos firmamos, y que tuvo un apoyo mayoritario en Cataluña, por ejemplo.

Muchos ciudadanos se sienten hoy excluidos y al margen del régimen vigente. Si el sistema no les proporciona empleo ni una cobertura social mínima, ¿por qué han de sentirse concernidos con el sistema? Las instituciones que emanan de la Constitución también están crisis. En crisis por falta de eficacia y de legitimidad. Multitud de jóvenes y no jóvenes demandan cauces de participación política permanentes, actualizados y transparentes, pero los partidos políticos, responsables de esta tarea conforme al artículo 6 del texto legal máximo, aparecen ante ellos como organizaciones lejanas, de funcionamiento ininteligible y sospechoso de adulteración.

La Constitución de 1978 merece el respaldo general, porque ha prestado muy buenos servicios a la sociedad española, pero también merece una revisión a fondo. Hemos disfrutado del periodo más largo de paz y progreso en toda nuestra historia, gracias a aquel esfuerzo, pero para consolidar esa convivencia pacífica y para asegurar un futuro de desarrollo, de equidad y de justicia resulta imprescindible acometer algunos cambios. Es preciso renovar los consensos constitucionales, hoy seriamente quebrados.

Las reformas imprescindibles en la Constitución han de responder, al menos, a tres objetivos: reforzar los derechos sociales en retroceso; cerrar un modelo territorial eficiente, garante de la igualdad de los españoles y respetuoso con las identidades nacionales; y afrontar una regeneración democrática que impulse la participación política conforme a las demandas y las posibilidades de nuestro siglo. Y todo ello desde el mayor de los consensos.

La mejor muestra de lealtad que puede ofrecerse a la Constitución Española hoy consiste en mostrar una disposición valiente para mejorarla.

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