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Archive for 30 septiembre 2011

El conjunto de las Administraciones ha decidido participar en una carrera desbocada para recortar el gasto público. Hace tiempo que dejamos atrás los esfuerzos en clave de eficiencia y los ajustes sobre lo superfluo. Ahora los tijeretazos se aplican directamente sobre las inversiones productivas, los servicios que atienden las necesidades básicas de la población e, incluso, los salarios y las plantillas de los trabajadores públicos. Aquel presidente autonómico o aquel alcalde que en estos días no anuncia una poda dramática en su presupuesto público corre el riesgo de aparecer ante la opinión pública como un derrochador inconsciente.

Pero quizás cabe un ejercicio de racionalidad entre tanta carrera sin rumbo claro. Si la meta es el control del déficit y el equilibrio en las cuentas públicas, que es una buena meta, hemos de recordar que no existe solo un camino para alcanzarla. Podemos ajustar gastos, y también podemos aumentar los ingresos. Las comunidades autónomas disponen de autonomía fiscal y capacidad normativa suficiente, por ejemplo en la fijación de los tipos aplicables a las rentas más altas en el IRPF. En los presupuestos de 2012 podrán incluir también los ingresos provenientes del impuesto de patrimonio, reinstaurado por el Gobierno socialista de la nación.

No obstante, ¿tenemos claro que la meta final es el control del déficit? ¿La reactivación económica, la generación de empleo y el bienestar social, no son metas más importantes? Porque puede ocurrir que nos apliquemos tanto en aquella meta volante del déficit, y nos quedemos sin resuello para alcanzar la meta que realmente importa, la salida de la crisis, la creación de puestos de trabajo y la garantía de bienestar para la población.

¿No nos estaremos equivocando en la priorización de la estabilidad en las cuentas públicas? Gran parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos han frenado en seco las inversiones en la mejora de sus infraestructuras, pero estas inversiones resultan cruciales para mantener la actividad de miles de empresas y miles de empleos, y la modernización de nuestro capital físico resulta vital para ganar competitividad. El retorno fiscal de estas inversiones productivas alcanza cerca del 80%. Los recortes en obras públicas pueden salvarle el presupuesto a un presidente autonómico o a un alcalde, pero pueden costarnos muy caros a todos a medio plazo.

Otra buena parte de las administraciones territoriales compiten por suprimir servicios destinados al bienestar social, recortar plantillas de profesores y sanitarios, rebajar los salarios de los servidores públicos, revisar a la baja los convenios con entidades sociales que atienden a las personas dependientes, retrasar pagos a proveedores… Si la primera causa del bajo crecimiento económico es la caída del consumo privado, con estas medidas no estamos contribuyendo a resolver nada. Y si la primera condición para la salida de la crisis es la generación de confianza en la población, estamos corriendo mucho, pero en la dirección incorrecta.

La estabilidad de las cuentas públicas, la reducción de la deuda y el control del déficit constituyen una pauta de buen gobierno. Pero en este contexto de crisis persistente y de riesgo de recesión, tal objetivo debe perseguirse de una manera flexible, subordinándolo al objetivo fundamental de reactivar la economía, crear empleo y mantener unas condiciones adecuadas de bienestar social. ¿Por qué no “recortar” los objetivos de control del déficit? Se trataría de un “recorte”, o flexibilización, más sensato.

Sigamos corriendo, pero no confundamos la meta.

(Imagen: Pieruz)

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Coincido con Esperanza Aguirre cuando califica el vigente conflicto en la educación madrileña como un conflicto de naturaleza política. Existe una controversia de orden laboral entre el Gobierno regional y los profesores de la enseñanza pública, pero tras este problema late una batalla de hondo calado social y político. Y no estoy de acuerdo con quienes manifiestan su intención de “despolitizar el conflicto”, porque entiendo que la sociedad madrileña no se está movilizando solo por evitar perjuicios en las condiciones laborales de los enseñantes, sino, sobre todo, en defensa del modelo público de enseñanza.

La batalla, pues, no es solo de carácter laboral. En esta batalla confrontan distintos principios ideológicos, distintos modelos sociales y distintos programas políticos. Lucía Figar, la consejera madrileña de educación, comparte los valores del liberalismo extremo que se enseñan en la factoría de ideas conservadoras FAES, presidida por José María Aznar. Estos ultraliberales interpretan los viejos axiomas de Benjamin Constant sobre la “mano ligera” y los “deberes estrictos” del gobierno al modo del Tea Party norteamericano. Libertad individual a ultranza y restricciones al entrometimiento de lo público en los ámbitos de la esfera privada, como la educación de los hijos.

Desde esta perspectiva ideológica se rechaza el uso de los impuestos de todos para sostener un sistema educativo común, doctrinal e igualitario. Figar en Madrid, como Palin en Alaska, defienden lo que llaman “libertad de elección para las familias”. Los gobiernos solo son responsables de garantizar que las familias pueden escolarizar a sus hijos allí donde consideren, en colegios religiosos o laicos, en clases mixtas o separadas, en centros bilingües o tradicionales, en proyectos pedagógicos volcados con la hípica, con el golf o con la astrología… La enseñanza pública queda relegada a una especie de servicio mínimo para los pobres, los inmigrantes y quienes no tienen otras opciones. Por eso la Comunidad de Madrid rebaja el presupuesto para la educación pública y multiplica los conciertos, las subvenciones, las desgravaciones, los cheques y las parcelas para la enseñanza privada.

Tal planteamiento se encuentra en las antípodas del pensamiento progresista, que defiende una educación pública universal y gratuita, con calidad y con equidad, bien dotada, como instrumento fundamental para la igualdad de oportunidades, para la cohesión social y para el mejor desarrollo de una sociedad conformada por hombres y mujeres realmente libres. La supuesta “libertad de elección” con la que el neoliberalismo pretende suplir a la enseñanza pública se convierte en una falacia desde el momento en el que los únicos ciudadanos “libres” para “elegir” la escolarización de sus hijos en unos u otros colegios privados son los ciudadanos adinerados. Los ciudadanos con rentas medias y bajas nunca disfrutarán de tal “libertad”, por lo que la desigualdad de partida resulta insoportable.

Las sociedades más desarrolladas del mundo y los sistemas educativos con mejores resultados objetivos, descansan sobre un modelo público de enseñanza respaldado con firmeza y con mimo por toda la sociedad, desde las administraciones a las familias, pasando por las empresas y las organizaciones sociales. La financiación pública garantiza la equidad; la suficiencia de los recursos asegura la calidad; la autonomía y la diversidad de los enseñantes confirma una educación abierta, libre y tolerante. Finlandia es el país que encabeza todos los rankings de calidad educativa en los Informes Pisa de la OCDE. No conocen el fracaso escolar, sus alumnos son trilingües a los ocho años, su economía triunfa por la altísima formación cultural de su sociedad. Y su modelo es público al 95%.

Claro que hay una batalla política tras el conflicto de la enseñanza. Los modelos educativos de la derecha y de la izquierda en este país son diametralmente opuestos, por eso resulta tan difícil llegar a un acuerdo. No obstante, para llevar a cabo un debate serio y fructífero a este respecto, sería preciso que los representantes del PP defendieran sus postulados con más honestidad y renunciaran a confundir a la ciudadanía. Está claro que el PP antepone la “libertad de elección de las familias” y solo considera a la educación pública como subsidiaria de la enseñanza privada. Dígase con valentía. ¿Por qué insisten en manifestar que no “recortan” los recursos del modelo público cuando resulta evidente? ¿Por qué siguen haciendo discursos en defensa de la educación pública cuando cada día drenan recursos vitales hacia el sector privado?

La batalla es política y es definitiva, porque la educación pública está recibiendo los mayores ataques desde la Transición Democrática. “Recortar” la enseñanza pública equivale a recortar nuestro futuro en libertad y en igualdad. Los ajustes presupuestarios, la desviación de recursos públicos a la enseñanza privada, los despidos de profesores y las amenazas explícitas al fin de la gratuidad socavan gravemente los cimientos mismos del modelo educativo público y del Estado de Bienestar que respaldan los españoles muy mayoritariamente. El PP sabe esto último, y por esa razón actúa contra la enseñanza pública pero procura simular sus intenciones.

En dos meses se celebran unas elecciones cruciales. De Rajoy solo cabe esperar la vía libre para el desmantelamiento de la educación pública y el “sálvese quien pueda pagar”. Rubalcaba es un firme defensor de la enseñanza pública. Todos los ciudadanos que compartimos valores de progreso y aspiramos a una sociedad libre y equitativa hemos de asumir nuestra responsabilidad, movilizándonos hoy y votando en consecuencia el 20 de noviembre. Aunque solo sea para evitar que el día de mañana nuestros hijos deban hacernos el célebre reproche que recibió de su madre Boabdil, el último rey moro de Granada.

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Conforme los debates de precampaña van descendiendo inevitablemente de las musas al teatro, se van aclarando las cosas. Los procesos de ajuste en el presupuesto público solo tienen dos grandes caminos: o crecen los ingresos o se reducen los gastos. Es decir, o aumentamos la presión fiscal, o se recortan las inversiones y las prestaciones públicas.

En otros tiempos, cuando no existía el euro, podía devaluarse la moneda nacional. En el final de siglo pudieron venderse las “joyas de la corona”, como Telefónica, Endesa o Repsol, para recaudar más de 40.000 millones de euros. En el año 1998 bastó redactar una ley del suelo irresponsable para inflar la burbuja inmobiliaria y recaudar vía licencias y recalificaciones. Pero nada de esto es posible ya.

Ahora o se suben los impuestos o se rebajan los gastos. Rubalcaba ha optado por lanzar el debate fiscal, proponiendo un impuesto estatal a los grandes patrimonios, un gravamen a los beneficios de los bancos, una tasa a las transacciones financieras, intensificar la lucha contra el fraude fiscal, perseguir a los “paraísos” que defraudan impuestos… Para salvar el Estado de Bienestar.

Los dirigentes del PP han sacado la “motosierra”. Dicen que solo aspiran a “podar” los gastos superfluos. Pero los ajustes que han comenzado a aplicar en las comunidades donde gobiernan van mucho más allá de los cuatro coches oficiales que pretenden colocar como pantalla. Madrid, Extremadura, Murcia y las Castillas ya han renunciado a nuevas obras públicas en 2012. Una condena en firme, pues, para la mejora del capital físico y para el empleo del sector.

Pero no les basta. Porque no es posible cumplir con los compromisos de reducción del déficit, ajustar los presupuestos y no subir los impuestos, si quieres mantener las prestaciones sociales básicas. Ya han comenzado a aplicar la motosierra sobre la sanidad, la educación y la atención a la dependencia. Se despiden profesores, se limitan las prestaciones sanitarias y se regatean los derechos de los incapacitados.

Y si llegan al Gobierno de España, tras la sanidad y la educación vendrán las prestaciones por desempleo, las pensiones y el copago sanitario. Ya lo está haciendo la derecha en otros países de Europa. Nadie puede llamarse a engaño.

El candidato socialista confía en que “la gente se lo piense mucho” ante la cita del 20 de noviembre. Todas las elecciones son importantes. Pero es cierto que las próximas serán decisivas. El modelo político y económico del mundo desarrollado se encuentra en pleno proceso de revisión. Obama, Krugman, Rubalcaba y la socialdemocracia europea apuntan un camino: el de la reforma fiscal, la reactivación de la economía y la regulación de los mercados financieros. El Tea Party, Cameron, Sarkozy y la derecha ultraliberal representan un camino muy distinto: el del “déficit cero” y los recortes sociales.

Desde luego, esto es para pensárselo mucho…

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Es de agradecer que al menos en el ámbito de la fiscalidad los dos grandes partidos hayan aclarado públicamente sus intenciones concretas, más allá de los propósitos obvios. El candidato socialista apuesta por aumentar los ingresos procedentes de los grandes patrimonios y de la banca. El candidato popular se niega a aumentar la presión fiscal, y quiere bajar los impuestos a los emprendedores.

Generalmente las preguntas relacionadas con la fiscalidad se plantean en un orden equivocado. Antes de resolver la disyuntiva sobre la subida o la bajada de impuestos resulta necesario responder a una cuestión anterior: ¿para qué? ¿Qué objetivos y necesidades queremos cubrir con los recursos obtenidos? Si tenemos clara la respuesta a esta pregunta, será más fácil despejar las incógnitas subsiguientes: ¿cuántos impuestos?, ¿qué impuestos?, ¿a quién cobrárselos?, ¿cómo? y ¿cuándo?

Desde una perspectiva progresista, el horizonte de la política fiscal a aplicar en España ha de situarse en Europa. Los españoles necesitamos recursos públicos para estimular la demanda, reactivar la economía y situar nuestros parámetros de desempleo en la media de nuestros vecinos más avanzados. Y los españoles necesitamos recursos públicos para consolidar nuestro sistema de bienestar, articulando unos servicios y unas prestaciones sociales equiparables a las propias de los países europeos más desarrollados. Para eso queremos el dinero. Por eso necesitamos más impuestos.

La presión fiscal en España aún se sitúa entre seis y ocho puntos por debajo de la media en la Unión Europea, y entre quince y dieciocho puntos por debajo de aquellas sociedades a las que aspiramos a parecernos, como Suecia, Dinamarca o Alemania. El nivel de nuestros impuestos solo está por encima de Rumania, Eslovaquia o Irlanda. Y no es posible contar con servicios y prestaciones del primer mundo si aplicamos impuestos del segundo o del tercer mundo. Si queremos un progreso a la europea, necesitamos impuestos a la europea. Quien sostiene lo contrario, miente.

La doctrina neoliberal que aún abrazan Rajoy, Montoro, Pons y compañía, mantiene que bajando los impuestos, especialmente a las rentas más altas, se logran crecimientos mayores en la producción del país y que, gracias a la “mano invisible” de los mercados, estos recursos se transforman en prosperidad general y puestos de trabajo. El precursor de estas políticas fue Ronald Reagan y los Estados Unidos aún arrastran la deuda formidable que ocasionó el fracaso de aquel modelo. Tan solo los fanáticos del Tea Party defienden ya estas teorías, de las que abominan los conservadores europeos más serios. La experiencia ha demostrado que las grandes bajadas de impuestos no conducen a la prosperidad general, sino a los privilegios de unos pocos y al desastre para las mayorías.

Una vez aclarado el ¿para qué? (para salir de la crisis y blindar el Estado de Bienestar) y el ¿cuánto? (a medio plazo, hasta la presión fiscal media en Europa), cabe responder a las demás preguntas. Rubalcaba es consciente de que en un contexto de crisis como el actual no pueden aumentarse los impuestos a las clases medias y, desde luego, a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Ahora bien, el otro gran principio de la fiscalidad progresista, junto a la suficiencia, es la justicia. ¿Cabe pedir un esfuerzo especial a los patrimonios más ricos del país? En otros países se han mostrado incluso voluntarios para pagar más impuestos. ¿Y es oportuno reclamar un mayor esfuerzo fiscal a los bancos, cuando sus errores están en el origen de la crisis y cuando han resuelto sus problemas merced al sacrificio general? La mayoría opina que sí.

Por el contrario, el PP plantea “bajar los impuestos a los emprendedores”. ¿Qué impuestos? El tipo real aplicable en el impuesto de sociedades está ya por debajo del 24%, de los más reducidos de Europa. La panoplia de desgravaciones y bonificaciones fiscales al emprendimiento es ya muy importante. Los emprendedores no necesitan bajadas de impuestos. Necesitan financiación y actividad. Y en otras crisis hemos aprendido que cuando escasea la financiación y la actividad privada, el Estado ha de tomar el relevo. Y para eso hacen falta recursos, es decir, impuestos a los que pueden pagarlos.

La convergencia fiscal con Europa no debiera limitarse, sin embargo, a los objetivos de bienestar o a los niveles de presión impositiva, que ya es importante. Deberíamos asumir retos comunes en la fiscalización de las transacciones financieras y en el combate al fraude fiscal y a los “paraísos fiscales”, en los que aún se delinque con impunidad.

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