Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 27 julio 2012

 

Vivimos tiempos extraños. A la crisis financiera le sucedió la crisis económica más importante del último medio siglo, y ahora estamos inmersos además en una crisis de la mismísima institucionalidad democrática. En consecuencia, la política, como actividad noble destinada a administrar el espacio común que compartimos, se hace más necesaria que nunca. Sin embargo, reivindicar la política se ha convertido para muchos en una especie de anatema, y los políticos en reos de sospecha por incapacidad e inmoralidad.

Además, nunca antes hubo tanta oportunidad para informarse, para forjar criterios sólidos ante lo acontecido, para participar en debates creativos, plurales y útiles. No obstante, el llamado “pensamiento correcto” se impone hasta el punto de descalificar cualquier alternativa como heterodoxa y reprobable. La derecha neoliberal ha establecido el marco de referencia para el debate sobre la salida de la crisis, y quienes no se atengan al discurso del déficit, el ajuste y el sacrificio aparecerán como unos insolventes o unos depravados.

Puede que la paradoja más sorprendente se esté produciendo en Europa. Cualquier analista medianamente informado es consciente de que los europeos solo tenemos una carta para jugar al mantenimiento de nuestro desarrollo económico, de nuestra calidad de vida y de nuestra posición relevante en el mundo. Esa carta es la de la integración y la unidad: la unión política, la integración económica y la cohesión social. Por el contrario, cuando más necesario es elevar la mirada, los dirigentes europeos solo son capaces de mirar el monedero propio y la urna que les mantendrá o les echará del poder. Europa se renacionaliza y se difumina.

De hecho, conforme aumentan las exigencias de ajuste y de sacrificio se rebajan las expectativas sobre el futuro. A más recortes, más promesas de recesión, de desempleo y de precariedad social. Parece como si viviéramos una competición de malas noticias. Nadie quiere quedarse atrás. Ayer fue duro, hoy es malísimo, y mañana llegará el infierno.

Hemos pasado de condenar el optimismo antropológico de Zapatero, por ingenuo y poco responsable, a abrazar el pesimismo esterilizante. Aquel que no presagie grandes desgracias para el futuro es un ignorante o un mentiroso.

Es tiempo de zozobra, y precisamente por eso es también tiempo para las ideas valientes. Si la política estuvo en el origen de la crisis, probablemente por omisión, la política debe estar en la solución de la crisis. Esta vez en clave decididamente proactiva, de planificación, de decisión y de impulso. Hagamos política, más política que nunca. Eso sí, una política fundada en los valores de la mayoría, y una política abierta al debate y a la participación de todos.

Guerra al pensamiento único. Porque su aplicación práctica solo nos ha traído negocio para los especuladores y desgracia para las mayorías. Y porque estamos decididos a dejar atrás el siglo de los totalitarismos. Hay principios diversos, hay políticas distintas y hay programas alternativos para afrontar los problemas. Aquellos que compartimos valores progresistas confiamos más en la prioridad del crecimiento que en el dogma del déficit equilibrado. Las gentes de izquierda buscamos un modelo económico que nos sirva para mantener las políticas de bienestar, y no sacrificaremos el bienestar en el altar de ninguna deidad económica. Y sí, hablaremos de planes, de servicio público y de buenos funcionarios, porque es lo nuestro y porque no permitiremos que nos roben hasta las palabras.

Mientras Merkel y compañía cuentan las moneditas del avaro y confían en su discurso insolidario para seguir en el sillón, los europeístas de verdad seguiremos llamando a la unidad como garantía de supervivencia, no ya de éxito. Sí, cambiamos soberanía nacional por soberanía ciudadana y europea. Cambiamos soberanía pequeña por grandes derechos. Cambiamos soberanía estrecha por solvencia ancha. Queremos que se vayan los mercaderes, y que vuelvan los líderes de Europa.

Y frente a la máquina de anunciar desgracias, nos quedamos con el motor de la utopía. Ya descalificaron como utópicos a los que reclamaban el voto para la mujer, a los que pedían el fin del trabajo infantil y la jornada semanal de 40 horas. Nuestra utopía no es la ensoñación absurda, pero tampoco será más la administración pacata del presente. Queremos saber que es posible gobernar la economía para que la economía no nos gobierne, que el trabajo no es un lujo por el que rogar y sufrir, que la educación y la salud son derechos a salvo de recortadores, y que nuestros hijos no tienen por qué vivir peor que nuestros padres.

Hay razones para el optimismo. Si fueron decisiones humanas las que nos metieron en este lío. ¿Por qué no confiar en otras decisiones humanas para resolverlo?

Anuncios

Read Full Post »

 

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS PROGRAMAS ELECTORALES?

Las descalificaciones que se dirigen con carácter global hacia la política y hacia quienes ejercen esta noble actividad resultan injustas, contraproducentes y peligrosas. Injustas, porque todas las políticas y todos los políticos no son iguales, y tampoco son igualmente responsables de lo que nos está ocurriendo. Contraproducentes, porque si esta crisis tiene solución, esta llegará por la vía de la decisión política. Y peligrosas, porque cuando se retira la política democrática, lo que suele aparecer es bastante peor.

No obstante, reconozcamos que el ejercicio de la política arrastra serios problemas de credibilidad y de legitimidad ante la ciudadanía. Encargamos a los políticos la administración del espacio común que compartimos, y ese espacio común padece un deterioro importante. Es lógico que se señale a los políticos como culpables, y que se les exijan soluciones. Además, se comenten errores, afloran casos de corrupción intolerables y, para colmo, el día en que se anuncian los mayores recortes en materia de derechos sociales, una diputada del grupo gubernamental insulta a todos los afectados con el tristemente célebre “¡Que se jodan!”.

Con todo, uno de los factores que más rechazo y más irritación produce entre los ciudadanos es el incumplimiento flagrante de los compromisos electorales, ya sea en forma de programa o mediante las solemnes promesas que los políticos formulan en debates y discursos ante la cita de las urnas. Durante los siete meses de gobierno del PP, se han incumplido los compromisos más determinantes que se adquirieron con la ciudadanía el pasado mes de noviembre. Desde la subida de los impuestos hasta la reducción salarial de los funcionarios, el adelanto de la reforma en las pensiones, la rebaja de las prestaciones por desempleo, el abaratamiento del despido, los recortes en sanidad y educación…

Ninguna de estas medidas impopulares fue tratada en la campaña electoral. Es más, algunas de ellas fueron literalmente negadas por escrito y en el debate celebrado entre los candidatos a la presidencia del Gobierno. Muchos ciudadanos se sienten engañados. Les mintieron.

Muchas veces se ha equiparado el programa con el que un partido se presenta a unas elecciones con una especie de contrato de obligado cumplimiento que se suscribe con la ciudadanía. Pero cuando este contrato se incumple, la ciudadanía no tiene forma de reclamar responsabilidades, si no es mediante el castigo electoral cuatro años después.

En ocasiones resulta justificado alterar un compromiso, cambiar de criterio o adoptar resoluciones contrarias a lo que un día se planteó. A lo largo de un mandato representativo ocurren muchas cosas, cambian las circunstancias y hay que enfrentarse a desafíos y a circunstancias imprevistas. Pero el PP no puede explicar sus engaños mediante estas consideraciones lógicas, porque sus incumplimientos se han producido desde el primer minuto de gobierno, y porque la situación crítica en la que vivimos era plenamente conocida por sus analistas. Ni tan siquiera resulta aceptable el argumento del déficit público disparado, puesto que las administraciones responsables de tal desviación, las comunidades madrileña y valenciana sobre todo, estaban y están gobernadas por el propio PP.

Habrá quienes extiendan el reproche al partido socialista, y tendrán razón solo en parte. Porque los cambios de estrategia en el Gobierno socialista se produjeron transcurrido medio mandato, una vez estallada la crisis, en un escenario de emergencia no previsto cuando se celebraron las elecciones del año 2008. Sin embargo, a los efectos de lo aquí expuesto vale el reproche. También los socialistas adoptamos decisiones que no habían sido advertidas al elector.

Los ciudadanos son muy exigentes hoy con el comportamiento de sus representantes en las instituciones democráticas. Aquello del vota, delega y olvida, pasó a la historia. Las reclamaciones pasan por una democracia más cualificada y más transparente, con un ejercicio continuo de dación de cuentas. Los políticos administran el poder en nombre de los ciudadanos, y los ciudadanos quieren que se les explique lo que se hace con ese poder delegado, minuto a minuto.

Los programas electorales debieran ser sagrados, en términos de compromiso institucional firme. La ley debe establecer y asegurar el cumplimiento de las promesas que se vierten en campaña electoral para captar el voto de los ciudadanos. Ante los tribunales si es preciso.

Y cuando las circunstancias obliguen a un cambio, el Gobierno obligado a renunciar a sus compromisos ha de buscar la forma de refrendar su mandato representativo. Hay métodos. Se puede convocar un referéndum, o se puede convocar una Cuestión de Confianza en las Cortes Generales. Incluso se pueden volver a convocar elecciones, si es preciso.

Lo que no es aceptable es que comencemos a dar por hecho que los programas electorales y los compromisos que se adquieren con los ciudadanos a pie de urna valen menos que el papel mojado. Esto también es peligroso.

Rafael Simancas

Read Full Post »

Sabemos que muchos ciudadanos han podido contemplar a los 186 diputados del PP puestos en pie, aplaudiendo con fruición a su líder, Mariano Rajoy, tras anunciar éste la mayor ofensiva de la democracia contra los derechos sociales de los españoles. Ignoramos aún, sin embargo, cuántos de estos ciudadanos han reaccionado desde la simple incomprensión, desde el estupor comprensible, desde la ira o desde la cada vez más nutrida desafección hacia la política y las instituciones democráticas.

Mientras la ciudadanía española y algunos de sus legítimos representantes encajábamos el golpe, cabe preguntarse qué aplaudían estos señores y estas señoras con tanto alborozo. Están encantados, porque están cumpliendo su programa. No el programa que comprometieron con los ciudadanos en las elecciones, desde luego. Pero sí el programa máximo que emana de su ideología neoliberal.

El “paquete de Rajoy” merece una respuesta política y social contundente, porque es injusto con los más débiles, porque consolida la recesión económica y porque se asienta en el mayor cúmulo de mentiras y de engaños que se recuerda desde la transición democrática.

Efectivamente, el “paquete” profundiza la quiebra social que la crisis y la estrategia del Gobierno están provocando entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad española. Las consecuencias de las políticas gubernamentales, a propósito de la crisis, cristalizan cada día en un aumento exponencial del paro y de la precariedad social.

Si los parados sufrían ya una cobertura social reducida al 62%, ahora sufrirán además un recorte en sus prestaciones. Si los pensionistas habían sido golpeados por la subida del IRPF, por la inaplicación de la Ley de la Dependencia y por el copago farmacéutico, ahora se anticipa el ajuste que el propio PP tachó de “injusto” en la anterior legislatura. Si los funcionarios públicos estaban sometidos a recortes de plantillas y de salarios, ahora perderán además la paga de navidad. Si las familias con menos rentas tenían dificultades para llenar la cesta de la compra en el fin de mes, ahora deberán pagar más IVA.

Pero es que, además, no servirá para mejorar la situación económica. Antes al contrario, la empeorará. Y el propio Gobierno es tan consciente de ello, que lo ha reflejado ya en sus previsiones oficiales. Al tiempo que reclaman “sacrificios” a los ciudadanos ya sacrificados, están reconociendo que “este año y el año próximo tendremos recesión”, que “el paro no cesará de crecer en toda esta legislatura”. Y si los sacrificios no tienen como objeto salir de la crisis, ¿a qué objetivo responden? A un objetivo puramente ideológico, se entiende. Rajoy no aplica estas medidas por decisión de otros, tampoco por necesidad del país. Lo hace porque quiere, porque estas son sus ideas.

Todas y cada una de las medidas anunciadas en el “paquete” responden a un planteamiento “procíclico”. Es decir, los recortes en las prestaciones sociales, los ajustes en los salarios públicos y la subida de los impuestos indirectos afectan directa y negativamente al consumo, a la actividad económica y al empleo. Cuanta menos renta disponible, menos demanda. Cuanta menos demanda, menos actividad. Y cuanta menos actividad, menos empleo. ¿Qué deuda pagaremos así? Y, ¿qué horizonte nos espera?

El ajuste es, por otra parte, un ejercicio de inmoralidad lamentable. Ni una sola de las promesas electorales del PP se está cumpliendo. Ni uno solo de los recortes ejecutados fue anunciado en campaña electoral. El “paquete de Rajoy” se apoya en la mentira y en el engaño. Mintieron y engañaron negando la subida de impuestos, negando agresiones a los pensionistas, negando recortes en los salarios públicos.

Ahora recortan, ajustan y faltan al respeto a mucha gente. Lo hizo Rajoy con los parados, ante los que justificó la reducción de sus prestaciones como un estímulo en la búsqueda del empleo. Como si los parados españoles fueran unos vagos acomodados a la percepción de subsidios miserables. Lo hizo Rajoy también con los servidores públicos, para los que anticipó nuevas “racionalizaciones”. Como si todos los servidores públicos fueran burócratas inútiles e indolentes. Como si la gran mayoría de los servidores públicos en este país no fueran médicos, maestros o policías, mal mandados, mal tratados y mal pagados, y que realizan su labor con la mejor vocación y el mejor ánimo.

Se amparan en Europa, pero niegan la intervención y el rescate. Que se aclaren. O bien estamos intervenidos, y Rajoy miente. O bien no estamos intervenidos, las decisiones son propias, y Rajoy miente. Rajoy miente en cualquier caso.

Hacen daño. A la economía que recae, a la sociedad que precarizan, y a la política que denigran.

Hay alternativa, claro está. Hay otros modelos para afrontar la crisis. Flexibilizar el ajuste fiscal y el cumplimiento de los objetivos de déficit en el horizonte comprometido del 2020. Promover planes de estímulo de la demanda, con inversiones productivas financiadas desde fondos estructurales y créditos del Banco Europeo de Inversiones, con políticas activas de empleo y formación. Procurar nuevos modelos productivos, basados en la investigación, la innovación y la eficiencia logística. Priorizar la creación de empleo sobre cualquier otro objetivo. Regular y sanear la economía financiera. Aplicar reformas fiscales en el sentido de la suficiencia, la progresividad y la justicia, gravando las grandes fortunas y las finanzas especulativas. Afianzar las políticas de bienestar que protegen a los sectores más débiles de la sociedad. Impulsar la unidad económica y política en Europa.

Claro que hay otros caminos. Y los hemos de recorrer. Pero ahora toca decir no. No al “paquete” injusto y mendaz de Rajoy.

Read Full Post »

Las consecuencias del fiasco bancario español están resultando devastadoras. El crédito interrumpido para empresas y familias. Miles de millones de fondos públicos desviados desde la sanidad y la educación hacia los balances de los Bancos. La economía española intervenida y “rescatada” bajo una condicionalidad aún ignota. Amenaza de más recesión, más paro y más recortes en las políticas de bienestar.

Alguien tiene que pagar este desaguisado. La ciudadanía y la propia institucionalidad democrática requieren una investigación rigurosa, el establecimiento claro de las causas del problema, y una asunción drástica de responsabilidades. Un escándalo de esta dimensión no puede saldarse con un ‘mea culpa’ general y la exoneración práctica de aquellos que han tenido una participación evidente en el desastre.

La cerrazón del PP a llevar a cabo una investigación parlamentaria ha puesto los focos en la vía judicial. También deben establecerse claramente las responsabilidades penales de los gestores bancarios. Hay que determinar si hubo apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsificación de cuentas o administración desleal. Y si puede probarse, los autores han de pagar con la cárcel, claro está.

Pero el cariz que está asumiendo este asunto conlleva varios riesgos. Tres, al menos: existen otros espacios de responsabilidad por atender y reclamar, más allá del puro delito penal; la causa contra algunos gestores de Cajas puede convertirse en una causa general contra la figura institucional de las Cajas de Ahorro; y la significación política de algunos de los señalados por la Justicia podría dar lugar a una descalificación global para todos los representantes de la sociedad española, que han hecho un trabajo generalmente positivo en todo tipo de instituciones económicas.

La razón última del agujero bancario, su sobreexposición a los productos tóxicos, su sobreendeudamiento exterior y sus decisiones erróneas a la hora de las fusiones y las salidas a bolsa, no hay que buscarla tan solo en el comportamiento de los gestores financieros, doloso o no doloso. A estas alturas, nadie puede negar ya la falta de una regulación preventiva eficaz, los fallos de inspección por parte del regulador y las presiones indebidas por parte de gobiernos centrales y autonómicos.

Por tanto, señálese con nombres y apellidos a quienes sea preciso. Mándese a la cárcel a quienes lo merezcan. Pero no se aplace una vez más el análisis político imprescindible sobre las causas de fondo en esta crisis bancaria. La mala gestión tuvo su origen, también, en una legislación deficiente y en una labor negligente por parte del Banco de España. Las malas decisiones tuvieron también su raíz en los mandatos de administradores públicos con poco tino y manga ancha.

El lugar más adecuado para analizar eficazmente estos extremos, para fijar las responsabilidades políticas pertinentes y, sobre todo, para adoptar decisiones en orden a solucionar los problemas y prevenir crisis futuras, es, sin duda, el Congreso de los Diputados, donde está residenciada la voluntad popular y la capacidad legislativa del Estado. El Gobierno y el PP debieran rectificar su negativa, cada día más ininteligible.

¿Fallaron las Cajas? Unas sí, y otras no. También han fallado muchos Bancos y, de hecho, los problemas de las Cajas no desaparecieron al convertirse en Bancos. Evítense los juicios simples e interesados. Las Cajas han jugado un papel muy interesante durante muchos años en la sociedad y en la economía de nuestro país. Algunos aprovecharon que el Pisuerga pasaba por Valladolid para llevárselas por delante. Vale, pero no nos hagan comulgar además con ruedas de molino.

¿Fallaron los políticos? Claro, y los supuestos “profesionales” también. ¿O eran políticos los gestores de Lehman Brothers? ¿O vamos a establecer la conducta profesional y moral modélica en la figura del último presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, consejero en Caja Madrid durante muchos años? ¿O en el actual vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, consejero de Bankia e imputado por la Audiencia Nacional, junto a políticos y no políticos?

El asunto es demasiado serio para frivolizar. Dense explicaciones, asúmanse responsabilidades y trabajemos todos para contar cuanto antes con un sistema financiero decente, transparente y eficaz. Porque hoy no lo tenemos.

Read Full Post »