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Archive for 30 noviembre 2012

La Encuesta sobre Tendencias Políticas y Electorales que publica regularmente la revista TEMAS resulta este año especialmente reveladora y útil. Primero por su rigor contrastado, porque nos estamos acostumbrando mal a los subproductos con fiabilidad técnica escasa cuyas conclusiones se dan a conocer a través de algunos medios como si se tratara de verdades incontrovertibles.

En segundo lugar, porque ayuda a desmentir algunos tópicos tan errados como interesados. Un ejemplo: a la caída de apoyos del PP en toda España le corresponde una caída aún más pronunciada del PSOE. No es cierto. Otro ejemplo: el PSOE tiene problemas de liderazgo porque su líder arrastra una valoración ciudadana pésima. Tampoco es verdad. Una tercera utilidad, la más importante: estos datos confirman las grandes potencialidades de recuperación de votos para el Partido Socialista.

Vayamos por partes. La encuesta refleja una intención de voto para el PSOE del 27,3-30,1%, por encima del resultado de las últimas elecciones generales y a menos de dos puntos del PP (29,4-32,6%), que pierde entre 12 y 13 puntos en el último año. El PSOE, por tanto, no baja, sino que sube, y la brecha con el PP se reduce de 16 a solo 2 puntos.

El estudio muestra una lealtad de voto para el Partido Socialista del 71,2%, muy por encima de lo habitual en los últimos años, y más de 15 puntos por delante del PP (55,7). Y Rubalcaba obtiene una valoración general de 4,09, que se eleva hasta el 5,88 entre los votantes propios. También muy por encima de Rajoy (2,63), de Cayo Lara (3,52) y de Rosa Díez (3,40). No son notas para tirar cohetes, ciertamente, pero estos datos ayudan a desmentir las supuestas grandes caídas de popularidad que reflejan otras “encuestas”.

Sin embargo, las mejores oportunidades de futuro se deducen de otros datos menos directos pero aún más significativos. La intención de voto más simpatía del PSOE alcanza el 26,2%, por el 18,6% del PP. Y en la categoría de “Partido que le gustaría que ganase”, los socialistas también aventajan claramente a la derecha: 27,1%-16,6%. El voto de los jóvenes se decanta por el PSOE (22,2%), en mucha mayor medida que por el PP, segunda fuerza (9,7%), aunque más del 45% se refugia en el “no voto”, el voto en blanco o el “no contesta”.

El Partido Socialista (6,84) y su secretario general (6,53) se ubican en las posiciones ideológicas más cercanas a la media del electorado español (6,07), en una escala en la que ‘0’ es la extrema derecha y ‘10’ es la extrema izquierda. La mayoría de la población se sitúa en posiciones de izquierda moderada (6-7-8), que es el espacio donde se mueve el PSOE.

Para realizar un análisis ajustado es preciso tomar nota también de algunos datos negativos. La confianza en el sistema ha caído drásticamente, y hasta un 75% de los encuestados muestran “escaso o nulo interés por la política”. De hecho, la llamada “pirámide del poder” refleja una percepción de la influencia de la Banca y los grandes empresarios muy por encima de los partidos políticos y del propio Parlamento. El debilitamiento de la referencia europea entre los españoles también es un dato nuevo y preocupante.

¿Cómo superar los obstáculos y aprovechar las oportunidades? Parece evidente que el camino correcto no es el de la introspección permanente, ni el de las catarsis orgánicas, ni el de la autoflagelación continua. No hacen falta muchas sesiones de diván para asumir que estamos ante una grave crisis sistémica, que fue financiera, que fue solo económica, y que hoy es, además, social, política e institucional. La confianza en el sistema se resiente porque el sistema falla a la hora de aportar soluciones. Y los socialistas somos parte del sistema. De hecho protagonizábamos el sistema cuando la crisis se desató y, a pesar de que el Gobierno socialista adoptó muchas decisiones loables, existe un reproche legítimo y muy general acerca de una doble falta: la de la coherencia y la de la eficacia.

Esto es así. Nuestra responsabilidad es evidente, sufrimos un déficit justificado de credibilidad y hemos de afrontar un ciclo, que no será corto, de mucho esfuerzo y mucha inteligencia para recuperar el crédito ciudadano perdido. Sin más auto-psicoanálisis ni más duelos. En política, los errores se reconocen abiertamente, con naturalidad, sin “catarsis”. Se pagan en las urnas, como hemos hecho nosotros, sin necesidad de penitencias ni purgatorios. Y se corrigen con el análisis riguroso, la estrategia adecuada y el trabajo leal. En eso estamos.

Por tanto, ni culpa paralizante ni inacción complaciente. Los socialistas hemos de asumir la responsabilidad que nos toca como legítimos continuadores de la trayectoria de un partido que ha escrito las páginas más relevantes en la historia del progreso de España. Tenemos que reafirmar el compromiso con la mayoría social que necesita de nuestro trabajo para defender los derechos de ciudadanía, bajo seria amenaza hoy por la ofensiva ideológica de la derecha. Y ese compromiso pasa por una renovación del proyecto socialista. Ese es el reto. En eso está la dirección del PSOE, y en eso pretende implicar a toda la organización.

La primera tarea a llevar a cabo es la de elaborar un “relato” propio para la salida de la crisis: una alternativa socialdemócrata ante las insuficiencias del modelo económico liberal que fracasa en España y en Europa. Un calendario flexible de consolidación fiscal; un pacto europeo por el crecimiento, el empleo y las políticas de bienestar; un régimen impositivo que reparta las cargas de la crisis con justicia; el impulso a la unión económica y política de Europa; y la apuesta por un modelo de desarrollo a largo plazo asentado en la innovación, el conocimiento y la sostenibilidad.

Asimismo, los socialistas debemos responder a los retos decisivos que nos plantea la sociedad española del siglo XXI con una propuesta audaz y de largo recorrido: la renovación de los consensos constitucionales. Estamos satisfechos del resultado global de estos 35 años de Constitución, pero los desafíos pendientes exigen una revisión consensuada de ese gran texto. En tres facetas, al menos: el blindaje del Estado de Bienestar y los derechos sociales de la ciudadanía; la reforma del modelo de Estado para asegurar reconocimiento de identidades, igualdad de derechos y colaboración institucional eficiente, sin cuestionamientos de soberanía; y un conjunto de medidas para la regeneración democrática, con reformas del sistema electoral para intensificar la relación entre representante y representado, con garantías para el funcionamiento transparente y plenamente democrático de las instituciones políticas.

¿Cambios en nuestro partido? Desde luego. El plan HACER PSOE 2015 y el desarrollo de las decisiones congresuales en la próxima conferencia tienen ese propósito. Colaboremos todos para su mejor realización.

El riguroso estudio sociológico y electoral que publica la revista TEMAS demuestra que el PSOE tiene grandes oportunidades por delante para recuperar confianza y apoyos ciudadanos. Pero antes debemos merecerlos.

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Queridos amigos y amigas:

Enfilamos ya las últimas sesiones de nuestra Escuela de la Memoria dedicada a las grandes figuras históricas del socialismo español. Las jornadas dedicadas a Pablo Iglesias, Julián Besteiro , Fernando de los Rios y Jaime Vera han resultado extraordinariamente interesantes y ricas en participación. 

El próximo lunes día 3 de diciembre  trataremos sobre la trayectoria y el ejemplo de otro compañero crucial en la historia de los socialistas españoles: Indalecio Prieto. 
El ponente de la sesión será Octavio Cabezas, autor de su más completa y reciente biografía: “Indalecio Prieto. Socialista y Español” (Algaba Ediciones).
Será como siempre, a las 19 horas, en nuestra sede de Ferraz, 70 (Madrid).
Os esperamos. Un saludo.

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JUSTICIA PARA RICOS

El Gobierno y el PP han convertido en papel mojado dos artículos centrales de la Constitución Española: el artículo 14 que garantiza la igualdad de los españoles ante la ley, y el artículo 24 que establece la tutela judicial efectiva. La ley de tasas impulsada por Gallardón excluye del amparo de jueces y tribunales a los ciudadanos económicamente más desfavorecidos.

Para todos aquellos que insisten en el mensaje de la desafección hacia la política, porque “todos los políticos son iguales”, cabe recordar que fue un Gobierno socialista de Felipe González y Alfonso Guerra el que eliminó las tasas judiciales, con el propósito de asegurar la protección judicial de los derechos de todos los españoles, independientemente de su poder económico. Ahora el PP vuelve a poner las cosas en su sitio. La Justicia, para los ricos.

Si un ciudadano quiere recurrir un despido en segunda instancia, o si quiere defenderse de una amenaza de desahucio, o si reclama una indemnización por un atropello, o si pretende un divorcio para huir del maltrato, o si quiere recurrir una multa injusta, ya no bastará con esgrimir su derecho recogido en las leyes. El derecho solo será efectivo si se paga una cantidad importante de dinero. El derecho se consolida, pues, con el dinero. El que tiene dinero, tiene derechos.

Sostiene Gallardón que se trata de “disuadir” acerca del uso abusivo de los tribunales. Es el mismo argumento que se emplea para aplicar el copago sanitario y el euro por receta. Penalicemos a la víctima, disuadámosla de ejercer sus derechos, y así nos evitaremos un gasto. Pero, ¿a quién se “disuade” de comprar medicamentos o de recurrir una sentencia injusta? A quien tiene dinero no, desde luego, porque puede pagarse la farmacia y el recurso. “Disuadimos” siempre al mismo: al enfermo que tendrá que elegir entre comer o curarse, entre curar la diabetes o evitar el dolor de espalda, y al ciudadano que tendrá que renunciar a su derecho legítimo por no poder hacer frente a los impuestos.

¿Dónde conduce la generalización de esta estrategia? Cada día más personas son expulsadas del sistema. Crece la legión de los excluidos. Excluidos del trabajo, excluidos de la cobertura al desempleo, excluidos de la protección social pública, excluidos de la sanidad gratuita, excluidos de las becas universitarias… Y ahora también excluidos de la tutela judicial. ¿Qué actitud adoptarán estas personas? Si la Justicia excluye a los pobres, ¿por qué razón los pobres han de sentirse concernidos por la Ley y la Justicia? De aquí al estallido social puede haber un solo paso.

Al Gobierno le ha dado igual que toda la comunidad jurídica y los representantes sociales se hayan manifestado en contra, desde jueces a fiscales, abogados y procuradores, desde los sindicatos a las asociaciones vecinales y los partidos de oposición. El PP entiende que la mayoría absoluta y la crisis económica les legitima para darle la vuelta al país y poner en jaque el modelo de convivencia que nos dimos a partir de la Transición democrática. Esperemos que se dé cuenta de su error antes de que sea demasiado tarde.

Un comentario merece también la figura de Gallardón, la otrora esperanza blanca de la derecha española. Fueron muchos los referentes de la izquierda política, social y mediática que avalaron la supuesta progresía del personaje, cuando algunos denunciábamos su habilidad para camuflar las convicciones más derechistas y una ambición por encima de todo tipo de lealtades y principios. Ahora se va destapando. El disfraz progre ya no le viene bien. Le conviene un tupido pelaje derechista para hacerse perdonar antiguas veleidades polanquistas y ganar el aprecio de la caverna. Solo así podrá seguir aspirando a aquello que siempre tuvo en mente y para lo que se cree llamado por el destino. Allá el PP con sus sucesiones. Solo espero que ya no engañe a nadie de este lado.

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Queridos amigos y amigas:

Quiero agradecer el seguimiento muy significativo que está obteniendo nuestra Escuela de la Memoria, dedicada a las grandes figuras históricas del socialismo español.

Cada uno de los seminarios está desarrollándose con ponencias sugerentes y con una participación muy activa de los asistentes.

Tras estudiar las trayectorias de Pablo Iglesias, Julián Besteiro y Fernando de los Ríos, el próximo jueves 22 de noviembre, como siempre en Ferraz 70 y a las 19 horas, hablaremos sobre las vivencias y enseñanzas del compañero Jaime Vera. El responsable del archivo histórico del PSOE en la Fundación Pablo Iglesias, Aurelio Martín Nájera, asumirá el papel de ponente introductor.

Os esperamos.

Saludos.

Rafael Simancas
Secretario Formación CEF

 


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En la primavera del año 2003, siendo candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, acudieron a mi despacho los representantes de una gran multinacional de la gestión sanitaria privada. Me informaban sobre sus planes para abrir nuevos centros propios en Madrid y sobre sus intenciones para gestionar parte de nuestra sanidad pública, una vez abierta al mercado. Sobre lo primero les deseé suerte. Sobre lo segundo les anuncié que me tendrían enfrente, desde el Gobierno o desde la oposición. Alguien me advirtió: “Tendrás problemas”. Y los tuve. Vaya si los tuve. Pero no me arrepiento de aquella decisión.

Una parte del llamado “emprendimiento empresarial” madrileño ha buscado siempre el enriquecimiento rápido por la vía fácil del favor político. Apostar por la investigación, la innovación y la mejora de la competitividad requieren imaginación, capacidad y esfuerzo. Resulta más fácil pegarse al poder e intercambiar favores. Durante un tiempo, el juego de las concomitancias se limitó al pingüe negocio del suelo. Ellos le sacaron buen partido. El precio que pagamos los madrileños fue muy caro: modelo productivo centrado en el ladrillo, burbuja inmobiliaria, deterioro ambiental, especulación y corruptelas a granel. Pero el chollo urbanístico se acabó, y ahora se trata de meter a fondo el cucharón en la sanidad pública. Y no lo podemos permitir.

El anuncio reciente sobre la privatización generalizada de hospitales y centros de salud no es sino el último capítulo de una serie que se inició hace años. Comenzaron “externalizando” servicios no sanitarios, como restaurantes y aparcamientos. Continuaron privatizando servicios sanitarios “rentables”, como mamografías y TACs. Siguieron con las cirugías en centros privados con factura pública, “para reducir listas de espera” decían. Los nuevos hospitales se construyeron ya con financiación y gestión privada. Todo esto paso a paso, argumentando que “a los ciudadanos no les importa el color de la bata del médico, sino la calidad del servicio”. Ahora la crisis les ha proporcionado la excusa perfecta para dar el último acelerón y poner definitivamente toda la sanidad pública en manos de empresas privadas.

En su momento aseguré que un día no muy lejano los madrileños tendríamos que acudir a los servicios públicos sanitarios con la tarjera de crédito. Me criticaron mucho, propios y ajenos, pero, por desgracia, no me equivoqué. Hoy mismo, muchos ciudadanos de Madrid deben pagar los medicamentos que antes financiaba el sistema público, y tanto el transporte sanitario no urgente como algunos tratamientos de rehabilitación posoperatoria están fuera ya de la cartera pública de servicios. Se oye que pronto pagaremos también por análisis clínicos, radiografías, mamografías.

El dogmatismo no es buen consejero a la hora de decidir la forma de gestión de un servicio público. Y se ha demostrado que en determinados ámbitos la gestión privada puede incorporar valor añadido de carácter tecnológico, organizativo o profesional, en beneficio de la eficiencia. Ahora bien, la prestación de los servicios públicos de los que depende la atención de necesidades básicas y el ejercicio de derechos fundamentales debe mantenerse en manos públicas. Porque solo la gestión pública garantiza la preeminencia de la calidad y la igualdad sobre cualquier otra consideración. Y porque la búsqueda del beneficio empresarial, en según qué espacios, puede conducir a situaciones de deterioro del servicio o de inequidad en su prestación. Esto es lo que está ocurriendo precisamente en la sanidad madrileña.

El derecho a la salud es un derecho constitucional de primera magnitud. Y su garantía está en la existencia de un sistema sanitario público sólido y eficaz. Cuando se socavan los cimientos de la sanidad pública, recortando drásticamente sus recursos o entregando su servicio al negocio privado, como está haciendo el PP, se está atentando contra aquel derecho fundamental.

Esta es la madre de todas las batallas. Y no la podemos perder.

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España es el país del péndulo. Pasamos del ensalzamiento más exagerado al cuestionamiento más irracional en un abrir y cerrar de ojos. Es lo que ha ocurrido entre algunos formadores de opinión respecto a las inversiones en infraestructuras logísticas. Hasta hace bien poco se invitaba a los españoles a hacer bandera de nuestros ferrocarriles, autopistas, puertos y aeropuertos. Ahora sin embargo, quien se atreve a solicitar una inversión en este campo, por razonable que resulte, se arriesga a ser tachado como despilfarrador irresponsable.

La crisis económica ha sido la justificación esgrimida por el Gobierno y el Grupo Popular del Congreso, este día 14 de noviembre, jornada de huelga, para perpetrar el recorte más drástico producido nunca sobre la inversión pública del Estado español: cerca de un 37% de rebaja entre 2011 y 2013. Pero la crisis es, precisamente, el motivo más relevante para reclamar el mantenimiento de unos niveles eficientes de inversión pública para el mantenimiento y la mejora de nuestras infraestructuras.

El Libro Blanco de los Transportes aprobado por la Comisión Europea en plena crisis (2011) considera “fundamental” el impacto positivo de las inversiones logísticas para el crecimiento y el empleo. De hecho, la propia Ministra Pastor ha contabilizado la consecución de hasta 35 empleos directos por cada millón de euros de gasto público en este capítulo. Los expertos demuestran, además, un retorno fiscal cercano al 60%. Es decir, de cada 100 euros invertidos, el Estado recupera 60 solo en impuestos y cotizaciones. Y desde el Fondo Monetario Internacional hasta la patronal española interpretan los esfuerzos de cualificación en materia de infraestructuras como una inyección directa sobre el valor añadido de productos y servicios, porque hace tiempo que la logística superó al capítulo de personal en la estructura de costes de las empresas globalizadas.

Según Eurostat, durante los últimos 30 años España ha aumentado su competitividad a razón de un 33% de media por década, y el Foro Económico de Davos ha responsabilizado de este logro a “la clara mejoría en el campo de las infraestructuras” (Informe 2011). Nueve de cada diez turistas que alimentan la primera industria nacional acuden a través de nuestros aeropuertos ampliados y el otro llegará este año a bordo de un crucero, para desembarcar en nuestros puertos remozados. Las encuestas reflejan la ventaja competitiva que supone la calidad manifiesta de nuestras infraestructuras respecto a otros destinos. Cameron y Merkel lamentan hoy el problema de sus instalaciones aeroportuarias obsoletas. Los españoles, no. Y cabe recordar a los “enemigos del hormigón” con argumentos ecologistas que el 50% de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera proceden de los transportes y las residencias, por lo que cualquier mejora en su funcionamiento eficiente supone una ventaja clara en la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, sustituyendo camiones por trenes en el traslado de mercancías.

En los años 70, la capacidad de nuestras infraestructuras estaba al 45% de la media europea (Eurostat). Hoy estamos a la cabeza del continente en funcionalidad logística, y cuatro empresas españolas de gestión de infraestructuras ocupan los cuatro primeros puestos del ranking mundial por cifra de negocio. Cualquier operador público o privado que en estos momentos esté pensando en acometer una gran obra o poner en marcha un gran sistema de transportes acabará pensando en España, y acabará contratando muy probablemente a una empresa española. Como ya ocurre en la alta velocidad ferroviaria de Arabia, en las presas chinas, en las autopistas californianas o en el mismísimo Canal de Panamá.

Cualquier país del mundo presumiría de estos logros. Sin embargo, en estos momentos el debate social en España solo alude a las infraestructuras para subrayar el dispendio de recursos públicos que ha supuesto el aeropuerto de Castellón o las autopistas radiales de Madrid. Es como si Finlandia renegara de su industria telefónica porque fracasó en el desarrollo del sistema operativo MeeGo, o como si Estados Unidos despreciara para siempre a sus creativos en las redes sociales por el batacazo de Facebook en la bolsa neoyorkina.

Desde luego que hay que racionalizar el gasto público hasta el último euro, máxime en un contexto de ajuste fiscal como el que sufrimos. Claro que hay que revisar prioridades inversoras, y que la atención a las necesidades sociales ha de anteponerse sobre todo lo demás. Incluso en el objetivo de ganar competitividad es preciso atender líneas de inversión alternativas a la mejora del capital físico, muy primado hasta ahora. Importa mucho invertir en el capital tecnológico y, sobre todo, en la formación del capital humano. Y hemos de desterrar para siempre la planificación de obras a golpe de populismo, electoralismo o falso agravio comparativo. Pero todo esto no obsta para que España mantenga unos niveles razonables de inversión en infraestructuras logísticas y de transporte, sin que se desplomen las partidas destinadas a tal menester, y sin que se estigmatice a quien aún hoy habla de gastar dinero público en mejorar la conexión de los puertos por ferrocarril, por ejemplo.

Unos presupuestos poco coherentes

Los presupuestos inversores que ha presentado el Gobierno del PP para 2013 son una máquina de picar empresas, empleos y competitividad en la economía española. No se salva ningún capítulo, de la construcción a la conservación, de los aeropuertos a las carreteras. Cerca de un 37% de rebaja respecto al presupuesto ya rebajado de 2011. La patronal de la construcción (Seopan) anuncia que en los nueve primeros meses de este año 2012 la licitación de obra pública ha caído nada menos que un 59% respecto al mismo periodo del año anterior. Dice el Gobierno que son unos presupuestos “coherentes” con el objetivo prioritario de reducir el déficit público. Pero no son coherentes con el objetivo ciudadano de hacer todo lo posible por superar la crisis, reactivar la economía y crear puestos de trabajo. A medio plazo será contraproducente incluso con el propósito del ajuste fiscal, porque la contracción de la economía reducirá los ingresos y aumentará la deuda colectiva.

El presupuesto de infraestructuras de 2013 desmiente también al non nato PITVI (Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda) de la ministra de Fomento. Preveía inversiones por valor superior a los 250.000 millones de euros en 12 años, hasta 2024. Pero al rimo inversor del ejercicio 2013 (8.200 millones), el PITVI tardará más de 30 años en hacerse realidad. Por contravenir, contraviene hasta el acuerdo con el que Rajoy salvó la última Conferencia de Presidentes, que establecía medidas para “mejorar la competitividad”. La competitividad se mejora con inversiones eficientes en las redes transeuropeas, en la intermodalidad, en la conectividad de cada nodo logístico y en la conservación inteligente de todo lo construido. Y nadie ofrece un duro ya por el cumplimiento de los plazos comprometidos para la finalización de los grandes corredores y de la extensión de las cercanías ferroviarias.

Para cubrir flancos, el Gobierno alude a una inversión privada complementaria que alcanzaría hasta el 36% del total. Nadie sabe de dónde se obtiene este porcentaje feliz, y nadie conoce a los reyes magos que vendrán cargados de millones para regar el presupuesto mustio de la ministra. Se ha prometido una ley de financiación de infraestructuras. Bienvenida sea. Hace falta, para homogeneizar procedimientos y establecer garantías de transparencia y de preeminencia del interés general. Pero la ley no es el bálsamo de Fierabrás, y nos tememos que la lluvia de millones solo es otra quimera más.

De la liberalización a la privatización de los transportes

En materia de gestión de transportes, todas las medidas se acomodan al objetivo explícito de “liberalizar”, que en boca de los políticos liberales suele querer decir “privatizar”. Pero liberalizar no es bueno ni malo por definición. Depende de qué se liberalice, cuánto, cómo y cuándo. Y al PP le falla sobre todo el cuándo, porque quisieran que el cuándo fuera ahora, y ahora no hay condiciones en los mercados para liberalizar ni para privatizar. Por lo tanto, las grandes preguntas no se responden, y las pocas respuestas que se atisban apuntan a una privatización total, de entrada para RENFE y para AENA. Ya se intentó este camino en Reino Unido, por ejemplo. Y están de vuelta, porque el negocio a ultranza suele estar reñido con el mantenimiento eficiente de las infraestructuras más estratégicas para una sociedad. Nosotros vamos allí de donde ellos vuelven.

AENA es el primer operador aeroportuario del mundo por viajeros transportados, y su configuración en red le aporta una capacidad de planificación estratégica envidiada por todos los competidores. Pero el Gobierno está descapitalizando AENA para venderla mejor. Expulsa a 1.500 trabajadores, cuando su personal cualificado es su primer activo. Eleva las tasas más de un 35% en dos años, perdiendo clientes y competitividad. Restringe horarios y actividad en las instalaciones menos rentables, para acabar de hundirlas y para acabar por cerrarlas. Y rebaja casi un 40% la inversión para mantenimiento y mejoras. Los malos frutos de esta estrategia ya se están recogiendo en forma de disminución de operaciones y de pasajeros en este año 2012 (9% y 4,2% respectivamente hasta el mes de octubre). Y claro, Easy Jet se va de España e Iberia anuncia EREs lamentables.

RENFE será arrojado a un mercado abierto de transporte de viajeros en el proceso más acelerado e inconsciente de la historia mundial de los ferrocarriles. Antes del próximo verano, la operadora ferroviaria española deberá transformar sus estructuras y funcionamiento para competir con las mejores empresas del mundo. Italia tardó una década en preparar a su empresa nacional. Los españoles hemos invertido miles de millones de euros en unas infraestructuras ferroviarias punteras, en alta velocidad por ejemplo, para que las empresas públicas de Francia y de Alemania, muy probablemente, acaben explotando las líneas más rentables con pingües ganancias que se embolsarán los tesoros respectivos. El resto son preguntas sin contestar: ¿Tendremos un operador español tras la liberalización? ¿Será público? ¿Acabará desapareciendo RENFE? ¿Qué pasará con sus servicios públicos? ¿Quién financiará las cercanías siempre deficitarias, por ejemplo? ¿Y los trabajadores?

Tampoco sabemos cuándo llegará al Congreso la “urgente” Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que el anterior Gobierno dejó redactada y acordada con el sector. Ni sabemos cómo piensan cerrar el truculento culebrón de las autopistas de peaje al borde de la quiebra. El parcheado de las cuentas de compensación que socializan pérdidas ya no es viable, pero las “soluciones definitivas” que se lanzan a modo de globo sonda dan aún más miedo. Un día piensan en recuperar la entidad nacional de autopistas, para salvar a las empresas privadas de sus negocios ruinosos con dinero público. Y al día siguiente amenazan con peajes en todas las carreteras estatales para tapar el agujero. No cabe mayor despiste.

En conclusión. La sociedad española necesita de una inversión eficiente y suficiente para seguir mejorando sus infraestructuras. Para lograrlo cabría llegar a un gran acuerdo “por un transporte competitivo en España”, priorizando aquellos objetivos que coadyuven más eficazmente a superar la crisis, ganando competitividad y creando empleos. Necesitamos una ley que atraiga inversión privada con reglas claras y transparentes. Y deberíamos reclamar todos juntos a las instituciones comunitarias que las inversiones asociadas a las redes europeas de transporte no contabilicen como déficit público, que se lancen cuanto antes los llamados “bonos-proyecto” para obras de interés transnacional, y que el Banco Europeo de Inversiones disponga de recursos suficientes para financiar mejoras logísticas relevantes.

Ya va siendo hora de parar el péndulo y apostar por la logística digital.

Publicado en El País 14-11-2012

 

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Los costes sociales de la crisis económica están alcanzando unos niveles insoportables. Los estrategas de la macroeconomía siguen sacrificando peones en su truculento juego de ajedrez. Y mientras los titulares reflejan el vaivén del tanteo, un sector creciente de la población sufre un deterioro gravísimo en sus condiciones de vida. Ya no hablamos de rebajas paulatinas en las capacidades adquisitivas. Ahora tenemos que hablar de precarización brutal, de dinámicas crecientes de exclusión social y de falta de atención ante las necesidades más básicas. O se adoptan soluciones con carácter inmediato, o estamos avocados a un estallido social de consecuencias imprevisibles.

Los desahucios pueden ser tan solo la punta del iceberg que se nos viene encima. Con cerca de un 26% de la población en paro, con más de 1,7 millones de familias sin un solo salario, con más de trescientas mil familias viviendo de la pensión del abuelo, con un 40% de parados sin cobertura pública alguna, y con unos servicios sociales en retroceso, la situación solo puede calificarse de auténtica emergencia social. Y una nueva normativa de segunda oportunidad que pare los desahucios será positiva. Pero no bastará, porque muchas familias seguirán sin tener ingresos con los que hacer frente ni tan siquiera a las hipotecas renegociadas o a los alquileres solidarios.

La legitimidad de la economía de mercado y, por extensión, de nuestras democracias liberales en Europa, ha estado vinculada implícitamente desde la segunda gran guerra a la garantía de altos niveles de empleo y sistemas públicos de bienestar, para hacer frente a la precarización social y a la desigualdad exacerbada. Los actuales niveles de desempleo, de inequidad social y de empobrecimiento generalizado en algunos países de Europa, como el nuestro, están afectando a los cimientos mismos de la confianza en el régimen vigente. O el sistema se relegitima o el sistema acabará quebrando.

El sistema conviene en que la renta disponible por las familias que no poseen capital o medios de producción propios ha de provenir fundamentalmente de los ingresos percibidos por el trabajo. Pero si no hay trabajo, solo tenemos dos alternativas. O nos aseguramos de que crear los puestos de trabajo necesarios para asegurar la supervivencia de la población, o cambiamos el paradigma. Si la economía de mercado ya no es capaz de generar empleos suficientes para todos, asegurémonos de que proporcione al menos los recursos precisos para que los poderes públicos proporcionen una renta de inserción social a todas las familias con riesgo de quedar excluidas.

¿Cómo financiar esa renta mínima de inserción? Con impuestos, desde luego. Mientras la precariedad crece en los países del Sur de Europa, los parámetros de desigualdad no paran de crecer. Con políticas fiscales valientes y progresivas, y con un combate eficaz contra el fraude fiscal y los paraísos del dinero negro, pueden obtenerse los recursos precisos para que los sectores más vulnerables de la población no caigan en la indigencia. Hay margen para obtener ingresos fiscales. ¿De dónde? De donde hay dinero, claro está. En las transacciones financieras especulativas, en los grandes depósitos bancarios, en las grandes fortunas, en los grandes beneficios empresariales. Es hora de acabar con la ingeniería fiscal y la impunidad de los defraudadores. La financiación de esta renta de inserción es un buen motivo.

La renta mínima de inserción social debiera establecerse a escala europea y las instituciones de la Unión Europea habrían de asumirla como un deber propio. Porque si la economía de mercado y la democracia liberal necesitan de un relegitimación urgente, el proyecto europeo se encuentra en la UVI de la credibilidad entre los ciudadanos. Quienes manejan el timón deben elegir entre una Europa que recupere su condi

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