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Archive for 29 julio 2011

Aún quedan algunos meses para las elecciones generales, pero la campaña electoral ha comenzado de hecho, y buena parte de la opinión pública empieza a forjar criterio y a adoptar posiciones. Sería deseable que el debate político discurriera fundamentalmente en torno a las ideas, los programas y las propuestas concretas de cada opción. Pero todos sabemos que el factor candidato resulta decisivo. Y es lógico.

Ante el desgaste de las ideologías y el descrédito de la retórica política en general, los ciudadanos fijan su atención en las personas que encabezan los proyectos. El grado de identificación con los candidatos, la confianza que inspiran, la credibilidad que demuestran y los valores personales que acreditan, resultan fundamentales para inclinar la voluntad del elector.

La estrategia elegida por el Partido Popular, además, deja pocas opciones. El PP huye como gato escaldado de un debate electoral sobre las distintas recetas a aplicar para atender los retos del país. A pesar de las reiteradas invitaciones del Gobierno, del PSOE y del candidato socialista, los populares no se desvían un centímetro del guión preescrito. Suscriben a pies juntillas la vieja tesis de que los gobiernos no los ganan los aspirantes, sino que los pierden los titulares. Confían en que lo socialistas paguen la factura de la crisis y creen que la indefinición de su programa les ahorra contestación y compromisos. Por tanto, si no se pueden contrastar las ideas, habrá que contrastar las personas.

Por otra parte, la magnitud y la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos exigen también una atención especial en torno a la cualificación de los liderazgos políticos. Esta es la hora de Europa, según muchos analistas, y no son pocos los que echan de menos dirigentes con capacidad de liderazgo al frente de las instituciones comunes y de las naciones más influyentes. ¿Cómo nos hubiéramos enfrentado a la crisis del euro con Delors, Khol, Mitterrand y González al timón de Europa? Los líderes importan mucho. En tiempos de encrucijadas y grandes tribulaciones, aún más.

El próximo Gobierno de España no será un Gobierno de mera gestión burocrática, ni un Gobierno del “tran-tran”, ni un Gobierno del “dejar estar las cosas”, al modo en que Rajoy acostumbra enfrentar los problemas. El próximo Presidente del Gobierno de España no podrá dedicarse a sestear, a interesarse por el mercado de fichajes futbolísticos o a disfrutar de la subida ciclista al Tourmalet, mientras las dificultades se resuelven por sí mismas.

La próxima legislatura será en muchos aspectos una legislatura constituyente. España debe inaugurar un nuevo modelo productivo, con más competitividad y menos burbujeos. España debe confluir con sus socios comunitarios en un auténtico Gobierno económico de Europa, que embride el funcionamiento de los mercados financieros y que asegure la supervivencia del modelo social más justo del mundo. España debe acomodar su fiscalidad al objetivo de la consolidación del Estado de Bienestar. España debe atender las demandas ciudadanas de más y mejor democracia, tras treinta años de Constitución. No son tareas menores. No son retos para un líder de vuelo rasante.

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) arroja unos resultados tan previsibles como concluyentes. Los españoles consideran a Rubalcaba un candidato más eficaz, más confiable, más dialogante, más honesto y con más visión de futuro. Ante la pregunta de quién lo haría mejor como Presidente del Gobierno, una mayoría significativa apunta en consecuencia a Rubalcaba. Y la gente no se equivoca.

Los ciudadanos están muy preocupados, por el alcance de la crisis, por el estancamiento de la economía, por los altos niveles de paro, por la inestabilidad en los puestos de trabajo, por las amenazas continuas de “ajuste” en las políticas sociales, por los discursos sobre la “sostenibilidad” de la sanidad pública, por el riesgo del “copago”… Los ciudadanos saben lo que nos jugamos en las próximas elecciones, y no van a arriesgar.

Necesitamos un Presidente con ideas claras y criterio propio antes los desafíos del país. Rubalcaba ha expuesto ya sus propuestas en torno a las finanzas, los impuestos, la educación. Rajoy solo pide elecciones para sentarse ya en la Moncloa.

Necesitamos un Presidente resolutivo y eficaz. Rubalcaba ha demostrado su capacidad de gestión reduciendo la criminalidad, alcanzando récords en la seguridad vial y acorralando a ETA como nunca antes se consiguió. Rajoy solo aspira a que los problemas desaparezcan por agotamiento o putrefacción, como en el caso Gürtel y el dimisionario Camps.

Necesitamos un Presidente con capacidad para el diálogo y para forjar grandes acuerdos ante la envergadura extraordinaria de los desafíos que tenemos por delante. Rubalcaba es un hombre de experiencia contrastada en la generación de consensos, muy respetado por todos los interlocutores políticos, sociales y económicos. Rajoy no consigue ganar una sola votación parlamentaria, no se sabe si por incapacidad para sumar voluntades o por pereza.

Necesitamos un Presidente comprometido con la renovación de las instituciones y la generación de nuevos cauces de participación política. Rubalcaba ha mostrado su sensibilidad ante las reivindicaciones en este sentido, y ya ha apuntado reformas en el sistema electoral y en el acercamiento entre representantes y representados. Rajoy se mantiene inédito.

Siempre se dice que las próximas elecciones son las más decisivas. En esta ocasión, además, es cierto. Importan las ideas, importan los programas, importan las propuestas. Y también importan las personas. Los españoles necesitan a un Presidente que sepa lo que tiene entre manos, experimentado, capaz, dialogante y que genere confianza. Todo el mundo puede imaginarse a Rubalcaba en el puente de mando. A Rajoy cuesta imaginarlo sin el sofá y el puro.

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Rubalcaba mantiene con razón que el problema es económico, pero la solución es política. Fueron decisiones políticas las que provocaron la crisis. Y deben ser decisiones políticas las que nos permitan superar la crisis.

Además, el ámbito eficaz para la decisión política pendiente es el ámbito europeo. El problema es económico y es global, y la solución ha de ser política y ha de ser global igualmente.

La política europea decidió en su momento la desregulación de los mercados financieros. Aquella decisión contribuyó a desencadenar la crisis que hoy sufrimos. Y ahora le toca a la política europea adoptar las decisiones pertinentes para terminar con el gravísimo daño que la especulación criminal en los mercados financieros está ocasionando sobre la economía y la sociedad, en Europa y en el mundo.

Pero los europeos no podemos seguir confiando en exclusiva en la iniciativa política de Merkel y Sarkozy. Porque hasta ahora no han demostrado el liderazgo político necesario para acometer los grandes desafíos a los que se enfrenta Europa. Porque ambos dos comparten la ideología conservadora-liberal que está en el origen del problema. Y porque la experiencia nos enseña que tanto la una como el otro actúan siempre más pendientes de los intereses de sus naciones y de sus partidos respectivos que de los intereses de todos.

Los europeos no podemos seguir volviendo la mirada hacia estos dos políticos de peso ligero cada vez que arrecian las tormentas financieras. Sus planteamientos son siempre de corto alcance y de vuelo bajo. Las soluciones adoptadas tras sus paseos previos a las reuniones del Consejo equivalen a meros parches coyunturales que tan solo aplazan la solución definitiva a los problemas. La decisión más relevante a adoptar hoy tiene una formulación dicotómica: o apostamos por más Europa, o apostamos por menos Europa. A los europeos les interesa la primera apuesta, pero Sarkozy y Merkel aún están anclados en la segunda. Y la decisión es urgente.

¿Dónde está la izquierda europea? Los partidos socialdemócratas se muestran inexplicablemente pacatos en su ambición y acomplejados en la defensa de sus principios ideológicos. Es verdad que la mayor parte de las formaciones de izquierda se encuentran en la oposición, y las pocas que gobiernan lo hacen en condiciones extraordinariamente difíciles, como en España y en Grecia. Quienes opositan carecen de la fuerza política suficiente para hacerse oír en el conjunto de Europa, y quienes ejercen el Gobierno temen el castigo de los mercados y la incomprensión de sus opiniones públicas ante cualquier manifestación de aparente “heterodoxia”.

Pero Europa necesita de una alternativa política global desde la izquierda. La solución será política o no será, hemos acordado. Pero no es menos cierto que la solución será progresista o no será, porque la derecha desreguladora en lo económico y timorata en la construcción política de Europa no va a sacarnos de esta crisis.

El PSOE es el principal partido socialista de Europa en estos momentos. Se trata del partido de izquierdas que gobierna la nación más importante, con un apoyo popular muy relevante, por encima aún probablemente del PSF francés, del SPD alemán y del laborismo británico. Quizás sea este el momento apropiado para que el socialismo español, y especialmente su candidato Rubalcaba, alcen la bandera de una salida progresista a la crisis de Europa y lideren una iniciativa política común de todas las fuerzas de izquierda en el continente.

¿Para plantear qué? Para plantear precisamente lo que dictan los valores progresistas y lo que necesita Europa. Más política. Más Europa. Un gobierno económico para la Unión. La regulación definitiva de los mercados financieros. Emisión de Eurobonos. Creación de la Agencia Europea de Calificación. Una fiscalidad común progresista. Impuestos a las transacciones financieras transnacionales. Impuestos sobre los beneficios de los bancos. Defensa del modelo social europeo. Políticas que combinen el rigor monetario con la reactivación de la demanda. Inversiones europeas en clave keynesiana. Es decir, un programa socialdemócrata para Europa.

Rubalcaba habló de ambición y realismo. Nada hay tan ambicioso como liderar la respuesta socialista a la crisis en Europa. Y nada hay tan realista como tratar de afrontar un problema en el único sitio donde puede encontrarse su solución.

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Uno de los objetivos concretos que el candidato Rubalcaba estableció en su magnífico discurso de presentación en Madrid fue el de enfrentar con éxito la lacra de la corrupción en las administraciones públicas, fenómeno que relacionó acertadamente con la espiral de especulación urbanística y de burbujeo inmobiliario que nuestro país ha venido sufriendo a lo largo de la última década.

Para alcanzar este objetivo, como en todos los demás, Rubalcaba propuso una doble receta: ambición y realismo. Y es verdad que necesitaremos una dosis generosa de ambos ingredientes para cocinar este plato. Ambición para no limitarnos a una nueva vuelta de tuerca discursiva contra el corrupto. Ambición para lograr aquello que de verdad exigen los ciudadanos, que no haya corrupción; es decir, que la atajemos antes de que se produzca. Realismo para no proponer vaguedades o fórmulas buenistas sin posibilidad de ejecución práctica. Y realismo para asumir y explicar que las fórmulas realmente eficaces pasan por un control previo más unificado y estricto de las decisiones urbanísticas, y que tal control solo puede lograrse desde el reforzamiento de las competencias del Estado, cambiando la Constitución si fuera preciso.

La corrupción, efectivamente, ha sido uno de los múltiples efectos perniciosos provocados por el urbanismo gansteril impulsado a partir de la Ley del Suelo de 1998, firmada por un gobierno del PP. Hubo otros efectos. Un sistema financiero más cercano en su funcionamiento a un casino de Las Vegas que a un instrumento serio de administración del ahorro y de gestión del crédito. Unas políticas públicas ajenas a cualquier estrategia de crecimiento que no pasara por la promesa falsa de prosperidad eterna en torno al ladrillo caro. Unas empresas que optaron por la promoción especulativa de suelo antes que por la apuesta industrial realmente competitiva. Unos jóvenes que abandonaron sus estudios para participar de la fiesta del trabajo fácil, abundante y bien pagado, pero sin cualificación y sin futuro… Y, además, la tentación de muchos, demasiados representantes públicos que se dejaron corromper, socavando las leyes que prometieron cumplir y traicionando el interés general que estaba bajo su responsabilidad.

Se equivocan quienes trivializan las consecuencias de la corrupción, y también quienes se limitan a denunciar el enriquecimiento grosero e indecente de los corruptos y de los corruptores. La corrupción es el cáncer de las sociedades democráticas. Un cáncer que carcome la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y que destruye la funcionalidad de las administraciones. El efecto de un planeamiento urbanístico corrompido no debe valorarse solo en función de los billetes, de los trajes o de los maseratis que ha puesto en manos del delincuente. Un mal plan urbanístico se traduce automáticamente en un problema económico, ambiental o de movilidad para cientos, miles o millones de ciudadanos. Un clima de corrupción más o menos general en una administración es una luz roja que alerta y que espanta las inversiones serias y, por tanto, el empleo. ¿Cómo pedirán responsabilidad cívica en el pago de impuestos o en el cuidado de las instalaciones comunes aquellos ayuntamientos que se han visto envueltos en este tipo de escándalos?

Es cierto que aquella deficiente ley del suelo de 1998 fue reformada por la mayoría socialista de 2004, y también es verdad que existen herramientas legales, normativas y de gestión para defender una ordenación positiva y decente del suelo. De hecho, en estos momentos hay menos posibilidades de corrupción ligada a los desarrollos urbanísticos, por la sencilla razón de que hay muchos menos desarrollos urbanísticos. Pero tiene razón Rubalcaba al plantear que nuestro país debe hacer ahora sus deberes para que cuando la economía se reactive definitivamente y vuelvan a generarse intereses encontrados en torno al urbanismo, dispongamos de instrumentos realmente efectivos para prevenir la sangría de las corruptelas.

El artículo 148 de la Constitución y los Estatutos de autonomía habilitan la competencia exclusiva de las administraciones regionales y locales sobre las políticas urbanísticas. Pero una leve modificación constitucional podría situar en el artículo 149 ciertas capacidades para el Estado en orden a atender el interés general. No se trata de que la administración central se ocupe ahora de revisar y aprobar previamente una a una todas las propuestas de modificación de planeamiento urbanístico que provengan de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Resultaría exagerado en la teoría y difícilmente viable en la práctica. Pero el Estado si podría actuar eficientemente en las siguientes direcciones:

1. El desarrollo de una legislación básica para la ordenación del territorio y la gestión urbanística, que unifique las condiciones para el planeamiento, la clasificación y la calificación del suelo en todas las comunidades autónomas, y que endurezca los requisitos de transparencia pública, de justificación técnica y de control previo para cualquier cambio o recalificación.

2. La aprobación obligada por parte de las comunidades autónoma de Planes de Estrategia Territorial, que asignen usos predeterminados del suelo en función de objetivos de interés general, como el impulso económico, la protección ambiental, la generación de infraestructuras para el transporte… Y el Estado habría de coordinar tales planes en orden a sus competencias sobre la garantía de igualdad de derechos de todos los españoles, la planificación general de la actividad económica o la preservación ambiental.

3. El establecimiento de controles previos por parte del Estado para aquellas modificaciones de planeamiento urbanístico que resulten especialmente significativas en su afección sobre el interés general: cuando afecten a la actividad económica o a las condiciones ambientales de más de una comunidad autónoma; cuando su dimensión implique consecuencias resaltables de orden económico, logístico o medioambiental; cuando se encuentre en juego una instalación o un ámbito de interés general (un parque nacional, un puerto o un aeropuerto, una frontera…).

4. Una revisión disuasoria sobre las penas asociadas en el Código Penal a los delitos cometidos en los procesos urbanísticos, por los corruptos y por los corruptores, en la prevaricación, el cohecho propio e impropio, el tráfico de influencias y el universo difuso y un tanto ineficiente de delitos contra la ordenación del territorio.

Este objetivo, como el resto de los formulados por Rubalcaba el pasado 9 de julio, solo requiere para su cumplimiento de aquello que él mismo nos reclamó: ambición en los sueños y realismo en las reformas a emprender. Ambas condiciones llevan demasiado tiempo pendientes para la ordenación del urbanismo en España. Es el momento.

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Dos iniciativas del Gobierno han abierto en la sociedad española un debate muy interesante sobre la pertinencia, la efectividad y la viabilidad de las grandes inversiones públicas en las infraestructuras del transporte. Primero fue la decisión de RENFE de suspender el servicio directo del AVE entre Toledo y Albacete. Más recientemente han sido las declaraciones del Ministro de Fomento alertando a la sociedad española de que unas infraestructuras de primer nivel requieren de una financiación suficiente y, por tanto, de la adopción de algunas decisiones inevitables en el ámbito de los impuestos.

 

No es un debate menor. Los españoles nos jugamos mucho en este campo. Más del 70% de las inversiones productivas del Estado desembocan en nuestras carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Y cuando todos hablamos de la necesidad de mejorar la productividad de las empresas y la competitividad de la economía, hemos de saber que uno de los instrumentos más directos y más eficaces para lograr este objetivo consiste en reducir costes logísticos y mejorar los sistemas de transporte, tanto de pasajeros como de mercancías. La apuesta del Ministro no es, por tanto, baladí. Se trata de un órdago a la grande en los planes de la sociedad española para salir de la crisis y modernizar nuestro modelo de crecimiento.

 

Primer asunto: ¿Merece la pena mantener un ritmo alto de inversiones en la obra pública destinada a mejorar las infraestructuras del transporte? Evidentemente sí. Más allá de las ventajas que proporciona a corto plazo la apuesta keynesiana de una inversión pública potente, la mejora de nuestro capital físico redunda de manera directa y positiva en la competividad de la economía, en la cohesión social y territorial, en la preservación del medio ambiente y en la calidad de vida de los ciudadanos. Hemos gastado mucho dinero en este capítulo durante muchos años, más que los demás países de nuestro entorno, y nos ha servido para ser líderes en ámbitos de alto valor añadido tecnológico, como la alta velocidad ferroviaria y los servicios de tránsito aéreo.

 

¿Se ha metido la pata en alguna ocasión? Desde luego, por ejemplo en el aeropuerto de Castellón: 150 millones de euros para una infraestructura planificada sobre un capricho político y al margen de cualquier racionalidad económica. ¿Hay más casos? Algunos más, como en los aeropuertos de Murcia, Lleida o Ciudad Real, o en la ampliación exagerada de algún puerto, o en el fiasco de las radiales de pago en Madrid. ¿Descalifican estos casos la apuesta estratégica del Estado a favor de sus infraestructuras? De ningún modo, porque en más de un 99% de los casos se ha invertido a partir de una planificación racional, se ha ejecutado eficientemente, y las infraestructuras se explotan con un beneficio evidente para el interés general, desde la ampliación de la red de autovías hasta la mejora de nuestros grandes portales aeroportuarios para el turismo, pasando por los trazados ferroviarios dedicados a las cercanías urbanas, el transporte de mercancías o la alta velocidad.

 

¿Qué ocurrió con la famosa línea del AVE en Castilla-La Mancha? Que se ha adoptado una decisión en clave de eficiencia, precisamente. Las autoridades regionales, de todos los colores políticos, pidieron un servicio directo de AVE entre Toledo y Albacete sin transbordo en Madrid. Tras analizar el resultado económico de los primeros seis meses de este servicio se ha comprobado su ineficiencia, y se ha corregido. Los ciudadanos podrán seguir viajando entre Toledo y Albacete en alta velocidad, pero tendrán que hacer un breve transbordo en Madrid. Solo eso. Nada de verdad, por tanto, en las acusaciones vertidas sobre la inutilidad manifiesta de las infraestructuras del AVE en Castilla-La Mancha. Estos trazados ferroviarios dan cobertura a la línea Madrid-Toledo, que funciona como un tiro con más de 4.500 viajeros diarios, así como a la línea Madrid-La Mancha-Valencia, también muy rentable, con más de 6.500 viajeros al día. El AVE es eficiente en Castilla-La Mancha, como lo es en Madrid, en Andalucía, en Valencia y en Cataluña. Y quienes buscan limitar su desarrollo a nuevas regiones, esgrimiendo falsos argumentos de racionalidad económica, son los mismos que se negaban en los años ochenta a convertir la carretera Madrid-Extremadura en la actual autovía A-5. ¿Racionalidad económica? Sí, y racionalidad política también.

 

El Ministro Blanco ha abierto otro debate, el de la financiación de las infraestructuras. Durante algunos de los años de expansión económica llegamos a ejecutar 20.000 millones de euros en obras de transporte desde el Gobierno de España. Ahora, con el ajuste presupuestario, aún estamos invirtiendo cerca de 14.000 millones al año. Mucho dinero. Los gastos de conservación son cada ejercicio más importantes, por pura lógica de eficiencia: más de 2.000 millones anuales para carreteras y ferrocarriles. También mucho dinero. Si somos conscientes de que el presupuesto público ya no dará para las fiestas de antaño, y que las ayudas europeas también se aminoran, algo habrá que hacer. Ese algo se llama colaboración público-privada y pago por uso. Es decir: financiación privada para las nuevas obras y pago directo de algunos usuarios para conservar las carreteras. ¿Políticamente arriesgado? Sí. ¿Inevitable? También.

 

El “pago por uso” se ha extendido por toda Europa a través de la “euroviñeta” y su aplicación en Francia a partir de enero de 2012 convertirá a España en una isla al respecto. Los camiones españoles pagarán una tasa por el uso de las carreteras en sus recorridos por los países centroeuropeos, mientras los camiones alemanes, por ejemplo, no pagarán nada por usar nuestras carreteras. El principio es interesante: ¿por qué deben pagar lo mismo en la conservación de las carreteras quienes las usan y quienes no las usan, o quienes obtienen beneficio comercial y quienes solo viajan, o quienes contaminan más y quienes contaminan menos? La ventaja más evidente es una garantía de financiación estable. Los inconvenientes llegan desde la afección negativa sobre el sector de los transportes por carretera, muy castigado por la crisis, y los riesgos de inflación para las exportaciones españolas. Hasta ahora, España se ha opuesto formalmente a las directivas “euroviñeta”. El Ministro insta a una reflexión general, a un análisis en sede parlamentaria (una subcomisión) y a un acuerdo para garantizar una financiación suficiente y justa de nuestras infraestructuras. Resulta intachable.

 

Tres conclusiones. Uno. Las inversiones en infraestructuras de transporte han sido y son muy positivas para la economía y para la sociedad española. Merece la pena mantener un buen ritmo inversor en este sector, aunque las cantidades deban rebajarse respecto a los años de mayor expansión económica. Dos. En esta nueva etapa toca planificar y ejecutar con garantías absolutas de eficiencia, dando más peso a la conservación, apostando por los grandes corredores europeos, priorizando el ferrocarril, impulsando la intermodalidad y las plataformas logísticas. Y tres. Con la nueva legislatura conviene procurar un gran consenso político en torno a unas fuentes de financiación suficientes, estables y viables, en las que la colaboración público-privada y el “pago por uso” serán recursos a tener en cuenta.

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La principal conclusión que puede extraerse del Debate sobre el Estado de la Nación recién celebrado es que el horizonte político y electoral está más abierto de lo que algunos se piensan. Los dirigentes del PP esperaban encontrarse un Gobierno y un Grupo Socialista abatidos y resignados a lo que ellos llaman el “fin de ciclo”, pero se encontraron con un oponente firme en la defensa de su gestión y dispuesto para dar la dura batalla que se avecina. Es lo que el fértil refranero castellano refiere como “ir por lana y salir trasquilados”.

La experiencia nos dice que para lograr un cambio de Gobierno en España es preciso combinar dos factores al menos. El defensor del título ha de sufrir una fuerte deslegitimación social, y el aspirante debe identificarse con una expectativa ilusionante de futuro. No serán pocos los que den por cumplida la primera condición, a pesar de que Zapatero ha argumentando con convicción y con rigor a favor de la pertinencia de sus políticas contra la crisis. Pero, con toda seguridad, serán muchos menos los que, tras escuchar el discurso de Rajoy, sin una sola propuesta en positivo, puedan expresar una confianza movilizadora en las capacidades desplegadas por el PP para solucionar los problemas más acuciantes de la sociedad española.

De manera muy clara y por vez primera, el Gobierno ha hecho autocrítica de su gestión en la crisis y ha reconocido las limitaciones serias que sufre para plantear estrategias alternativas. “Me arrepiento de no haber pinchado antes la burbuja inmobiliaria” que causó el monocultivo en nuestro modo de producción y el endeudamiento masivo, ha subrayado Zapatero con acierto. Aunque también es verdad que el Gobierno socialista impulsó la reforma de la ley del suelo de 1998, del PP, responsable en buena medida de la eclosión ladrillera.

Y ha dicho algo más: “Nuestra gestión ha estado condicionada por el principio de la realidad, porque el mercado de deuda está sujeto a opinión, pero la obligación de pagar la deuda no es opinable”. El Presidente se ha manifestado a favor de muchas de las recetas que se reclaman desde la izquierda, desde una mayor regulación de los mercados financieros, hasta la aplicación de un fiscalidad global progresiva, gravando las transacciones monetarias y castigando la especulación. Sin embargo, como él mismo reconoció, se trata de medidas que requieren de un consenso internacional inexistente y de una aplicación global más que improbable. Y mientras tanto, cada día, sin faltar uno solo, hay que vigilar la prima de riesgo y acudir a esos mercados espurios para que nos sigan prestando el dinero que necesitamos.

Zapatero ha reivindicado la lealtad a los principios de la socialdemocracia en sus políticas. Ha gobernado en el contexto de una crisis que provocaron otros, ha evitado el colapso de nuestra economía con las herramientas limitadas de que disponía, aplicó recetas keynesianas mientras quedaron recursos para sostenerlas, y cuidó siempre de preservar las políticas de protección social para los más vulnerables. Este último aspecto queda probado con el aumento global de las pensiones mínimas (27% en seis años), con la cobertura record al desempleo (70%), con la duplicación de las becas, con la renta mínima de emancipación, con la ley de la dependencia… ¿Había margen para más? Sí, pero hasta los más críticos tendrán que reconocer que el margen, ha sido muy, muy estrecho.

El Presidente ha defendido con convencimiento su reforma en las cuentas públicas, porque sin austeridad no hay solvencia; su reforma financiera, para sostener el sistema crediticio; su reforma de las pensiones, para garantizar la viabilidad hoy y mañana; su reforma laboral, para impulsar la creación de empleo estable; su reforma de la negociación colectiva, para mejorar la competitividad de las empresas y los derechos de los trabajadores; su reforma en los transportes, para ganar en eficiencia económica y en calidad de vida…. También ha apuntado nuevas medidas para aliviar el drama de las hipotecas impagadas, incluso para responder a las demandas “indignadas” de más y mejor democracia.

Y es verdad que queda muchas reformas importantes por hacer: la reforma fiscal progresiva, la reforma para la racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la energía suficiente y sostenible, la reforma para la apuesta industrial, la reforma para consolidar el Estado de Bienestar…. Pero estas otras reformas habrán de ser parte del nuevo programa socialista para una nueva etapa, y le corresponderá a Alfredo Pérez Rubalcaba su articulación, su defensa y, confiemos, su aplicación desde el Gobierno.

Y el PP, mientras tanto, ¿qué? Esperando. Pero si todo va como en el último Debate de la Nación, puede que esperen en balde. Porque esto de cambiar gobiernos no se gana en una siesta. Esto tiene un trámite.

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