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Archive for 26 junio 2011

Los dramas más comunes que está alumbrando la crisis económica en los hogares españoles son el desempleo y la deuda hipotecaria. A menudo, además, los dramas se suman entre sí y multiplican la angustia de sus protagonistas.

Políticos, economistas, sociólogos y periodistas solemos tratar mucho el primero de los asuntos, mientras que el segundo ha quedado un tanto postergado en la agenda de la crisis. El movimiento de los “indignados”, sin embargo, ha acertado al situarlo entre los problemas más urgentes.

¿Qué puede hacerse realmente para ayudar a los sufridores de las hipotecas en tiempos de crisis? Antes que nada, evitar las confusiones y las expectativas infundadas. Porque es absolutamente incierto que cualquier medida, legal o no, que se adopte a partir de ahora pueda aplicarse de manera retroactiva para quienes ya tienen contratada su hipoteca. Lo impiden la Constitución y las leyes.

La llamada “dación en pago”, por ejemplo, es una fórmula jurídica que consiste en limitar la garantía de un préstamo a la entrega del bien hipotecado. Pero la “dación en pago” no puede inventarse para nuestro ordenamiento jurídico, por la sencilla razón de que ya existe. La ley hipotecaria ya permite que las partes acuerden en su contrato privado una garantía de esta naturaleza, aunque se utilice poco. Y lo que no puede hacerse es transformar los contratos vigentes a requerimiento de una sola de las partes.

Tampoco debemos dejarnos engañar por la supuesta solución taumatúrgica de la “dación”, ni siquiera para las hipotecas futuras. Cada cual debería poder negociar libremente, pero hemos de tener en cuenta que ninguna entidad financiera, sobre todo en este contexto, firmará un contrato de tal naturaleza sin limitar drásticamente el porcentaje del precio a cubrir y sin elevar significativamente el tipo de interés a aplicar. Es decir, que en lugar de financiarnos hasta el 80% de la vivienda, con la famosa “dación” el banco limitará su riesgo al 40% o al 50% y nos cobrará más intereses. ¿Lo establecemos como obligatorio? Yo dudaría.

Sí pueden plantearse claramente otras cosas. Cinco por lo menos.

• Protocolizar de manera obligatoria la información a recibir por quien contrata una hipoteca, para que tenga plena conciencia de hasta dónde llegan las garantías que compromete.
• Establecer un tope legal de “autoendeudamiento”, para impedir que ningún ciudadano, consciente o no, sobrepase un porcentaje determinado de su renta en el compromiso de pago deudor.
• Acabar con las claúsulas abusivas que establecen algunas entidades en cuanto a los tipos aplicables, su actualización, sus “suelos” y sus “techos”.
• Garantizar que la valoración del bien a hipotecar se lleva a cabo por una institución independiente y solvente, para acabar con las tasaciones interesadas y deficientes.
• Fijar unas garantías procesales más razonables para quien, por desgracia, no puede hacer frente a los pagos de la hipoteca, estableciendo un porcentaje máximo de sueldo/renta embargable (para permitir al embargado pagar un alquiler), por ejemplo.

Hemos de evitar que algunos hagan populismo barato con los sufrimientos de muchos hipotecados. Y hemos de generar las expectativas justas. Pero la sociedad en su conjunto, políticos y banqueros incluidos, tenemos la obligación moral de aportar soluciones para humanizar este drama.

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Las movilizaciones de miles de jóvenes en las plazas de varias ciudades españolas expresando “indignación” y exigiendo cambios han merecido comprensión y hasta simpatía en una parte importante de la sociedad. Ahora bien, en nombre de la justa indignación y de la reivindicación legítima de los cambios no vale todo. En nuestra democracia y en nuestro Estado de Derecho existen cauces válidos y normalizados para expresar cualquier idea y cualquier reclamación: en las instituciones donde trabajan los representantes elegidos por los ciudadanos o en la calle, mediante manifestaciones, asambleas o acampadas pacíficas. Esto no es Túnez, ni Egipto ni Siria. Vivimos en democracia. En democracia real. Y en democracia no está justificado el ejercicio de la violencia para hacer valer las convicciones propias. Los integrantes de este movimiento harían bien en distanciarse de quienes promueven tales métodos.

Los conocidos como “indignados” son en realidad un colectivo muy heterogéneo en sus motivaciones y en sus planteamientos. La base común a todos ellos está conformada por tres grandes reivindicaciones: respuestas eficaces para la crisis y el desempleo, el sometimiento de los poderes económicos a los poderes democráticos, y el perfeccionamiento de la democracia, abriendo nuevos canales de participación y erradicando comportamientos corruptos. Se trata de reclamaciones razonables y merecedoras de tanta atención como respeto. Y es verdad que sociólogos reputados como José Félix Tezanos venían pronosticando desde hacía tiempo el surgimiento de estas movilizaciones de “excluidos”. La crisis y el paro han venido a profundizar las tendencias ya observadas con anterioridad hacia el incremento de la precariedad laboral, la desigualdad social y la consiguiente desafección política. Si el sistema no responde a las necesidades de una parte de la sociedad, resulta lógico esperar que al menos esa parte de la sociedad reaccione contra el sistema.

La respuesta de la izquierda política ante este movimiento ha sido confusa y contradictoria. De la simpatía inicial, con la esperanza de la movilización del voto progresista, se pasó a un frustrado intento de apropiación en clave electoral, y de ahí al reproche, tras las ventajas obtenidas por la derecha a causa, presuntamente, de las llamadas de los indignados a la abstención. En la actualidad hay quienes, como Cayo Lara, que se empeñan en tratar de situar al movimiento detrás de sus siglas; hay quienes mantienen cierta distancia aún respetuosa y abierta a la colaboración; y hay quienes les sitúan explícitamente como adversarios violentos y antidemocráticos.

A mi juicio, los partidos de la izquierda y, en concreto, el Partido Socialista debe reaccionar conjugando políticas que ofrezcan respuestas eficaces a aquellas reivindicaciones de base, con una firmeza total en la defensa de los procedimientos democráticos y en la condena al ejercicio de la violencia. No se puede caer en el error de condenar al todo legítimo por la parte violenta, y tampoco se puede caer en la equivocación de transigir con procedimientos absolutamente inaceptables en democracia, vengan de quienes vengan.

Y el movimiento del 15-M deberá tomar también sus decisiones cuanto antes, a riesgo de sucumbir por disolución natural o por deslegitimación violenta. Tienen varias opciones para mantener vivas sus reivindicaciones: pueden integrarse en las formaciones existentes en la izquierda, condicionando sus programas y estrategias; pueden configurar una formación propia para participar en el sistema (presentándose a las elecciones incluso); o pueden instaurar un movimiento de nuevo cuño que respete las normas y los derechos de los demás. O todo a la vez. Son libres, porque viven en democracia. Y por eso, la sociedad en su conjunto también está legitimada para exigirles respeto a las normas que nos hemos dado nosotros mismos para garantizar la convivencia en paz.

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Las estrategias del PP suelen ser simples, fáciles de entender y sencillas de ejecutar. Quizás por eso resultan tan eficaces. En estos días todos sus altavoces institucionales y mediáticos se esfuerzan por trasladar un mensaje: las cuentas públicas de nuestro país son un desastre a causa del despilfarro y la corrupción de los socialistas. Punto. Da igual que hablemos de la deuda pública, de los ERE en Andalucía o del traspaso de poder en Castilla-La Mancha. Da lo mismo que la deuda oficial esté razonablemente bajo control, que el fiasco andaluz sea tan lamentable como minoritario y que las cuentas castellanas no tengan mácula. Y resulta indiferente que la alarma generada aquí traspase nuestras fronteras, perjudicando objetivamente los intereses españoles en los mercados internacionales de deuda. Es igual. El mensaje de alarma se repite con machacona eficiencia.

Los objetivos de tal estrategia son dos. Primero se trata de desgastar al Gobierno socialista. Esta es siempre la meta primordial en la acción política del PP. Las encuestas les dan como ganadores, los márgenes demoscópicos superan los diez puntos, y ya han conquistado el mayor poder territorial que jamás acumuló organización alguna en democracia. Pero no se fían. Sobre todo no se fían de la capacidad de recuperación de los socialistas. Ahora miran a Rubalcaba y les entran los sudores. Quedan unos meses para las generales y la ansiedad apremia. Y la ansiedad siempre conduce a la derecha por el mismo camino: la crispación y la radicalización. Hoy es el supuesto agujero negro de las cuentas públicas, ayer era la supuesta incapacidad de España para pagar sus deudas, la semana anterior fue la supuesta connivencia entre socialistas y terroristas. Es la política de tierra quemada. Como dice Rubalcaba, “prefieren volar el edificio con tal de quedarse con el solar”. Pues eso. Buscan dejar España como un solar. Para quedárselo.

El segundo objetivo es igual de evidente. Alarman a la población sobre la supuesta ruina en las cuentas públicas, para justificar los recortes en las políticas sociales que tienen en preparación. Los ajustes son necesarios, nos dirán, porque los socialistas dejaron las arcas vacías. No, si nosotros no queríamos, pero no tuvimos más remedio. Recortes, ajustes y privatizaciones en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales. Tras la rapiña urbanística e inmobiliaria, los ojos de los especuladores se han posado ya sobre los magros presupuestos de los grandes servicios públicos. Y, como sucedió con los planeamientos del suelo y la vivienda, tras los ojos vendrán las manos. Unos pocos volverán a enriquecerse. Otra vez a costa del bienestar de la mayoría.

Cada movimiento tiene sus pioneros. Y últimamente el pionero del PP, el hombre que anticipa con osadía sus discursos y sus políticas, el visionario que abre camino a machetazos para el avance popular es Ramón Luis Valcárcel, el Presidente de la región de Murcia. Recientemente confirmado en el cargo con un amplio apoyo electoral, todo hay que decirlo. De hecho, Valcárcel ya defendió públicamente la aplicación del “copago sanitario y educativo” en plena campaña autonómica. Y tras el apoyo ciudadano, lógicamente, ha dado los pasos previstos. Su “Plan de Reequilibrio Financiero”, además de promover el “ahorro” de 144 millones de euros en gasto de personal público (3.500 despidos, según los sindicatos) y privatizar hasta los puertos, ha previsto la imposición de nuevas tasas en los servicios educativos para recaudar 15 millones más. En virtud de esta medida, los murcianos tendrán que pagar cinco nuevas tasas a cambio de servicios que hasta ahora recibían como ejercicio de un derecho universal. Esto se llama copago. Y en Murcia ya lo están aplicando.

Es verdad que a Valcárcel le ha salido un competidor de enjundia, nada menos que el político mejor valorado en muchas encuestas. Josep Antoni Durán, portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, ha formulado una pregunta inquietante: “¿De verdad nos creemos sinceramente que durante mucho tiempo puede permanecer inalterable el actual sistema de atención sanitaria?”. Y resulta inquietante porque conocemos la respuesta que el propio Durán ofrece a la cuestión. De hecho, la respuesta se está aplicando por el Gobierno autonómico catalán en forma de recorte de servicios sanitarios y de la exclusión de algunos extranjeros en el acceso a la atención sanitaria. Sin embargo, como Durán es más fino que Valcárcel, ha sabido vestir su iniciativa, que en lo esencial es idéntica a la del murciano, con un ropaje aparentemente más presentable. El nacionalista catalán propone un “pacto de Estado”. Pero tras el “pacto” de Durán hay exactamente lo mismo que tras la “alarma” de Rajoy: el recorte de las prestaciones sociales y los derechos de ciudadanía.

¿Puede responderse aquella pregunta de otra manera? Claro que sí. La diferencia entre Rajoy, Durán y quienes compartimos convicciones de progreso está en que aquellos pretenden adaptar el sistema de protección social vigente a su modelo de economía liberal, de Estado reducido y de sociedad desigual. Los progresistas, por el contrario, seguiremos peleando para que el funcionamiento de la economía y la configuración del Estado se adapten a fin de garantizar los derechos sociales básicos de los españoles, en condiciones de universalidad, de calidad y de equidad. Y ésta es una pelea que merece la pena.

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Uno de los requisitos imprescindibles para que los ciudadanos puedan valorar debidamente las distintas alternativas de gobierno en un país consiste en el conocimiento de sus programas. Sin programas explícitos, las campañas electorales corren serio riesgo de convertirse en meros intercambios de prejuicios y de acusaciones sin base contrastable. Ante la ausencia de un catálogo claro de propuestas atribuible a cada opción política, la votación se asemejaría a un acto de fe o una apuesta ciega, antes que a una decisión fundamentada en la razón y el interés. Tales afirmaciones pueden parecer estúpidas de puro obvias, sin embargo en el presente contexto político español resultan extremadamente oportunas.

Desde el pasado 22 de mayo, el líder del PP se ha presentado públicamente a sí mismo como una opción cierta para el gobierno de España. Y es verdad que los últimos resultados electorales avalan tal presunción como posible y probable. Sin embargo, hasta el momento Rajoy ha evitado exponer ni tan siquiera un esbozo de sus planes ante los principales retos del país. Tan solo verbaliza algunos tópicos o lugares comunes, tan hueros de contenido como contradictorios con su acción de gobierno en comunidades y ayuntamientos. Parece como si el PP quisiera evitar el coste potencial incorporado a toda concreción programática. Da la sensación de que la derecha española solicita una especie de cheque en blanco a sus electores. El mensaje sería algo así: denme su voto y su confianza a ciegas para echar a los socialistas, y una vez instalados en el poder ya se enterarán ustedes de nuestro auténtico programa. Se trata de un comportamiento inaceptable en democracia.

La situación del país es lo suficientemente grave como para que los ciudadanos conozcan las respuestas que cada fuerza política propone para afrontar la salida de la crisis y la lucha contra el paro. Las recetas socialistas podrán valorarse como mejores o peores, pero están a la vista y en pleno proceso de aplicación. Las recetas populares son una incógnita. Sabemos que no les gusta casi nada de lo que hace el gobierno socialista, incluidas aquellas medidas ineludibles que derivan directamente de nuestros compromisos internacionales para reducir el déficit o asegurar la financiación de la deuda. Y escuchamos cada día las cantinelas sobre la necesidad de “un gobierno serio y austero”, que “haga lo que hay que hacer”, eso sí “con eficacia y sin errores”, buscando “la recuperación de la confianza”, y apoyando “a los empresarios y autónomos que crean empleo”. Pero esto no es un programa, ni siquiera una declaración seria de intenciones. Se trata tan solo de la puesta en práctica de la estrategia de la ocultación, o el “evitemos que conozcan nuestro programa hasta que no tenga marcha atrás”.

En términos democráticos es un fraude. Los españoles merecen saber qué es lo que Rajoy, Montoro y compañía tienen en mente para gobernar este país. ¿Qué reforma laboral alternativa cabe esperar tras aquella frase célebre de Rajoy sobre “trabajar más y cobrar menos”? ¿Qué tiene pensado hacer el PP con los servicios públicos sanitarios y educativos tras la proclamación de “la insostenibilidad del Estado de Bienestar” por parte de Aznar? ¿Qué recorrido tendrá la apuesta pública de Valcárcel por el copago en la sanidad y la educación? ¿Dónde se ubicarán las nuevas centrales nucleares tras la apuesta del PP por esta fuente energética? ¿Actuarían con los impuestos del Estado tal y como han hecho con las subidas brutales del IBI en Madrid o con las rebajas tributarias pactadas con CiU en sucesiones y donaciones para las grandes fortunas catalanas? ¿La austeridad que proclama Rajoy para España se asemeja a la broma de Gallardón cuando pretende eliminar coches oficiales solo a los concejales de la oposición?

El previsible candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuenta con la ventaja, o la desventaja según se mire, de heredar el programa de reformas emprendidas por el gobierno del que forma parte. Todo completamente a la vista. Además, el Comité Federal del PSOE ya ha convocado para el próximo mes de septiembre una Conferencia Política que tendrá como misión definir los “cambios” que el candidato ha anunciado para el “nuevo proyecto socialista”. Tales cambios, claro está, deberán cumplir la misma exigencia de claridad, concreción y valentía que reclamábamos a Rajoy más arriba.

En democracia, las alternativas no solo son legítimas, sino incluso convenientes, especialmente en tiempos difíciles. Ahora bien, para ser creíbles, las alternativas deben explicitar sus planes y respuestas ante cada uno de los problemas y desafíos del país, sin trampas, sin simulaciones ni ocultaciones. Esa es la diferencia entre la política seria y el puro oportunismo. Los ciudadanos lo tendrán en cuenta.

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El PSOE ha empleado una semana en lamerse las heridas y en administrar las inevitables tensiones internas de cara a la sucesión. No puede permitirse ni un día más. Desde hoy solo puede haber un objetivo común: darle la vuelta a todos los pronósticos y ganar las próximas elecciones generales. Hay tiempo, porque ocho o diez meses en la dinámica política actual dan para mucho. Hay voluntad, porque somos muy conscientes de que la gestión de la crisis en manos de la derecha supondría un grave retroceso en materia de derechos fundamentales. Solo falta una buena hoja de ruta y la habilidad suficiente para cumplirla.

A pesar del batacazo innegable del pasado 22 de mayo, al menos dos datos avalan las posibilidades del PSOE para mantenerse en el Gobierno de España tras los próximos comicios. En primer lugar, los análisis electorales y sociológicos más rigurosos han limitado el trasvase de voto socialista hacia el PP en menos de un 10%. Es decir, la gran mayoría de los tradicionales votantes socialistas que no apoyaron al PSOE el 22-M optaron por la abstención, el voto blanco-nulo u otras formaciones progresistas. Se trata, por tanto, de un voto potencialmente reversible. El partido del Gobierno mantiene, pues, un potencial apoyo subyacente de entre el 33% y más del 40%. El segundo dato está referido a la escasa valoración que sigue despertando Mariano Rajoy y su equipo como alternativa, incluso entre sus propios votantes, y a pesar de los resultados regionales y locales.

Tales posibilidades quedarán en nada si el PSOE se limita a mantener las políticas y los discursos vigentes, sin atender al evidente grito de protesta que la ciudadanía. No se trata de escuchar, darse formalmente por enterado y seguir haciendo lo mismo. Es preciso demostrar que se ha entendido la lección y que se está dispuesto a cambiar. El desarrollo del Comité Federal del día 28 de mayo fue un buen punto de partida, pero las expectativas generadas tienen que traducirse rápidamente en hechos para no perder credibilidad ante las bases socialistas y ante los ciudadanos que aún esperan la respuesta del PSOE al 22-M.

Los cambios anunciados tienen que ver fundamentalmente con tres factores. Primero el candidato. La elección de un nuevo referente social de futuro era clave, y el PSOE ha acertado tanto en la persona, Alfredo Pérez Rubalcaba, como en el procedimiento. El nuevo candidato cuenta con los atributos precisos para ganar la confianza ciudadana en un contexto de grandes incertidumbres, por su experiencia dilatada, por su inteligencia contrastada y por la amplia valoración social que disfruta.

Haber hecho confluir las voluntades de la mayoría de dirigentes del PSOE en torno al mejor candidato, de manera transparente y cumpliendo los procedimientos democráticos, ha sido a mi juicio una buena idea. Mucho mejor que la alternativa de sumergirnos ahora en una orgía de contradicciones entre rubalcabistas, chaconistas, patxistas y varistas, entretenidos en lo nuestro mientras los ciudadanos esperan soluciones para lo suyo. No obstante, también resultaba interesante la propuesta inicial de los socialistas vascos para dotar al nuevo proyecto cuanto antes de los instrumentos orgánicos más eficaces y coherentes. En todo caso, Rubalcaba deberá culminar este proceso democrático demostrando que es el candidato de todos los socialistas, de los dirigentes y de los dirigidos.

El segundo factor debe referirse a los contenidos del nuevo proyecto. No basta con una cara nueva en el cartel. El cambio será creíble si conlleva nuevas políticas, a partir de lo hecho hasta ahora. Rubalcaba planteó como grandes referencias el objetivo del empleo, la renovación del Estado de Bienestar y la protección de derechos y libertades de ciudadanía. Es un buen esquema, que hay que rellenar con argumentos y medidas concretas.

No se trata de “girar” en un sentido o en otro, porque la mayor parte de los giros anunciados acaban en el giro de 360 grados para acabar en el mismo sitio. Se trata de consolidar y explicar bien las políticas que no deben cambiar, porque los márgenes son estrechos. Se trata de modificar aquellas políticas que admiten una revisión en el sentido del progreso porque, aún siendo estrechos, los márgenes existen. Y, sobre todo, se trata de dar una respuesta positiva a quienes vienen reclamando una socialización alternativa para los costes de la crisis, una diferenciación más clara entre las salidas progresistas y las salidas conservadoras, y un compromiso firme para que la política haga prevalecer de manera evidente los derechos de las personas sobre la codicia de los mercados.

El tercer factor es el de las formas. Porque el movimiento 15-M puede tener un desenlace más o menos feliz, pero no puede negarse que ha supuesto el síntoma de una desafección bastante general hacia la política y los políticos al uso, especialmente entre los más jóvenes. La respuesta no puede ser el reproche por haber facilitado coartadas a los abstencionistas o por haber abierto camino al triunfo de la derecha. La respuesta debe ser un esfuerzo por abrir las formas de hacer política a una participación distinta, permanente, más dinámica y más satisfactoria que la ofrecida de manera inmutable por las agrupaciones socialistas, por ejemplo, desde los tiempos de Pablo Iglesias. Las demandas de participación política del siglo XXI exigen de unos partidos políticos actualizados en sus estructuras y en su funcionamiento. El nuevo proyecto del PSOE también ha de ofrecer esta nueva mirada.

No será fácil. Los costes de la acción de Gobierno durante el último año y los resultados del 22 de mayo han dejado al PSOE herido y exhausto. Ahora solo cabe aprender de la caída y levantarse para afrontar el siguiente desafío. El esfuerzo merece la pena, porque son muchos los que dependen de su éxito.

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