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Archive for 30 diciembre 2010

¿O no es ese el tratamiento que se ha dado siempre a los Ministros de España? ¿Acaso alguien hablaba públicamente de “Marianiño” Rajoy o de “Javiercito” Arenas cuando estaban en el Gobierno? ¿Cuánta pureza de sangre hay que certificar ante los próceres populares para merecer un trato correcto?

La derecha española, a diferencia de sus colegas europeos más solventes, acostumbra a organizar campañas de descrédito contra los adversarios políticos, siguiendo la máxima maquiavélica de procurar el daño a la persona cuando no se acierta a minar sus opiniones o sus hechos ante la opinión pública. Otro vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, podría decir mucho sobre el particular.

Evidentemente hay algo de esto en el latiguillo del “Pepiño”, diminutivo que, por cierto, jamás se atribuyó antes a José Blanco. Ni en la escena pública ni en el ámbito privado, por lo que yo sé.

Pero en esta campañita puede adivinarse algo más. Algo muy viejo. A mí me gusta llamarlo “rencor de clase”. Consiste básicamente en soportar mal que una persona de origen humilde ocupe esos puestos de poder que los que han mandado siempre consideran suyos por derecho genético. ¿Qué hace este pobretón, sin un apellido compuesto siquiera, tan fuera del lugar que le corresponde?

Todavía Zapatero es hijo de un ilustre abogado de provincias, Rubalcaba estudio en El Pilar y hasta Trinidad Jiménez está emparentada con altas magistraturas del Estado. Serán rojos, pero al parecer merecen “respeto de clase”.

José Blanco no. Porque ha cometido la desfachatez de hacerse Ministro en el mismo departamento donde el don-nadie de su padre trabajó como simple operario. Sin ser ingeniero ni nada, además. No cabe mayor desafío al orden natural de las cosas, que diría don Manuel Fraga (A este gallego, también Ministro, pero con Franco, nunca se le cuestionará el don).

Para más inri, al Ministro sin pedigrí se le ha ocurrido hacer las cosas bien, afrontar los desafíos que nadie antes afrontó, doblar el brazo a viejos corporativismos caducos en nombre del interés general, y ganarse el respeto incluso de los grandes empresarios del país. Hasta puede que pase a la historia como uno de los mejores Ministros de Fomento. Sin un sola gota de sangre azul. Insoportable.

Vaya, es que se atreve incluso a hacer política los fines de semana, denuncian los centinelas del orden establecido por Dios por siempre jamás. Si al menos se estuviera calladito… a lo mejor podría hacerse perdonar la osadía.

No es la primera vez que ocurre. Ni será la última. Aquí en Madrid aún podemos recordar cómo se justificaba la moción de censura al Alcalde “Juanito” Barranco en el año 89. Lo de Tierno podía pasar. Rojo pero catedrático. Lo del hijo del albañil ya era demasiado. Después llegó el verano 2003, y el hijo de un inmigrante casi analfabeto se creyó que bastaba ganar las elecciones para presidir la Comunidad de Madrid. Vaya iluso…

Sí, ocurrió, ocurre y ocurrirá. Pero cada vez son menos y cada vez se les hace menos caso. Les pesará sobremanera, quizás no puedan soportarlo, pero para la gran mayoría de los españoles el Ministro de Fomento de su país se llama José Blanco, sin diminutivos. Y merece todo el respeto por su condición, por su trayectoria y por su trabajo.

Me adelanto a los que hablarán de estómagos agradecidos. José Blanco nunca me nombró nada.

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Reconozco que el título resulta provocador. Y tal constatación supone una paradoja curiosa. Buena parte de las reacciones que esta ley y sus defensores están despertando en la red son extraordinariamente agresivas e intolerantes. Eso sí, todas ellas esgrimen la libertad expresión y la tolerancia como argumento central. Por ejemplo, el artículo que firmo durante estos días en la edición digital de El País y en mi blog bajo el título de “¿Por qué abolir solo la propiedad intelectual?” ha recibido cerca de 500 comentarios, muchos de ellos plagados de insultos y descalificaciones.

Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. Debatamos sobre la cuestión sin diatribas ni maniqueísmos. Yo pido que no se me tache de fascista a sueldo de la SGAE y las multinacionales de Hollywood por defender el respeto a la propiedad intelectual. Y a cambio renuncio a calificar de culturicidas irresponsables y esbirros de las multinacionales tecnológicas a quienes proponen la circulación libre y gratuita de los contenidos culturales en la red.

Ahora planteemos el problema con seriedad y con ánimo de encontrar soluciones satisfactorias para todos. Se trata de conciliar dos derechos, el derecho del creador y del productor cultural a recibir una contraprestación por su obra, y el derecho del usuario de Internet a acceder a los contenidos culturales sin trabas abusivas. Y se trata de hacer compatible el desarrollo de dos industrias, la industria de los operadores tecnológicos y la industria de los contenidos culturales, sin que ninguna de ellas deba sacrificarse en beneficio de la otra.

La estrategia del Ministerio de Cultura no estaba mal planteada. Buscaba por una parte promover la actualización del negocio cultural. Hablamos del 4% del PIB y de más de 700.000 empleos. Pero nadie puede esperar razonablemente que en plena era digital este negocio siga basándose en la venta de soportes físicos para la música, el cine o la novela.

Los ciudadanos acceden a la cultura cada vez más mayoritariamente a través de la red y reclaman un servicio eficiente, rápido y barato. Los creadores, los productores y los distribuidores de productos y servicios culturales deben ponerse las pilas para atender las nuevas demandas de la ciudadanía. No puede redactarse ley alguna para proteger a una industria de su propia ineficiencia. Y en eso estamos, el Gobierno y las gentes de la cultura.

Pero la estrategia de la Administración ha de contar con otras herramientas también. Es absolutamente preciso proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor en la red. No hay industria que se sostenga con un acceso libre y gratuito a sus productos. Porque, reconozcámoslo, la ley que protege estos derechos no se cumple. Y no hay manera de estimular la compra de música, cine o literatura a través de cauces legales en la red, por muy baratos que sean los precios, si las webs piratas ofrecen estos mismos artículos sin gasto alguno.

A diferencia de otras legislaciones en vigor en Francia, Reino Unido o Estados Unidos, la llamada Ley Sinde no actuaba contra los usuarios de la red que se descargaban ilegalmente productos protegidos por derechos de autor. La Ley proponía que una comisión independiente, respaldada con diligencia por la Justicia, actuara tan solo contra esas plataformas que se lucran cada día distribuyendo productos que no son de su propiedad.

Algunos argumentos esgrimidos contra la norma tienen su lógica y deben ser atendidos, como aquellos que reclaman más garantía de independencia en esta comisión o más tiempo y recursos para la actuación judicial. Otros no son sostenibles, como aquellos que abanderan el gratis total en la red, los que reclaman la abolición tan solo de la propiedad intelectual o los que sostienen que la industria cultural debe renunciar a sus beneficios a favor del desarrollo de la industria tecnológica.

Queda el trámite del Senado. Resistamos la tentación del reproche mutuo y del electoralismo fácil. Retomemos el debate desde la tolerancia y la racionalidad. Hay un problema por resolver que nos afecta a todos.

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 (Publicado en El País Digital)

Cuando la crisis del capitalismo es más dramática y ruge la tormenta en los mercados financieros, un movimiento cívico de apariencia potente reivindica la abolición de la propiedad privada en las redes. Si el capitalismo nos oprime y la propiedad es la base del capitalismo, ¡Abajo con la propiedad! ¿Por qué pagar por lo que queremos? ¡Defendamos los derechos de los que no pueden pagar! ¡Lo tuyo es mío y es de todos! ¡Viva la libertad de compartir y viva el gratis total! ¡Guerra a la Ley Sinde!

Resulta enternecedor. Nos rejuvenece, incluso.

Ahora bien, cuando se analiza el fenómeno con un poco de detenimiento llegan las paradojas. Para empezar se entiende con dificultad que los partidarios de la abolición de la propiedad centren sus reivindicaciones tan solo sobre la propiedad intelectual. ¿No resultaría más interesante, para los que no pueden pagar, la abolición de la propiedad de la comida, de la ropa, o de la vivienda? ¿Por qué negarse a pagar el precio de un libro o de una canción y, sin embargo, pagar sin rechistar el precio del pan, del vestido o de la hipoteca?

Tras el asalto cotidiano a la propiedad de la industria del cine, por ejemplo, no se acaba de comprender por qué que nadie plantea el asalto al Mercadona o a Zara. ¿Por qué reclamar la propiedad colectiva de una película y no reclamar la propiedad colectiva de los inmensos chalets de La Moraleja? Si se opta por no respetar los derechos de quien compró la licencia para explotar una película, ¿por qué respetar los derechos de quien compró la licencia para disfrutar en exclusiva de un chalet de lujo?

La paradoja se recrudece al comprobar que los abolicionistas de la propiedad intelectual  se muestran sorprendentemente celosos en la defensa de la propiedad de los bienes propios. Yo he intentado, por ejemplo, que un abolicionista de la propiedad de todos los músicos del mundo comparta su Maserati conmigo y con un grupo de amigos. “El Maserati es mío”, manifiesta ofendido. Y uno debe llegar a la conclusión lógica de que este abolicionista de la propiedad es en realidad tan solo un abolicionista de la propiedad de los demás.

La propiedad privada constituye un pilar básico para el funcionamiento de la economía capitalista imperante, y resulta un obstáculo evidente para el ejercicio de algunas libertades. Tienen toda la razón quienes denuncian que pagar por una novela, por una canción o por una película limita su libertad de acceso a estos bienes muy necesarios. Exactamente igual que pagar por la calefacción de nuestras casas o por la gasolina de nuestros coches. ¿O es menos “propiedad” la propiedad intelectual?  

Se acusa con todo fundamento a los defensores de la Ley Sinde y del respeto a la propiedad intelectual de estar protegiendo a una “industria”, en concreto a la industria cultural. Y quienes acusan están reivindicando en realidad el sacrificio de esa industria, la cultural, para favorecer el beneficio de otra industria, la tecnológica.

Porque, aparte de los usuarios de la red ¿quiénes resultan favorecidos especialmente por la transmisión y el disfrute gratuito de los contenidos culturales en Internet? Las operadoras tecnológicas, como es evidente. ¿Y por qué los partidarios del gratis total para los contenidos culturales pagan sin queja sus facturas a las empresas telefónicas por un servicio de acceso a la red a menudo caro y deficiente? ¿Quién ha decidido que han de ser las industrias culturales las que paguen con su ruina el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación?

Y tras tanta pregunta llego a la conclusión de que mi enternecimiento puede ser en realidad pura ingenuidad. Quizás los supuestos abolicionistas de la propiedad privada tan solo pretenden abolir la propiedad de unos para favorecer la propiedad de otros. Quizás los campeones de la resistencia contra las “multinacionales de Hollywood” trabajen en realidad para la cuenta de resultados de las multinacionales telefónicas. Y quizás quienes abominan de los políticos porque defendemos las propiedades de los de “la ceja”, en realidad buscan amedrentar a los de “la ceja” para que dejen de apoyar a determinados políticos.

Aún me siento joven para dejarme arrebatar por los vientos de libertad y por los cantos contra la opresión capitalista. Pero ya estoy mayor para que me tomen el pelo…

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Son innumerables. O a mí, al menos, me lo parecen. Cada noche el pulgar acaba entumeciéndose de tanto buscar con el mando a distancia un debate mínimamente equilibrado. No diré ya un debate en el que predominen las posiciones progresistas. A veces, da la sensación de que algunas cadenas compiten entre sí para plantear la mayor barbaridad y captar así la atención del espectador. Injurias al Presidente del Gobierno, soflamas xenófobas, enaltecimiento del golpismo, reivindicación del franquismo… Algunas de estas tertulias consiguen que percibamos al Tea Party norteamericano como una banda de bolcheviques.

Hace pocos días anunciaron el cierre definitivo de CNN+. A mi juicio este era uno de esos raros refugios en los que cualquier televidente podía acomodarse para obtener información y criterio, sin histrionismos y con un mínimo de rigor y objetividad. A veces he estado de acuerdo con los planteamientos de sus “opinadores”, y a veces no. Pero en general, siempre he tenido la sensación de estar recibiendo un servicio honesto.

Al parecer, cierran la cadena porque los dueños pierden dinero con ella. Hay poco que objetar ante este argumento. PRISA no es un organismo público ni una ONG. Se trata de una empresa privada con unos accionistas que exigen dividendos. La pregunta que uno puede hacerse es la siguiente. Si un emporio poderoso como PRISA no puede permitirse las pérdidas generadas por un producto informativo de calidad, ¿cómo se mantiene esa enorme cantidad de subproductos que vociferan e insultan cada noche desde nuestra pantalla? ¿Quién paga? ¿Y con qué propósito?

Esta situación debe alentar al menos tres debates. El primero versa sobre los límites en el ejercicio de la libertad de expresión. Tal libertad constituye un puntal básico de nuestro sistema democrático y es preciso preservarla con mimo. No obstante, todo derecho encuentra su límite precisamente donde comienzan los derechos de los demás. Y el ejercicio de la libertad de expresión no debe amparar la práctica permanente de la injuria y la acusación falsa que se realiza desde algunas plataformas mediáticas de extrema derecha. Que cada cual opine lo que quiera, pero la infamia y la atribución mendaz de conductas inmorales o delictivas no deberían quedar impunes. Tanto los aludidos como la fiscalía deben velar por los derechos de todos.

El segundo debate tiene que ver con el papel de la televisión pública. En el vigente contexto de crisis son muchas las voces que subrayan el alto coste de este servicio y su incidencia en el déficit público. Algunas de estas voces responden a una reivindicación leal a favor de la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos colectivos. Sin embargo, otras voces están buscando tan solo generar el caldo de cultivo adecuado para la privatización de las cadenas públicas de televisión. Sumarían así estas televisiones definitivamente a la pléyade de voceros en defensa de los intereses más conservadores. Aunque también es cierto que algunas cadenas autonómicas, como Telemadrid o Canal Nou, hace tiempo que juegan este papel desde la categoría pública.

Reclamemos pues una televisión pública de calidad, eficiente y austera en su administración, objetiva en su labor informativa, y respetuosa en el reflejo de la pluralidad social y política. RTVE hace un esfuerzo encomiable que merece respeto, pero a mi juicio debería ser más valiente en la apuesta por formatos de debate público permanente y plural sobre los asuntos que más preocupan a la opinión pública. Paradójicamente, en esta orgía permanente de información que disfrutamos hoy, se hace más necesaria que nunca una oferta televisiva con garantías de veracidad y al servicio del interés general.

El último debate a plantear es el relacionado con la oferta de televisión informativa en el ámbito privado. Porque el dinero es de derechas. Para qué nos vamos a engañar. Pero esta realidad inexorable no debe conducirnos a la aceptación resignada de un panorama televisivo copado casi exclusivamente por los “opinadores” más rancios y extremistas.

Las normas han de garantizar que en el reparto público de las licencias de emisión se tengan en cuenta los criterios de la garantía de información veraz y el respeto a la pluralidad de ideas en nuestra sociedad. Aquellos que entierran grandes cantidades de dinero en órganos de propaganda anti-socialista, con la única finalidad de influir en el electorado a favor de la derecha, deben ser desenmascarados. Podrán opinar lo que quieran en sus televisiones, porque para eso son suyas y las pagan. Pero los demás también somos libres para denunciar con voz alta y clara que intenten vender a los ciudadanos sus panfletos al servicio del dinero y de la extrema derecha, como si fueran expresiones legítimas de la mejor libertad de prensa.

Y digo yo que la opinión progresista, que es mayoritaria en la sociedad española, también podrá hacer rentable una programación informativa de calidad en alguna televisión privada…

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Hay quien le está buscando tres pies al gato. Pero la crisis de los controladores responde exactamente a lo que parece. Un pequeño grupo de privilegiados ha pretendido hacer uso torticero de un poder extraordinario para someter al Estado a un chantaje intolerable. Y el Gobierno ha reaccionado con firmeza y eficacia, defendiendo el interés general mediante el uso de los instrumentos que la Constitución y el ordenamiento jurídico pone a su disposición.

Cabe analizar el comportamiento de al menos tres de los protagonistas de este episodio. En primer lugar, los controladores. Que nadie se llame a engaño. Ni hubo “provocación”, ni la suya fue una “reacción espontánea”, ni responde a una controversia sobre la “privatización de AENA”. Ni hubo intención jamás de convocar una movilización o una huelga con arreglo a Derecho. Los controladores abandonaron sus puestos de trabajo de forma masiva y concertada, contraviniendo la ley y ocasionando un grave daño a la sociedad española, con el único propósito de tomar a cientos de miles de viajeros como rehenes para que el Gobierno desistiera de la aplicación de la ley que acababa con sus privilegios desmesurados e injustificados.

¿De qué privilegios estamos hablando? Precisamente de los privilegios contenidos en la propuesta cerrada de convenio colectivo que los representantes de los controladores presentaron en el Ministerio de Fomento como “solución” al conflicto, tan solo dos horas después del plante “espontáneo”. Querían trabajar 250 horas menos y cobrar más horas extraordinarias. Querían recuperar su propia organización del trabajo, los turnos y los salarios, con independencia de las necesidades del servicio. Querían el control del acceso a la profesión y la formación de los nuevos controladores. Ni rastro de su supuesta oposición a las “privatizaciones”. Y si el Estado no accedía a tales pretensiones, el espacio aéreo español seguiría cerrado indefinidamente.

El segundo protagonista ha sido el Gobierno. Y últimamente parece casi obligado equilibrar las valoraciones o mantener cierta equidistancia. Pues ni equidistancia ni equilibrio. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. En febrero denunció un convenio laboral abusivo. En abril impulsó una ley que homologaba las condiciones laborales de los controladores españoles a los de sus colegas europeos, y que permitía rebajar nuestras tasas de navegación aérea. En mayo convocó cientos de plazas para nuevos profesionales. Y, mientras tanto, mantuvo siempre abierta la mesa de negociación para acordar un nuevo convenio. Pero el acuerdo era inviable, porque el “sindicato” de controladores mantenía como exigencia la derogación de una ley aprobada en Cortes por la representación de la soberanía popular.

¿Por qué una nueva vuelta de tuerca precisamente el viernes anterior a un puente? Porque en su estrategia de presión constante, los controladores había amenazado con abandonar sus puestos de trabajo durante el puente de la Constitución y las fiestas navideñas, argumentando falsamente que ya habían alcanzado el tope máximo de horas de trabajo aeronáutico que establece la ley para cada ejercicio. El Decreto del viernes venía a aclarar una contabilidad razonable para estas horas, sin sumar, por ejemplo, las guardias localizadas en casa. Además, el Decreto reforzaba los instrumentos a disposición del Gobierno en caso de un eventual conflicto, que horas después se confirmó.

¿Por qué una medida tan excepcional como el Estado de Alarma? Porque la Constitución y las leyes lo hacen legítimo. Porque el Gobierno está obligado a hacer todo lo posible por garantizar el derecho a la movilidad de los españoles y el buen nombre de nuestro país en el mundo. Y porque, como después se comprobó, solo la amenaza cierta de la aplicación del código militar, iba a hacer desistir a los chantajistas de su actitud irresponsable. Los servicios sanitarios deberían tomar nota del efecto positivo e inmediato que sobre la “salud” quebradiza de los controladores tuvo el último Decreto del Gobierno.

El tercer protagonista es el Partido Popular. Porque el PP tiene una responsabilidad directa en esta crisis. El convenio colectivo que otorgó a los controladores unos privilegios de escándalo y una capacidad de presión extraordinaria fue aprobado por un Gobierno del PP en el año 1999. Y parecía razonable que el principal grupo de la oposición contribuyera al menos a arreglar tal desaguisado. O que por lo menos no molestara. Pero el ansia de poder les ha llevado de nuevo por el camino del ataque furibundo y enfermizo al Gobierno socialista. Con tal de procurar el desgaste de Zapatero, Rajoy se ha situado más cerca de los agresores que de las víctimas en esta crisis.

En este tipo de desafíos al Estado, solo pueden contemplarse dos bandos. El bando de la ley y el interés general. Y el bando de los privilegios y el chantaje. Esperemos que nadie más se equivoque.

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Publicado en El País. 06-12-10.

El Gobierno ha hecho frente a la crisis más grave sufrida nunca por nuestro tránsito aéreo con firmeza y con eficacia. Solo 24 horas después del inicio de una huelga salvaje por parte de los controladores, el Gobierno ha logrado establecer el principio de la normalidad en el transporte aéreo español.

La acción del Gobierno ha tenido como objeto: 1) la seguridad de los viajeros, por eso no se ha reabierto el tráfico hasta que no se han dado las condiciones debidas; 2) la información y la atención a los afectados, por eso las comparecencias públicas han sido continuas y se han dispuesto alternativas viables de transporte; 3) el reestablecimiento del tráfico, por eso se ha obligado a los controladores a volver a sus puestos mediante el Estado de Alarma y la militarización del servicio; 4) la prevalencia de la ley, por eso se ha dicho no a los privilegios injustificados, no al chantaje y no a la impunidad de quienes toman a los ciudadanos como rehenes; y 5) la garantía de que esta situación no vuelva a producirse en el futuro.

¿Por qué se aprueba el Decreto precisamente ahora? Porque era imprescindible y urgente clarificar la contabilidad correcta de las horas de trabajo, evitando así que cientos de controladores cumplieran su amenaza de abandonar en este puente los puestos bajo el argumento falso de que ya habían cumplido el tope máximo legal de 1.670 horas por año. El Decreto ha posibilitado una respuesta pronta y eficaz a la crisis.

Los controladores han ocasionado un grave daño a la sociedad y a la economía española y deben pagar por ello. Los expedientes disciplinarios abiertos completarán su curso hasta el despido de quienes lo merezcan. Y las diligencias abiertas por la Fiscalía culminarán con la ejecución de las penas que corresponden a los delitos cometidos.

El propósito de esta huelga salvaje consistía en doblar el brazo al Estado para dejar sin efecto la ley que ha puesto fin a unos privilegios desmesurados: la contabilidad de un tercio de la jornada habitual como horas extraordinarias para sumar salarios de entre 350.000 y un millón de euros anuales, la jubilación a los 52 años con salario íntegro, la autoorganización del trabajo al margen de las necesidades del servicio, y el control del acceso a la profesión para los más allegados. El Gobierno no podía y no debía transigir.

No es cierto que los controladores hayan sido objeto de vulneración en sus derechos laborales o que no tuvieran más opciones de propuesta o protesta. Cada medida gubernamental ha sido confirmada por los Tribunales de Justicia, las vías de negociación con AENA siempre han estado abiertas con el único límite de la ley, y siempre podían haber acudido a las movilizaciones que prevé nuestro ordenamiento, hasta la huelga. Eso sí, con preaviso de 15 días y servicios mínimos.

El PP tiene responsabilidad propia en esta crisis, porque el convenio que otorgó en 1999 unos privilegios y un poder desorbitado a los controladores fue obra suya. Y ahora han perdido una buena oportunidad para situarse del lado del Gobierno, la ley y el interés general. El ansia de poder les ha llevado al bando equivocado. Una vez más.

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LOS CIUDADANOS DEBEN CONOCER LA “TABLA REIVINDICATIVA” DE ESTA CASTA DE PRIVILEGIADOS

El Gobierno de España ha reaccionado con firmeza ante el pulso irresponsable de los controladores aéreos y el Grupo Socialista en el Congreso le respalda plenamente. El ejecutivo ha dicho basta ya a los privilegios intolerables, basta ya al chantaje permanente con los ciudadanos como rehenes, y basta ya ante la actitud criminal de quienes ponen en jaque a todo un país y su economía para forzar el “trágala” de sus reivindicaciones inasumibles.

Los españoles deben conocer qué es exactamente lo que estos delincuentes (cada vez menos presuntos) pretenden obtener del chantaje al Estado. Su propósito consiste en dejar en suspenso la última reforma de la Ley de Navegación Aérea por la que se racionalizaba la prestación del servicio de control aéreo, se homologaban sus condiciones laborales con las del resto de nuestros socios europeos, y se suprimían algunos privilegios que los controladores españoles venían disfrutando contra toda lógica y gracias a su extraordinaria capacidad de presión.

Los privilegios que los controladores pretenden recuperar son los siguientes:

  • Contabilizar como horas extraordinarias hasta un tercio de su jornada de trabajo habitual, a fin de alcanzar unos salarios de entre 300.000 y 1.000.000 de euros anuales, por jornadas de trabajo efectivo que rara vez superan las 10 horas semanales. Eso sí, con cargo al tesoro público y a los impuestos de los ciudadanos.
  • Jubilarse a partir de los 52 años percibiendo el salario íntegro, horas extraordinarias incluidas.
  • Organizar su propio régimen de trabajo y su propio régimen salarial, de tal manera que sean ellos mismos, a través de su “sindicato”, quienes determinen cuándo, cómo y cuánto se trabaja, y cuánto se cobra, independientemente de las necesidades del servicio. Buscan, por ejemplo, acumular jornadas de trabajo y guardias para asegurarse vacaciones de dos semanas por cada tres días de trabajo efectivo.
  • Garantizar el control por parte de su “sindicato” del acceso a la profesión y la formación de los nuevos profesionales, a fin de solo sean sus familiares y amigos quienes se incorporen a la “casta” de privilegiados.
  • Convertir la legislación vigente en papel mojado ante sus reivindicaciones, de tal manera que cualquier disposición legal aprobada legítimamente por los representantes de los ciudadanos deba derogarse frente a sus chantajes.

La gran mayoría de los ciudadanos españoles entienden que estos planteamientos son absolutamente intolerables e inasumibles. Primero por injustos, porque en un contexto de crisis económica no pueden aceptarse reclamaciones tan desmesuradas como las mencionadas con anterioridad. En segundo lugar, porque admitir tales demandas imposibilitaría la rebaja de las tasas de navegación aérea prevista por el Gobierno, para mejorar la competitividad de nuestro transporte aéreo y de nuestra industria turística. Por culpa de los sueldos astronómicos de los controladores, aún tenemos en España las tasas de navegación aérea más elevadas de Europa. Y tercero, el Gobierno tiene la obligación de salvar la dignidad del Estado y de la sociedad española frente al comportamiento criminal (cada vez menos presunto) de los controladores.

El Gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer. Ante todo, salvaguardar la seguridad de los viajeros, y por eso se cerró el espacio aéreo en cuanto la falta de profesionales hizo imposible su control efectivo. Después, informar a los afectados y proporcionarles medios para el transporte alternativo o para la espera en condiciones razonables. Y a la vez, hacer uso de toda la fuerza de la ley para conminar a los chantajistas a deponer su actitud irresponsable y volver a la normalidad. La militarización de los servicios de control aéreo y la declaración del estado de alarma tienen este objetivo.

El Gobierno, por tanto, trabaja para recuperar cuanto antes la normalidad en el tránsito aéreo y para que el comportamiento irresponsable de esta casta de privilegiados no quede impune. Y los grupos parlamentarios que representamos a los ciudadanos españoles hemos de prestar apoyo al Gobierno en esta labor. También los de la oposición.

El PP, por desgracia, una vez más, ha optado por el “cuanto peor mejor”, eludiendo su responsabilidad hacia el interés general, y buscando la crítica fácil al Gobierno. Los ciudadanos saben que en esta batalla solo hay dos bandos: o se está con el Gobierno, con los españoles y con la ley, o se está con el chantaje de los controladores. Y me temo que el PP ha vuelto a elegir el bando equivocado.

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