EL AJUSTE EFICIENTE EN LA OBRA PÚBLICA

(Publicado en El Economista, 15-06-10)

La crisis económica y el ajuste presupuestario van a precipitar un cambio de paradigma pendiente desde hace tiempo en la obra pública de nuestro país. La escasez de recursos impulsará la sustitución definitiva del criterio político-electoral por la priorización de la eficiencia económica y la rentabilidad social en la planificación de las infraestructuras y los sistemas de transporte.

Durante las tres últimas décadas el conjunto de las administraciones han llevado a cabo un esfuerzo mayúsculo para situar nuestras infraestructuras de transporte a la altura de las mejores aspiraciones de desarrollo de la sociedad española. La inversión del Gobierno de España en esta materia alcanzó el pasado año el 1,7% del PIB, más del doble de lo invertido por el gobierno alemán (0,69%), el triple de lo gastado por el gobierno británico (0,54%), y hasta siete veces más que el gobierno francés (0,25%).

Hemos de sentirnos orgullosos por los resultados de este esfuerzo colectivo, realizado en un tiempo récord, puesto que nos ha proporcionado ventajas competitivas, cohesión territorial y una calidad de vida considerable. Este año España será el país con la red de alta velocidad ferroviaria más importante del mundo, contamos con la primera red de autovías de Europa, y nadie ha ampliado y modernizado sus puertos y aeropuertos como nosotros. Es más, nuestras empresas en el sector han adquirido tal experiencia que ganan concursos en los cinco continentes.

En la última década hemos sido los primeros de Europa a la hora de invertir en obra pública. Pero no somos la primera potencia económica de Europa, ni la segunda, ni la tercera. Y si bien hemos podido mantener este ritmo en épocas de bonanza, resulta evidente que no será posible en estos tiempos de dificultad.

Sencillamente, el ritmo ya no es sostenible. De hecho, tal ritmo no hubiera podido sostenerse incluso sin crisis ni ajuste, porque los Fondos Estructurales de Europa dejarán de manar en 2013, porque las obras que se inauguran exigen un gasto creciente en su mantenimiento, y porque la sociedad también demanda con fuerza otros destinos para los recursos públicos. Y dicho sea todo, junto a la gran mayoría de actuaciones eficientes, en este tiempo se han colado algunas que lo son menos.

¿Cuál es la conclusión lógica? Tenemos que redimensionar nuestro esfuerzo inversor en materia de infraestructuras y sistemas de transporte. El Gobierno tiene que hacer compatible su obligación de suministrar al país las mejores herramientas logísticas con la responsabilidad de equilibrar las cuentas públicas. Hubiera sido deseable la desaceleración antes que el frenazo. Pero ya no hay opción, aún siendo conscientes del riesgo que tal frenazo reflejará a corto plazo sobre la actividad económica y el empleo. Porque el ajuste es inexorable y porque el riesgo puede atajarse.

Ha llegado el momento de planificar, de priorizar y de seleccionar con mucho rigor las infraestructuras a impulsar, mediante criterios estrictos de competitividad, de cohesión territorial y de rentabilidad social. Y hemos de ser consecuentes, relegando o aplazando las obras ideadas conforme a criterios menos justificables. No se trata de renunciar a nada. Se trata de afinar más en los análisis y en las decisiones, para alcanzar con mayor eficiencia las metas que más nos importan colectivamente.

Hace pocas fechas, en la inauguración de una obra con una rentabilidad tan escasa como evidente cierto consejero reivindicaba un “revulsivo moral para mi tierra” como justificación del desembolso. Puede que los revulsivos morales, o políticos, o electorales, haya que buscarlos a partir de ahora en otros ámbitos.

En el nuevo paradigma de la obra pública, las inversiones habrán de ejecutarse a ritmo de interés general, y no a ritmo de interés político o electoral. Ni del Gobierno de España ni de ningún otro gobierno o institución o partido. Nunca sobró un euro en el presupuesto público. Ahora menos que nunca. Por eso es preciso asegurarnos de que cada euro se gasta en lo que se tiene que gastar.

¿Cómo “hacer más con menos”? Conforme a los criterios establecidos por unanimidad en el Pleno del Parlamento el pasado 16 de febrero, y conforme a la estrategia sistematizada por el Ministro de Fomento en su comparecencia parlamentaria de 19 de mayo. El Congreso mandató al Gobierno a “presentar un plan de impulso a las inversiones productivas del Grupo Fomento, basado en la priorización de aquellos gastos con mayor rentabilidad social y económica, (…) determinando los proyectos a paralizar o replantear a causa de su menor aportación a la competitividad global”.

La estrategia del Gobierno se concreta en cuatro planes. En primer lugar se plantea la actualización del PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes), priorizando las inversiones en orden a su eficiencia en lo económico, en lo social y en lo territorial. Se trata de optimizar la infraestructura existente, de enfatizar el esfuerzo en materia de conservación, de fomentar la intermodalidad, de subrayar la apuesta por el ferrocarril, y de confirmar el compromiso con la sostenibilidad ambiental.

En segundo lugar, el Gobierno ha puesto en marcha un Plan de Eficiencia, que reducirá el coste de la obra pública en más de un 20% mediante mejoras en la planificación, en la contratación y en la ejecución de los proyectos. Como tercera medida se impulsa un Plan de Austeridad que ya ha aminorado el gasto corriente no productivo del Grupo Fomento en más de un 25%, y que lo recortará un 15% más antes de 2013, eliminando, por ejemplo, cerca de 400 puestos directivos y de consejos de administración.

Y, por último, el Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso Plan de Colaboración Público-Privado, que ha tenido la virtualidad de atraer nuevos recursos privados por valor de 17.000 millones de euros. De esta manera se logra complementar los recursos públicos aminorados, venciendo las reticencias del sistema financiero mediante la fórmula de sustituir el riesgo tradicional sobre la evolución de los tráficos por el riesgo de la disponibilidad y la calidad en la concesión.

El Gobierno, por tanto, ha cumplido con su deber y con el mandato unánime del Parlamento. Ahora corresponde al resto de instituciones, a los gobiernos autonómicos, a los Ayuntamientos, a las fuerzas políticas de oposición, llevar a cabo un ejercicio de racionalidad, de responsabilidad y de solidaridad. El interés general del país merece que todos juntos salvemos la tentación del victimismo fácil, del oportunismo estéril o del electoralismo irresponsable.