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Archive for 29 mayo 2011

(Publicado en El País Digital)

Los resultados de las elecciones del 22-M han generado un debate de gran calado en el seno del PSOE. Resulta lógico. Lo contrario hubiera sido sorprendente. La dimensión de la derrota, las consecuencias políticas que de ella se derivan y la cercanía en el tiempo de una nueva y decisiva contienda electoral aconsejan análisis y respuestas tan eficaces como urgentes.

 

La primera pregunta que nos hacemos en estos días los socialistas tiene que ver con las razones que han motivado un castigo tan severo. ¿Se ha producido un giro hacia la derecha en los valores y las convicciones políticas de los españoles? ¿Han logrado Rajoy y su equipo ganar la confianza masiva de la ciudadanía? Cualquier análisis político y sociológico ponderado arroja una respuesta negativa. El voto perdido por el PSOE ha recalado mayoritariamente en la abstención, en el blanco-nulo y en otras formaciones minoritarias. El PSOE mantiene un apoyo potencial subyacente por encima del 40%. Y Rajoy sigue sin ser una expectativa ilusionante de futuro para la gran mayoría.

 

No, los electores que abandonaron al PSOE el 22-M no se despertaron ese día sintiéndose repentinamente de derechas. Simplemente, en esta ocasión los socialistas no hemos podido o no hemos sabido ganarnos su apoyo. El argumentario apunta a la crisis. Y la crisis explica, pero no justifica. Muchos electores se han sentido defraudados, porque las respuestas políticas a la crisis les han parecido tardías, equivocadas, ineficaces o demasiado conservadoras. Otros han decidido que al Gobierno de turno le toca pagar los platos rotos de la crisis, el desempleo y el ajuste, independientemente de la pertinencia o no de sus políticas. Y un tercer grupo se siente estafado porque la política al uso le ignora, le asfixia o le repugna, y lo ha hecho pagar sobre quienes representan el poder en mayor medida.

 

¿Y qué debemos hacer los socialistas para recuperar la confianza perdida de tantos electores? Evidentemente tomar nota del veredicto ciudadano. No en la retórica, sino en los hechos. Es decir, cambiar las políticas que no funcionan, explicar mejor las que deben mantenerse, y actualizar unas formas de hacer política que hemos mantenido prácticamente invariables desde la fundación del PSOE en el siglo XIX. Los ciudadanos que comparten valores de progreso quieren que la política dirija la economía y no a la inversa, quieren que la crisis no castigue a los inocentes sino a los culpables de su génesis, quieren que las recetas de unos y de otros además de ser diferentes lo parezcan, quieren equipos solventes en los que poder confiar, y quieren resultados. O les damos lo que quieren o no nos votarán, a pesar de todas nuestras potencialidades y a pesar del chollo que tenemos en Rajoy.

 

¿Cómo hacer todo esto? Algunos compañeros han entendido que la mejor respuesta consiste en organizar una gran orgía democrática. Abramos el proceso de primarias, excitemos la presentación de múltiples candidatos y pasémonos los próximos meses divididos entre chaconistas, rubalcabistas, lopezaguilaristas, varistas y no sé qué más. Discutiendo nosotros con nosotros sobre lo nuestro. Mientras los ciudadanos esperan soluciones para lo suyo. Y dando pie para las plataformas de unos y otros se conviertan en coartadas para profundizar las querellas internas. Lo respeto. Es legítimo. Pero no lo comparto porque creo que se equivocan.

Otros creemos que se atiende más al interés general si hacemos confluir voluntades, de manera transparente y democrática, para elegir ya como candidato a la presidencia del Gobierno a aquel de nosotros que cuenta con mejor valoración social y asegura mejores posibilidades de respaldo ciudadano. Es decir, Rubalcaba, tan y como al parecer han planteado tanto el secretario general del PSOE como sus líderes regionales. Proporcionándole y proporcionándonos después las mejores herramientas para afrontar con éxito el desafío de las próximas elecciones generales: una nueva estrategia, un programa renovado, un discurso movilizador y un equipo competente, porque la competencia no lo es todo, pero es mucho, y sin competencia todo es más difícil.

 

Esto es lo que en su momento plantearon los compañeros del País Vasco, y después otros muchos. A mí me parece bien. A la compañera Chacón no se lo ha parecido tanto, a juzgar por sus palabras ante los medios de comunicación. Personalmente valoro su renuncia como un gesto de generosidad, aunque no entiendo algunas de sus supuestas razones, porque a mi juicio las propuestas surgidas inicialmente del PSE ni han quebrado al PSOE, ni han desestabilizado al Gobierno, ni han restado autoridad a nuestro secretario general. Zapatero conserva el respeto, el apoyo y el afecto de todos los socialistas, porque se lo gana cada día atendiendo al interés de España.

 

Aún más claro. Tan legítimo y democrático es cumplir las normas fomentando la presentación de varios candidatos en unas primarias, como cumplir las normas fomentando abiertamente el consenso en torno al que la mayoría considera el mejor candidato. Y esto último es más inteligente.

 

Que además de nombres y de “ismos” se hable y se acuerde cambiar de ideas, es imprescindible. Y a esta necesidad responde la Conferencia Política que ya tenemos en el horizonte. Aunque tampoco parecía descabellado proponer la celebración de ese evento que está llamado en nuestra tradición y en nuestros estatutos para dar salida a las crisis, precisamente. No lo mencionaré para no molestar. No obstante, proporcionar al candidato y principal referencia social del Partido los instrumentos orgánicos que mejor se adapten a su perfil y a las nuevas estrategias para el ciclo nuevo no solo no ha de extrañarnos. Así lo hemos hecho los socialistas casi siempre. Es verdad que no lo hicimos una vez, con Borrell.

 

Dicho esto, antepongo el respaldo a lo acordado por nuestros dirigentes sobre cualquier otra consideración personal. En el acuerdo también está la fuerza. Su decisión es la mía.

 

El reto es difícil, claro que sí. Pero hay tiempo y está a nuestro alcance. Nos lo debemos y se lo debemos a los españoles. Con democracia, sí. Y con inteligencia, también.

 

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La lectura directa de los resultados electorales deja poco margen a la interpretación. El PP obtiene un raudal de confianza para gobernar la gran mayoría de las instituciones autonómicas y locales. El PSOE se hunde en un resultado sin precedentes. Otras fuerzas nacionalistas y minoritarias avanzan y hacen retroceder al bipartidismo factual. Y la multiplicación de los votos blancos y nulos refleja como nunca antes la desafección de una parte de la ciudadanía.

La gran pregunta es: ¿este vuelco electoral responde a un cambio de ciclo en el posicionamiento ideológico y político de los españoles? Un primer análisis de los datos nos permite apuntar una respuesta negativa. El PSOE mantiene un potencial de voto importante y la sangría socialista del 22-M parece dirigirse más a la abstención, al blanco-nulo y a otras formaciones minoritarias “progresistas” antes que al PP. Y esto permite adelantar que muy posiblemente los españoles no se han vuelto de derechas de repente, sino que el Partido Socialista no ha sabido o no ha podido en esta ocasión captar el voto de la mayoría de ciudadanos que mantienen valores de progreso.

Zapatero hizo un buen discurso en la noche electoral. Asumió la derrota sin contemplaciones, aseguró haber “entendido” el veredicto de las urnas y confirmó “saber ganar y saber perder”. El argumentario oficial vincula de manera directa el fracaso en las elecciones con las consecuencias políticas que la crisis económica ha provocado también en otros países. Y, desde luego, la crisis y el paro contribuyen a explicar el resultado adverso para el PSOE, pero no lo justifican. Si las políticas socialistas frente a la crisis y el paro fueran claramente positivas y los socialistas hubiéramos sabido explicarlas con eficacia, cabría haber esperado un comportamiento distinto de los electores. La crisis y el paro son explicaciones válidas. La falta de credibilidad y de confianza de las políticas socialistas también. Y ahí está el reto.

El sentido final de la influencia generada por el movimiento “Democracia Real” o “15 de mayo” también merece un estudio sosegado. Más allá de la simpatía o animadversión que genere entre unos y otros, las consecuencias políticas de esta iniciativa han tenido muy poco que ver con las esperanzas progresistas iniciales y los resquemores lógicos en la derecha. Los acampados no han movilizado voto de izquierdas ni han hecho retroceder a las fuerzas “privatizadoras” que denunciaban. A la postre, las consignas antisistema han fomentado la abstención entre los progresistas y han empujado a las urnas a mucho voto tradicional de “ley y orden”. Y conste que este análisis no resta un ápice de legitimidad y de razón a tal movimiento.

No hemos de olvidar, para completar el dibujo, que las elecciones eran municipales y autonómicas, y que una parte de la explicación de sus resultados, necesariamente heterogéneos en su dimensión territorial, debe buscarse región por región y municipio por municipio. Si los socialistas han sabido sostener sus posiciones en unos sitios en mayor medida que en otros será también porque han acertado más con sus estrategias, sus discursos y sus equipos. En otras palabras, la “explicación” nacional del resultado no debería obviar un análisis autocrítico específico para cada territorio.

En consecuencia, si el PSOE quiere tomar buena nota de estas elecciones habrá de analizar sus causas con sosiego y mucho sentido autocrítico. Y, desde luego, tendrá que afrontar cambios, tanto en el contenido como en las formas de sus políticas. No hay razones para acortar la legislatura. Quizás sea hora de priorizar las reformas con más contenido social. Quizás sea tiempo también de detenerse a explicarlas con más eficacia. Y quizás sea momento para abrir el partido a otras maneras de participar, tal y como se demanda por miles y miles de jóvenes con valores progresistas en las redes sociales y en las plazas de muchas de nuestras ciudades.

Análisis, crítica honesta y cambios para recuperar apoyo, credibilidad y confianza. El 22-M ha sido una batalla perdida. Pero aún falta un año para las generales del 2012. Tiempo suficiente para tomar buena nota y reaccionar.

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La rebelión cívica de miles de jóvenes en las plazas de las principales ciudades de España ha marcado definitivamente el final de esta campaña electoral. Se trata de un movimiento de fondo, nacido de una indignación justa, con un discurso limpio y honesto, fundamentado en los mejores valores de justicia y democracia. Eficaz en su ejecución, además, gracias a las nuevas tecnologías. Se equivocan en consecuencia quienes le atribuyen motivaciones arteras, orígenes conspirativos o una vida circunscrita al 22M.

Como toda rebelión cívica de fondo, el movimiento surgido el pasado domingo consta de una policromía de voces. Todas merecen respeto, y la gran mayoría también merecen una atención profunda por parte de quienes aspiramos a representar a la ciudadanía. “No queremos políticos marionetas de los banqueros”. “Los ciudadanos votamos cada cuatro años y la Bolsa manda cada día”. “Los antisistema son los tiburones financieros que nos ahogan en la crisis”. “Violencia es cobrar 600 euros y pagar 700 de alquiler”. “La privatización es un robo”. “Este es el fin del borreguismo”. “Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir”. Tras estas frases hay demasiada verdad como para despacharlas con la porra o el desprecio.

Otras consignas vertidas en estos días, sin embargo, me parecen equivocadas: “Lo llaman democracia y no lo es”. “El próximo domingo no les votes”. “PP y PSOE, la misma m. es”. El enfado es entendible y justificable, pero descalificar a la democracia y renunciar al voto equivale a prescindir de la eficacia en la consecución de objetivos justos. Y tampoco es razonable negar las diferencias entre socialistas y populares a la hora de aplicar políticas de carácter más o menos social.

El grito de estos jóvenes es diáfano. Exigen una respuesta justa a la crisis y al desempleo. Porque las respuestas que unos y otros les hemos ofrecido hasta ahora son decepcionantes. Hasta que no lo entendamos no reaccionaremos con acierto al desafío que nos plantean.

Hay preocupación por el paro, por la precariedad que afecta a muchas familias, por la falta de expectativas para miles de jóvenes. Hay indignación porque la crisis se ceba con aquellos que no participaron de la fiesta de la especulación y la codicia, mientras los poderosos siguen aumentando sus ganancias groseras e inmorales. Hay incomprensión porque los ajustes, las reformas y los sacrificios que patrocinan los políticos de izquierda parecen dictados por los prebostes del capitalismo depredador y por burócratas alejados de la decisión y el sentimiento de los ciudadanos. Y hay tentación de hacer pagar a los políticos tanta indignación y tanta incomprensión donde más les duele, en las elecciones, quedándose en casa o tirando el voto.

Y tenemos que decirles a los justamente indignados que les entendemos, porque su sufrimiento es el nuestro y las respuestas que demandan son nuestro único propósito. Que el voto, la democracia y la política no son los enemigos. Que los enemigos son la crisis, el paro y las políticas de derechas que ocasionaron la crisis y el paro. Que las crisis se afrontan desde la política y desde los gobiernos. Y que no todos los políticos y no todos los gobiernos actúan de igual manera frente a la crisis, ni tienen los mismos objetivos, ni responden a los mismos intereses, ni comparten los mismos valores. Y que el único instrumento útil y eficaz que tienen los ciudadanos para asegurarse de que se combate la crisis conforme a sus valores y a sus intereses es el voto.

Reconozco que ahora arrimo el ascua a mi sardina, pero lo hago honestamente. Porque estoy honestamente convencido de que determinados políticos ven la crisis como una oportunidad para proteger a los más débiles, mientras otros ven la crisis como una ocasión para acumular más riqueza y más poder. Estoy honestamente convencido de que con Tomás Gómez y Jaime Lissavetzky en Madrid, con Oscar López en Castilla-León, con Barreda en Castilla-La Mancha y con Vara en Extremadura, por ejemplo, la crisis se afrontará con el objetivo de fortalecer la economía desde un modelo productivo más sólido y competitivo, con la meta de crear empleo de calidad y con derechos, y con la intención decidida de consolidar el Estado de Bienestar como garantía de los derechos irrenunciables de los ciudadanos. Y también creo honestamente que la alternativa popular solo busca en la crisis más negocio, más poder y más desigualdad.

Rebelión, sí. Pero no te olvides de votar. El próximo domingo será la rebelión más eficaz.

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Desde hace más de veinte años Madrid ha padecido alcaldes entregados a las causas más extravagantes. Álvarez del Manzano gobernó en coalición con la piqueta, hasta el punto de que el genial Danny DeVito preguntó por el tesoro escondido en su última visita a la ciudad. Ruíz Gallardón ha sido un alcalde enamorado de sí mismo, y no ha adoptado una sola decisión ni gastado un solo euro del erario público pensando en cosa distinta que en el destino de su carrera política. Con Jaime Lissavetzky Madrid tendrá, por fin, un alcalde dedicado únicamente a enfrentar los problemas y los retos de los madrileños y las madrileñas.

Jaime no administra más intereses que los intereses generales, ni aspira a más estrellatos que el del trabajo bien hecho, y no cambiará jamás el triunfo del equipo por el lucimiento propio. Es un político de la vieja escuela, por eso me identifico tanto con él. Cuando Gallardón enfrenta un problema piensa ante todo en cómo quedará el alcalde. Jaime, por el contrario, diseccionará el problema, analizará sus partes, tomará el instrumental adecuado y lo solucionará. Sin aspavientos, sin concesiones a la galería, sin alardes de carisma. Pero lo hará con determinación, con inteligencia y con eficacia científica. Pensando no en sí mismo, sino en aquellos a los que sirve. Ese es Jaime Lissavetzky.

Es un hombre modesto además. Porque Jaime formó parte del equipo que puso en pie eso que hoy llamamos Comunidad de Madrid. Y es responsable directo de que hoy disfrutemos de algunos servicios y de algunos equipamientos que no siempre estuvieron ahí. Jaime fue el impulsor, por ejemplo, de la mejor red de escuelas infantiles públicas de España. Aún hoy, pese a las privaciones y las privatizaciones del PP, cada padre y cada madre de Madrid prefiere escolarizar a sus hijos más pequeños en la red autonómica. También puso en marcha la Universidad Carlos III, la primera del sur, y una de las más prestigiosas del país. Y el Instituto Madrileño de Formación, y el Teatro de la Abadía, y la Escuela de Cine, y el Estadio Olímpico, y el primer Plan Regional de I+D+i… Nunca le escuché nada parecido a las auto-alabanzas petulantes de su rival.

Cuando le han encargado una tarea, se ha entregado a ella sin reservas y con éxito. Tuve el honor de recibir su testigo en el Partido Socialista de Madrid, donde procuró siempre la suma antes que la resta. Fue diputado autonómico, senador y diputado en Cortes, y nadie le recordará por una estridencia, sino por el trabajo arduo y efectivo. Ni tan siquiera presumió tras liderar la etapa más brillante y laureada de la historia del deporte español. Él hizo su labor. Las medallas se las colgaron otros. Y todos los españoles disfrutamos del éxito colectivo.

Todos sabemos qué planes tiene Gallardón en la cabeza: renovar el cargo, lucir el uniforme unos meses, abordar el barco de la política nacional y perseguir allí su sueño monclovita. Madrid no está para más extravagancias, ni para alcaldes destinados al estrellato, ni para alcaldesas destinadas a estrellarse. Los madrileños no somos de los que nos damos a la botella cuando arrecian los problemas. Las dificultades se afrontan y las oportunidades se aprovechan cuando al frente de la nave hay un capitán que aguanta firme el timón dispuesto a mojarse. Ese capitán es Jaime. Un político comprometido. Un hombre con valores. Una buena persona. El alcalde que necesita Madrid.

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Así será si los ciudadanos no lo evitan con su voto el próximo 22 de mayo. No se trata de una exageración, ni del automatismo de un argumentario de campaña, ni de un recurso metafórico para descalificar al adversario político. El Partido Popular no cree en el vigente Estado del Bienestar, que garantiza la atención pública a las necesidades más básicas de la población conforme a los principios de calidad y de igualdad. El PP no se siente comprometido con el sistema de políticas públicas que aseguran el ejercicio digno y equitativo para todos los españoles de sus derechos en la educación, en la sanidad, en la cobertura al desempleo, en los servicios a las personas socialmente vulnerables por razón de edad, de discapacidad o de renta. Se trata de un invento socialista, inaugurado por los Gobiernos de Felipe González, consolidado por los Gobiernos de Zapatero, y la derecha ha decidido desmontarlo pieza a pieza. Y solo el voto de los españoles puede evitarlo.

Ni tan siquiera podremos argüir que no avisaron, porque están avisando. El auténtico Señor del PP, José María Aznar, ha manifestado de manera diáfana en sendas conferencias allende los mares, en Jersey (diciembre 2010) y en Columbia (abril 2011), que “el Estado de Bienestar es insostenible” y que “requiere reformas de raíz”. Aún más claro en la exposición de sus planes ha sido Ramón Luis Valcárcel, Presidente de la comunidad murciana y destacado miembro de la dirección nacional del PP, defendiendo la aplicación del copago en los servicios sanitarios y educativos, es decir, el fin de la gratuidad y la universalidad en tales prestaciones públicas. Y, desde luego, la praxis de los gobiernos autonómicos y locales del Partido Popular apunta al socavamiento de los servicios públicos, bien por la vía de negarles los recursos imprescindibles, o bien por el camino más directo de la privatización y el sometimiento de la salud, la enseñanza o la atención social a las reglas mercantiles de la oferta y la demanda. Aquel aserto histórico del Delegado del Gobierno del PP en Madrid, “el que quiera seguridad, que se la pague”, se extiende ahora a los demás servicios. Con el PP, por tanto, el que quiera salud, educación o servicios sociales, que se lo pague.

La voladura del Estado de Bienestar está en los modelos ideológicos, en la práctica política y en el discurso del Partido Popular. En consecuencia, que nadie se llame a engaño. Ellos lo explican, además. Tienen perfectamente construido su relato al respecto. Los argumentos son tres. Primero la “insostenibilidad”. Según la derecha, el PSOE oculta la verdad a los ciudadanos. Las cuentas públicas no dan para “sostener” una educación de calidad para todos, unos servicios sanitarios universales, subsidios a los parados, residencias para los mayores, ayudas al alquiler para los jóvenes, pensiones dignas, servicios para los discapacitados… ¡Dónde vamos a parar! Hay que “racionalizar”, es decir hay que “recortar”, sustituyendo el ejercicio universal de derechos sociales por la atención caritativa para los casos más extremos. Y los demás que se las apañen en el mercado: el que pueda pagar más que avance más, y el que pueda avanzar menos que avance menos, o se quede en la cuneta. Claro que ocultan que el Estado de Bienestar ha sido sostenible durante los últimos treinta años, favoreciendo el crecimiento económico y la equidad social, y que también lo ha sido en buena parte de Europa, al menos hasta que han llegado sus correligionarios a algunos gobiernos, y que la “sostenibilidad” de las políticas públicas dependerá de la suficiencia, de la progresividad y de la justicia que unos y otros quieran aplicar sobre los sistemas fiscales respectivos.

El segundo argumento más recurrente es el de la “libertad de elección”. ¿Por qué obligar a nadie a pagar impuestos y hacer uso consiguiente de unos servicios públicos igualitarios? ¿Por qué no rebajar los impuestos y que cada cual contrate los servicios que quiera y al precio que pueda? ¿O por qué no convertir la deseable ayuda pública en un “cheque” que cada ciudadano puede complementar, o no, con recursos propios en el mercado libre de servicios sanitarios y educativos? Pero desde luego no aclaran que la “libertad de elección” solo interesa al que tiene dinero suficiente para poder “elegir”. Tampoco reconocen que el mercado conduce a que sean los centros educativos y sanitarios privados los que disfruten de la “libertad de elegir” a sus pacientes y a sus alumnos en función de su dinero. Y evidentemente no admiten que unos servicios públicos bien dotados constituyen la única garantía de una atención social de calidad y en igualdad de oportunidades para la gran mayoría de la población.

El tercer argumento que se escucha últimamente es importado.La FAESlo ha copiado del corpus ideológico que inspira al Gobierno Cameron, ese que “da confianza” a Rajoy. Se trata de “la gran sociedad”, que aspira a prescindir del Estado “asfixiante”, organizando, financiando y disfrutando por sí misma unos servicios que las administraciones prestan de forma inexorablemente negligente. En realidad solo es una coartada que ha servido a Cameron para recortar más de 60.000 millones de euros en la financiación de los servicios públicos más básicos, incluyendo el despido de medio millón de sanitarios y maestros, así como la triplicación de las matrículas universitarias (12.000 euros anuales) hasta expulsar a las familias trabajadoras de la enseñanza superior. Dicen querer más sociedad y menos Estado, pero en realidad quieren más mercado y más desigualdad, a costa de los de siempre.

Hay un factor más que les anima: el negocio. Se les acabó la fiesta del ladrillo y ahora aspiran a acumular dinero a costa de la salud de los enfermos y de la educación de nuestros hijos. No les bastó con la rapiña del suelo y de las hipotecas basura. Ahora también quieren especular con colegios, con guarderías, con másters, con cursos de inglés, con hospitales, con operaciones de cadera, con radiografías, con residencias para mayores…

Ya sabemos lo que quiere la derecha. Siempre fue más o menos lo mismo. La pregunta es ¿qué queremos los españoles? ¿Hasta qué punto valoramos el Estado de Bienestar? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a defenderlo? Un amigo estadounidense me recordaba en estos días que su familia tuvo que vender la casa y endeudarse hasta las cejas para hacer frente a la enfermedad de un hijo. Y que aún así jamás aspiró a obtener el mismo tratamiento que un millonario en su país. Y cuando su hijo salga adelante, nunca se le ocurrirá pensar que pueda matricularse en la mejor de las universidades, como el hijo de Bill Gates, por ejemplo. “Eso solo ocurre en Europa”, me dijo. “No sabéis lo que tenéis”, remachó. Espero que no tenga razón. Espero que sepamos lo que tenemos. Y que sepamos defenderlo. Con el voto. El día 22 de mayo.

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Puede que en realidad nunca se fuera. Puede que durante los últimos años ejerciera el mando de la derecha española desde la retaguardia, haciéndose visible solo de forma calculadamente esporádica. Pero ahora, al olor del poder, se ha puesto al timón de manera diáfana. Es cierto que muchos lamentarán con razón que este sembrador de discordia vuelva a adquirir protagonismo en la vida política española. No obstante, hemos de contemplar la ventaja de aclarar definitivamente las cosas. Ya no hay dudas sobre lo que puede esperarse de una derecha gobernante. Si el PP gana, vuelve Aznar. Con todas las consecuencias.

Y la primera consecuencia la estamos sufriendo en el tono y el contenido de la campaña. Vuelve Aznar y vuelve la crispación. No es una buena noticia para nadie, porque se sustituye la razón por el prejuicio, el debate por la descalificación, las propuestas por las acusaciones. Ahora bien, en términos de estrategia electoral creo que a algunos les viene peor que a otros. En el comité electoral del PSOE se hacen bromas sobre si Aznar actúa a sueldo de Pepe Blanco, y es que cada vez que el expresidente abre la boca miles de electores socialistas despejan sus dudas y blindan su apoyo al partido del Gobierno. Y, al mismo tiempo, las arremetidas del todopoderoso presidente de honor del PP han hecho saltar por los aires la campaña del equipo de Rajoy. “Centrados en ti”, decía su eslogan, pero Aznar les “centra” muy, muy a la derecha.

Pero, ¿a qué viene Aznar? Viene a asegurarse de que los socialistas no remontan, de que la derecha se deja de “maricomplejines” y vuelve a la “tierra quemada”, al “cuanto peor, mejor”, y viene a asegurarse de que la derecha pone el poder reconquistado al servicio de las ideas más retrógradas y de los negocios más turbios. Ni debería sorprender ni sorprende. Durante los años 70 y 80, la derecha española ofreció una faz novedosa y homologable al tradicional conservadurismo europeo. Su contribución a la recuperación democrática, a la aprobación de la Constitución de las libertades y a la construcción del Estado de las autonomías debe reconocerse como muy positiva en términos históricos. Sin embargo, en los 90, con Aznar y su equipo volvió la derecha sectaria y revanchista, sin escrúpulos ni remilgos para hacerse con lo que consideran suyo: el poder y el dinero. Gobernaron, perdieron, titubearon durante un tiempo, simularon otro tanto, y ahora los de siempre vuelven a las andadas, sin caretas.

¿Por qué Aznar recorre el mundo sembrando dudas sobre la capacidad de España para pagar sus deudas? Porque entiende que así perjudica al país, desgasta al Gobierno y se acerca a la Moncloa. ¿Por qué descalifica como “cuentos chinos” los esfuerzos por atraer inversiones para crecer y generar puestos de trabajo? Porque pretende obstaculizar cualquier dinámica de combate a la crisis y de recuperación económica. ¿Por qué señala a Gadafi como “amigo” de España en plena guerra de la comunidad mundial contra este dictador? Porque busca el descrédito internacional de España y la consiguiente desconfianza de los mercados. ¿Por qué insiste en la “insostenibilidad” del Estado de Bienestar? Para legitimar la campaña de rapiña privatizadora que tiene en mente para aplicar sobre la sanidad y la educación en caso de volver al poder. Lo bueno de Aznar, a diferencia de Rajoy, es que se le ve venir de lejos.

Los “duros” han retomado los mandos, y ya no sirve la estrategia de la “tumbona”, el no hacer, no decir, no proponer, no molestar, a ver si pasa el tiempo, se desgasta el Gobierno, y el poder cae como fruta madura. Aznar no tiene paciencia. Quiere el poder y lo quiere ya. No vaya a ser que la economía comience a recuperarse, que se creen empleos, que ETA doble la rodilla, que los socialistas elijan un buen candidato, y su gozo quede en un pozo. Volvemos al “váyase”. Váyase, señor Zapatero. Váyase, señor Chaves. Váyase, señor Rubalcaba. Váyanse todos, para que se quede él solo.

Pero la cosa tiene un trámite. Y es que los ciudadanos tienen que votar. El 22 de mayo en primera instancia. Y en marzo para la traca final, porque puede que él tenga prisa, pero los demás no tanto. Y puede que los ciudadanos tuvieran dudas sobre Rajoy o Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría, pero la gran mayoría no tienen ninguna duda sobre lo que representa Aznar.

La factoría FAES acostumbra a copiar ideas, las peores y mal copiadas, en los programas más extremistas del mundo. Quizás por esta afición a la copia no acaben de respaldar la protección a la propiedad intelectual en la Red. Esto les obligaría a pensar por su cuenta. Su última importación intelectual ha sido el concepto de “Gran Sociedad” que ha puesto en marcha el Gobierno Cameron en el Reino Unido. Tal concepto no es sino la coartada para aplicar un recorte formidable en las políticas de bienestar, con un ajuste de 60.000 millones de euros en los presupuestos de los servicios públicos, con el despido de medio millón de funcionarios (sanitarios, profesores, policías) y con la expulsión de facto de los hijos de las familias trabajadoras de la universidad, porque la matrícula anual se triplica hasta alcanzar los 12.000 euros. El PP lo ha incorporado a su programa bajo el epígrafe de “Mejor Sociedad” (copian mal, insisto), y ya sabemos qué significa.

Había muchas razones para movilizarse en esta campaña. Aznar nos ha ofrecido la razón definitiva: hay que impedir que vuelva.

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