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Archive for 25 junio 2010

En un contexto de ajuste obligado y doloroso, con recortes en los salarios públicos, con algunas pensiones congeladas para el año próximo, y con muchas inversiones públicas de gran interés social suspendidas, las noticias sobre el fraude fiscal millonario producen una irritación generalizada y comprensible.

Las últimas informaciones sobre cuentas opacas localizadas en bancos suizos resultan muy alarmantes. Se trata de al menos 3.000 tramposos que han ocultado a la hacienda pública más de 6.000 millones de euros. La tributación legal de estos recursos podría alcanzar los 2.600 millones de euros, que es precisamente la cantidad que vamos a ahorrar gracias al sacrificio impagable de muchos pensionistas a lo largo del año 2011. Con ese dinero en la caja común posiblemente no hubiera sido necesario rebajar las nóminas de los funcionarios o reprogramar miles de inversiones necesarias en todo el país.

Pero no se trata solo de las cuentas opacas con dinero escamoteado al fisco en paraísos fiscales. En el agujero negro del fraude fiscal hay que incluir también las corruptelas generalizadas en el sector inmobiliario, las facturas “sin IVA” en muchos ámbitos profesionales, el abuso de las “sicav” y otras ingenierías financieras, la circulación paralela de miles de millones en billetes de 500 euros…

Mientras la gran mayoría de los trabajadores honestos cumplen sus obligaciones fiscales a rajatabla, aún sufriendo muchas dificultades, resulta intolerable que unos cuantos sinvergüenzas sin problemas de escasez se dediquen a acumular millones a base de robarnos a todos los demás. Las instituciones públicas tienen siempre la obligación de prevenir y perseguir estas conductas incívicas. Pero el cumplimiento eficaz de esa obligación se hace especialmente necesario en momentos de ajuste y sacrificio general como el presente.

El Plan de Prevención del Fraude Fiscal puesto en marcha por Hacienda en el año 2005 ha logrado recaudar en este tiempo más de 35.500 millones de euros extras. Solamente el pasado año 2009 se inspeccionó a cerca de 26.000 contribuyentes, se recuperaron 8.120 millones de euros y se remitieron a la fiscalía con imputaciones de delito fiscal a 738 defraudadores. El pasado mes de febrero aquel plan de 2005 se renovó y se mejoró en estrategia y en recursos, pero a la luz de las últimas noticias comentadas este esfuerzo notable parece no ser suficiente.

La Agencia Tributaria, con la complicidad de todas las administraciones públicas, los bancos y las empresas serias de este país, debe emplearse a fondo para identificar a tanto fullero, para recuperar el dinero de todos y para enviar ante el juez a los delincuentes que lo merezcan. Porque necesitamos esos fondos y, sobre todo, porque es de justicia.

Dos medidas complementarias absolutamente necesarias. Primero la concertación internacional, en la Unión Europea, en el G-20 y en la ONU, para aplicar sanciones severas a aquellos países con sistemas financieros que obtienen ganancias pingües dando cobertura a todos los delincuentes fiscales del mundo. Si Irán o Corea del Norte merecen castigos ejemplares por su amenaza para la seguridad general, no menos amenazantes para la seguridad, para la justicia y para el progreso resultan los llamados paraísos fiscales en Suiza, en Gibraltar, en Mónaco o en las islas del Caribe.

Y segundo, claro está, la reforma fiscal pendiente, para que aquello que repetimos siempre de que “los que más tienen contribuyan con lo que les toca”, pase de ser una frase a ser una realidad.

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En esta etapa crítica para nuestro país no solo se examina el Gobierno. La oposición también se somete al juicio general. Porque el papel de la oposición no es baladí. No lo es con carácter general, ya que tiene asignada la función crucial del control al Gobierno y la articulación de su alternativa. Y no lo es, desde luego, en un contexto de crisis grave como el que sufrimos.

El conjunto de la sociedad española se está jugando el futuro en las lonjas del mercado financiero internacional, y el valor de la “marca país” cuenta más que nunca. La reactivación económica y la resucitación del consumo dependen cada día más del factor “confianza”. Y en todo esto la oposición tiene mucho que aportar y mucho de lo que responsabilizarse. Porque la “marca país” y la “confianza” en el sistema no dependen solo de la acción del gobierno. También dependen de lo que dice y de lo que hace la oposición.

No es razonable reclamar a la oposición su apoyo a las decisiones que adopta el Gobierno, ni tan siquiera a las más determinantes para la salida de la crisis. Tampoco cabe exigir su participación obligada en grandes consensos o en vistosos pactos de Estado. Y, claro está, nadie puede pedir a un dirigente opositor que silencie su opinión, por muy inconveniente o inoportuna que pueda parecerle a quien gobierna. La oposición tiene derecho a manifestar su criterio contrario a las disposiciones del Gobierno y tiene derecho a votar en contra o a mantenerse al margen.

Ahora bien, hay tres cosas que sí cabe exigírsele a toda oposición en un país serio. Primero, coherencia. No podemos pedir que la oposición respalde la postura “A” cuando opina “B”, pero merece un reproche contundente aquella oposición que rechaza ahora la medida gubernamental “A” tras haberla reclamado insistentemente durante años. La estrategia única de buscar el desgaste del Gobierno no es una estrategia legítima, sobre todo en estos tiempos de dificultad colectiva.

Segundo, compromiso con el interés general. No es tolerable el comportamiento de quien deteriora el crédito internacional de España de manera reiterada y consciente. No es aceptable la actitud de un ex-presidente de Gobierno recorriendo las capitales del mundo en un ejercicio deliberado de fomento del desprestigio de la economía y la sociedad española. No es razonable la insistencia de la oposición en establecer paralelismos entre la situación delicada de España y las catástrofes sufridas en Grecia o en Hungría.

Si hay quien reclama ya la prohibición de las operaciones a pérdidas en las finanzas, entiendo que es hora de pedir que se condenen también las operaciones a pérdidas en la política. Produce repugnancia comprobar como algunos buscan atajos en el acceso al poder por encima del prestigio de su país y del interés general de sus conciudadanos.

Y tercero, junto a la descalificación, la propuesta. Porque con las cosas de comer no se juega. Ya no basta el “no”. Junto a cada “no” hay que aportar un “sí”. El “no” por el “no” constituye un ejercicio inadmisible de irresponsabilidad en este momento.

Si a la oposición no le convence la reforma laboral contenida en el Decreto del Gobierno, tiene la legitimidad y el deber de manifestarlo. Eso sí, inmediatamente debe expresar su propuesta alternativa. ¿Qué propone la oposición para que la sociedad española cuente con un mercado laboral que facilite la creación de empleo estable y de calidad? ¿Cómo impedir que la recesión económica pase en nuestro país una factura brutal en términos de desempleo? ¿Cómo corregir la dualidad en la contratación? Los adjetivos por sí solos no sirven para nada.

Si la oposición entiende que estas medidas no sirven, debe proponer otras, de forma clara y concreta. Para que todos las conozcamos, las valoremos y les saquemos el provecho colectivo que merezcan. Lo demás es puro egoísmo electoralista.

Si a la oposición no le satisface el camino emprendido por el Gobierno para equilibrar las cuentas públicas y corregir el déficit, resulta legítimo y obligado que lo expresen. Ahora bien, a continuación deben explicar cómo reducirían el agujero de las cuentas públicas del 11,2% al 3% en tres ejercicios, tal y como exige Bruselas. ¿No les vale el ajuste de los salarios públicos, la congelación de algunas pensiones y la subida del IVA? Bien, pero entonces que nos digan a todos cómo lo harían ellos. Con cuentas claras y sin demagogia. Si Europa nos insta a recortar 15.000 millones de gasto público antes de fin de 2011, no sirve proponer la estupidez de suprimir tres sueldos ministeriales con sus correspondientes coches oficiales.

Si a la oposición no le es grata la reforma prevista para las pensiones, no debe haber objeción. No obstante, es su deber explicitar sus planes para garantizar la viabilidad plena del sistema a medio y largo plazo. Porque no es lícito situarse tras la barrera de la crítica fácil y sin compromiso alternativo.

En estos tiempos difíciles para la gran mayoría parece haber quienes esperan que el poder les caiga en las manos como fruta madura, sin más esfuerzo que el de contemplar la tormenta y colocar algunos palitos en las ruedas del Gobierno. Pero se equivocan, porque en democracia los ciudadanos suelen confiar el poder solo a quienes se lo merecen.

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Algunos adioses se atraviesan en la garganta. Se resisten a salir. Y nos duelen.

La mayoría de los hombres pasamos por la vida dejando a nuestro paso una huella tan sutil, que apenas los más cercanos son capaces de apreciarla. A otros pocos, los menos, se les recuerda por su mal olor, pero la memoria sabe defenderse de los malos humores.

Solo unos cuantos, los elegidos, hacen de su existencia un trazado tan hondo, de colores tan intensos, que resulta imposible ignorarlo. No reparten poder ni riquezas. Nos emocionan. Y eso es lo que les hace imprescindibles en la vida y en el recuerdo.

Saramago nos ha emocionado con su prosa mágica y con su compromiso valiente, hasta el último aliento. “Doy todas las batallas, pero siempre las pierdo”, nos dejó dicho. Yo lo diría al revés: perdiste todas las batallas, pero no dejaste de dar ninguna. ¡Qué legado para este tiempo de conformismo y adocenamiento!

Si me tuviera que quedar con una sola cosa, me abrazaría a ese inolvidable paradigma del hombre perdido entre el presente que se derrumba y el futuro que amenaza. Nadie lo supo dibujar como su pluma. Le regaló su nombre: don José. Podeis leerlo en “Todos los nombres”.

Esa obra ya valdría mil vidas.

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(Publicado en El Economista, 15-06-10)

La crisis económica y el ajuste presupuestario van a precipitar un cambio de paradigma pendiente desde hace tiempo en la obra pública de nuestro país. La escasez de recursos impulsará la sustitución definitiva del criterio político-electoral por la priorización de la eficiencia económica y la rentabilidad social en la planificación de las infraestructuras y los sistemas de transporte.

Durante las tres últimas décadas el conjunto de las administraciones han llevado a cabo un esfuerzo mayúsculo para situar nuestras infraestructuras de transporte a la altura de las mejores aspiraciones de desarrollo de la sociedad española. La inversión del Gobierno de España en esta materia alcanzó el pasado año el 1,7% del PIB, más del doble de lo invertido por el gobierno alemán (0,69%), el triple de lo gastado por el gobierno británico (0,54%), y hasta siete veces más que el gobierno francés (0,25%).

Hemos de sentirnos orgullosos por los resultados de este esfuerzo colectivo, realizado en un tiempo récord, puesto que nos ha proporcionado ventajas competitivas, cohesión territorial y una calidad de vida considerable. Este año España será el país con la red de alta velocidad ferroviaria más importante del mundo, contamos con la primera red de autovías de Europa, y nadie ha ampliado y modernizado sus puertos y aeropuertos como nosotros. Es más, nuestras empresas en el sector han adquirido tal experiencia que ganan concursos en los cinco continentes.

En la última década hemos sido los primeros de Europa a la hora de invertir en obra pública. Pero no somos la primera potencia económica de Europa, ni la segunda, ni la tercera. Y si bien hemos podido mantener este ritmo en épocas de bonanza, resulta evidente que no será posible en estos tiempos de dificultad.

Sencillamente, el ritmo ya no es sostenible. De hecho, tal ritmo no hubiera podido sostenerse incluso sin crisis ni ajuste, porque los Fondos Estructurales de Europa dejarán de manar en 2013, porque las obras que se inauguran exigen un gasto creciente en su mantenimiento, y porque la sociedad también demanda con fuerza otros destinos para los recursos públicos. Y dicho sea todo, junto a la gran mayoría de actuaciones eficientes, en este tiempo se han colado algunas que lo son menos.

¿Cuál es la conclusión lógica? Tenemos que redimensionar nuestro esfuerzo inversor en materia de infraestructuras y sistemas de transporte. El Gobierno tiene que hacer compatible su obligación de suministrar al país las mejores herramientas logísticas con la responsabilidad de equilibrar las cuentas públicas. Hubiera sido deseable la desaceleración antes que el frenazo. Pero ya no hay opción, aún siendo conscientes del riesgo que tal frenazo reflejará a corto plazo sobre la actividad económica y el empleo. Porque el ajuste es inexorable y porque el riesgo puede atajarse.

Ha llegado el momento de planificar, de priorizar y de seleccionar con mucho rigor las infraestructuras a impulsar, mediante criterios estrictos de competitividad, de cohesión territorial y de rentabilidad social. Y hemos de ser consecuentes, relegando o aplazando las obras ideadas conforme a criterios menos justificables. No se trata de renunciar a nada. Se trata de afinar más en los análisis y en las decisiones, para alcanzar con mayor eficiencia las metas que más nos importan colectivamente.

Hace pocas fechas, en la inauguración de una obra con una rentabilidad tan escasa como evidente cierto consejero reivindicaba un “revulsivo moral para mi tierra” como justificación del desembolso. Puede que los revulsivos morales, o políticos, o electorales, haya que buscarlos a partir de ahora en otros ámbitos.

En el nuevo paradigma de la obra pública, las inversiones habrán de ejecutarse a ritmo de interés general, y no a ritmo de interés político o electoral. Ni del Gobierno de España ni de ningún otro gobierno o institución o partido. Nunca sobró un euro en el presupuesto público. Ahora menos que nunca. Por eso es preciso asegurarnos de que cada euro se gasta en lo que se tiene que gastar.

¿Cómo “hacer más con menos”? Conforme a los criterios establecidos por unanimidad en el Pleno del Parlamento el pasado 16 de febrero, y conforme a la estrategia sistematizada por el Ministro de Fomento en su comparecencia parlamentaria de 19 de mayo. El Congreso mandató al Gobierno a “presentar un plan de impulso a las inversiones productivas del Grupo Fomento, basado en la priorización de aquellos gastos con mayor rentabilidad social y económica, (…) determinando los proyectos a paralizar o replantear a causa de su menor aportación a la competitividad global”.

La estrategia del Gobierno se concreta en cuatro planes. En primer lugar se plantea la actualización del PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes), priorizando las inversiones en orden a su eficiencia en lo económico, en lo social y en lo territorial. Se trata de optimizar la infraestructura existente, de enfatizar el esfuerzo en materia de conservación, de fomentar la intermodalidad, de subrayar la apuesta por el ferrocarril, y de confirmar el compromiso con la sostenibilidad ambiental.

En segundo lugar, el Gobierno ha puesto en marcha un Plan de Eficiencia, que reducirá el coste de la obra pública en más de un 20% mediante mejoras en la planificación, en la contratación y en la ejecución de los proyectos. Como tercera medida se impulsa un Plan de Austeridad que ya ha aminorado el gasto corriente no productivo del Grupo Fomento en más de un 25%, y que lo recortará un 15% más antes de 2013, eliminando, por ejemplo, cerca de 400 puestos directivos y de consejos de administración.

Y, por último, el Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso Plan de Colaboración Público-Privado, que ha tenido la virtualidad de atraer nuevos recursos privados por valor de 17.000 millones de euros. De esta manera se logra complementar los recursos públicos aminorados, venciendo las reticencias del sistema financiero mediante la fórmula de sustituir el riesgo tradicional sobre la evolución de los tráficos por el riesgo de la disponibilidad y la calidad en la concesión.

El Gobierno, por tanto, ha cumplido con su deber y con el mandato unánime del Parlamento. Ahora corresponde al resto de instituciones, a los gobiernos autonómicos, a los Ayuntamientos, a las fuerzas políticas de oposición, llevar a cabo un ejercicio de racionalidad, de responsabilidad y de solidaridad. El interés general del país merece que todos juntos salvemos la tentación del victimismo fácil, del oportunismo estéril o del electoralismo irresponsable.

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Los socialistas hemos cumplido cien años al servicio de los españoles en el Parlamento. El día 10 de junio de 1910 Pablo Iglesias presentó su credencial de diputado en la Carrera de San Jerónimo, respaldado por 40.000 votos obreros. Hoy somos 169 congresistas sosteniendo a un Gobierno del PSOE, merced al apoyo mayoritario de más de once millones de ciudadanos.

Nuestro fundador fue el primero de más de 1.500 hombres y mujeres de condición social muy diversa, de talento y de suerte también desigual, que durante un siglo de labor parlamentaria han actuado siempre conforme a la misma meta, el progreso de la sociedad española, y en función de los mismos principios socialistas: la libertad, la igualdad y la solidaridad.

Nuestro portavoz Alonso lleva poco tiempo en el Parlamento, en el PSOE y en la política de primera línea, pero ha sabido definir el elemento que diferencia a los diputados socialistas de todos los demás. Aquí se percibe más “densidad histórica” que en el resto de los grupos, según él.

¿Qué quiere decir esto? Algo muy simple: mientras en otras organizaciones políticas priman las motivaciones relacionadas con la búsqueda del poder o la defensa de intereses parciales, a veces de manera muy legítima, a veces menos, en el código de conducta de los socialistas siempre manda el compromiso histórico con el interés general de España y de sus ciudadanos.

Otros persiguen por encima de todo el rendimiento electoral de sus actuaciones, o buscan el desgaste del adversario, o representan el beneficio particular de esta u aquella fuerza económica, social o mediática. Los socialistas también queremos ganar elecciones y nuestras estrategias y nuestras tácticas pueden variar en el tiempo, contradictoriamente a veces incluso, pero nuestro comportamiento se somete siempre al propósito prioritario de dar continuidad histórica al esfuerzo a favor de la modernización y de la justicia social en España iniciado por Pablo Iglesias hace más de un siglo.

Por eso a los socialistas no nos asuntan las encuestas, ni nos atemoriza la soledad aparente en la adopción de medidas difíciles. Los gobernantes del PSOE no han de regirse tan solo por los índices coyunturales de popularidad o de aceptación mediática. Solo hay una pregunta importante. ¿Lo que hacemos interesa a los españoles? ¿Responde a nuestros principios? Si es así, adelante. Con la mejor voluntad de explicación democrática y de consenso, pero sin arredrarse y sin dar un paso atrás.

A lo largo de estos cien años no siempre fuimos comprendidos y en muchas ocasiones nos vimos poco acompañados, incluso perseguidos y castigados duramente, pero no por ello defendimos con menos ardor y determinación lo que entendíamos como lo mejor para el país. Y los españoles nos han interpretado bien, por eso somos el partido que más tiempo ha gobernado en democracia.

Nos opusimos a la guerra de Marruecos, rechazamos la Tercera Internacional, interpelamos a Lenin por la vigencia de la libertad, proclamamos la Segunda República, suscribimos la Constitución europeizadora del 31, logramos el sufragio femenino, resistimos al fascismo, combatimos la dictadura, compartimos la Transición Democrática y la reinstauración de la Monarquía, perdonamos en la Ley de la Amnistía, aportamos triunfos y sacrificios en la Constitución del 78, firmamos los Pactos de la Moncloa con el Gobierno de la UCD, integramos España en Europa, defendimos en un referéndum el ingreso en la OTAN, sacamos a nuestras tropas de Irak a pesar de Bush….

Y si ahora nos toca liderar un conjunto de reformas y de ajustes dolorosos porque así lo necesita España y así lo requiere el mejor futuro para los españoles, que nadie albergue dudas: haremos lo que hay que hacer.

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Este es el tiempo de las grandes reformas estructurales en nuestra economía. Lo peor de la crisis ha pasado y toca cimentar el nuevo modelo de crecimiento sobre bases más sólidas y más justas. La agenda inminente nos lleva a la reforma del modelo de relaciones laborales. Ya se han dado pasos decisivos en relación a la reforma del modelo productivo –con la ley de economía sostenible–, la reforma del sistema financiero y la reforma de las pensiones. Aún tenemos pendiente la reforma decisiva de nuestro sistema educativo y, aunque algunos pretendan evitarla, hemos de afrontar la inevitable reforma fiscal.

Si queremos un Estado garante de una economía competitiva y una sociedad justa hemos de asegurar unos ingresos públicos a la altura de estas expectativas. De lo contrario, tan sólo lograremos la frustración de un Estado que no cumple las funciones que se espera de él o el inconveniente de un Estado inviable por la presión de la deuda.

El Gobierno de España ha afrontado con responsabilidad y valentía el reto de ajustar el gasto público para equilibrar nuestras cuentas públicas, adelantar la aminoración del déficit, y cumplir con los compromisos de estabilización del Euro. En algún momento, no demasiado lejano, tocará también hablar de los ingresos para ajustar nuestro sistema impositivo a las metas colectivas de eficiencia económica y de progreso social. Algunos gobiernos autonómicos han adelantado ya el debate.

Si confiamos en que los ciudadanos nos entiendan en el propósito del ajuste del gasto, por doloroso que este sea, ¿por qué no han de entendernos en el no menos necesario ajuste del ingreso? A nadie le gustan los impuestos, claro está, pero la sociedad española es una sociedad madura y es plenamente consciente de que no podrá homologar definitivamente sus condiciones de vida con las sociedades más avanzadas de Europa si no homologa también sus obligaciones fiscales.

Ahora bien, los españoles solo aceptarán mayoritariamente una reforma fiscal si reúne unas condiciones adecuadas. Esas condiciones son tres: suficiencia, justicia y eficiencia. Un Estado que asegure inversiones productivas en orden a ganar competitividad, en las infraestructuras públicas, en los sistemas de transporte, en la I+D+i, necesita de unos ingresos suficientes. Y un Estado responsable de un sistema de bienestar avanzado y equitativo, en las pensiones, en la educación, en la atención sanitaria, requiere también de recursos suficientes. ¿Más de los que dispone en la actualidad? Indudablemente, sí.

Pero la suficiencia no es condición suficiente. El nuevo sistema fiscal debe ser justo y progresivo. ¿Más de lo que resulta en la actualidad? Indudablemente, una vez más, sí. No es aceptable que las rentas del trabajo estén sosteniendo de manera muy mayoritaria los ingresos fiscales del Estado. El desequilibrio de las aportaciones fiscales entre el trabajo y el capital es insostenible. Quien más gana y más tiene debe aportar más al esfuerzo común por la competitividad, el progreso y la justicia social.

Tampoco bastan la suficiencia y la progresividad en un sistema fiscal justo. Debe asegurarse la eficiencia. El fraude fiscal, el que se practica fuera de la ley o aprovechando los resquicios de la ley, constituye un auténtico agujero negro por el que escapan muchos recursos que en justicia corresponden a la colectividad. Pero, sobre todo, la evasión fiscal socava la confianza de los ciudadanos en el sistema, legitimando y estimulando los comportamientos más insolidarios. Hay que luchar contra el fraude. ¿Más de lo que se hace en la actualidad? Claro que sí.

Y ¿cuál es la prueba del algodón para la suficiencia, la justicia y la eficiencia en nuestro sistema fiscal? Sin duda, su homologación con las sociedades europeas más desarrolladas. La fiscalidad española está hoy más cerca de Rumania, de Eslovaquia y de Irlanda, que de Suecia, de Dinamarca, de Alemania o de Francia. Nuestra presión fiscal en relación al PIB está muy por debajo de la presión existente en estos últimos países. Resulta evidente, en consecuencia, que nuestro horizonte fiscal debe buscarse en el camino de la subida de los impuestos.

Puede entenderse que en la agenda de las reformas estructurales pendientes se antepongan aquellas que dictan las exigencias del Gobierno económico de Europa, y aquellas que pueden servir para aportar más confianza a los amenazantes mercados financieros. Pero no puede ser óbice para que más temprano que tarde hagamos también nuestros deberes en lo referido a la reforma fiscal pendiente.

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La matanza no ha sido fruto de la improvisación o un error de cálculo. Los halcones que gobiernan Israel han calculado perfectamente las consecuencias del ataque perpretado en aguas internacionales contra una misión pacífica. Buscaban reventar la enésima tentativa de negociación sobre el conflicto eterno de Oriente Próximo. Y, una vez más, parece que van a salirse con la suya.

Israel no participará nunca en una salida negociada para este conflicto, porque ha decidido que obtiene más ventajas con su mantenimiento. Ningún acuerdo negociado con aval de la comunidad internacional permitiría a Netanyahu y compañía mantener las barbaridades que cometen a diario contra la población palestina.

Pero la evolución del conflicto palestino-israelí no afecta solo a sus protagonistas más directos. Este problema constituye un foco permanente de inestabilidad y de inseguridad para todo el mundo, y muy específicamente para Europa.

Por lo tanto, la solución al conflicto no puede abandonarse a una negociación imposible entre israelíes y palestinos. La solución debe venir impuesta por la comunidad internacional. Y toda vez que la posición de los Estados Unidos viene lastrada por la presión doméstica de los lobbys judíos, corresponde a Europa liderar una respuesta enérgica y eficaz.

La reacción de la comunidad internacional ante el ataque militar de Corea del Norte a sus vecinos del Sur ha sido rápida y contundente. Y no se está entendiendo la reacción mucho más tibia que se está produciendo ante un acto de violencia intolerable hacia un grupo de pacifistas y cooperantes que solo pretendían llevar víveres a la población civil asediada en Gaza.

El pueblo israelí ha disfrutado durante más de medio siglo de una legitimidad moral incuestionable, fruto de su sufrimiento infinito en la segunda gran guerra. Sin embargo, la conducta agresiva e intransigente de su gobierno durante demasiado tiempo ha agotado ya ese crédito.

Seguridad para Israel, sí. Impunidad y carta blanca para sus tropelías, no. Ya está bien.

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