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Archive for 26 mayo 2012

Los debates sobre fiscalidad son generalmente intensos, porque mueven pasión y razón, ideología y técnica. La intensidad se subraya en tiempos de crisis, lógicamente, porque el foco de la controversia política se sitúa sobre las diferentes propuestas para lograr unas cuentas públicas equilibradas y eficientes. Unos hablan de cómo aquilatar los gastos. Otros prefieren poner el acento en los ingresos. Qué impuestos, cuántos impuestos, a quién cobrárselos. Uno de los debates más interesantes en torno a la fiscalidad tiene que ver con los ámbitos de aplicación, es decir, con la dimensión de los espacios territoriales, institucionales y económicos sobre los que se aplica una determinada estrategia fiscal, con sus normas y sus instrumentos operativos. A este respecto puede establecerse una doble tensión de naturaleza claramente ideológica. La socialdemocracia tiende a engrandecer el ámbito de aplicación de sus estrategias de fiscalidad. El nacionalismo, por el contrario, procura delimitar estrictamente los espacios fiscales. Las causas y las consecuencias de una y otra actitud son manifiestamente opuestas.

Los grandes principios ideológicos de la fiscalidad progresista son la suficiencia, la progresividad y la justicia. Para obtener unos ingresos fiscales suficientes es preciso asegurar la regulación efectiva sobre los hechos imponibles más relevantes en nuestro tiempo. Por ejemplo, siempre será más eficaz una fiscalidad de dimensión supranacional que una fiscalidad autonómica para gravar las transacciones financieras internacionales, o los depósitos de los grandes bancos, o los beneficios de las sociedades multinacionales.

También es de pura lógica prever que un aparato fiscal a escala nacional o europea será más capaz que uno regional a la hora de garantizar la mejor progresividad. Los grandes poderes que moviliza el capital requieren de grandes poderes institucionales para regular su actividad y asegurar su contribución fiscal al interés común.

Para lograr la homogeneización fiscal en los grandes espacios económicos, para evitar la competencia y el ‘dumping’ fiscal, para combatir el fraude de los paraísos fiscales, es necesario integrar las haciendas públicas y no desintegrarlas. Estas son algunas de las razones por las que los socialdemócratas tienden hacia la convergencia y el gobierno fiscal común en el seno de la Unión Europea.

El nacionalismo, sin embargo, es más partidario del particularismo que de la integración fiscal, y más proclive al egoísmo que a la justicia tributaria. Por eso busca siempre restringir la dimensión de los espacios fiscales homogéneos.

Los nacionalistas delimitan estrictamente su territorio de actividad, elaboran remedos de balanzas fiscales particulares y las utilizan como base para reivindicar limitaciones en su contribución al bien colectivo. Si lo recibido está por encima de lo aportado, los nacionalistas reclaman como justo quedarse con la diferencia. Ahora bien, si circunstancialmente lo aportado supera a lo recibido, los nacionalistas denuncian el “expolio nacional”, escenifican el conflicto y exigen la devolución de aquella diferencia. A veces lo hacen en forma de chantaje sobre la gobernabilidad, cuando pueden, y a veces lo hacen como “pacto”, advirtiendo siempre que la no aceptación del “pacto” se interpretará como un “agravio a la nación” y conducirá al desencuentro institucional.

Estas dinámicas de egoísmo fiscal son tan antiguas como los propios nacionalismos y merecen un rechazo contundente. Primero por lo absurdo de su argumentación. Pongamos algunos ejemplos. Si la Comunidad de Madrid esgrimiera el “agravio fiscal” para limitar su contribución a la hacienda común española, lo mismo podría plantear el municipio de Pozuelo respecto a la hacienda autonómica. La “balanza” fiscal de Pozuelo es claramente negativa, porque sus habitantes pagan impuestos por un valor muy superior a las prestaciones públicas que pudieran percibir. ¿Deberían los pozuelenses plantear un pacto fiscal para pagar menos impuestos o para exigir que sus tributos reviertan exclusivamente en su propio bienestar?

Lo mismo podría establecerse para algunos distritos o barrios. Por ejemplo el distrito de Salamanca, en Madrid. ¿Qué ocurriría si los habitantes acaudalados de este barrio se negaran a compartir sus impuestos con los habitantes de otros barrios de la capital?

Podríamos incluso seguir descendiendo en la escala. De hecho, en nuestro país pagan impuestos las personas físicas y jurídicas, no los territorios. ¿Por qué no han de esgrimir su propio particularismo fiscal algunas empresas o algunas personas físicas? Quien esto suscribe aporta al fisco, probablemente, más de lo que recibe en servicios públicos. ¿Debo yo mismo reclamar un pacto fiscal al Estado en base al agravio que me supone pagar más de lo que obtengo? Y si no pagamos más los que más tenemos, ¿cómo se sostiene la caja común?

La extensión del particularismo y del egoísmo fiscal haría imposible la aplicación de los principios de la progresividad y la justicia tributaria. Aún más: la aplicación generalizada de los principios nacionalistas imposibilitaría la existencia misma de un sistema tributario sostenible. Pero también es verdad que los nacionalistas nunca han pedido que sus privilegios se hagan extensivos a todo el mundo…

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¿A QUIÉN LE INTERESA PROLONGAR LA CRISIS?

Los análisis que se realizan sobre la persistencia de la crisis europea desde otras latitudes son muy reveladores. En Estados Unidos, en Asia y en las potencias emergentes en general cunde la extrañeza por la falta de respuestas eficaces a la grave crisis económica que sufre Europa. La crisis global surgió en Norteamérica hace cuatro años, se extendió rápidamente a todo el planeta y a día de hoy, en general, sus peores efectos ya se están superando. Sin embargo, la economía europea permanece incomprensiblemente encallada sobre el arrecife griego, que tan solo representa el 3% de su PIB. ¿Por qué Europa no ha adoptado las medidas que han permitido sortear el abismo en otros territorios? ¿Por qué se insiste en una estrategia procíclica que profundiza la inactividad y el desempleo? ¿Por qué las autoridades monetarias europeas permanecen impasibles ante los ataques especulativos sobre las deudas soberanas?

A menudo fijamos la atención sobre quiénes sufren las peores consecuencias de la crisis, como es lógico. Millones de parados, empresarios en quiebra, recorte de derechos, pobreza y exclusión social… Por el contrario, rara vez atendemos a quiénes no solo no sufren, sino que obtienen ventajas en medio del desastre generalizado. ¿La crisis económica en Europa perjudica a todos por igual? ¿Hay quiénes se están beneficiando de la persistencia de la crisis? ¿A quién conviene que la crisis no se solucione a corto plazo? Las respuestas a estas preguntas pueden resultar de gran interés para conocer las razones auténticas sobre lo que está ocurriendo.

Hablemos de Alemania. ¿A Alemania le conviene solucionar rápidamente la crisis económica en el conjunto de Europa? ¿Qué hay detrás del dogmatismo alemán con las recetas de la austeridad y el ajuste fiscal? ¿Por qué Alemania no permite hacer al Banco Central Europeo lo que están haciendo todos los bancos centrales del mundo para proteger la estabilidad de su moneda e impulsar el crecimiento? Y, a todo esto, si los bancos centrales tienen su sede en las capitales políticas, ¿por qué el banco central de todos los europeos está radicado en Frankfurt?

La realidad es que Alemania está financiando su deuda con un interés ínfimo, a veces incluso negativo, mientras las primas de riesgo castran cualquier oportunidad de despegue económico entre sus socios del club europeo. La verdad es que la economía alemana está obteniendo magras ventajas competitivas en el sufrimiento de los países de su entorno. Hubo un tiempo en el que las economías europeas tendieron a homogeneizar sus potenciales en la industria, en la formación de su capital humano, en su esfuerzo investigador e innovador.

Aquella tendencia al equilibrio se ha invertido claramente. Alemania es más primera potencia europea que nunca. Mientras españoles, italianos y franceses sacrifican sus sistemas educativos y sus inversiones en innovación sobre el altar del ajuste fiscal, Alemania consolida su ventaja sobre los demás en lo que Juan Ignacio Bartolomé sigue llamando el “reparto internacional del trabajo”. Mientras nosotros nos desangramos a cuenta de las recetas de austeridad “made in Germany”, nuestros mejores ingenieros, formados a cuenta del presupuesto español, emigran a Alemania para reforzar aún más la economía teutona. Lo que no lograron Napoleón y Hitler a cañonazos, lo está consiguiendo Merkel a través de las instituciones comunitarias.

Pero no solo los alemanes obtienen beneficio de esta crisis. Los grandes especuladores de las finanzas necesitan un terreno libre y propicio para sus juegos de riesgo y acumulación. Las autoridades monetarias serias en Wall Street, en la ‘city’ londinense y en el sureste asiático no admiten ya las prácticas de casino que ponen en jaque los cimientos de sus economías reales. Sin embargo, en Europa sigue habiendo barra libre, porque los rectores de su Banco Central, lejos de servir al interés general de los ciudadanos europeos, tan solo sirve al interés de quien les pone, les quita y les manda, desde Berlín. A los especuladores también les viene bien la crisis y su lucrativa inestabilidad.

Y no conviene olvidar a quienes aprovechan la crisis para sacar de los cajones los programas políticos más reaccionarios, aquellos que acumulaban el polvo de los años durante los que nadie se atrevió a ponerlos en práctica. Pero la crisis legitima el discurso del sacrificio, y camufla el abuso como austeridad. Los españoles lo sabemos bien. Ahí está la reforma laboral que desarma los derechos de los trabajadores, y la amnistía fiscal que lava el dinero sucio de los criminales inmobiliarios, y los destrozos en el Estado de Bienestar, que abren la brecha de la desigualdad.

¡Claro que la crisis no afecta a todos por igual! Hay quienes trabajan para que no concluya demasiado pronto. Y el trabajo de los demás debiera ser el de desenmascararlos, denunciarlos y combatirlos.

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CON BANKIA SE CIERRA EL CÍRCULO DEL “LADRILLAZO”

La nacionalización de las pérdidas de Bankia y la previa amnistía fiscal sobre el dinero negro decretada por el Gobierno del PP constituyen el epílogo previsible para una de las historias más truculentas de la España contemporánea: de cómo unos pocos se enriquecieron a costa de una especulación brutal en el ámbito del urbanismo y la construcción inmobiliaria, con consecuencias devastadoras para la economía y la sociedad de nuestro país. Durante los años noventa y primeros dos mil, éramos muy pocos los que alertábamos sobre las inconveniencias y los peligros que acompañaban las dinámicas especulativas en la promoción descontrolada del suelo y en el burbujeante mercado de compra-venta de pisos y chalets. Instituciones y empresas apostaban sus recursos en el casino ladrillero, ignorando otros modelos de crecimiento más solventes. Las entidades financieras engordaron glotonamente sus balances con activos más que dudosos. Y los jóvenes dejaron de estudiar para ganar dinero a paletadas en la construcción.

Los críticos con la burbuja inmobiliaria éramos tildados de agoreros y aguafiestas. Los precios de los patatales se multiplicaban como por arte de magia de un mes a otro. Los pisos se vendían antes de escriturarse, antes de construirse y casi antes de planificarse, con grandes plusvalías. Los bancos daban créditos a granel, los ayuntamientos cobraban licencias millonarias, el Estado cobraba impuestos, el PIB crecía, había trabajo… ¿Por qué no pensar en que la fiesta iba a durar siempre?

Pero las fiestas de la irracionalidad y el derroche no duran siempre. La burbuja estalló en plena crisis financiera global, y los españoles sufrimos un castigo terrible en términos de deterioro económico, de paro y de retroceso social a cuenta de aquellas alegrías. Un millón de viviendas sin vender, millones de hectáreas calificadas sin desarrollar, 180.000 millones de euros en activos financieros “contaminados”, millones de jóvenes sin estudios y sin trabajo, índices de paro en niveles de récord, ayuntamientos quebrados, servicios públicos sin financiación, quebranto ambiental…

Ahora bien, no todos los personajes de esta historia han acabado mal. Ni muchísimo menos. Unos cuantos han acumulado fortunas extraordinarias a cuenta de la burbuja ladrillera. Supieron jugar las bazas de la codicia, la falta de escrúpulos y la “ayuda” imprescindible de los amigos en el poder, casi nunca desinteresada. El PP se ha encargado de que puedan disfrutar de sus millones en dinero negro al módico precio del 10%, gracias a ese monumento a la inmoralidad que han llamado amnistía fiscal.

Con la nacionalización de Bankia cierran el círculo del ladrillazo. Porque Bankia es el resultado de la fusión de algunas de las entidades financieras con mayor complicidad en las estrategias de la especulación inmobiliaria, desde Caja Madrid a Bancaja, siempre bajo control político de la derecha. Y Bankia está preñada de todas las barbaridades que se cometieron en el urbanismo madrileño y levantino, sobre todo. A esas barbaridades las llaman eufemísticamente “activos tóxicos”. La quiebra evidente se disfraza de “exposición inadecuada”. Y sus responsables se van de rositas con pensiones millonarias a cargo de los impuestos que pagan sus víctimas.

El PP alentó este círculo vicioso con las leyes del urbanismo liberalizador en 1998. El PP promovió la burbuja desde las instituciones donde gobernaba, en Madrid y en la Comunidad Valenciana, especialmente. Los amigos del PP se hicieron millonarios mientras firmaban la condena inexorable de la sociedad española a la depresión y el paro. El PP lavó su dinero sucio mediante la amnistía fiscal. Y ahora el PP cubre el agujero negro de Bankia con los recursos de todos los españoles.

Y todo esto sin querer acordarnos de que aquellos beneficios sirvieron incluso para comprar un Gobierno en la Comunidad de Madrid…

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LA FALACIA DEL PAGO SEGÚN RENTA

Uno de los argumentos más falaces que la derecha utiliza para justificar los recortes en los derechos sociales de la población consiste en lo que llaman “pago según renta”. Bajo la coartada de que el erario público no debe pagar las prestaciones sociales a “los millonarios”, el PP está quebrando algunos de los principios básicos del Estado de Bienestar: la gratuidad y la universalidad en el acceso a los servicios que atienden las necesidades fundamentales. Uno tras otro, los dirigentes del PP se recrean en la demagogia del gran banquero recibiendo apoyo público para su atención sanitaria, su gasto farmacológico o la matrícula universitaria de su hijo. Como si fuera posible contemplar cotidianamente al señor Botín, por ejemplo, acudiendo al centro público de salud de su barrio, o a la farmacia con la receta del servicio público de salud, o a su hijo haciendo cola ante la ventanilla de matriculaciones de una universidad pública española.

No. Las personas con mayor renta no suelen hacer uso de los servicios públicos, porque tienen capacidad económica para acceder a servicios privados de mayor calidad. Pero es que la gran ventaja de nuestro Estado de Bienestar reside precisamente en su oferta universal de cobertura. Que cada cual aporte a la caja común según sus posibilidades y que todos tengan la opción de beneficiarse del sistema según sus necesidades. Nuestro sistema de bienestar se nutre con los impuestos de todos, ricos y pobres según su renta, y beneficia a todos por igual, ricos y pobres según su necesidad.

El “copago” o el “pago según renta” que intenta introducir el PP a través del Gobierno español y los gobiernos regionales socava los cimientos del Estado Social de Derecho que formó parte esencial del gran Pacto de la Transición Democrática.

Bajo la falacia de “hacer pagar a los ricos”, se abre la vía para obstaculizar el acceso de sectores muy importantes de la población a los servicios públicos que atienden las necesidades fundamentales, traicionado principios cívicos básicos, como la equidad social, la igualdad de oportunidades y la solidaridad.

Con la excusa de que Botín pague más por sus recetas, se extorsiona a los pensionistas recortando sus ya exiguas prestaciones. Con la coartada de que el hijo del banquero pague su matrícula universitaria, se multiplican las tasas que las familias trabajadoras han de pagar para que sus hijos accedan a la enseñanza superior. El resultado es de un retroceso brutal en términos de justicia social. Se penaliza al enfermo con más impuestos, especialmente al menos pudiente. Y se reestablecen las barreras clasistas más despreciables en el acceso a una formación de calidad.

¡Claro que los más ricos han de pagar más por los servicios públicos! Pero han de hacerlo mediante los impuestos directos. Y han de pagar por el sostenimiento de los servicios públicos, aunque no los utilicen. Tal es la base de un sistema social justo. Estos son los pilares sobre los que se asienta el consenso social y político que late tras la letra de la Constitución de 1978.

La derecha española pretende aprovechar la crisis económica para romper consensos básicos y aplicar su programa más extremista. Y está jugando con fuego. Porque cuando se quiebran los fundamentos de la convivencia, el resultado siempre es incierto.

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