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Archive for 28 septiembre 2012

MÁS CAMBIOS Y MENOS POLICÍAS

La mayoría de quienes se están manifestando durante estos días en nuestras calles no lo hacen para dar un golpe de Estado o para subvertir la democracia. Pretenden expresar frustración y cabreo por una situación injusta, que les arrastra a la precariedad más dramática y cuyas causas no acaban de entender. Quieren explicaciones y quieren soluciones. Y si solo les damos policías, van a volver. Y volverán con razón.

Hay que cumplir la ley, y la ley prohíbe asaltar los parlamentos. Con toda lógica, porque en los parlamentos se ejerce la representación democrática. Se equivocan, por tanto, quienes promueven iniciativas bajo las consignas de “ocupar” o “rodear” el Congreso de los Diputados. Porque, además, siempre hay unos pocos que aprovechan cualquier oportunidad para convertir la manifestación libre y pacífica en una batalla sin sentido. Y las puertas de los parlamentos no son lugares para la batalla.

Las autoridades policiales, no obstante, están para controlar de manera proporcionada a los violentos, para permitir el ejercicio de los derechos de ciudadanía en las calles, y para impedir que una concentración mayoritariamente pacífica se transforme en una orgía de golpes y en un espectáculo lamentable a los ojos de todo el mundo. Y la delegación del Gobierno en Madrid no ha sabido hacer bien su trabajo. Esto es un hecho.

Pero más interesante que analizar la batalla resulta analizar las motivaciones de tanta desafección y de tanto cabreo a las puertas de nuestras instituciones democráticas. La causa primera está en la ineficacia (o la indolencia, o el desinterés) de esas instituciones para resolver los problemas que acucian a la gente, en el paro, en la precariedad laboral, en los recortes sociales. La democracia se legitima día a día resolviendo problemas. Si la democracia no resuelve problemas, los ciudadanos cuestionarán, al menos, a quienes ejercen el poder en democracia.

El cabreo también nace de la aparente abdicación de la política respecto a sus responsabilidades para administrar el espacio público que compartimos. Los ciudadanos votan y pagan a los políticos para que tomen decisiones, pero cada día los políticos aducen falta de competencia para adoptar decisiones. Los ayuntamientos descargan en las autonomías, las autonomías miran hacia el Estado, y el Gobierno estatal se queja de los mercados financieros y de los burócratas bruselenses. Si ustedes no toman decisiones, ¿para qué les voto y para qué les pago?

Con toda seguridad también, hay cierto agotamiento en los procedimientos más clásicos de las democracias representativas. El viejo esquema del “vota, delega y olvida” ya no funciona. Los ciudadanos se saben informados, tienen criterio propio sobre las cuestiones relevantes y quieren participar más en las decisiones colectivas que les afectan. El ejercicio de la política se percibe demasiado a menudo como algo extraño, lejano, poco transparente y hasta sospechoso.

Y la salida a esta situación no consiste en mandar policías a las manifestaciones, sino en aplicar cambios para que los ciudadanos no tengan motivos para manifestarse. Ayer fueron 1.500 policías. Mañana, ¿cuántos mandaremos? ¿2.000? ¿3.000?

Cambiemos las políticas que sacrifican el bienestar y la dignidad de la gente por el cuadre estadístico y la solvencia de los Bancos. Aceleremos la integración eficiente en Europa. Cambiemos el funcionamiento de la democracia representativa, haciéndola más abierta, más transparente y más honesta, antes de que la gente se canse de la propia democracia representativa. Mandemos al Congreso menos porras y más leyes para asegurar la democracia dentro de los partidos, para permitir la reclamación judicial ante el incumplimiento de los programas, para que las contrataciones y las adjudicaciones se realicen en cuartos con ventanas abiertas…

Ayer, mientras me sacaban en volandas del Congreso por una calle lateral, me fijé en la expresión de una joven que me miraba atónita desde la puerta de un bar. Cuatro agentes de policía bloqueaban la salida del local. Me dieron ganas de parar y decirle “Yo estoy aquí para defender tus derechos”. “Pues no lo parece”, me hubiera respondido. Con toda la razón.

 

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La única agenda clara de este Gobierno es la agenda de los ajustes. Tiene dos lecturas, ambas equivocadas. La primera apunta a la reducción acelerada del déficit público como primera prioridad en la política económica, lo que está conduciendo a más recesión, más paro y más precariedad social. La segunda lectura es de naturaleza ideológica y resulta aún más perversa. Algunos ajustes camuflan la intención aviesa de quebrar el modelo de sociedad razonablemente equitativa que hemos levantado con mucho sacrificio durante los treinta últimos años.

Si hay un factor cuya evolución define el grado de justicia social que impera en un país, ese es probablemente la educación. La educación determina el nivel de desarrollo humano en una sociedad, el alcance de las libertades y los derechos de ciudadanía, su riqueza cultural… La educación es también la palanca más efectiva para el crecimiento económico y la competitividad. Y la educación es, sobre todo, una formidable máquina de igualación social. No hay mayor estímulo a la igualdad de oportunidades en una sociedad que un sistema educativo con equidad y con calidad. Los enemigos de la igualdad también lo saben.

Uno de los grandes logros del régimen democrático instaurado en nuestro país a partir de la Constitución de 1978 ha sido precisamente la consecución de un modelo educativo orientado a mejorar nuestra formación, y orientado a ofrecer a todos los escolares las mejores herramientas para su desarrollo personal, profesional y cívico. La educación pública española, con sus deficiencias y sus limitaciones, ha logrado, más que ningún otro factor, alcanzar aquellas metas de erradicación de la incultura, de generalización de la enseñanza y de europeización cultural de España que se propusieron nuestros mayores, desde Ortega hasta la añorada Institución Libre de Enseñanza.

Todos estos logros colectivos están hoy en cuestión. La guadaña de la derecha está segando calidad y equidad en el sembrado, aún modesto, de nuestra educación. La intención manifiesta es la de volver a los tiempos en los que la oportunidad de adquirir una formación interesante y un nivel cultural digno dependía tan solo del abolengo y del dinero del interesado. El propósito es acabar con la esperanza de que el talento y el esfuerzo pueden llevarte tan lejos como te propongas, independientemente del apellido y del patrimonio de tu familia.

Recortan el presupuesto de la escuela pública, despiden a sus profesores y masifican las aulas. Promueven la enseñanza concertada y se saltan la ley obligando a las familias a pagar lo que debería ser gratuito. Alientan la matriculación privada con deducciones fiscales vergonzantes. Multiplican las tasas universitarias y dividen las becas para bloquear el paso de clases medias y populares a la enseñanza superior. Reinventan las reválidas franquistas para expulsar del itinerario educativo a los niños con menos oportunidades. Rebajan a la mitad las becas destinadas a que las familias sin recursos puedan adquirir los libros imprescindibles para el ejercicio de sus derechos constitucionales. Y caen incluso en la inhumanidad de negar la ayuda en el pago del comedor escolar a quienes tienen dificultad para alimentar a sus hijos.

Han logrado unir en la defensa de la enseñanza equitativa a quienes nunca se pusieron de acuerdo: docentes de izquierdas y de derechas, sindicatos y grupos profesionales, asociaciones de padres laicos y religiosos… Las administraciones autonómicas y locales de carácter progresista resisten como pueden el bombardeo de recortes financieros y de normas regresivas. Y claro que hay diferencias entre el gobierno andaluz que contrata más profesores y el gobierno manchego que los despide. O entre el gobierno asturiano que niega dinero público a los colegios que segregan niños y niñas, y el gobierno madrileño que se lo suministra. Pero estos esfuerzos tienen un alcance limitado frente al poder que el Gobierno ejerce con sus leyes y sus presupuestos.

Si hubiera que destacar una sola razón para la vuelta de un Gobierno socialista a España cuanto antes, esta sería la educación para la igualdad y el empleo. Porque esto no es un recorte. Esto es una indignidad.

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CRISIS, SEPARATISMO Y RACIONALIDAD

La manifestación del 11 de septiembre en las calles de Barcelona ha generalizado una preocupación sobre la que algunos analistas políticos venían alertando desde hace tiempo. La preocupación no está referida al libre ejercicio de expresión popular que tuvo lugar en la tarde de la ‘diada’. Lo que preocupa es el sentimiento extendido de separatismo que se puso en evidencia durante aquel acto. Los que allí se manifestaban, y eran muchos, “sentían” probablemente que a los catalanes les iría mejor si rompían amarras con el resto de los españoles.

Hay un reproche inicial que hacer, no a los que se manifestaron libremente, sino a los responsables de dar cuerpo político a esa expresión. Merecen reproche los que mostraron ese camino a la ciudadanía como estrategia espuria para tapar sus faltas y para obtener rendimientos estratégicos o electorales. Y merecen reproche también quienes vieron venir el problema y fueron incapaces de reaccionar más allá del menosprecio o la frivolidad. Es decir, se equivocaron los nacionalistas catalanes y se equivocó el Gobierno de Rajoy. Y tantas equivocaciones van a costarnos caras.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hay quienes siempre optaron por la independencia como conclusión de una reflexión honesta, pero nunca fueron muchos. Buena parte de los que ahora han promovido, han impulsado o se han apuntado a la corriente separatista lo han hecho para ofrecer a la sociedad catalana un ‘pim-pam-pum’ sobre el que descargar las frustraciones que conlleva la crisis. Los nacionalistas que gobiernan buscan desviar la atención respecto a sus dificultades financieras y sus recortes. Los nacionalistas que no gobiernan pretender agitar el viejo espantajo victimista para recoger votos en unos eventuales comicios adelantados.

Además, con todo el respeto debido a la bandera independentista, da la sensación de que algunos se apresuran a agitarla de manera oportuna como simple estrategia de presión ante el Gobierno de España. Muchos podrán sospechar que el nuevo fulgor independentista tiene algo que ver con el propósito de obtener ventajas en la negociación pretendida para mejorar las finanzas de la Generalidad catalana. Y esto no sería razonable. Primero, porque hace solo dos años que el separatismo catalán celebró el vigente sistema de financiación como “el mejor de la historia de Cataluña”. Y segundo, porque el camino de excitar los sentimientos de agravio sabemos dónde comienza pero no dónde puede terminar.

Rubalcaba y el PSC han interpelado bien al Presidente Mas. Debe aclararnos a todos cuál es el sentido de sus reivindicaciones. ¿Quiere un “pacto fiscal” para mejorar las condiciones de la convivencia de Cataluña en España? ¿Quiere directamente el divorcio? ¿O en realidad lo que quiere es amenazar con lo segundo para obtener lo primero? El juego que se traen entre manos es muy peligroso.

Lo paradójico, con todo, es que unos y otros, presionadores y presionados, convergentes y populares, son firmes aliados, uña y carne, en las políticas de austeridad suicida y de recortes sociales brutales que se votan en los dos parlamentos: en el catalán y en el español. Solo 48 horas después de la ‘diada’, el partido nacionalista catalán sumó sus votos a los del PP en el Congreso de los Diputados para aprobar las condiciones anejas al rescate financiero. En la bandera territorial hay distingos. En la bandera ideológica son iguales.

Catalanes y españoles en su conjunto necesitamos de los representantes políticos en este contexto de grave crisis económica algo más de racionalidad y algo menos de agitación emocional, con todo el respeto a los sentimientos identitarios de cada cual, una vez más. Y la racionalidad apunta a diferenciar y a no mezclar los problemas para hallarles solución.

El sistema de financiación vigente se negoció entre el Estado y el Gobierno catalán en su momento, y se aprobó de mutuo acuerdo en el Consejo de Política Fiscal. ¿Hay que revisarlo? Revísese, conforme a los principios constitucionales y estatutarios, para asegurar el soporte financiero preciso en la prestación de servicios públicos. Ahora bien, no nos hagamos trampas con supuestas balanzas fiscales que conjugan datos parciales y que inducen a confusión porque, de hecho, son las personas las que tributan y no los territorios.

¿Hay que revisar también el encaje institucional de Cataluña en España? Hágase, aunque llevamos discutiendo de ello durante más de 30 años y, a pesar de todos los avances objetivamente logrados, el nacionalismo catalán siempre mantiene como estrategia una reserva de inconformismo permanente. Nuestro Estado autonómico supera en reconocimiento identitario, en descentralización de competencias y en autofinanciación a algunos de los Estados llamados “federales”. Jamás en la historia, Cataluña gozó del margen de autogobierno que disfruta ahora. Pero si hay que avanzar más, aváncese. Eso sí, en el marco de la Constitución, que reconoce el derecho a la diferencia y a la autonomía, pero que pone coto al privilegio y a la insolidaridad.

Hay contenidos para ese debate. El papel del Senado, por ejemplo, o el funcionamiento mejorable de los consejos sectoriales y otros mecanismos de coordinación entre administraciones. Y hay cauces para plantear estar cuestiones, bilaterales y multilaterales, como la próxima Conferencia de Presidentes.

Y si a pesar de toda la tarea anterior, se pretende mantener el debate sobre la independencia, será legítimo, pero será tan anacrónico como equivocado. La corriente de los tiempos empuja hacia la globalización de los retos y hacia la integración de las respuestas institucionales. Cuando los mecanismos de la economía se mundializan y los fenómenos sociales trascienden los Estados, los planteamientos reduccionistas y autárquicos resultan absurdos. Mientras todos los europeos adquirimos conciencia de que solo juntos podremos salir adelante, tiene poco sentido que unos pocos de nosotros pretendan salvarse solos.

Tratemos este asunto, por tanto, con respeto y con racionalidad. Evítense las interpretaciones de todos los problemas en clave de agravio nacional. Renúnciese a los falsos argumentos del victimismo y “la culpa la tiene Madrid”. Antepóngase la racionalidad del diálogo y el acuerdo sobre la agitación de las emociones. Porque estos son tiempos de suma, y no de resta.

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Hay quienes se empeñan en atribuir las mayores responsabilidades en el descuadre de las cuentas públicas a factores tales como la supuesta inviabilidad de las políticas de bienestar, al carácter inexorablemente despilfarrador del Estado autonómico o a la ineficiencia congénita en el gasto público español. Se equivocan. Unos lo hacen por desconocimiento, otros por puro prejuicio ideológico.

Se presta escasa atención, paradójicamente, a un elemento clave para explicar las dificultades vigentes en la financiación de las Administraciones Públicas. Este elemento es el de la creciente “desfiscalización” de la economía y de la sociedad españolas. Porque el agravamiento más reciente del déficit en la financiación pública no ha devenido fundamentalmente del crecimiento del gasto, ni tan siquiera del encarecimiento de la deuda, sino sobre todo de la caída dramática de los ingresos del Estado.

¿En qué consiste tal “desficalización”? La economía española ha pasado de ser una economía parcialmente sumergida a convertirse en un auténtico submarino. Sectores cada vez más importantes y notorios de la actividad económica se desarrollan al margen de los cauces normativos y de las obligaciones fiscales. Del “¿con IVA o sin IVA?” hemos pasado a la generalización del “sin factura y en efectivo” para buena parte de los servicios más comunes.

La ingeniería fiscal ha convertido nuestro corpus normativo en un coladero para el escapismo impositivo más inaceptable. La distancia entre los tipos normativos de referencia y los tipos reales aplicados es abismal. Y es lugar común que quien tiene un buen gestor fiscal a su servicio paga una irrisión al fisco gracias a la constelación de deducciones, bonificaciones y vericuetos que permiten leyes y reglamentos.

Entre los que se valen de la ley para pagar poco y los que prescinden de la ley para no pagar nada, el agujero del fraude fiscal se agranda día a día. Sin grandes recursos ni grandes esfuerzos, la administración tributaria recaudó más de 10.000 millones de euros el año pasado gracias a las tareas de inspección y sanción. Y los propios inspectores reconocen que su trabajo no alcanza ni al 5% del fraude existente. La actividad impune de los paraísos fiscales resulta sencillamente escandalosa. Que unos cuantos espabilados se beneficien de la criminalidad y del latrocinio de los defraudadores a plena luz del día, amparados por un status insostenible, genera tanta incomprensión como ira.

Cuando los perceptores de rentas del trabajo son conscientes de que pagan más impuestos que quienes se limitan a recoger sin esfuerzo las rentas del capital, la cultura fiscal se resiente. Igual ocurre cuando los pequeños empresarios contribuyen en mayor medida que las grandes empresas amparadas por sus ejércitos de asesores fiscales. Y, en general, las clases medias de este país abominan ya de un sistema que hace recaer sobre sus hombros la parte mollar de la financiación pública, mientras los más pobres se benefician y los más ricos se escapan.

A todo esto, ¿qué ha hecho el Gobierno de Rajoy? Empeorarlo todo, como en tantos otros asuntos. La amnistía fiscal ha consolidado la convicción generalizada de que en este país está penalizado el cumplimiento de la ley y los defraudadores tienen campo libre. Y la subida desmesurada de la imposición indirecta, sobre todo el IVA, traicionando una promesa electoral, ha terminado por asentar la desafección de las mayorías hacia el sistema fiscal. La equiparación del IVA impuesto al material escolar con el IVA a pagar por la compra de un yate ha despejado las dudas de todos los que en estos años han sido objeto de la pregunta clásica del ¿con IVA o sin IVA?

El deber de quienes creemos en un Estado fuerte con unos servicios públicos sólidos al servicio de los derechos de ciudadanía pasa por promover una nueva cultura fiscal. Si queremos un Estado con servicios de primera, hemos de generar recursos suficientes para sostenerlo. Ahora bien, para convencer a los ciudadanos sobre la necesidad de una fiscalidad suficiente, su estructura y su aplicación debe ser legítima, progresiva y justa. Progresiva para que pague más quien más tiene. Y justa para que paguen todos los que tienen que pagar.

Este cambio ha de llevarse a cabo inevitablemente a escala europea, porque las actividades a gravar y los sujetos a pagar han adquirido ya una dimensión que supera las capacidades normativas y ejecutivas de los viejos Estados nacionales. Y este cambio debe ser valiente, para recabar el dinero donde más dinero se genera: en las transacciones financieras, en las operaciones bancarias, en los negocios de las grandes multinacionales, en los grandes patrimonios y las grandes fortunas. Recuperar el equilibrio entre la imposición directa y la indirecta, reforzando la primera y ajustando la segunda conforme a criterios de justicia social, debe ser otro criterio a tener en cuenta.

Son muchas las estrategias a adoptar para salir del agujero en el que nos encontramos. Y, sin lugar a dudas, para contar con un Estado fuerte, unos servicios públicos eficientes, unas cuentas públicas saneadas y una economía equilibrada para el crecimiento y el empleo, resulta imprescindible acometer una gran reforma fiscal en España.

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