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Archive for 31 marzo 2011

La derecha ha cometido el grave error de convertir a ETA y a su propaganda en factor de credibilidad para hacer daño al Gobierno legítimo de España. Con esta conducta, inconcebible en cualquier otro país democrático de nuestro entorno, el PP vuelve a demostrar que no reconoce límites para sus ansías de poder, y que está dispuesto a poner en riesgo la eficacia de la lucha antiterrorista y el prestigio de las instituciones más básicas del Estado con tal de desgastar a un contrincante electoral.

Cuando el PP otorga crédito a los documentos falaces de ETA y los utiliza contra el Gobierno en las Cortes Generales, está haciendo claramente el juego a los terroristas. Fustiga al Gobierno, sí, pero sobre todo debilita al Estado democrático y fortalece la estrategia de los asesinos.

El PP está transmitiendo a los ciudadanos españoles que confía más en la palabra de Josu Ternera y de Cheroki que en las autoridades de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creen a pies juntillas en la propaganda de los violentos al tiempo que vituperan a quienes trabajan por detener a esos mismos violentos en nombre de la sociedad democrática. No cabe más sinrazón.

¿De qué están acusando al Gobierno? ¿De haber dialogado con ETA para buscar el fin de la lacra terrorista? ¿Pero es que no lo intentó antes el Gobierno Aznar? El diálogo emprendido por el Gobierno socialista ha tenido el mismo resultado frustrante, pero el procedimiento ha sido bien distinto. Aznar “concedió” el acercamiento de presos al País Vasco y el título vergonzante de “Movimiento Nacional de Liberación Vasco” a los asesinos; Zapatero no hizo concesión alguna. Los terroristas aprovecharon la tregua con Aznar para rearmarse; Zapatero se lo impidió. Y a pesar de todo, Aznar tuvo el apoyo incondicional de la oposición, y Zapatero solo ha recibido del PP demagogia, oportunismo y deslealtad.

¿Y en qué basan su acusación de que el “proceso” sigue vivo? ¿Pero es que no ven los telediarios? Un día sí y otro también se suceden las detenciones de los cabecillas de la banda. Durante los últimos siete años se han duplicado las encarcelaciones de etarras respecto a las dos legislaturas con Gobiernos del PP. Ese es el único proceso en marcha y con pruebas fehacientes. Este Gobierno ha debilitado a ETA más que ningún otro en la historia de España. Y sin la ayuda del PP. Y con las zancadillas del PP.

¿Qué les importa de verdad en el caso Faisán? Evidentemente no les importa el desmantelamiento de los comandos terroristas y la detención de los criminales, porque si fuera así deberían felicitar a Rubalcaba y a Zapatero. Porque todos, absolutamente todos los etarras implicados en aquella operación han acabado en la cárcel. Pero esto no le importa al PP. El PP no persigue a los terroristas sino al Ministro que está encarcelando a los terroristas. E insisten en acusar al Gobierno de complicidad con los etarras cuando todos los mandos policiales han testificado ya ante la Justicia negando esta acusación infame y miserable.

¿Qué es lo que buscan de verdad? Impedir que el Gobierno socialista ponga fin a medio siglo de terrorismo etarra y que la sociedad española se lo reconozca. Por eso da igual que la banda esté en las condiciones más precarias desde su nacimiento, da igual que sus mandos caigan uno tras otro, da igual que la colaboración internacional funcione como un reloj, da igual que se haya hecho evidente el aislamiento social de ETA, da igual que la estrategia socialista haya permitido por vez primera un Gobierno no nacionalista en Euskadi, y da igual que la gran mayoría de los españoles atisben el fin de este horror más cerca que nunca…

La derecha prefiere obviar un logro histórico, que es fruto del esfuerzo de todos, en buena medida también de ellos, antes que permitir a un Gobierno socialista presentarse ante los ciudadanos con una buena noticia. Está claro: no hay límites para el juego sucio ¡Vaya año que nos espera!

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La acción militar que la comunidad internacional está desarrollando en Libia sugiere muchos debates, sobre lo que se persigue, sobre lo que se hace, sobre lo que se ocasiona. Pero probablemente el debate más crucial tiene que ver con la legitimidad misma de la acción. ¿Está legitimada la comunidad internacional para intervenir en este o en otro conflicto interno que tiene lugar en un Estado soberano?

La razón invita a rechazar de entrada los extremos. No parece razonable legitimar una intervención ilimitada y constante. Como tampoco resulta defendible la prohibición total y absoluta. La solución estará posiblemente en el punto medio aristotélico, una vez más. Es decir, sí, pero en determinadas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones?

Se me ocurren cinco bastante sensatas, aunque sujetas a valoración diversa. Primero un motivo fundado. Esto es, un motivo suficientemente grave como para justificar la acción sustitutiva de poderes ajenos al régimen estatal vigente. Y este motivo solo puede estar relacionado con una crisis humanitaria de amplias dimensiones, en cuanto a la naturaleza de la crisis y en cuanto a la población afectada.

Segundo, un fundamento jurídico internacional válido, a partir, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas. Las resoluciones de su Consejo de Seguridad se han convertido de facto en fuente jurídica legítima para acciones concertadas en las relaciones internacionales. Tercero, un consenso de base democrática en las naciones intervinientes. Cuarto, una capacidad operativa demostrada. Y quinto, una acción proporcionada y eficaz en relación al objetivo humanitario previsto.

¿Se dan estas condiciones en la acción emprendida sobre Libia? Yo entiendo que sí, aunque admito que resulta discutible. La reconquista emprendida por Gadafi está provocando un gran número de víctimas civiles. El Consejo de la ONU ha aprobado una resolución habilitadora de la intervención militar. Los representantes de la ciudadanía española han respaldado la acción de forma casi unánime. La capacidad de americanos, franceses y británicos para disminuir sensiblemente la fuerza represora del libio parece bastante obvia. Y hasta ahora no se han producido desmanes por parte de los aliados.

¿Quiere esto decir que no cabe la discusión al respecto? Ni mucho menos. También se me ocurren al menos cinco motivos para el cuestionamiento de la acción internacional. Por razones de prudencia los plantearé en forma de interrogación (este mes ya he agotado mi dosis de provocación y heterodoxia).

¿Los motivos de crisis humanitaria habilitadores de la intervención internacional no se dan también hoy mismo en otros territorios? ¿No son más que fundadas las sospechas de que junto a las razones humanitarias para la intervención, a los gobiernos aliados les mueven también otras consideraciones menos legítimas de orden geoestratégico, de naturaleza estrictamente económica o en clave de política interna?

¿Y no resulta contradictoria la rápida determinación de la comunidad internacional en Libia respecto a la falta de respuesta que se denunció justamente hace bien poco ante la ofensiva israelí en Gaza, por poner solo uno de los muchos ejemplos sangrantes que podrían traerse a colación? ¿Y no existe riesgo cierto de que las bombas aliadas, con toda su buena y legítima intención, provoquen a su vez algunas desgracias humanitarias “colaterales” y algunos líos políticos de larga y difícil digestión?

Otra más, ¿Y no es verdad que el organismo legitimador de esta acción, el Consejo de Seguridad de la ONU, deja bastante que desear en cuanto a equidad, agilidad y eficiencia? A esta última pregunta sí responderé, porque la alternativa que tenemos por delante no se produce entre la ONU que es y la ONU que debiera ser, sino entre la ONU posible y la nada. O lo que es lo mismo: este consejo de seguridad o directamente la ley del más fuerte.

Y no me escapo a la pregunta del titular. ¿Intervenir o no intervenir? A pesar de todo, más vale intervenir.

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LA MÁS GRANDE

Las hubo más guapas. También las vimos más esculturales. Sin duda, muchas la superaron en inteligencia. Algunas hicieron incluso mejores películas. Y su vida no fue precisamente un ejemplo de virtud.

Pero nunca nadie dijo tanto con un gesto o con una mirada. Nunca nadie removió tantas emociones desde una pantalla. A los que amamos el cine se nos ha muerto la más grande.

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La creciente afición de la política española por las teorías conspirativas ha llevado a cierto nacionalismo catalán a abrazar con entusiasmo el alambicado revisionismo histórico que don Germà Bel viene defendiendo últimamente (El País, 8 de marzo). Al parecer, toda la política de obra pública y de transportes aplicada en nuestro país desde los tiempos de Felipe II ha estado guiada por la intención pérfida y pertinaz de fastidiar a los catalanes en beneficio de los madrileños.

A la luz de esta teoría quizás deberíamos revisar la interpretación histórica que siempre se dio sobre la caída en desgracia de Antonio Pérez y la siniestra Princesa de Éboli a causa del asesinato nunca aclarado de Juan de Escobedo, secretario de Juan de Austria, en las postrimerías del siglo XVI. ¿Se oponía el Duque de Alba al jacobinismo precoz del valido del rey? ¿Qué tuvo que ver en el asunto el coetáneo y oscuro conde de Barajas? ¿Estarían preparando ya la preeminencia injusta del aeropuerto de Madrid sobre el de Barcelona para cuando se inventara el aeródromo?

Esta y otras excentricidades parecidas moverían a la risa si no estuvieran sirviendo para alimentar el victimismo falso con el que parte de la política catalana dificulta un análisis ponderado y eficaz de la realidad territorial en nuestro país. En las siempre complejas relaciones entre Cataluña y el resto de España sobran las conspiraciones y se echan en falta más esfuerzos a favor del entendimiento racional.

Los argumentos pretendidamente empíricos de Bel apuntan a una tesis general, la utilización espuria de los fondos públicos para asegurar la primacía de Madrid sobre Barcelona, así como su lógico correlato radial en las decisiones sobre ferrocarriles, carreteras y aeropuertos adoptadas desde hace 450 años.

La tesis general se refuta fácilmente con un repaso rápido por los datos de los últimos presupuestos generales del Estado (lamento no poder remontarme a las cuentas de los Austrias). Cataluña es la primera comunidad en inversión ejecutada por el Ministerio de Fomento desde el año 2004: más de 14.700 millones de euros hasta diciembre de 2010. Y también es la comunidad con la inversión más alta prevista para 2011. Pero si se prefiere comparar los porcentajes de participación del Estado en la financiación de los servicios integrados de transporte público, podemos señalar a Madrid con el 14% y a Cataluña con el 25%, casi el doble. Un centralismo muy original, desde luego.

La supuesta “madrileñidad” de la inversión ferroviaria también se da de bruces con la realidad. El mayor esfuerzo inversor del Estado en ferrocarril durante 2011 se llevará a cabo en Cataluña: 1.500 millones. Solamente en las cercanías catalanas, los españoles hemos gastado más de 1.000 millones desde 2004, estando en ejecución hoy mismo una cantidad superior a los 800 millones. Incluso el metro (385 millones) y el tranvía (50 millones) de Barcelona, sin ser competencia del Estado, están recibiendo ayudas sustanciosas de la caja común.

Pero es la Alta Velocidad ferroviaria la que centra en mayor medida los dardos nacionalistas. Resulta sorprendente cómo se ha descubierto repentinamente la supuesta “ineficiencia” de esta infraestructura, precisamente cuando el AVE ya está desarrollado en Cataluña y el Estado pretende llevarlo también a otras comunidades. ¿Por qué las ventajas que disfruta Cataluña con su AVE no deben extenderse a otros territorios? ¿Cuándo debemos parar las “costosas” inversiones en la alta velocidad? ¿Antes o después de gastarnos los 589 millones previstos para la estación de La Sagrera en Barcelona? ¿Antes o después de invertir más de 4.000 millones en llevar el AVE desde Barcelona hasta la frontera francesa?

España ha apostado inteligentemente por el liderazgo en la alta velocidad ferroviaria y por las múltiples rentabilidades que este liderazgo conlleva, en términos de mejora de la competitividad, de preservación ambiental, de calidad de vida y de reequilibrio territorial. ¡Claro que el AVE español se desarrolla gracias a la “fuerte” subvención pública! ¡Cómo en todo el mundo! ¡Cómo en todos los modos de transporte! ¿O es que ocurre algo distinto con los puertos, los aeropuertos o las carreteras? ¿Por qué no preguntan por la rentabilidad del AVE a los 17 millones de viajeros que han visto reducir en más de un 40% el precio medio del transporte entre Barcelona, Zaragoza y Madrid? ¿Por qué no se contabilizan los 141 millones anuales de ahorro energético anual que ha supuesto esta línea de AVE?

La razón de que en este primer desarrollo de la alta velocidad primen las conexiones con Madrid no responde a ninguna conspiración malévola, sino a la demanda, lógica por otra parte, de las correspondientes administraciones territoriales. Todos buscan la conexión con el principal foco de actividad económica y cultural ¿O debemos imponer desde Madrid a los territorios una decisión distinta a la que expresan sus legítimos representantes? ¿Aquí no nos vale la “autodeterminación”? Frente a lo que se dice, el AVE es tan rentable en lo económico como en lo no económico. En Madrid, en Barcelona, y en el resto de España también.

La misma acusación de “centralidad anómala” se aplica sobre el transporte aéreo. Y también aquí los datos desmienten la teoría conspirativa. Durante el año 2010, el tráfico de pasajeros se ha incrementado en El Prat en más de un 6,5%, cuatro puntos por encima de la subida de Barajas, a pesar del conde. Y en enero de este mismo año 2011 esa diferencia se ha elevado ya a los 14 puntos. Antes que con discriminación alguna, todo parece indicar que esta dinámica positiva tiene mucho que ver con los 1.258 millones de euros invertidos por el Estado en la nueva terminal 1 del aeropuerto de Barcelona, reconocido el pasado mes de junio por la ACI (Airport Council International) como “el mejor aeropuerto de Europa”.

Nunca perdió oportunidades de desarrollo el aeropuerto de El Prat a causa de un déficit de inversiones. Estas siempre fueron por delante. De hecho, El Prat transporta hoy en torno a los 30 millones de viajeros al año, y la ampliación lo ha dejado listo para aumentar ese tráfico hasta los 50 millones por ejercicio. Y quien a estas alturas sostenga aún que los políticos madrileños pueden condicionar en algo a las líneas aéreas en el diseño de sus rutas comerciales es que no conoce nada de este mundo.

La tendencia a la centralidad en la ejecución de carreteras es tan vieja como el imperio romano, o como el intento de todos los gobiernos por evitarlo en clave de eficiencia multipolar. También en España. Solo hay que mirar el mapa. Hay centralidad en España en torno a las grandes capitales, y hay centralidad en Cataluña en torno a Barcelona. Pero el victimismo nacionalista se resiste a reconocer lo obvio: todas las administraciones, especialmente esta actual, se esfuerzan en el desarrollo de ejes transversales. Las mayores inversiones en carreteras desde 2004 han tenido su destino en el eje de la A8 en el norte, en la A7 en el sureste, en la A11 en el oeste, en la A21 y A23 en el noreste, y ninguno de ellos pasa por Madrid. Y me temo que la incomodidad de las autopistas de peaje está tan presente en Cataluña como en Madrid, con todas nuestras “erres” (R2, R3, R4, R5, AP41, M12…).

Claro que Bel y compañía se olvidan de otro modo de transporte crucial, el marítimo. Con el mismo rigor analítico, los madrileños podríamos lamentar la conjura de los dioses por privarnos de un buen puerto de mar, pese a que Cataluña disfruta de varios. Y con el mar, los puertos catalanes se han llevado en 2010 una inversión estatal de 265 millones, y otros 400 previstos para 2011. Y gracias a estas inversiones, los puertos catalanes superan a la media de puertos peninsulares en el incremento de tráfico de contenedores (7,27% en 2010) y en el tráfico de pasajeros (7,40% en 2010).

Otros argumentos rozan sencillamente el ridículo. Se dice que los madrileños están forzando la residencia en la capital de las sedes operativas de las nuevas SIP y los bancos derivados, como si un comando vallecano hubiera hecho estallar Lehman Brothers, Wall Street y la city londinense con tal propósito. ¿Por qué se señala como sospechosas de centralismo perverso a las compañías con residencia en Madrid? ¿Deberíamos los madrileños en justa reciprocidad señalar a Gas Natural, a Planeta o la mismísima Chupa-Chups como adalides del independentismo catalán? Claro que no.

En el colmo del delirio, se acusa al Gobierno de favorecer al Real Madrid (“el club de la capital política”) con una financiación pública extra. Y la intención del acusador se evidencia con nitidez cuando calla que tal financiación se otorga a cambio de una eficaz campaña de reclamo turístico para España por todo el mundo, y que la misma oferta se le hizo al Fútbol Club Barcelona, con la negativa de sus dirigentes a lucir la leyenda “Visit Spain”. Quizás si la leyenda hubiera sido “Madrid nos castiga”…

Cataluña es una gran nacionalidad y Barcelona es una gran metrópoli, con un magnífico presente y un futuro extraordinario. Con sus problemas y sus necesidades, claro, y entre todos hemos de procurar atenderlas. Pero las soluciones no llegarán nunca de la mano de las teorías conspirativas, sino del trabajo duro, eficiente, leal y cooperador entre catalanes, madrileños, y españoles en general.

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En política, cada tiempo tiene su afán y cada afán tiene su tiempo. Y este no es el tiempo de adoptar decisiones sobre candidatos a las elecciones generales. Al Gobierno le toca combatir el paro y al partido le corresponde ganar las elecciones locales y regionales. Ese es el afán de este tiempo. No obstante, las cosas se han puesto (las hemos puesto) de tal manera que ni Gobierno ni partido podrán cumplir con su responsabilidad adecuadamente si no se resuelve con carácter previo la incertidumbre sobre el liderazgo del proyecto nacional.

Resulta arriesgado atribuir culpas en concreto, pero es más que evidente que en este lío los socialistas nos hemos metido solitos. Cuando aún quedaba por cumplir más de un tercio de la legislatura, cuando más arreciaba la crisis global, y cuando más nos exigían los ciudadanos concentración en la solución de sus problemas, nosotros nos entreteníamos en insinuaciones, cábalas, conspiraderas y juegos de salón que en nada interesaban al país y que perjudicaban seriamente nuestro crédito como gobernantes. Que si sigue, que si no sigue, que si éste, que si aquella, que si ahora, que si mañana…

Desde luego que hay que centrar al Gobierno en gobernar, y claro que hay que situar la campaña del 22 de mayo en las políticas municipales y autonómicas. Y nadie duda de que hay que sortear la trampa que está tendiendo la derecha para convertir las próximas elecciones en un falso plebiscito sobre Zapatero.

Pero es que la trampa ya está tendida, y en el tejido de la red no han participado solo Rajoy y los suyos. Inevitablemente ya, los ciudadanos españoles, especialmente los electores socialistas, esperan del debate político de los próximos meses una aclaración en torno a quiénes van a estar al timón del país y cuáles son sus planes para resolver los muchos problemas que tenemos por delante. Y por mucho que intentemos hablar a los ciudadanos de sanidad, de educación o de políticas activas de empleo, esa demanda, esa ansiedad, va a perseguirnos cada día de esta campaña. Porque nosotros mismos hemos contribuido a generarla.

En consecuencia, yo soy partidario de zanjar la cuestión ya, de forma rápida y democrática. Convoquemos primarias y elijamos ya a nuestro candidato, nuevo o no, para las próximas elecciones generales. Despejemos esa duda, eliminemos esa incertidumbre, ofrezcamos seguridades a la sociedad española y a todos nos irá mejor. Los ciudadanos sabrán a qué atenerse con nosotros y el partido socialista podrá centrar su trabajo definitivamente en lo que toca, en mayo lo municipal y lo autonómico, y a continuación el debate nacional sobre las respuestas a la crisis.

Habrá quien argumente que no hay tiempo, que el riesgo de despistar a los ciudadanos es grande, que no debemos entrar en el juego de la derecha “nacionalizando” el debate político a las puertas de una campaña de alcaldes y presidentes regionales. Pero creo sinceramente que hay tiempo en este mes de marzo para zanjar la candidatura nacional con todas las garantías democráticas, y que los meses de abril y mayo pueden dedicarse con fruición e intensidad a explicar nuestros programas para los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas.

Es más, nuestros electores, con toda seguridad, agradecerán que dejemos atrás definitivamente los dimes y diretes, los mensajes con doblez, las filtraciones de parte, las fotos con lectura equívoca, las reuniones para hablar “de lo que ustedes imaginan” pero que no les contamos… Y la gran mayoría de los ciudadanos valorarán positivamente que resolvamos una incógnita importante de forma democrática y con plena transparencia. Lejos de suponer un handicap ante el inicio de la campaña, podemos considerarlo previsiblemente como un factor positivo de movilización y simpatía general.

Todo el respeto del mundo a los órganos de dirección del Partido, que tienen la responsabilidad de interpretar el interés general y adoptar las decisiones convenientes. Y todo el respeto, desde luego, por el secretario general y Presidente del Gobierno, por sus decisiones y por sus tiempos. Merece esa confianza y la tiene. No obstante, dadas las incertidumbres que se ciernen sobre el panorama político, a algunos nos parece casi obligado ofrecer una humilde opinión personal. Para lo que valga.

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El Gobierno acierta al negar la existencia de “vencedores y vencidos” en el final del conflicto que ha mantenido con los controladores del tráfico aéreo. El laudo arbitral dictado por Manuel Pimentel abre una nueva etapa de acuerdos en las relaciones laborales de un sector clave para nuestro transporte aéreo, del que depende no solo la seguridad de los usuarios, sino también la buena marcha de actividades económicas tan determinantes como el turismo. Felicitémonos pues, Gobierno, controladores y ciudadanos.

Ahora bien, más allá de las celebraciones por el consenso logrado tras años de graves conflictos, resulta obligado establecer algunas conclusiones sobre lo sucedido. La más importante es la constatación del fracaso del chantaje al que fue sometido el Estado por parte de un colectivo estratégico en defensa de privilegios inaceptables. El Estado aguantó el pulso atendiendo al interés general y el Estado ha ganado el pulso. Se trata de una lección muy importante de enseñar y de aprender.

Las nuevas condiciones laborales determinadas por el laudo de obligado cumplimiento aseguran los derechos de los trabajadores del control aéreo, pero recogen lo más fundamental de la posición defendida por el Gobierno desde el primer momento. Primero, el cumplimiento de la ley, que no está y ni estará sometida al arbitrio de amenaza o presión corporativa alguna. Segundo, la recuperación por el Estado de las funciones básicas e incuestionables del empleador: la organización del trabajo, el nombramiento de los responsables, el acceso y la formación en el puesto.

En tercer lugar, un régimen salarial compatible con el equilibrio de las cuentas de nuestro transporte aéreo. Se acabaron los sueldos de escándalo cercanos al millón de euros anuales. El salario medio se establece en los 200.000 euros (que no está mal) y las prejubilaciones pasan de los 52 a los 57 años mínimo, con percepciones que bajan desde los 170.000 a los 60.000 euros aproximadamente. De esta manera, la masa salarial de los controladores desciende de 780 a 480 millones de euros por ejercicio. Es decir, un ahorro lineal de 300 millones que permitirá rebajar las tasas a pagar por los usuarios.

Cuatro, crucial también: por vez primera se vinculan los salarios futuros a la productividad. Si los controladores quieren más sueldo que sus colegas europeos, deberán corresponder mejorando su productividad. Todo un avance. Y quinto, los horarios. Pueden contar las horas como les venga bien, pero el nuevo convenio marca para los dos primeros años de vigencia el máximo establecido en la ley: 1670 horas anuales.

En el inicio de la controversia pública con los controladores fueron muchos los que apostaron por la claudicación o el desastre. Pero no ha habido ni claudicación ni desastre. Y ahora toca reconocer la iniciativa valiente y acertada del Gobierno de España al afrontar la racionalización de un sector que llevaba demasiado tiempo en la irracionalidad más flagrante.

Una llamada de atención también sobre el instrumento. El laudo voluntario de obligado cumplimiento se ha mostrado como un mecanismo útil en la resolución de conflictos laborales graves. Tomemos nota para el futuro.

En definitiva, el acuerdo sobre el control en el tránsito aéreo abre la puerta a la culminación de la reforma estructural emprendida sobre el conjunto del transporte aéreo en nuestro país. Una gran noticia. Y no estamos muy sobrados…

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LA DEMOCRACIA SE ABRE PASO

 

LA DEMOCRACIA SE ABRE PASO

El aniversario de nuestro 23-F coincide en estos días con la eclosión de las revoluciones en el norte de África. Hace treinta años los españoles defendíamos la democracia incipiente, tras casi medio siglo de opresión. Hoy, millones de norteafricanos conquistan con graves sufrimientos sus propios derechos democráticos. Los sátrapas de aquí no se diferenciaban mucho de los sátrapas de allí. Y aquí como allí la democracia acabó abriéndose paso. Tomemos esta enseñanza esperanzadora de la historia.

Cuantos más datos y más detalles se conocen sobre los sucesos de aquel 23 de febrero, más vergüenza nos embarga. A la luz de la España de hoy, de la solvencia de sus instituciones y de la firmeza de los valores democráticos de su ciudadanía, el comportamiento de aquel puñado de fantoches se nos antoja como una escena de opereta mala. Ese barrigón con mostacho que pistola en mano gritaba con desdén al Presidente del Parlamento “¡Quítate de ahí!” y “¡Quieto todo el mundo!” nos parece hoy más el primer actor de una secuela de “Torrente” que el protagonista de un hecho histórico.

Y la verdad es que los del mostacho y la pistola, por muy ridículos que los veamos hoy, pusieron en jaque todo el esfuerzo sacrificado de mucha buena gente por consolidar la transición democrática en nuestro país. Pero no comparto la atribución de méritos que se baraja habitualmente para celebrar la derrota del golpe. El Rey, Suárez, el ejército, los partidos políticos… Sí, todos fueron importantes, pero la democracia continuó abriéndose paso en España por la sencilla razón de que los españoles ya no estaban dispuestos a renunciar a sus derechos y libertades. Lo sabían los que aguantaban con dignidad en el secuestro de las Cortes, y lo comprendieron rápido los herederos trasnochados de Pavía y su caballo.

Una lección parecida están recibiendo uno tras otro los dictadorzuelos del Magreb. La ausencia de libertades, las quiebras sociales, las corruptelas generalizadas, el acceso masivo a la información, el funcionamiento democrático de las nuevas redes sociales en Internet… han configurado un cóctel explosivo e incontrolable. Bastó una chispa en los barrios depauperados de la capital tunecina para que ardieran sin remedio todos los regímenes basados en la represión y el latrocinio.

También en estos episodios asoma la vergüenza de la democrática Europa, más atenta durante muchos años a la contención de los inmigrantes subsaharianos, a la fluidez del chorro de gas y petróleo, y al freno del radicalismo islamista, que a la defensa de los principios tan proclamados de la libertad, la democracia y los derechos humanos. A solo unos kilómetros de nuestras fronteras, truncábamos tales principios universales por las materias primas baratas y la porra eficaz de personajes tan deplorables como Gadafi, Mubarak o Ben Alí.

Dos consecuencias más a tener en cuenta. La primera de carácter global. Si los sucesos del norte de África prueban la incontinencia de las reivindicaciones democráticas en las sociedades oprimidas y globalizadas, más valdría que grandes países como China y Rusia fueran tomando nota. El crecimiento económico y la aparente solidez de sus instituciones pueden no ser suficientes a medio plazo para aplacar y retener las reclamaciones crecientes de su población a favor de más derechos y libertades. Y estamos hablando de países de importancia estratégica crucial para la estabilidad política y económica de toda la comunidad internacional. Una apertura democrática prudente pero firme ejercería como vacuna eficaz ante lo que pudiera venir irremediablemente…

Y también las democracias consolidadas como la nuestra deberían estar atentas a la evolución de los riesgos de desafección. En la medida en que los poderes democráticos retroceden ante la influencia de otros poderes, fundamentalmente financieros y mediáticos, y abdican en la defensa del interés general, son muchos los ciudadanos que muestran decepción y rechazo.

Los enemigos de la democracia son muchos, y no siempre son tan identificables como el hortera de Gadafi. Y la democracia debe conquistarse día a día. En África y aquí en casa.

Rafael Simancas

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