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Archive for 27 mayo 2010

Ya está hecho. Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Ha ganado el “sí”, se ha aprobado el decreto de medidas de ajuste para atajar el déficit, en consonancia con el resto de nuestros socios europeos. Y el PSOE ha asumido en solitario la responsabilidad y el coste de sacarlo adelante. Pero, ¿y si hubiera ganado el “no”? ¿Y si hubieran logrado su propósito aquellos que han movilizado hasta a sus enfermos en tratamiento de cáncer para hacer ganar el “no”?

Esta muy claro quién administra el “sí”, en su decisión, en su explicación y en su coste: el Gobierno y el PSOE. Para bien y para mal. Pero, ¿quién administra el “no”? ¿Quién asume la responsabilidad de situar a nuestro país, su economía, su papel en Europa, y el mismísimo euro al borde del abismo? ¿Quién se hace cargo del “no” ante los ciudadanos españoles? El “sí” tendrá un precio. Seguro. Pero quién piense que el “no” sale gratis está muy equivocado.

Situémonos por un momento en el escenario del rechazo parlamentario al decreto del ajuste. No resulta difícil prever las consecuencias. En lo político, es posible que se hubieran hecho realidad las ensoñaciones de muchos. Escándalo nacional e internacional, crisis de descrédito en el Gobierno, disolución de las Cortes, adelanto electoral… Esto es lo que buscaban unos cuantos y puede que lo hubieran conseguido.

Ahora bien, ¿y las consecuencias para el país? A cortísimo plazo, el triunfo del “no” hubiera provocado el hundimiento de las bolsas, un fuerte castigo a España en los mercados financieros y el encarecimiento brutal de la deuda. Si uno de los objetivos más relevantes del decreto de ajuste consiste en reducir el coste de la financiación de la deuda, sobre todo de la deuda privada (178% del PIB), la derogación del decreto hubiera supuesto la multiplicación exponencial de su precio. Probablemente hasta el punto de hacerla inviable.

El fracaso del plan de ajuste nos hubiera llevado a la quiebra definitiva de la confianza en los mercados internacionales de deuda. Es decir, a la reedición de la “crisis griega”, pero con una dimensión y unas consecuencias extraordinariamente más graves, aquí y en el conjunto de Europa. El coste en términos de estabilidad para el euro y para las economías que dependen de la moneda común hubiera sido tremendo.

Quienes hoy practican alegremente la demagogia con los sacrificios de funcionarios y pensionistas saben, con seguridad, que el triunfo del “no” en el Congreso hubiera obligado al Gobierno, a este o a cualquier otro, a afrontar un ajuste mucho más duro en un futuro próximo. Y quizás entonces, con bastante probabilidad, el recorte salarial progresivo para los servidores públicos se hubiera convertido en despidos masivos, y la congelación de las pensiones contributivas no mínimas se hubiera transformado en una rebaja drástica y dolorosa.

El reprochatorio al Gobierno puede entenderse y hasta justificarse. Que si no se atajó a tiempo la burbuja inmobiliaria, que si se suprimió el impuesto de patrimonio, que si se venden rectificaciones como errores… El regate político forma parte del juego. Ahora bien, apostar deliberadamente al colapso del país para obtener un rendimiento electoral no solo es ilegítimo; resulta miserable. Y, desde luego, se trata de un comportamiento que no tiene parangón en Europa. Las oposiciones reprochan, critican y plantean sus propias opciones. Pero una oposición democrática legítima no llama a la ruina general para cimentar el éxito electoral propio. Al menos no debe hacerlo gratis.

Porque, ¿cuál era la alternativa al decreto del Gobierno? ¿Evitar el ajuste? Imposible, porque se trata de una imposición inexorable del neonato Gobierno económico de Europa para hacerse cargo del salvamento del euro. ¿Hacer un ajuste distinto en el gasto? ¿Cuál? ¿De dónde recortar 15.000 millones de euros en año y medio? Solo cabe hacerlo de las grandes partidas, y estas son pocas y dolorosas: la nómina de los funcionarios, las pensiones, las prestaciones por desempleo, los servicios de la educación y la sanidad, las infraestructuras…

Plantear como alternativa al decreto la supresión de cargos ministeriales y de coches oficiales es un insulto al sentido común. Integrar el departamento de Vivienda en Fomento, o el de Cultura en Educación, por ejemplo, tan solo ahorraría la diferencia salarial entre un ministro y un secretario de Estado, porque nadie está proponiendo suprimir las políticas culturales o de vivienda, ni los puestos de trabajo de sus funcionarios, ¿o sí? ¿Y a cuánto asciende el total de la factura de los coches oficiales que aún hoy siguen disfrutando los dirigentes del PP que reclaman su desaparición? ¿Un millón, dos, tres?

¿Debe establecerse el ajuste desde el capítulo de los ingresos? Las medidas aprobadas deben complementarse con una mayor presión fiscal dirigida a las rentas y los patrimonios más relevantes. El Gobierno ya ha anunciado iniciativas en este sentido. Pero hemos de ser conscientes también que un ajuste destinado a generar confianza en los mercados financieros debe ser prudente en el tratamiento de los capitales y atender a su extraordinaria volatilidad.

En definitiva, no hay alternativa factible al ajuste aprobado a instancias del Gobierno. Sí pueden complementarse algunos contenidos y sí pueden mejorarse las formas, desde luego. Y son imprescindibles, claro está, algunas de las “reformas estructurales” siempre pendientes: además de la reforma laboral anunciada (y espero que acordada), merecen atención la reforma educativa, la reforma de los modelos productivos, la reforma de los mercados financieros (para limitar la especulación criminal) y la citada reforma fiscal.

Baste una sola conclusión: quienes sonríen en estos días con la calculadora del coste y del beneficio electoral en la mano, han de saber que los ciudadanos no votarán a aquellos que resulten más hábiles en el aprovechamiento político de la crisis, sino a quienes más responsabilidad y competencia demuestren en su combate. Y puede que a la hora de la verdad se les hiele la sonrisa.

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(Publicado en el diario CINCO DÍAS)

Los puertos han sido tradicionalmente los grandes olvidados en el debate sobre el desarrollo de las infraestructuras públicas, siempre relegados en la discusión pública por los aeropuertos, la alta velocidad ferroviaria y las redes de carreteras. Sin embargo, los puertos de interés general del Estado constituyen la puerta de entrada y salida para más del 80% de nuestras importaciones y para más de la mitad de todas nuestras exportaciones. Y cada esfuerzo invertido en la eficiencia de nuestras instalaciones portuarias supone un paso adelante en la mejora de la competitividad de la economía española en su conjunto.

En estos días culmina la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de puertos en las Cortes Generales. El proceso ha sido largo y complejo, pero los legisladores nos sentimos satisfechos por contribuir con esta nueva herramienta a la modernización y el progreso de la comunidad portuaria, y en consecuencia a la recuperación de la economía y a la generación de los puestos de trabajo que tanto anhela la sociedad española.

La primera condición para hacer efectivo este propósito loable es la del consenso. Hasta el momento, las grandes leyes portuarias habían contado siempre con un apellido político: la ley de 1992 fue una ley socialista, y la ley de 2003 era una ley popular. El acuerdo fraguado entre los dos grandes partidos de gobierno en España ha permitido redactar una ley de puertos definitiva, que aporta estabilidad y seguridad jurídica a un sector que venía demandando desde hace tiempo un nuevo marco jurídico sin apellidos partidarios.

Del contenido de la Ley merecen destacarse dos elementos. Se apuesta por un sistema tarifario con un objetivo claro: la competitividad. La nueva tabla impositiva no incrementa los costes para los usuarios de los puertos; antes al contrario, los reduce. Las autoridades portuarias dispondrán de más autonomía que nunca para aprovechar sus ventajas competitivas mediante un régimen holgado de bonificaciones y coeficientes reductores. No obstante, la mayor descentralización de las decisiones tarifarias es compatible con un marco común garante de la aplicación del principio irrenunciable de la autofinanciación portuaria.

El segundo aspecto a destacar en la nueva Ley es el régimen de prestación eficiente de servicios que promueve. Caminamos hacia un modelo de libre acceso reglado. Menos concesiones y más licencias. Eso sí, cada paso que se avanza en el sentido de la liberalización viene acompañado por la regla correspondiente para asegurar que los servicios se prestan en las debidas condiciones de seguridad y calidad. Una condición más: ni un paso atrás en la consolidación del empleo y en los derechos de los trabajadores.

La estiba ha merecido un capítulo específico en la nueva regulación. Mejor servicio al menor coste, para incorporar productividad logística a nuestras exportaciones e importaciones. También el modelo tradicional de la estiba y la desestiba en nuestros puertos merece una revisión en clave de eficiencia y competitividad. Y una vez más, sin perder un solo empleo y sin precarizar los puestos de trabajo. Los representantes de los trabajadores de este sector han demostrado inteligencia y responsabilidad al sumarse mayoritariamente al acuerdo parlamentario, tras asegurar la atención a sus demandas.

Las claves de la Ley son las claves que están incorporando eficiencia en los nodos logísticos más avanzados del mundo: formación, nuevas tecnologías, intermodalidad, sostenibilidad ambiental… Y cada uno de sus artículos se ha redactado atendiendo a las necesidades y demandas de las empresas e instituciones con intereses legítimos en las infraestructuras portuarias. De hecho, pocas Leyes han contado con un proceso de elaboración tan transparente y participativo.

España dispone de una posición geográfica privilegiada para competir ventajosamente con los grandes puertos del norte de Europa como gran centro de distribución, y para ejercer como nodo logístico preferente para los tráficos crecientes que llegan del sureste asiático y que llegarán del Canal de Panamá ampliado. La Ley de Puertos contribuirá a aprovechar estas oportunidades.

En definitiva, el nuevo marco jurídico impulsado por el Ministro de Fomento, José Blanco, proporcionará a los puertos españoles las mejores armas para vencer en la batalla de la crisis vigente y para conquistar un futuro lleno de potencialidades.

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Merkel tiene razón. Puede acusársele de oportunista o de ir por libre, pero su iniciativa de poner coto a los desmanes en los mercados financieros merece nuestro apoyo. Porque probablemente, además, si la canciller no hubiera actuado por libre y en este momento oportuno, la iniciativa jamás se hubiera puesto en marcha en sitio alguno.

Los tsunamis y las montañas rusas que se están sufriendo a diario en los mercados financieros de Europa no responden a causas naturales o fortuitas. No. Estos terremotos los planean y los ejecutan personas y entidades con una identidad tan definida como sus intereses especulativos.

Y es responsabilidad de las instituciones públicas poner pie en pared, establecer límites e impedir que la codicia criminal de unos pocos arruine a miles de empresas, haga perder su trabajo a millones de personas y ponga en riesgo incluso la estabilidad de la moneda común. Sí, hacen falta normas y hacen falta tasas que regulen el mercado financiero internacional en clave de interés general.

¡Claro que habrá detractores! Los cómplices de los especuladores y los que temen su reacción. A los primeros hay que desenmascararlos. Europa no puede aceptar el cerrojazo a la regulación de las finanzas internacionales porque la city londinense alberga las sedes de los mayores tiburones especulativos del planeta. No es aceptable que el Reino Unido, además de marcar distancias respecto a la moneda común, busque lucrarse a costa de la zozobra del conjunto de las economías europeas.

A los temerosos hay que garantizarles coordinación, porque estas medidas no pueden quedarse circunscritas al ámbito alemán. O se aplican de manera conjunta y coordinada en toda Europa o su efecto se perderá. Ni tan siquiera Alemania podrá mantener unilateralmente durante mucho tiempo un pulso como este.

Pero el desafío de los especuladores financieros merece una respuesta aún más contundente. Resulta muy difícil de explicar que un inmigrante sin recursos deba ir a la cárcel por vender en la manta unas películas grabadas sin permiso y, sin embargo, cualquier broker pueda enriquecerse impunemente apostando por el hundimiento de la economía de todo un país, poniendo en jaque el empleo y las pensiones de millones de criaturas.

Hacen falta normas y tasas, y también hacen falta instrumentos de naturaleza judicial para que los criminales de las finanzas asuman su responsabilidad ante la sociedad en su conjunto. El nuevo Código Penal de nuestro país ya castiga con cárcel las conductas responsables de alterar los precios y las cotizaciones mediante engaño, bulo o información privilegiada (vid artículos 284 y 285).

Tales disposiciones deben establecerse a nivel europeo y las fiscalías han de actuar para investigar estos comportamientos contrarios al interés general, y para asegurar que los delincuentes acaban ante los tribunales correspondientes.

Lo dijo Obama, y muchos esperamos que no fuera solo un amago. Si quieren guerra, la tendrán. Y la perderán. O eso espero…

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Las medidas de ajuste económico presentadas por el Gobierno serán objeto de muchas críticas, buena parte de ellas con fundamento lógico y honesto. Pero ni todas las críticas fundamentadas del mundo podrán alterar el hecho de que esas medidas son estrictamente necesarias.

Es cierto que recortar los ingresos de los más débiles a causa de las tropelías de los más poderosos resulta injusto. Es cierto que los especuladores en los mercados financieros están haciendo bailar a su gusto a los gobiernos legítimos de medio mundo, incluido el nuestro.Y es cierto que rectificamos y nos contradecimos. Pero todas estas razones no restan un ápice de razón al Gobierno en la aplicación de las medidas anunciadas.

Hay muchos argumentos, y pueden resumirse en tres. Primero, el equilibrio en las cuentas públicas es condición indispensable para cimentar un crecimiento sólido, duradero y justo. Segundo, es preciso recuperar cuanto antes la confianza y el crédito de los inversores internacionales para nuestra economía, señalada recurrentemente entre las “sospechosas”.

Pero quizás el argumento más decisivo sea el referido a las decisiones adoptadas por el neonato Gobierno Económico de Europa. Porque, por paradójico que parezca, ha hecho falta una crisis financiera descomunal para que los Estados del euro hayan adquirido la conciencia de que el “sálvese quien pueda” no solo es egoísta, sino también absolutamente inviable en una economía global.

El primer rescate a Grecia se planteó aún hace pocas semanas país a país. Sin embargo, la última reunión de los ministros de finanzas acordó crear un instrumento común para el salvamento del euro, junto a un conjunto de medidas presupuestarias y fiscales que aseguren estabilidad y solvencia. Es decir, el Gobierno Económico de Europa, por fin.

Pues bien, este nuevo Gobierno ha tomado una serie de decisiones en orden a rebajar los déficits públicos nacionales, con instrucciones muy concretas, y España no puede ignorar estas indicaciones. Nos conviene seguir al pie de la letra el mandato europeo, por el bien nuestro y por el bien del conjunto hoy. Y, sobre todo, porque el éxito de este nuevo Gobierno económico aún incipiente nos ayudará a consolidar un desarrollo firme y solidario en Europa de cara al futuro.

El gobierno español ha sido el primero en hacer sus deberes. Pero el resto de los gobiernos europeos irán “retratándose” con medidas similares durante los próximos días, porque no tienen más remedio.

¿Qué nos queda ahora en España? Ajustar las medidas, para que su aplicación práctica no resulte contraproducente o injusta. Complementar las medidas, para que los que más tienen también se “retraten” en el esfuerzo colectivo. Y explicar las medidas, para que se entiendan y para que se acepten como necesarias.

El Gobierno ha cumplido, pero ¿y los demás? Los representantes de los trabajadores habrán de exponer sus posiciones necesariamente críticas, pero deberán hacer uso una vez más de su probada responsabilidad para remar a favor del interés general. Y ya nos gustaría tener una oposición política como la portuguesa, que se ha colocado junto al Gobierno en la adopción y en la explicación del ajuste. Aquí nos conformamos con que la derecha no moleste demasiado.

Puede que el interés político del Gobierno y del PSOE aconseje algo distinto de lo que se ha hecho. Pero no estamos en tiempo de hacer lo que conviene al Gobierno ni al PSOE, sino lo que conviene al país.

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El sistema financiero se instauró para contribuir al mejor desarrollo de la economía real. Sin embargo, a día de hoy, los vaivenes en el mercado de finanzas se han convertido en una amenaza dramática para la economía, en Grecia, en Europa y en el mundo.

El engranaje financiero se ideó como herramienta eficaz para la facilitación de las transacciones del mercado de productos y servicios. En algún momento de la historia la ficción del dinero viajante adquirió vida propia, hasta el punto de que en la actualidad los intereses y las estrategias de esta ficción chocan y se superponen sobre los intereses de la economía y de la sociedad que los crearon. Y nadie parece capaz de poner fin a tamaño sinsentido.

El colapso de bancos, brokers, fondos, bonos y agencias de calificación nos ha sumergido en la mayor crisis económica desde la Gran Depresión, y después de sacrificar miles de millones en su rescate, ahora vuelven a las andadas de la especulación y el pillaje. No solo no ayudan a recuperar la actividad económica y el empleo que se destruyó por su culpa. Es que perseveran en la práctica del casino global, con riesgo serio de llevarnos a todos a la ruina. Pero insisto: nadie les para.

La experiencia nos proporciona lecciones muy dolorosas sobre el destino de los mercados sin regulación ni control. La ley de la selva conduce al caos y al desastre. Y la falta de límites, de normas y de regulación en los mercados financieros internacionales se encuentra en la raíz de los problemas que están arrasando Grecia, y que amenazan con incendiar toda Europa.

En lugar de correr de un lado para otro taponando vías de agua cada vez más intratables, los líderes europeos harían bien llevando la nave a puerto y sometiéndola a un proceso de revisión y reconstrucción. El sistema financiero requiere de normas y procedimientos reglados que aseguren su servicio positivo a la economía real, y que imposibiliten las burbujas, los craks y las conductas puramente especulativas.

Los ciudadanos no terminan de entender cómo es posible que las autoridades europeas puedan regular las transacciones comerciales más nimias en el último rincón del continente, y sin embargo se muestren incapaces de establecer unas normas básicas para impedir que los tiburones financieros engorden y engorden a costa de llevarnos al desastre.

Los diputados españoles que estamos redactando la Ley de Puertos no podemos bonificar las tasas a aplicar sobre el pasaje de viajeros a nuestras islas, porque la regulación europea lo impide. Las industrias alimenticias deben vigilar en extremo la composición de los aditivos en sus productos, porque las instituciones europeas pueden bloquear su comercialización ipso-facto. La vigilancia de Europa sobre las ayudas públicas a la última huerta murciana o a la última vaquería gallega resulta implacable. Las normas europeas a aplicar sobre la producción de petardos para los niños son kilométricas. Sin embargo, cuatro brokers deciden una mañana apostar concertadamente por la ruina de todo un país, y ¿Europa no puede hacer nada?

La mayoría hemos admitido ya que el mercado reglado es una buena herramienta para asignar recursos. Ahora bien, un mercado sin más regla que la ley de la selva resulta inestable, ineficiente e injusto. Y si se trata de un mercado de dinero, es pura dinamita.

Procuremos reaccionar antes de que nos reviente a todos.

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¿Quiénes están detrás de las agencias de calificación de riesgo financiero? ¿Con arreglo a qué criterios adoptan sus decisiones? ¿A qué intereses responden sus decisiones más sorprendentes? De estas agencias internacionales solo sabemos tres cosas: que sus resoluciones tienen una repercusión clave para la estabilidad financiera de muchos países; que funcionan en régimen de opacidad absoluta; y que sus fallos de diagnóstico y de previsión son tan frecuentes como notables.

En consecuencia, las todopoderosas agencias de calificación de riesgo se encuentran bajo sospecha. Su creación respondió a la necesidad de contar con herramientas de análisis riguroso, objetivo y neutral sobre la solvencia financiera de las instituciones públicas y de las empresas privadas.

Sin embargo, al día de hoy, estas entidades se consideran más bien una especie de oráculos cuyos pronunciamientos inescrutables establecen orientaciones y estímulos para los movimientos especulativos en los mercados financieros. Más que un instrumento para la estabilidad y el funcionamiento eficiente de los mercados, se han convertido en una suerte de guía para los grandes apostadores de los parqués financieros y una fuente habitual de inestabilidad para todo el sistema económico.

La trascendencia de sus resoluciones está fuera de toda duda. Tan solo es preciso comprobar como una rebaja puntual en la calificación de la deuda de un país, por inexplicable y arbitraria que resulte, provoca el encarecimiento extraordinario del crédito para las administraciones públicas que defienden el interés general y para millones de empresas y ciudadanos. Las agencias de calificación dibujan la diana sobre un país y los especuladores disparan sus estrategias para obtener ventajas millonarias a costa de la ruina general.

¿Con qué claves fundamentan sus decisiones? Nadie lo sabe, aunque muchos lo sospechan. La decisión adoptada recientemente por Standard & Poor´s respecto a la deuda española constituye un buen ejemplo. Cuando nuestra economía decrecía a un ritmo fuerte y todos los indicadores apuntaban hacia abajo, el rating de España era el máximo. Y ahora que el decrecimiento se ha frenado y que todos los indicadores apuntan a una salida pronta de la recesión, la calificación se rebaja. ¿Por qué? Muchos apuntan a la demanda de los especuladores para ir preparando nuevas piezas sobre las que abalanzarse cuando terminen de hundir a Grecia.

Nunca como en estos días el conjunto de los indicadores económicos más relevantes habían pronosticado en España un punto de inflexión hacia la recuperación del crecimiento: aumentan los ingresos públicos, aumentan las exportaciones, la inflación se asienta en valores positivos, se anima el mercado inmobiliario, las ventas de coches baten récords, las reservas de slots en el tráfico aéreo auguran una temporada turística positiva, se mueve el tráfico en los puertos … Y es justamente en esta semana cuando la agencia de evaluación decide rebajar la calificación que indica la solvencia de nuestra economía. Resulta muy difícil llegar a una conclusión que no apunte a intereses espurios.

A todo esto debemos sumar la antología de meteduras de pata en los análisis y los pronósticos de estas agencias internacionales. Baste un botón: Standard & Poor’s mantenía al banco de Lehman Brothers con la máxima calificación de confianza crediticia en septiembre de 2008, justamente cuando la entidad quebró. ¿Qué credibilidad podemos depositar en semejantes oráculos?

El G-20 adoptó recientemente la decisión de revisar el funcionamiento de estas entidades, en el marco de la reforma del sistema financiero internacional. También la Unión Europea tiene planes para afrontar su regulación. Y esta regulación urge, porque no podemos seguir permitiendo que estos instrumentos, con una incidencia crucial sobre el equilibrio de los mercados financieros, sigan actuando desde la opacidad, la falta de rigor, y con la sospecha permanente sobre las motivaciones interesadas de algunas de sus decisiones.

Es cierto que en el caso español la rebaja de calificación afecta a una sola agencia y que incluso esta agencia nos mantiene en un nivel de solvencia notable. También es verdad que, a pesar de las críticas oportunistas de la derecha, en ocho años de gobierno del PP España nunca tuvo la máxima calificación, que sí ha obtenido durante los seis últimos años de gobierno socialista. Pero conviene mantener la tensión en los organismos internacionales para regular estas instituciones con arreglo al interés general.

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