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Archive for 29 julio 2010

El curso político que termina ha estado marcado por las urgencias: las urgencias del Gobierno para evitar que el tsunami financiero se llevara por delante nuestra economía, y las urgencias de la oposición para asegurarse que ese mismo tsunami enterrara definitivamente al Gobierno. Una vez superados los vaivenes en los mercados de finanzas y con el Gobierno en pie, parece razonable esperar del nuevo curso una mayor atención a lo que más importa sobre lo que más urge, a la estrategia sobre la táctica, y a las reformas estructurales pendientes sobre los parcheados de emergencia.

Cuesta reconocerlo, pero hay que contar las cosas como han sido. Buena parte del programa de Gobierno ejecutado en el último año ha venido dictado por los requerimientos de los mercados financieros internacionales. Y no quedaba más remedio que hacerlo así. La recuperación de la confianza y el crédito de los grandes operadores financieros se convirtió en una condición inexorable para la solvencia de la economía española y la oportunidad de su reactivación, además de una exigencia insoslayable por parte de nuestros socios europeos. “Austeridad y reformas urgentes” era la receta a aplicar si queríamos conjurar el “peligro griego” de manera definitiva. Pocos reproches pueden dirigirse al Gobierno a este respecto sin caer en la demagogia oportunista.

En este contexto de “emergencia” se han aplicado los ajustes del gasto público para acelerar la reducción del déficit al 3% en 2013; la reforma del sistema financiero, que ha asegurado la supervivencia de las Cajas de Ahorro por la vía de la concentración y la “bancarización”; la reforma del mercado laboral, que busca limitar la dualización y promover la contratación indefinida; y las propuestas que persiguen consolidar a largo plazo el vigente sistema de pensiones. El mérito de sacar adelante estas medidas difíciles sin una mayoría parlamentaria estable, sin la más mínima colaboración del principal partido de la oposición y con una contestación social tan previsible como dolorosa, no es un mérito menor.

Para complicar aún más el panorama, a la crisis económica se le ha sumado en el último tramo del curso la crisis institucional derivada de la sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña. Tras cuatro años de espera, la sentencia resultó razonablemente sensata y equilibrada, pero el empeño de unos por blandir la bandera de la dignidad supuestamente ofendida de Cataluña, y el interés igualmente espurio de otros por aprovechar la ocasión para acusar una vez más a Zapatero de “rompepatrias”, ha desnaturalizado el debate y ha hecho de la asignatura catalana una asignatura pendiente para septiembre, una vez más.

Como sostiene el refranero castellano, el tiempo todo lo cura y, con seguridad, el transcurso del verano ayudará a situar en perspectiva todas aquellas crisis, urgencias y emergencias. Conviene, en consecuencia, trazar con suficiente previsión e inteligencia la hoja de ruta que interesa al país en el próximo curso, aunque solo sea para que no nos vuelvan a escribir la agenda desde los centros de especulación financiera o desde los no menos especulativos centros de estrategia electoral de la derecha.

Si la receta del curso que termina fue de “austeridad y reformas urgentes”, quizás la receta del nuevo curso debe ser la de “reactivación económica y reformas estructurales”. Porque cada vez son más los analistas económicos que aconsejan acompasar los drásticos objetivos europeos de reducción del déficit con la inyección prudente de ciertos estímulos a la demanda para anticipar la ansiada recuperación de la actividad económica y la generación de puestos de trabajo. Desde luego que España no cuenta con margen para liderar una estrategia propia en este sentido, pero sí puede propiciar este debate en las instituciones de la Unión.

Siguen pendientes en nuestro país algunas reformas que posiblemente importen poco a los tiburones financieros de la city londinense, pero que resultan cruciales para asegurar un futuro mejor para la economía y la sociedad españolas. La primera y más importante de esas reformas estructurales es la relativa al sistema educativo. Una educación de calidad y con igualdad de oportunidades es la mejor garantía para el desarrollo económico y el progreso social. Junto a esta reforma debe colocarse en la agenda la reforma del sistema productivo, y la apuesta por la innovación, el conocimiento, los nuevos sectores productivos asociados a las nuevas tecnologías, a las energías renovables, a la sostenibilidad ambiental…

Dos reformas importantes más: la fiscal y la que ha de consolidar nuestro sistema de bienestar social. Ambas dos muy relacionadas entre sí, porque no será posible aspirar a unos niveles de bienestar social equiparables a los países más desarrollados de Europa, si no procuramos un esfuerzo fiscal equiparable también al vigente en estas sociedades. La equiparación fiscal con Europa, en clave de suficiencia, de progresividad y de persecución del fraude, debería ser una meta identitaria para la izquierda española en el nuevo curso. Porque esta equiparación fiscal constituye la mejor garantía para cimentar un modelo de derechos sociales justo y potente, en la educación, en la sanidad, en las pensiones, en la atención a la dependencia, en la cobertura del desempleo, en el combate a las desigualdades, en la promoción de la igualdad de la mujer…

También habremos de afrontar la agenda de los cambios en la estructura del Estado. Y esperemos que la finalización de la campaña electoral catalana, sea cual sea el veredicto de los votantes, contribuya a aportar sensatez, equilibrio y compromiso con el interés general a todos los actores en el debate. ¿En qué consiste esa sensatez? Probablemente en prescindir de los extremos que buscan bien la secesión de una parte de España o bien la recentralización uniformadora del Estado. Y probablemente también en buscar el lugar de encuentro en la evolución racional del Estado de las Autonomías aplicado con éxito evidente a partir de la Constitución de 1978, respetando las identidades legítimas y enriquecedoras en cada territorio, perfeccionando el autogobierno en clave de eficiencia, y asegurando la aplicación de los principios de unidad, cohesión, solidaridad e igualdad de todos los españoles.

Mucha tarea para septiembre. Aprovechemos el verano para cargar la mochila con buenas intenciones y energías renovadas.

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“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. La frase es de Benjamin Franklin, pero se hizo célebre en boca de un superhéroe de ficción. En todo caso, parece haber quienes no siguen ni a los clásicos ni a los personajes hollywoodienses. Los controladores del tráfico aéreo disfrutan de un gran poder en nuestro país, sobre todo en estas épocas vacacionales. Sin embargo, una y otra vez buscan valerse de ese poder, de manera espuria e irresponsable, para convertir a todos los españoles en los rehenes de un chantaje intolerable.

Tenemos pendiente un debate muy delicado en torno a la respuesta que debe ofrecer la sociedad y sus instituciones ante determinados conflictos laborales con graves afecciones al interés general. En concreto está por dilucidar hasta dónde ha de llegar el derecho de huelga de los trabajadores en servicios esenciales, cuando su movilización en defensa de unas condiciones laborales razonables genera graves perjuicios a la colectividad.

Pero interesa aclarar que este debate pendiente e importante no tiene nada que ver con el vigente conflicto provocado por los controladores del tráfico aéreo en España. Por dos razones. Primero, porque los controladores españoles jamás han convocado una huelga. Ellos acostumbran a ejercer presión poniéndose “enfermos” de forma masiva y organizada, en los momentos en los que más daño y quebranto ocasionan sobre los ciudadanos que hacen uso del transporte aéreo. Es decir, ellos practican la huelga salvaje e ilegal, secuestrando a miles de viajeros durante horas de retrasos injustificados y socavando premeditadamente la calidad del sector turístico, clave en el desarrollo de la economía española. Intentan así quebrar la voluntad del Estado y multiplicar su cuenta corriente.

La segunda diferencia reside en las condiciones laborales que defienden unos y otros. Las condiciones que disfrutaban los controladores vía convenio hasta la promulgación de la reciente Ley del control aéreo no pueden considerarse derechos, sino privilegios inaceptables e intolerables. Los controladores españoles eran los mejor pagados y los menos productivos de toda Europa, responsables además de que nuestros aeropuertos contaran con las tasas de navegación más elevadas del mundo.

Sueldos de más de 600.000 euros anuales a cargo de los presupuestos públicos, menos de 15 horas de trabajo semanal efectivo, jubilación voluntaria con salario íntegro desde los 52 años, auto-organización del trabajo, auto-gestión del ingreso en la profesión… A iniciativa del Gobierno socialista, y con el respaldo de la gran mayoría de los grupos parlamentarios, la Ley aseguró la eficiencia en el servicio de control, rebajó las tasas aéreas y acabó con estos privilegios. Y ahora los controladores hacen un pulso al Estado, con los veraneantes como rehenes, para tumbar la ley y recuperar sus prebendas. La cosa es tan simple como esto.

Pero este pulso debe ganarlo la sociedad y el Estado español. Porque sería inaceptable que estas conductas ilegales e inmorales obtuvieran un éxito que sirviera de precedente a otros colectivos. Porque en el contexto presente de crisis y austeridad en los recursos públicos, incluso en la gestión de las pensiones, resultaría impúdico dar satisfacción a las demandas bochornosas de estos elementos. Y porque nuestro país y nuestro transporte aéreo requieren de una gestión eficiente y competitiva, con tasas reducidas y equiparables a las propias de las naciones de nuestro entorno.

El Gobierno y AENA disponen de instrumentos en la Ley para salvar el chantaje de los controladores y para asegurar un transporte aéreo eficiente. A los controladores que defrauden a la Seguridad Social simulando enfermedad falsa hay que denunciarlos ante la Justicia. A los que efectivamente estén aquejados de “estrés” y “ansiedad” debe abrírseles un expediente que podría culminar en su salida de la profesión, porque si hay un servicio público incompatible con el “estrés” y la “ansiedad” ese es el del control del tráfico aéreo.

Mientras tanto, el operador aéreo sigue aplicando una Ley que le permite recuperar la organización del servicio de control, adjudicar turnos de trabajo, formar nuevos aspirantes y contratar personal debidamente acreditado en otros países y mejor dispuesto a cumplir con las normas y con el trabajo debidamente asignado. El Gobierno ya ha anunciado incluso su propósito de ofrecer la gestión del servicio de control a empresas privadas en determinados aeropuertos.

Aquí solo hay dos bandos. El bando del cumplimiento de la ley y el interés general, con pleno respeto a los derechos legítimos de todos los trabajadores. Y el bando de las huelgas ilegales en defensa de privilegios intolerables. La gran mayoría de los ciudadanos tienen claro su bando. El Gobierno también. La lástima es que ese afán del PP de situarse siempre frente al Gobierno le ha llevado, una vez más, a situarse en el bando contrario al interés de España.

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Muchos de los ciudadanos que siguieron el Debate sobre el Estado de la Nación pudieron sentirse justamente defraudados. El escenario previo y las expectativas generalizadas invitaban a otra cosa. En un contexto de crisis económica y desempleo grave, tras la lección de juego limpio y éxito de equipo ofrecido por nuestros deportistas en el Mundial, muchos españoles, quizás con un punto de ingenuidad, esperábamos otro Debate: un Debate con más soluciones y con menos descalificaciones.

Con justicia hay que reconocer que uno lo intentó. Zapatero abrió del Debate con una amplia oferta de acuerdos sobre las reformas que necesita el país para salir del agujero. Pero Rajoy llevaba otro guión, un guión a la holandesa, por seguir el símil futbolístico, patada al tobillo y tobogán hacia el éxito electoral.

Más que quién gano, cabría preguntarse quién perdió el debate, y posiblemente lo perdieron sobre todo los millones de ciudadanos que este miércoles confiaban en seguir la estela del domingo, del lunes, del martes, el “todos a una”, el “juntos podemos”, también en aquello que nos importa cuando se acaba el partido, en el puesto de trabajo, en el pequeño negocio familiar, en la hipoteca, en el futuro…

El Presidente llevaba tres claves en su planteamiento. Austeridad, porque es lo que toca tras la etapa de estímulo económico con cargo al déficit, y porque es lo que nos exige la estrategia común de los países del euro. Reformas, porque reformar nuestro modelo productivo, nuestras finanzas, nuestro régimen laboral, nuestro sistema educativo, nuestro mix energético, nuestras administraciones, es lo que ofrece oportunidades reales para crecer y crear empleo. Y Pacto, porque la responsabilidad, el compromiso y las fuerzas a movilizar en este empeño colectivo no pueden ser solo las del Gobierno. Eran tres claves para el país.

El líder de la oposición traía sus propias claves, pero no las había pensado en interés del país, sino en interés propio y de la estrategia de su partido para volver al poder como fuese y cuanto antes. Le bastaron dos. Primero, la “confianza” perdida por Zapatero y su Gobierno, por sus idas y venidas, por sus rectificaciones e improvisaciones, porque Europa le ha intervenido las cuentas; esa confianza extraviada que alimenta las encuestas y las ensoñaciones de la derecha. Y después las “elecciones”, claro. Que Zapatero deje las cosas como están. No hay planes urgentes ni reformas inevitables. Solo hay que parar el país medio año, convocar elecciones y confirmar lo que prometen golosamente esos sondeos: la llegada del PP al poder a lomos de la crisis y el sufrimiento de millones de personas.

Tan claro lo tenía Rajoy en este Debate que se permitió algunos lujos impensables hace poco tiempo. Nunca estuvo dispuesto a mostrar sus cartas en forma de alternativas, de propuestas, de soluciones propias a contraponer con las del Gobierno. Pero hasta ahora simulaba contar con esas alternativas mediante planteamientos obvios o muy generales. En este Debate, ni siquiera eso. Todas las descalificaciones y cero propuestas. Pero es más: se permitió coquetear con la demagogia evocando las imágenes de “los que sufren”, “los pensionistas indigentes” y “aquellos que deben acudir a un comedor de asistencia social (sic)”. Llegó incluso a negar la importancia a la sentencia sobre el Estatut que hace escaso tiempo iba a “romper España”: “deje tranquilo ese asunto”, le dijo a Zapatero. De hecho, tan sobrado estaba que negó explícitamente su voluntad de “arrimar el hombro” o “remar junto al Gobierno”. Sin mayores ambages o disimulos.

El PP ha interpretado el estado de la opinión pública como una tarjeta roja generalizada al Gobierno, y una invitación a ganar el partido sin mayor esfuerzo, por incomparecencia del contrario. Y se equivoca gravemente, porque si bien muchos españoles muestran hoy una lógica insatisfacción por la falta de soluciones prontas y eficaces ante los peores efectos de la crisis, esos mismos españoles recelan y recelarán siempre de aquellos que confían el bien propio al mal colectivo. Pero la equivocación merece un lamento general, porque es cierto que hoy no nos sobran las fuerzas, ni siquiera las de esta derecha, tan poco dada históricamente a la generosidad.

Perdieron el Debate y el partido. Y perderán la competición. Pero se llevarán por delante la oportunidad de este país para afrontar sus mayores retos estructurales a partir de un conjunto de reformas pensadas y aplicadas desde el acuerdo y el interés general. Y frustrarán también las mejores esperanzas de mucha gente. Las reformas en todo caso se harán, y tendrán éxito, sin ellos y a pesar de ellos. Porque, al parecer, la “roja” no inspira a todos por igual.

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A menudo se ha analizado sociológicamente el fenómeno del fútbol como un factor alienante y embrutecedor. Frecuentemente se lo ha considerado como un elemento narcotizante respecto a los problemas y retos reales a los que ha de enfrentarse la sociedad, al modo del “pan y circo” de la Roma imperial. Incluso se ha identificado la hinchada futbolística como el caldo de cultivo más frecuente para actitudes fanáticas y violentas, para el culto a la frivolidad y el lujo, o para el enaltecimiento público de personajes mediocres con valores humanos censurables. Hay mucho de verdad en estas apreciaciones, y es cierto también que, a veces, la atención mediática que recibe cualquier circunstancia que rodea este deporte, por insignificante que sea, puede considerarse irritante por excesiva.

Pero el sentimiento que inspira en la gran mayoría de los españoles el buen hacer de la selección nacional en el Mundial de Sudáfrica trasciende todos estos análisis. Se trata de una alegría legítima, justificada y limpia. Una veintena de chavales, en representación del deporte español, están haciendo historia con su buen juego, con su comportamiento ejemplar y con unos resultados que elevan la consideración internacional de nuestro país a unas cotas extraordinarias.

Los españoles podemos y debemos sentirnos orgullosos de nuestros deportistas, por sus éxitos, por cómo los consiguen y por cómo los celebran. Los Villa, Pujol o Casillas del fútbol pueden equipararse al Nadal del tenis, al Gasol del basket, al Alonso de la F1, al Lorenzo de las motos, al Contador de las bicis… Son buena gente, que construyen sus triunfos a fuerza de trabajo y sacrificio, y que hacen del compañerismo y la labor de equipo una grata seña de identidad para el deporte español. Saben perder y, lo que es más difícil, también saben ganar, respetando al contrario, haciendo gala de una humildad encomiable, y huyendo de la jactancia y la soberbia que se observa en otras latitudes.

Para los aficionados al fútbol, la “roja” derrocha buen toque, estilo, elegancia, generosidad, eficacia. El mejor fútbol del momento y el mejor de nuestra historia. Para todos los demás, la “roja” representa el afán de superación, el “sí podemos”, y una buena justificación para colgar las banderas en la fachada y sentirse parte de algo grande.

Atravesamos tiempos difíciles, y no nos sobran los motivos para la esperanza y la ilusión. Y ahí tenemos a la “roja”. Inspiración a raudales. Disfrutémosla.

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Los ataques del PP a la policía y a la fiscalía por la detención de varios presuntos corruptos en Alicante, las resistencias a acatar la Ley del aborto por algunos gobiernos autonómicos, y las llamadas a la movilización ciudadana contra la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, son hechos muy diversos que tienen un lamentable elemento en común: se trata de desafíos inaceptables al normal funcionamiento del Estado de Derecho.

La Constitución de 1978 estableció en nuestro país “un Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1), en el que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (artículo 9). El Estado de Derecho conlleva grandes ventajas para asentar la convivencia sobre las bases de la libertad, la igualdad y la seguridad.

El imperio de la ley, la neutralidad política de policías y fiscales, y la independencia del poder judicial constituyen sus principales baluartes. Ahora bien, a estas ventajas le corresponden algunas responsabilidades, como el respeto y el acatamiento de sus resoluciones por todos los ciudadanos, especialmente por parte de los máximos representantes institucionales. No se puede obviar esta responsabilidad al socaire del tacticismo partidario, porque nos jugamos el cimiento mismo del sistema democrático.

Cuando un vicesecretario general del PP acusa a los policías y los fiscales de actuar al margen de ley, guiados por una motivación política, en la realización de una serie de registros y detenciones, se está socavando gravemente la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de la Justicia. El combate a la corrupción solo tendrá éxito cuando cuente con una respuesta clara, contundente y eficaz desde todos los actores políticos. El intento de aminorar los daños propios en la opinión pública mediante la descalificación del sistema policial y judicial resulta tan patético para el PP como peligroso para la credibilidad de las instituciones colectivas.

Algo parecido ocurre cuando al menos tres gobiernos autonómicos, los máximos representantes del Estado en sus territorios, hacen ostentación pública de su desacato a una ley en vigor. Nada obliga a suscribir políticamente todas las leyes. Es más, nuestro sistema de libertades ampara la crítica acerba a cualquier ley. Pero una vez debidamente aprobadas, publicadas y en vigor, todas las leyes deben acatarse y cumplirse con la máxima diligencia posible. ¿Con qué legitimidad podrán reclamar a sus ciudadanos los gobiernos de Murcia, de Navarra o de Madrid el cumplimiento de su propia legislación fiscal, por ejemplo, si ellos mismos presumen de no cumplir la legislación del Estado?

También merecen un reproche  los responsables institucionales de diversa procedencia política que han llamado a la movilización ciudadana para “salvar la dignidad de Cataluña” ante el último auto del TC sobre su Estatuto de autonomía. De hecho, a mi juicio, quienes amenazan en mayor medida “la dignidad de Cataluña” son esos líderes de opinión que, por puro cálculo político, ponen en cuestión las instituciones democráticas y constitucionales que han suministrado para este territorio y para su gente el mayor grado de autogobierno de toda su historia.

La polémica sobre el lema principal de la manifestación en Barcelona resultó tan lamentable como significativa. ¿La senyera o el “nosotros decidimos”? ¿Y cuál es la diferencia? Enarbolar la bandera autonómica contra una sentencia judicial equivale a la contraposición espuria de dos legitimidades. Y esgrimir la voluntad de la decisión propia contra esa misma resolución constituye un desafío intolerable al Estado de Derecho y a las reglas del juego que aseguran la convivencia: si me gusta la sentencia, la acato, y si no me gusta, entonces “nosotros decidimos”. ¿Y valdrá así en Cataluña a partir de ahora para todas las sentencias y para todos los afectados por esas sentencias? ¿Si no me gusta la sentencia, me manifiesto y ya no vale? La mejor prueba de que la movilización fue un error puede comprobarse en su desenlace: muy buena parte de los símbolos esgrimidos y de las consignas coreadas estaban más cerca del independentismo que del “Estatut”, independientemente de su encaje en la Constitución española.

En el colmo de la extravagancia, algún dirigente ha acusado al PSOE en estos días de tener “miedo” a aceptar el proyecto federalista. ¿Miedo al proyecto federalista? No. Simplemente no estamos de acuerdo. Preferimos la España de las autonomías, de la solidaridad y de la cohesión que establece la Constitución de 1978, y que acaba de ratificar el TC. Personalmente me produce más miedo esa curiosa equiparación que se hace entre el partido y el Estado (“Si el PSOE es federal, ¿por qué no España?”), más propia de otros tiempos y de otras latitudes ideológicas. Y provoca un miedo más que justificado tanto desafío irreflexivo al Estado de Derecho y al sistema de convivencia pacífica y en libertad que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos.

Con todo respeto a la diversidad democrática en las ideas y en el derecho de cada cual a manifestarse en su defensa.

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Nada más tomar posesión acaparó ella solita todas las papeletas para convertirse en la nueva “pim-pam-pum” del Gobierno socialista. Mujer tenía que ser, claro. Insultantemente joven y guapa. Con escasa experiencia y aún menos poder.  Sin grandes partidas presupuestarias a repartir. Recien llegada de ese sur que ellos siempre vieron rojo e indolente. Abanderada de las causas nobles que agitan la fetidez pútrida de la caverna. Llamada a liderar nuevas conquistas en derechos y libertades, “para todos y para todas”, pero también “contra muchos y contra muchas”.

Le han llovido golpes desde todos los frentes, el propio incluido.  Del menosprecio a la descalificación y el insulto. Del chiste fácil a la diatriba permanente y la intoxicación infame. En las manifestaciones, en las tribunas y en las webs. Por sus formas y por sus fondos. En lo público y en lo privado. Pero jamás perdió la compostura y la sonrisa, para regocijo de amigos y desesperación de enemigos.

No tengo la suerte de conocerla a fondo, pero esa fortaleza en el carácter y esa solidez en el ánimo solo pueden provenir de unos principios bien asentados y de una voluntad de hierro para hacerlos valer, por dura que sea la adversidad.

Y va dando batalla tras batalla. Y sus batallas son nuestras batallas. Por la libertad y la seguridad de las mujeres en la interrupción del embarazo. Contra la violencia machista. Frente a la esclavitud y la trata de mujeres. A favor de una sexualidad sana. En defensa de la diversidad y la tolerancia.

Tiene como ministerio una bandera, la igualdad, y en estos días necesitará muchas manos junto a las suyas para enarbolarla bien alto.

Descuida. No te faltarán manos, ministra Bibiana, ministra valiente.

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Un veterano político nacionalista comparaba recientemente a la sociedad catalana con una botella de refresco efervescente. Entre todos hemos agitado la botella, el TC ha sacado el tapón y ahora es inevitable que se derrame algo de espuma. Solo hay que esperar a que el contenido de la botella recupere el sosiego natural.

La metáfora resultaría más acertada si se atribuyera a la clase política catalana y a sus comentaristas habituales antes que al conjunto de la sociedad, más preocupada, me temo, por la consecuencias de la crisis económica que por los inacabables y estériles duelos de florete a cuenta del “Estatut”. Y me temo también que tanta espuma artificial fomentando el victimismo y la confrontación con España acabe resultando tóxica para todos.

El TC ha aprobado una sentencia sensata, como cabía esperar, y la respuesta de la mayor parte de los políticos catalanes ha sido insensata, como también podía esperarse lamentablemente.

Cabe reprochar el retraso injustificable en el tiempo y una gestión mediática desastrosa, pero lo que se conoce del contenido de la sentencia es bastante razonable: se confirma la constitucionalidad de la mayor parte del Estatuto, se consolida el autogobierno catalán y la descentralización eficiente de funciones públicas y, a la vez, se salvaguarda el papel del Estado en la aplicación de los principios constitucionales de la unidad de España y la solidaridad entre los españoles, en ausencia de privilegios.

Las referencias a la “nación” catalana carecen de eficacia jurídica interpretativa. La lengua catalana será de uso normal pero no “preferente”. El Consejo de Garantías Estatutarias asumirá funciones análogas a las de otros consejos consultivos. Las atribuciones del Sindic de Greuges no supondrán menoscabo para las competencias del Defensor del Pueblo. Las relaciones bilaterales serán compatibles con los mecanismos normalizados de relación multilateral. El gobierno de los jueces seguirá siendo estatal y su descentralización se regulará por ley orgánica del Estado.

Es decir, la Constitución que los españoles nos dimos en el año 1978 no se cambia mediante la modificación del Estatuto de Autonomía de una comunidad. Y si todos estos extremos sensatos que acaba de sentenciar el máximo intérprete constitucional hubieran sido tenidos en cuenta durante el largo proceso de elaboración de esta norma, quizás podríamos habernos evitado unos cuantos quebraderos de cabeza y alguna que otra efervescencia a lamentar.

En consecuencia, no resulta fácil entender la reacción desaforada e histriónica que ha recibido una sentencia tan equilibrada. No se entiende, desde luego, la radicalidad de los extremos: ni la deriva independentista de ERC (que no apoyó el Estatuto), ni la rebeldía institucional de ICV, que, no lo olvidemos, forman parte del vigente gobierno autonómico. Pero tampoco se entiende la sobreactuación de las formaciones que pretenden ocupar la centralidad del escenario político catalán, PSC y CiU.

No se entiende ni en las formas ni en el fondo. La llamada a la movilización ciudadana contra una sentencia no es una actitud propia de quien preside un gobierno en un Estado de Derecho. Y las referencias de CiU al “engaño ético” y la “humillación colectiva” poco ayudan a situar las relaciones entre Cataluña y el resto de España en un marco constructivo.

¿A qué viene tanto adjetivo descalificativo? ¿Creen algunos políticos catalanes que sus ciudadanos emitirán un voto directamente proporcional al grosor de las diatribas contra “el Estado”, como ellos dicen? Se equivocan. Me atrevo a interpretar que la gran mayoría de los catalanes aprecian la identidad propia y reivindican unas instituciones de autogobierno eficientes, pero, sobre todo, quieren políticos que resuelvan problemas reales y que no se entretengan con absurdas disquisiciones florentinas.

En relación con el fondo del debate, ¿qué contribución positiva puede atribuirse a esa original teoría que contrapone “el pacto político” y “la decisión de la nación catalana” con la sentencia de un tribunal de justicia sobre un texto jurídico concreto? Las reglas del juego están ahí. Todos las conocíamos desde antes de iniciar la reforma del Estatuto. Los parlamentos legislan, la ciudadanía catalana ratifica la ley en un referéndum y después corresponde al TC, y solo al TC, el ajuste de la ley a la Constitución.

Porque en un Estado constitucional como el nuestro, todas las leyes, todas, deben ajustarse a la Carta Magna. Y frente a esta exigencia primigenia, no caben ni “pactos políticos”, ni “derechos históricos”, ni referéndums de una parte de la ciudadanía, ni senyeras, ni manifestaciones. Solo cabe el acatamiento y el respeto a las reglas del juego. ¿Críticas? Claro que sí, las propias de una sociedad libre, pero, si fuera posible, con la ponderación exigible al sentido común, al menos en el caso de los máximos representantes institucionales.

Hay más reacciones difíciles de entender. Primero, los aspavientos triunfalistas del Partido Popular. Su derrota política es evidente. Jugó a instrumentalizar la respuesta al Estatuto para movilizar a lo más rancio de la sociedad bajo el grito de “España se rompe”. Pero el TC ha corroborado la legitimidad constitucional de la mayor parte de la ley aprobada en Cataluña y en las Cortes españolas.

Y después, la empanada inexorable del tertuliano de guardia. Ramoneda, claro. Tras pasar cuatro años tertuliando sobre el retraso insoportable en la sentencia del Estatuto, ahora se malicia con la “extraña aceleración” en su redactado. Pura teoría conspirativa. Pero hay más: hay “sombras”. En concreto, “sombras políticas” en las deliberaciones previas a la sentencia relativa a un texto, al parecer, tan ajeno a la política como un Estatuto (político) de Autonomía (política). ¿Acaso no hay “sombras políticas” en sus manifestaciones de tertuliano independiente?

Pero lo mejor está en esa dicotomía entre interrogantes que nos plantea como culminación de un análisis ajeno al prejuicio dogmático y la “sombra política” de la que no han podido sustraerse los ilegítimos integrantes del TC. “¿Federalismo o independencia?” ¿Y ya está? ¿Y no cabe nada más?

Por favor, que la efervescencia acabe cuanto antes.

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