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Archive for 23 marzo 2012

Es tradición en la brega democrática conceder una “tregua” de cien días para que el nuevo Gobierno emergido de las urnas pueda hacerse con los mandos de la nave en un contexto de cierto sosiego. La tradición también manda, no obstante, que la “tregua” de la oposición tenga su correlato en la prudencia del ganador, obligado a dedicar sus primeros pasos al diálogo y a la planificación concertada de su trabajo. Aquí no ha ocurrido ni una cosa ni otra. El Gobierno ha aprovechado los primeros días de su mandato para adoptar las decisiones más controvertidas, y la oposición social e institucional se ha visto obligada a reaccionar con contundencia. Por lo tanto, antes que cien días de tregua, hemos tenido cien días de conflictos y decepciones.

Las razones que llevaron a millones de ciudadanos en el pasado año 2011 (mayo y noviembre) a otorgar al PP un respaldo electoral sin precedentes en nuestra historia democrática fueron fundamentalmente dos. En primer lugar, la convicción de que una alternancia en el Gobierno de España y un nuevo equipo conservador podrían invertir la desaceleración económica y la destrucción de empleo. Y en segundo lugar, la confianza en que la vuelta de la derecha al poder no representara un coste importante en términos de pérdida de derechos sociales y civiles. A fin de cuentas, la “estrategia Arriola” había funcionado: Rajoy no despertaba ni el temor ni el rechazo que se atribuía a Aznar.

No han hecho falta ni cien días para que aquellas razones se hayan visto frustradas por la contundencia de los hechos. Lejos de mejorar, la economía y el empleo han empeorado. España está a las puertas de una recesión importante, y desde que el PP llegó al poder, se han perdido en torno a 3.000 empleos diarios. Las autoridades de Bruselas, Comisión y Banco Central Europeo miran a España con el recelo de la desconfianza, y los mercados financieros no se han dejado impresionar por las credenciales ideológicas de nuestros nuevos gobernantes. La prima de riesgo sigue creciendo, pagamos muy cara la deuda, cae la bolsa y ya no nos queda ni el consuelo de estar por delante de los italianos.

Además, los españoles han descubierto al auténtico Rajoy, al que se escondía tras las estrategias de camuflaje y tras sus famosos “dependes”. Rajoy no es Aznar, tiene otras formas, pero sus decisiones son tanto o más dañinas que las de su antiguo jefe. Ni siquiera Aznar se atrevió a quebrar el modelo de relaciones laborales pactado en la Transición Democrática, o a engañar a los pensionistas con subidas de ida y vuelta, o a legitimar el fin del servicio sanitario universal y gratuito.

Por lo tanto, en el horizonte de los cien días de Gobierno popular, el vaticinio de los españoles solo puede ser de decepción. La crisis se ha agravado, tenemos más paro y la derecha ha iniciado la poda de los derechos y las libertades de los ciudadanos.

El reproche a Rajoy debe ser doble, en lo político y en lo moral. En lo político cabe reprocharle que haya introducido a la economía española en la senda del ajuste fiscal suicida, sin establecer estrategia alguna para estimular el crecimiento. También merece crítica por haberse lanzado sin explicación ni recato a aprovechar la crisis para imponer el programa máximo de la derecha política y económica de este país: desde el despido barato y la desregulación de las relaciones laborales, a la legalización del déficit cero, la subida de los impuestos a las rentas del trabajo y los “copagos”, “repagos” y “sobrepagos” en los servicios públicos que atienden las necesidades más básicas de la población.

Pero es que mintieron. Dijeron taxativamente que no iban a abaratar el despido, y lo han hecho. Prometieron solemnemente no subir los impuestos, y lo han hecho. Garantizaron a los pensionistas que no se reducirían sus prestaciones, y lo han hecho. Rechazaron expresamente el copago sanitario, y lo han avalado en Cataluña como avanzadilla para su instauración, vía presupuestos, en toda España.

Si el Gobierno no nos ha dado cien días a los ciudadanos, nosotros tampoco hemos de ofrecer ese margen. La oposición está legitimada en las instituciones y en la sociedad civil para denunciar estas políticas contrarias al interés general, y para movilizarse en su contra. Tienen una mayoría consolidada en las Cortes, y un poder territorial sin parangón, pero en el tiempo nuevo que viven las democracias avanzadas, ni tan siquiera un Gobierno con tanto poder como este puede mantener durante mucho tiempo una actuación contraria a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.

Oposición firme e inteligente. Oposición contundente y útil. Oposición de denuncia y de alternativa. Porque hay otras políticas, y hay otras maneras. Otras cien, por lo menos.

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Aquellos que provocaron la crisis anuncian ahora su propósito de utilizarla como coartada para socavar los cimientos del modelo social pactado en la Transición Democrática y recogido en nuestra Constitución. Ayer demolieron el marco democrático de relaciones laborales, y hoy acaban con la universalidad y la equidad en los servicios públicos que atienden las necesidades básicas de la población.

Los adalides de la ideología neoliberal hicieron saltar por los aires el sistema financiero internacional, ocasionando recesión, paro y graves retrocesos sociales, especialmente en España. Aquellos pirómanos se presentan ahora ante la sociedad para apagar incendios con manguerazos de gasolina. Han traspasado todas las líneas rojas que amenazan la quiebra de los derechos más elementales y la mismísima convivencia cívica. Y hay que plantar cara, con fuerza.

La derecha catalana hace de avanzadilla para la derecha española en la ofensiva del copago sanitario. La justificación pretendida cuenta con dos argumentos. El primero busca desdramatizar la medida, abriendo camino mediante la imposición de pequeñas tasas en las recetas farmacológicas. El segundo persigue legitimar la decisión como garantía última para la supervivencia del sistema público de salud, en riesgo de colapso financiero. Ambos argumentos son falaces.

La universalidad, la gratuidad y la igualdad en el acceso a los servicios públicos de salud constituyen un derecho fundamental de ciudadanía, y la introducción de un pago directo por la prestación sanitaria en el sistema público rompe un consenso social básico. La medida resulta por otra parte peligrosa, porque disuadirá al ciudadano aquejado de alguna dolencia de requerir la asistencia precisa, poniendo en riesgo su salud.

Nada hay más injusto que penalizar al ciudadano enfermo con el cobro de un impuesto específico. Y, además de injusta, la iniciativa del copago es ineficiente, dado que serán muchos los enfermos que por causa de eludir el pago de un tratamiento a corto plazo acaben agravando su situación y acudan a las urgencias sanitarias, donde su estancia resultará bastante más costosa.

La explicación económica tampoco resulta válida, porque el vigente sistema público de salud en España nos cuesta en términos de PIB mucho menos de lo que se gasta en salud la sociedad estadounidense o la media de los países europeos. El problema de nuestra sanidad pública no es de sobrecoste, sino de financiación insuficiente.

El sistema nacional de salud requiere de mejoras organizativas en términos de eficiencia, como el resto de la Administración Pública española. Y hay mucho pendiente por hacer en este sentido, desde las subastas para la adquisición de productos farmacéuticos, como practica la Junta de Andalucía, hasta la centralización de compras, la mejora de las políticas preventivas, la potenciación de la asistencia primaria y la generalización de los centros integrados de diagnóstico rápido.

Sin embargo, las recetas de la derecha no buscan la eficiencia, sino el recorte de derechos y el fin de la equidad social en la atención sanitaria. Si hay problemas de financiación, además de mejorar la eficiencia del servicio, deben aumentarse los ingresos. Y hay varias propuestas sobre la mesa a este respecto: el impuesto sobre transacciones financieras, el impuesto sobre las grandes fortunas, la subida de los impuestos sobre el alcohol de alta graduación y los tabacos… Todo antes que el copago.

Ahora la abanderada es Cataluña. En su momento Madrid también abrió paso a la privatización de centros hospitalarios, de especialidades y de atención primaria. Hoy esos centros han hecho caer la calidad del servicio público de salud hasta niveles desconocidos, pero sus dueños acrecientan día a día el negocio derivando las prestaciones más costosas a los centros de titularidad autonómica.

En su día pronosticamos que acabaríamos sustituyendo la tarjeta sanitaria por la tarjeta de crédito para obtener atención en los centros del sistema público de salud, y el momento se va acercando.

Para evitarlo se requerirá una gran movilización social. Merece la pena.

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El Gobierno del PP ha anunciado un nuevo recorte del 40% en la inversión pública prevista para este ejercicio 2012, a sumar a la rebaja de cerca de 2.000 millones de euros que aprobó el 30 de diciembre en el marco de un decreto de no disponibilidad de crédito. Esta medida equivale a aplicar una dieta drástica de adelgazamiento para un enfermo de anemia. Reducirá el déficit a corto plazo, pero el coste será terrible en términos de recesión y paro, y la consecuencia final será de un déficit acrecentado.

Durante los últimos años, muchos análisis económicos han acudido a la referencia de la crisis económica del año 1929, también con origen financiero, y también con su epicentro en los Estados Unidos. Se ha recordado mucho la dimensión y las consecuencias de aquel desastre. Sin embargo, no se ha atendido lo suficiente a las enseñanzas que pueden obtenerse de las políticas aplicadas con éxito por el Presidente estadounidense Roosevelt para superar aquella crisis.

Bajo el título genérico de “New Deal”, el mandatario norteamericano llevó a cabo una estrategia basada en tres acciones concertadas: la regulación antiespeculativa de los mercados financieros, el estímulo público a la demanda de la actividad económica, y los grandes programas públicos de protección social. Normas claras para evitar que las finanzas socaven la estabilidad de la economía real. Inversión pública en infraestructuras para mejorar la competitividad y dinamizar la economía. Y justicia social para combatir la desigualdad y para incentivar el consumo.

La fórmula funcionó y entre 1933 y 1938 los Estados Unidos salieron de la crisis y experimentaron un crecimiento económico sólido y justo. Desde entonces, el New Deal y la figura del propio Roosevelt se convirtieron en paradigma de las recetas keynesianas y de las políticas socialdemócratas.

Si funcionó entonces, ¿por qué no aplicarlo ahora? Es cierto que esta iniciativa de tal envergadura no se encuentra al alcance de un país aislado como el nuestro, con unas limitaciones importantes en términos de recesión, de déficit presupuestario y con la soberanía monetaria residenciada en Europa. Pero sí cabe ensayar iniciativas de alcance moderado en el mismo sentido y, sobre todo, cabe plantear la pertinencia de un gran “New Deal” a escala europea. En el ámbito de la Unión sí existe capacidad política y margen económico para emular a Roosevelt y triunfar donde Merkel y compañía vienen fracasando.

Entre muchas barbaridades, la CEOE ha propuesto en estos días un programa de inversiones concertadas entre el sector público y el sector privado que tiene muchas similitudes con la experiencia roosveltiana que venimos mencionando. La patronal ha remitido al Gobierno un plan de inversión a cinco años con un monto de 80.000 millones de euros, para destinar a la construcción de los grandes corredores logísticos, a las obras hidráulicas pendientes y a las infraestructuras sociales en demanda. Según los empresarios del sector, podrían crearse nada menos que 480.000 empleos durante los dos primeros ejercicios, con una reversión fiscal del 60%. El dinero podría llegar del Banco Europeo de Inversiones y de los concesionarios privados.

Pero este Gobierno, como en buena medida le sucedió al anterior, admitámoslo, continúa paralizado por la amenaza de los mercados financieros sobre la deuda soberana. Hasta que los representantes democráticos de los ciudadanos europeos no logren sacudirse esa parálisis y no afronten sus responsabilidades frente a los intereses espurios de los especuladores financieros, no saldremos de la crisis y no recuperaremos la senda del crecimiento y la creación de empleo.

Al rememorar el “New Deal”, inevitablemente surge la comparación entre las visiones y las capacidades de liderazgo político de Franklin D. Roosevelt y la señora Merkel. Una comparación descorazonadora, desde luego.

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La estrategia del Gobierno pasa ahora al parecer por deslegitimar las críticas y las movilizaciones contra sus decisiones. Quien disienta será tildado de radical. Quien se manifieste será calificado de maleante. Y cualquier gesto de comprensión del PSOE hacia los críticos con el Gobierno será considerado como una incitación a la algarada y a la helenización de nuestro país. Se equivocan gravemente.

 

Las críticas argumentadas y las movilizaciones pacíficas son tan legítimas como inevitables en un contexto de crisis y de medidas polémicas. El problema no está en la movilización, sino en la causa dela movilización. Yla respuesta no puede limitarse a reprimirla movilización. Juntoal discurso del “todo va mal”, el Gobierno está obligado a hacer el discurso de las soluciones. Junto a la llamada al sacrificio, el Gobierno debe hacer la llamada a la esperanza.

 

Cuando un enfermo es sometido a un tratamiento doloroso, para soportarlo necesita saber al menos que el tratamiento funcionará, que recuperará la salud y que los inconvenientes habrán merecidola pena. Sinembargo, el Gobierno del PP plantea a los españoles un escenario de renuncias dolorosas y crecientes, sin expectativa alguna para la recuperación de la economía y del empleo. Es más, el propio Presidente asegura que entramos irremisiblemente en una etapa de recesión, y que las reformas en marcha no crearán puestos de trabajo.

 

Y en esto tiene razón. Las reformas emprendidas por el Gobierno del PP no nos ayudarán a salir dela crisis. Ladecisión de priorizar el frenazo brusco al déficit, la austeridad radical, la subida de impuestos a las clases medias, la facilitación del despido y el debilitamiento de los servicios de bienestar, constituyen un coctel letal que acentuará la recesión y el paro. Por si había alguna duda, el propio Rajoy y sus ministros subrayan el drama afirmando que este año no creceremos y que el año próximo ya veremos. Entonces, ¿para qué tanto sacrificio?

 

Si las reformas en aplicación no sirven para salir de la crisis, como admite el Gobierno, resulta lícito y lógico buscar otras explicaciones. En este sentido, son muchos los que interpretan que la derecha política y la derecha económica están aprovechando la crisis y la angustia de muchos españoles como coartada para aplicar un conjunto de reformas regresivas, que no se hubieran atrevido a sugerir ni tan siquiera en un contexto distinto.

 

La derecha utiliza la crisis para desregular el mercado laboral, para darle todo el poder al empresario en la fijación de salarios y condiciones de trabajo, para facilitar el despido libre, para desmontar los servicios públicos que atienden necesidades fundamentales, para generalizar los copagos en la sanidad y la educación, para instaurar el déficit cero… Y lo hacen a sabiendas de que ninguna de estas medidas ayudará a resolver los problemas de nuestra economía, y de que ninguna de estas decisiones creará un solo puesto de trabajo.

 

Eso sí, la derecha quiere a la gente calladita. En la calle, con más impuestos, con menos salarios, pagando servicios públicos que antes formaban parte de sus derechos de ciudadanía. Y sin quejarse, porque la queja es algarada y radicalismo.

 

Pues va a ser que no. Los ciudadanos se movilizarán legítima y pacíficamente, en el marco de la Constitución y de sus derechos democráticos no recortados. Y los representantes institucionales de los ciudadanos críticos con las medidas del Gobierno del PP plantearemos alternativas en el Parlamento.

 

La principal alternativa consiste en romper el círculo vicioso del ajuste irracional del déficit que conduce a la recesión, y de la recesión que acrecienta el déficit. Muchos expertos y muchas fuerzas progresistas están proponiendo un camino distinto, mediante la flexibilización de los objetivos de déficit, la ejecución de planes públicos de incentivación de la demanda, la cobertura social justa, la fiscalidad progresiva, las reformas destinadas a ganar competividad por la vía de la innovación y el conocimiento y, claro está, el gobierno económico dela Unión Europea.

 

El Gobierno debiera tener presente la fábula de la luna y el dedo, y debiera fijar su atención en la raíz de los problemas antes de cuestionar la legitimidad de quienes se quejan frente a los atropellos.

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