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Archive for 28 abril 2011

Publicado en El Mundo

El pasado 16 de abril, el portavoz de Fomento del PP firmaba en estas páginas un artículo que solo puede entenderse como parte de esa estrategia de los populares que consiste en disparar a todo lo que se mueve para hacer daño al Gobierno, aunque los disparos acaben dañando al país. Ya vale todo, desde dar crédito a los escritos de ETA hasta defender al “amigo” Gadafi para procurar el desgaste del Ejecutivo. En el artículo de referencia se criticaba nada menos que la supuesta “agonía” de la gestión de un Ministerio, el de Fomento, que ha merecido el reconocimiento nacional e internacional por la ambición de sus reformas y por su contribución a la mejora de la competitividad de nuestra economía.

La profusión de epítetos descalificadores del portavoz del PP, tales como “coma profundo”, “desmoronamiento” o “engaño”, refleja en realidad la impotencia de su autor para cuestionar racionalmente y con datos una labor que se defiende por sí sola. Durante los dos últimos años, la gestión del Ministro Blanco ha posibilitado el mayor empuje reformista de la historia de nuestros sistemas de transporte, además de haber batido todos los récords de ejecución de inversiones en nuevas infraestructuras, a pesar de la crisis económica.

Con toda seguridad, las reformas emprendidas en Fomento serán determinantes para adelantar la salida de la crisis, para contribuir a la rápida generación de puestos de trabajo, y para situar nuestra economía en la rampa de lanzamiento de un modelo productivo más competitivo y eficiente. En este contexto deben analizarse la nueva Ley de Puertos de Interés General de Estado, la puesta en marcha de las Autopistas del Mar, las reformas enla Leyde Navegación Aérea yla Leyde Seguridad Operacional, la definición del nuevo Modelo Aeroportuario, la puesta en servicio de una de las mayores redes de Alta Velocidad Ferroviaria del mundo, el Plan de Impulso al Transporte de Mercancías por Ferrocarril, la confirmación de los corredores ferroviarios Central y Atlántico entre las redes prioritarias de Europa, junto a la nueva apuesta del Corredor Mediterráneo, los Planes de Cercanías Ferroviarias, el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, la pronta Ley de Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano, las inversiones estratégicas en nuestros puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras y nodos logísticos…

Difícilmente podría haber dado tiempo para más. El propósito de todo este esfuerzo reformista consiste en lograr que el país, sus empresas y sus ciudadanos dispongan de un sistema logístico y de transportes moderno, seguro, eficiente y sostenible. Por tierra, mar y aire. Esta es la mejor contribución que puede hacerse desde Fomento en el combate a la crisis. Este es el sentido de las reformas que se están llevando a cabo con determinación, con transparencia y mediante la búsqueda constante del consenso con los sectores económicos y sociales concernidos, con los grupos políticos y las instituciones territoriales. Y están funcionando. Los puertos aumentan sus tráficos en más de un 4% en el primer trimestre de este año y la primera de las Autopistas del Mar (Gijón-Nantes) funciona a pleno rendimiento. RENFE multiplica viajeros y obtiene beneficios enla Alta Velocidad.AENA adelanta el equilibrio de sus cuentas, rebaja tarifas e incrementa sus tráficos en más de un 7% en este comienzo de año. Estas son las buenas noticias que debieran alegrar a quienes esperan y procuran lo mejor para España y para los españoles.

No obstante, el portavoz del PP insiste en hablar de cifras de inversión y, una vez más, sus acusaciones poco ponderadas se estrellan con la realidad. Los datos de inversión en infraestructuras durante los Gobiernos del PP variaron desde los 3.852 millones de euros de 1997 (0,76% del PIB) hasta los 9.562 del año 2003 (1,22% del PIB), y siempre en épocas de bonanza económica. Pues bien, lo que el PP denomina “fracaso” en la gestión de los Gobiernos socialistas ha evolucionado desde los 11.451 millones del 2005 (1,26% del PIB) hasta los 17.637 millones del 2008 (1,62% del PIB). Incluso en un ejercicio de ajuste obligado por la reducción del déficit como fue el de 2010, la inversión en infraestructuras llegó a los 14.062 millones (1,32% del PIB), es decir, un 55% más que el año que más ejecutó el Gobierno del PP. Y las previsiones para 2011 son parecidas a los datos de 2010. De hecho, en el periodo 2004-2010 se ha invertido 98.324 ME, más del doble de lo que invirtió el PP en dos legislaturas, 47.516 ME. Por tanto, si a juicio del portavoz popular “Blanco debe pensar en irse” por sus cifras de inversión, Rajoy y sus compañeros de Gobierno entre 1996 y 2004 debieran ir solicitando asilo en Nueva Zelanda, como muy cerca.

Pero más que comparar datos globales en circunstancias diferentes, resulta de interés comparar las respuestas diferentes que ofrecen unos y otros al reto de impulsar las infraestructuras en un contexto de crisis. El Gobierno socialista ha combinado dos vías: el mantenimiento de unos niveles de inversión pública compatibles con el objetivo de ajuste del déficit, por encima del 1,3% del PIB, y la implementación del Plan Estratégico de Infraestructuras (PEI), con el que se logra la colaboración público-privada en la financiación, la construcción, la gestión y el mantenimiento de los sistemas de transporte. La respuesta del PP puede inferirse de su gestión en los Gobiernos autonómicos, con recortes de la inversión en obra pública de entre el 40% y el 80%. Enla Comunidadde Madrid, por ejemplo, durante el mandato que acaba, el PP ha ejecutado menos del 20% de las actuaciones previstas en carreteras, olvidando incluso el cierre dela M-50que prometió a los madrileños entre grandes reproches al Gobierno de España. De cinco intercambiadores de transportes previstos ha abierto uno, y de 50 aparcamientos disuasorios prometidos ha inaugurado solo seis. Y si su ejemplo de “inversión eficiente” es el aeropuerto peatonal de Castellón, mejor no lo tenemos en cuenta.

Casi a la misma hora que el portavoz del PP preparaba su artículo descalificador sobre el PEI, el Ministro de Transportes de Indonesia, como antes lo han hecho otros muchos de varios continentes, visitaba nuestro país para tomar nota de esta fórmula eficiente de generación de infraestructuras con colaboración privada. Y puede que al PP no le guste, pero a todos los demás, incluidas las empresas, los ciudadanos y hasta los gobiernos extranjeros, les parece inteligente evitar ajustes brutales como los de la comunidad madrileña ensayando nuevos caminos que permitan mantener el ritmo inversor a la vez que se equilibran las cuentas públicas. Y el PEI funciona a buen ritmo. Lo saben bien ya en Aranjuez, en Albacete, en Alicante, en Algeciras, con actuaciones en macha. Y lo sabrán de forma inminente entre Benavente y Zamora cuando se impulse este tramo dela Rutadela Plata, a pesar de los pronósticos tan agoreros como infundados del PP.

Critica el PP con gran desconocimiento la opción de Fomento por una fórmula mixta para acometer las obras pendientes en la llegada del AVE a Galicia. Frente a lo que se dice, el PEI no estará ausente en esta obra. La infraestructura básica se financiará vía presupuestaria, porque resulta más rápido y más barato. En cambio, las instalaciones de alta tecnología se llevarán a cabo mediante colaboración público-privada, porque así se combina lo más eficaz de ambas fórmulas y se asegura el cumplimiento de los plazos previstos para que Galicia disfrute de su alta velocidad ferroviaria en torno a 2015.

Tras contemplar los recortes de Madrid y los aeropuertos para peatones en Castellón nos ahorraremos las lecciones de inversión eficiente del PP. No obstante, dado que no pueden ayudar con su ejemplo, si hemos de pedirles que al menos no pongan zancadillas. Porque calificar el Plan Estratégico de Infraestructuras como “fiasco” o como “conejo en la chistera”, precisamente en el momento en que los grandes inversores de todo el mundo analizan las ventajas de destinar fondos a la mejora de nuestras infraestructuras, no daña al Ministro de Fomento, sino a la economía y a las posibilidades de generar empleo en nuestro país.

 Rafael Simancas es portavoz de Fomento del PSOE

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En este país dimiten los políticos cuando son cogidos en un error grave. Quizás menos de los que debieran y con más resistencia de la debida, pero ocurre cada cierto tiempo. También los periodistas se ven obligados a renunciar cuando meten la pata o su trabajo no obtiene el resultado esperable. Últimamente hemos visto dimitir incluso a militares negligentes y obispos corruptos. Ahora bien, ¿alguien recuerda la última vez que dimitió un juez? ¿O la última vez que un juez fue cesado? ¿Es que los jueces no se equivocan nunca? ¿O es que los jueces gozan de impunidad?

El pasado día 13 de abril un terrorista sanguinario llamado Antonio Troitiño fue excarcelado por orden judicial seis años antes de cumplir los 30 que le correspondían por condena. Las víctimas de este criminal se sintieron justamente ultrajadas, y todos los ciudadanos reclamamos explicaciones, rectificaciones y responsabilidades. Pero el asesino salió de la cárcel con todos los parabienes de la Justicia, huyó y aún no ha vuelto a la cárcel.

¿Quién se hace responsable? Los jueces de la sección tercera de la Audiencia Nacional excarcelaron al etarra aplicando un criterio erróneo, como se deduce de su posterior rectificación tardía. El presidente de la sala de lo penal de la misma Audiencia convocó la reunión que debía corregir el error para después de Semana Santa, ¡porque los señores jueces estaban de vacaciones! Y el Tribunal Supremo publicó el día 18 de abril la sentencia que hubiera impedido la aplicación de aquel criterio equivocado, ¡tres semanas después de haber sido dictada!

No sabemos quién es el responsable último de este desastre, si los jueces de la sección, si el juez-presidente de la sala o si los jueces del Supremo. Solo sabemos que si hubiera escapado de la cárcel, el director del penitenciario hace días que estaría de patitas en la calle y probablemente encausado por alguno de aquellos jueces. Si el culpable hubiera sido un responsable policial o el propio Ministro del Interior, hubiera tenido que dimitir ipso facto y se le estaría persiguiendo hasta el día del Juicio Final.

Sin embargo, hemos escuchado a los jueces, a los “conservadores” y a los “progresistas”, y ellos que disienten cada día en casi todo, cuando se trata de repartir cargos; en ésto, en la defensa corporativa de sus compañeros cogidos en un tropiezo descomunal, se muestran de acuerdo en que “no hay lugar a la reclamación de responsabilidades”.

Pues yo creo que sí. Y muchos españoles más también. Que dimitan. Los de la sección tercera, los de la sala, los del Supremo, y cuantos hayan tenido que ver con este insulto a la sensibilidad de las víctimas y al más elemental sentido de la Justicia. Que dimitan ya.

Y algo más. Una cosa es aguantar la hipocresía de Trillo, Cospedal y compañía, que reclaman responsabilidades por la excarcelación de Troitiño a quien no la tiene, o sea el Ministro del Interior, que se ha limitado a cumplir las disposiciones de la Justicia, para liberar a quienes los jueces hicieron libre un día, y para buscar a quienes los jueces hicieron reo de búsqueda un día después. Hipocresía lamentable, porque ellos saben que el Ministro y los policías hicieron lo que debían hacer. Y cogerán de nuevo al etarra. Seguro.

Pero otra cosa bien distinta es aguantar la última vomitada de Mayor Oreja, asegurando que la liberación de Troitiño tiene que ver con supuestas connivencias del Gobierno de España con los terroristas. Se trata de un exabrupto impropio incluso de quien sabe bien que se le pasó el arroz y busca desesperada y ridículamente un nuevo lugar al sol de la atención informativa. Este señor ha calumniado al Gobierno de España, acusándole de cometer delitos, entre otros el de colaboración con banda armada. Falsamente y sin pruebas. Entiendo que es suficiente para que el fiscal investigue estas acusaciones y actúe contra su autor.

La supremacía del Estado de Derecho frente al terrorismo también pasa por acabar con tanta impunidad lamentable.

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No sé si existe un club de seguidores de Baltasar Garzón, pero nunca me inscribiría. Sus méritos profesionales son indudables y su hoja de servicios al Estado es muy notable. Pero entiendo que hay ciertos cometidos cuyo desempeño eficaz y socialmente didáctico resulta incompatible con el afán de notoriedad y el personalismo excesivo. Ahora bien, una cosa es mantener una valoración crítica sobre el comportamiento de un personaje público, y otra bien distinta es callar ante la caza al hombre que la extrema derecha judicial ha emprendido contra este magistrado de la Audiencia Nacional.

En la política, como en la vida, las cosas suelen ser lo que parecen. Y más allá del obligado respeto por las resoluciones judiciales y de la confianza que hemos de depositar obligadamente en sus procesos de decisión, las causas abiertas contra Garzón por sus compañeros del Tribunal Supremo parecen una persecución política en toda regla. Quienes persiguen con saña a este juez se justifican en el cumplimiento de la ley y la salvaguarda de los derechos de presuntos delincuentes, pero cualquier análisis que prescinda de ingenuidades puede identificar con rapidez los dos objetivos que parecen guiar cada uno de sus pasos: favorecer a los imputados en el caso Gürtel y demostrar quién manda en la Justicia española.

Los casos por los que se juzga a Garzón son tres, con una simultaneidad perfectamente medida. Se le acusa de prevaricación y de vulneración de derechos fundamentales por autorizar unas escuchas en el esclarecimiento de uno de los mayores casos de corrupción de nuestra historia reciente, el famoso Gürtel. Existían indicios de que los detenidos podían transmitir instrucciones a través de sus defensas para alterar pruebas. La ley ampara las escuchas, incluso con abogados presentes. Existen precedentes para aburrir. El juez que instruye el caso en Madrid las respalda, al igual que lo hace el Ministerio Fiscal. Pero los perseguidores de Garzón ignoran estas razones y parecen amparar las estrategias orquestadas por los presuntos delincuentes para anular la investigación judicial.

Persiguen a Garzón también por una presunta extralimitación en las investigaciones de los crímenes del franquismo. Tal investigación se instó desde las entidades que agrupan a las víctimas de la dictadura cuyos familiares aún reposan bajo las cunetas y las tapias de los cementerios en muchas ciudades de España. Y los legos en derecho procesal tenemos que respetar las consideraciones que se hagan sobre la pertinencia de tal o cual actuación concreta del magistrado. Incluso aunque tales consideraciones se hagan a instancias de nostálgicos del franquismo criminal. Sin embargo, resulta un sarcasmo difícilmente soportable el hecho de que la conclusión de aquella investigación haya quedado en la confirmación de la impunidad para los asesinos, en la imposibilidad real para enterrar con dignidad a sus víctimas, y en la suspensión del juez que se atrevió a abrir el proceso.

Y, por si no basta con hundirle en lo profesional, quieren acabar también con su prestigio personal, atacando su integridad y su honestidad. Porque le acusan de favorecer con sus resoluciones a ciertos prohombres de dinero a cambio de unas monedas. El juez cobra por unos cursos en una universidad americana que, al parecer, se financia en parte gracias a las aportaciones de empresas privadas, involucradas a su vez en sumarios en los que aquél ha tenido que ver. Muy, muy rebuscado. De poco ha servido que los banqueros negaran el cohecho, que la universidad garantizara el comportamiento impecable de su profesor invitado, y que no hubiera prueba alguna para sostener una acusación tan tremenda. Tiene toda la pinta de un montaje, burdo además. Si Garzón hubiera querido dinero, digo yo que habría maneras más discretas y menos alambicadas para obtenerlo.

Van a por él. Con todo. Está claro. Las acusaciones son tan artificiosas como malévolas. El orden de los juicios parece formar parte de la farsa. Primero, Gürtel, para aliviar con urgencia a los encausados y desacreditar al juez. Después, la Memoria Histórica, para sentar en el banquillo a un juez ya condenado. Y, por último, la puntilla del descrédito personal. Le niegan la práctica de pruebas imprescindibles para montar su defensa, como la audición de las escuchas ordenadas en prisión. Y se le somete a un juicio paralelo en los medios de extrema derecha, en los que la condena lleva meses dictada, incluyendo el garrote del escarnio público.

La confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de la Justicia española nunca fue muy notoria, pero esta persecución política a un juez conocido y reconocido en la lucha contra el terrorismo y la corrupción va a hacer mucho daño. También será muy considerable el descrédito que nuestra Justicia acumulará en el escenario jurídico internacional cuando la condena que ya tienen decidida sea finalmente publicada. Este país se ha permitido dar lecciones de defensa de la legalidad y los derechos humanos por todo el mundo, en la aplicación de la jurisdicción universal, por ejemplo, y el primer intento serio de amparar a las víctimas de su más reciente dictador ha acabado con la expulsión de la carrera judicial para su autor.

Y lo van a conseguir. Condenarán a Garzón. Darán ventajas a los corruptos del Gürtel. Enterrarán cualquier intento en clave judicial para devolver dignidad a las víctimas del franquismo. Y demostrarán que la Transición ha podido llegar a la política, a la sociedad o hasta al Ejército. Pero la Transición Democrática todavía no ha llegado a la Justicia. Aquí aún mandan ellos.

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El avance de las fuerzas políticas ultraderechistas en Europa ha dejado de analizarse en términos anecdóticos. El fascismo suma adeptos y conquista espacios de influencia crecientes.

En Francia, Le Pen supera en expectativas de voto al mismísimo Sarkozy ante las elecciones presidenciales del próximo año. En Italia, el Gobierno de Berlusconi es títere de la xenófoba Liga Norte y promueve en el Senado la derogación de la ley que prohíbe la apología fascista. En Holanda, Bélgica, Suecia y Austria los nazis están instalados firmemente en las instituciones.

Y para completar el panorama, parece que el rival republicano de Obama en Estados Unidos puede ser Mike Huckabee, un ultraconservador creacionista que aplaude la famosa ley fascista de Arizona.

Si crecen los partidos ultras es porque sus ideas calan crecientemente entre la población. Como hace cien años, el caldo de cultivo para el resurgimiento fascista está formado por la crisis económica, el deterioro social, el temor al paro y la culpabilización del diferente. Ahora no se trata tanto de los judíos como de los rumanos, los magrebíes o los subsaharianos. Se manipula el miedo de la gente, se enciende su ira y se apunta al inmigrante. La enfermedad es tan asquerosa como entonces, y se contagia a gran velocidad.

El fascismo nunca desapareció del todo, pero hasta hace bien poco existía un gran consenso social y político para ponerle coto. Ese consenso ha quebrado. Una parte de la derecha contempla hoy el odio al inmigrante como un caladero interesante y legítimo para pescar votos. Y una parte de la izquierda procura mirar hacia otro lado. Se evita combatir las ideas xenófobas por miedo a ir contracorriente y pagarlo en las elecciones.

Cuarenta años de franquismo no han vacunado a España. El fascismo también avanza aquí, aunque aún no haya surgido un partido capaz de aglutinarlo o un líder con suficiente atracción mediática. Pero sus ideas, sus consignas y sus propuestas están prendiendo en muchas de nuestras ciudades.

Por eso cada vez más Ayuntamientos se niegan a empadronar a los inmigrantes. Por eso se multiplican las instituciones que prohíben el uso del burka, aunque no haya burkas en kilómetros a la redonda. Por eso en estas elecciones municipales y autonómicas hay muchos candidatos que hacen bandera de la “mano dura” con la inmigración, “que se integren o que se vayan”, “los españoles primero”.

De poco sirve recordar que muchos españoles fuimos también emigrantes en busca de techo, comida y dignidad. Resulta difícil explicar que los inmigrantes vinieron porque les llamamos para ocupar los empleos que nosotros no queríamos. Que hicieron su trabajo, que pagaron sus impuestos, que nos ayudaron a crecer. Que ellos no tienen la culpa de la crisis, porque ellos no dirigían el casino financiero que nos trajo este lío. Ellos solo servían las mesas y limpiaban el suelo por un sueldo módico.
Y que ahora merecen respeto, con iguales deberes y con iguales derechos que todos los demás. Ni más ni menos.

Hay momentos para los cálculos electorales. Y hay momentos para la decencia, vayan los votos donde vayan. Tenemos la obligación moral de parar al fascismo. Antes de que sea tarde. Otra vez.

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El día 2 de abril, Zapatero presumía en una entrevista concedida a varios medios internacionales de contar con un apoyo “impresionante” en el PSOE. Y desde luego lo demostró en la reunión del Comité Federal que se celebró ese mismo día. Las opciones estratégicas para manejar la sucesión en el cartel electoral socialista eran varias. Entre los militantes y entre los dirigentes del PSOE se daban opiniones diversas. Sin embargo, una vez Zapatero estableció su “hoja de ruta”, todo el Partido Socialista lo acató disciplinadamente. Es probable que en la historia del PSOE nunca antes un secretario general haya dispuesto de tanta autoridad.

Efectivamente había alternativas. Había quien pensaba que lo mejor era resolver la sucesión de forma rápida y democrática, para eliminar incertidumbres y afrontar los retos del país y del partido con la garantía de un liderazgo claro y firme. Había, por el contrario, quienes consideraban que lo mejor era aplazar todo el debate sucesorio para evitar imágenes contraproducentes de interinidad. La decisión final de Zapatero ha sido un mix. Anuncia hoy que no concurrirá como candidato a las próximas elecciones, pero traslada en el tiempo la elección del sucesor.

La estrategia marcada conlleva tres “deberes” para los socialistas, que el secretario general remarcó en su alocución al Comité Federal. Primero, perseverar desde el Gobierno para que las reformas en marcha aceleren la salida de la crisis y sitúen al país en la rampa del crecimiento competitivo y capaz de crear empleos. Quedan 365 días de mandato popular para el Gobierno socialista, y Zapatero asegura que no desperdiciará ni uno solo. Estabilidad institucional y determinación política desde el Ejecutivo, ésta es la primera receta.

El segundo encargo consiste en ganar las elecciones del 22 de mayo. Para ello, y a diferencia de lo manifestado por otros dirigentes socialistas, Zapatero no recomienda eludir el debate sobre la política nacional. Según el Presidente, los ciudadanos valorarán el conjunto del “proyecto socialista”, incluido su papel en el Gobierno de España. Es más, Zapatero considera que el trabajo del Gobierno nacional en materia de derechos sociales, por ejemplo, constituye un aval muy positivo para todos los candidatos a las alcaldías y las presidencias regionales en la campaña que se avecina.

La tercera tarea pendiente es la elección del candidato socialista en las elecciones generales del año 2012. Zapatero renuncia aquí a señalar un sucesor. En el PSOE, la garantía contra el “dedazo” no está en la voluntad del secretario general, sino en las normas que establecen un procedimiento democrático de primarias. Y fue el equipo de Zapatero quien propuso tal norma en el último Congreso socialista. Eso sí, el secretario general ha marcado los tiempos. No habrá primarias hasta el verano. Mientras tanto, el partido en su conjunto se conjura para evitar la anticipación de un debate que restaría energías ante el desafío de unas elecciones autonómicas y municipales que no se presentan fáciles.

Tres “deberes” tan necesarios como complejos de cumplir. La derecha no ha tardado en denunciar la falsa interinidad del Gobierno para reclamar elecciones generales e interrumpir el proceso de reformas en marcha. No parece haber digerido bien la noticia. Centró tanto sus baterías en criticar al aún Presidente que, de pronto, se quedó sin discurso. Hoy, la insoportable levedad de la alternativa del PP es más evidente que  nunca.

También será difícil situar la atención imprescindible del elector en el escenario político local y regional de cara a los comicios del 22-M, toda vez que, como dice el Presidente, los ciudadanos valorarán el proyecto conjunto del PSOE para España. Se trata ahora de confiar en la madurez democrática de una ciudadanía muy consciente ya de lo que se juega y de lo que se vota en cada cita electoral. Como se ha dicho en estos días, la aplicación del copago sanitario o educativo, como propone el PP, no es cosa del Gobierno nacional, sino de los Gobiernos autonómicos que salgan de las urnas el 22-M.

Y tampoco será fácil evitar que cada frase y cada gesto de cada dirigente socialista en esta campaña se interprete en clave sucesoria, más allá de su voluntad para cumplir el mandato del Comité Federal. Sin embargo, ese es el reto.

En definitiva, había otras opciones, pero toca lo que toca. El Gobierno a las reformas para sacar al país de la crisis. El partido a ganar las elecciones del 22 de mayo. Y los sudores de las primarias, para el verano.

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