Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 29 abril 2010

El oportuno esfuerzo de Leguina por reclamar el “mutuo perdón” ante todos los muertos de nuestra historia y por reivindicar la generosidad de los protagonistas de la transición a la democracia (“Enterrar a los muertos”. El País, 24-04-10) merece la adhesión general.

 

Ahora bien, la equiparación que plantea entre los crímenes execrables en la retaguardia republicana con la represión genocida del franquismo, o el argumento que identifica a la izquierda republicana con su verdugo fascista porque “hicieron lo mismo” por tumbar la democracia, resultan tan falsos como ofensivos.

 

Los buenos propósitos para superar los desencuentros de la memoria no requieren del revisionismo histórico. El perdón solo es veraz y eficaz cuando se asienta en la verdad.

Anuncios

Read Full Post »

El debate sobre los velos en las aulas no es un debate menor. Merece sosiego y cuidado, porque se trata de un debate que afecta a la raíz misma de nuestro sistema de convivencia y porque implica decisiones sobre los derechos más básicos de las personas. Por tanto, hemos de evitar tanto la superficialidad escapista como el aspaviento oportunista.

Tenemos la responsabilidad de impedir que estas niñas y sus compañeros sean carne de cañón en el circo del sensacionalismo mediático o del pim-pam-pum entre “opinadores” profesionales. Más cautelas: el derecho a la educación de estos escolares ha de garantizarse de manera prioritaria. Y hemos de vacunar a nuestra sociedad ante el veneno de la intolerancia que algunos pretenden inocular al socaire de la polémica.

No obstante todo lo anterior, el debate debe abordarse, porque es inevitable. La sociedad española es ya una sociedad multicultural, que cuenta en su seno con ciudadanos procedentes de países diversos y diferentes confesiones religiosas. Y antes de que los problemas se enquisten y se agraven es preciso regular los mecanismos a través de los cuales han de hacerse compatibles los derechos individuales y las claves de nuestra convivencia colectiva establecidas en la Constitución de 1978.

A mi juicio deben diferenciarse al menos dos planos del debate: el ejercicio de la libertad religiosa y el papel de la religión en la escuela. Nuestra Carta Magna garantiza el ejercicio libre de la expresión personal y de la práctica religiosa, conforme a nuestro ordenamiento jurídico. La nueva ley anunciada por el Gobierno, recogiendo el amplio consenso social que existe al respecto, contribuirá a consolidar tales derechos para todos los ciudadanos y para todas las confesiones.

El debate más difícil y pertinente tiene que ver ahora con la presencia de la doctrina religiosa en los centros educativos. Y la posición más razonable y consecuente con la Constitución es aquella que defiende el carácter radicalmente laico de la escuela pública. En la escuela de todos solo cabe la formación en valores constitucionales, y los credos religiosos, junto a sus símbolos, deben mantenerse respetuosamente al margen. El mismo tratamiento cabe aplicar a los posicionamientos ideológicos y a los partidos políticos, por ejemplo.

El artículo 27 de nuestra ley de leyes atribuye a la función educativa del Estado la responsabilidad de alcanzar “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, y su artículo 16 establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Con estos fundamentos constitucionales, la escuela pública laica es perfectamente viable.

Nadie podrá alegar indefensión, porque el derecho a “la formación religiosa” que también garantiza la Constitución siempre podrá ejercerse en los templos y en los centros educativos privados que adopten de manera transparente un ideario religioso.

En Francia ya funciona este modelo gracias a una ley aprobada en el año 2004, y somos muchos los que consideramos que no solo resuelve con claridad problemas como el que hemos tenido recientemente en Pozuelo, sino que previene otros conflictos que se presentarán sin duda en el futuro. Porque, ¿cuánto tiempo pasará hasta que el conjunto de las confesiones religiosas reclamen el mismo trato de favor que obtiene la Iglesia católica en el sistema educativo que todos pagamos con nuestros impuestos, seamos católicos o no?

En la controversia de estos días me ha parecido contradictoria la posición de aquellos que exigen la prohibición del velo en las aulas públicas, mientra manifiestan tolerancia ante la presencia de otros símbolos religiosos y preconizan el adoctrinamiento católico en asignaturas específicas.

Evitemos daño alguno a estas niñas y a todos los demás. Pero establezcamos con claridad las condiciones para una convivencia en clave constitucional. Todas las garantías para el ejercicio de la libertad religiosa. Pero la escuela pública debe preservarse como un espacio laico.

Read Full Post »

Las reglas del Estado de Derecho implican el acatamiento de las resoluciones dictadas por las instituciones en el ejercicio de sus cometidos conforme a la ley. La buena salud del sistema democrático requiere además el respeto y la consideración de todos los ciudadanos hacia esas instituciones y sus legítimos detentadores.

Ahora bien, todos los demócratas, ocupemos una responsabilidad pública o no, estamos también sujetos a la crítica de quienes hacen uso de la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución. Y no hay más límite en este ejercicio libérrimo que el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos de los demás.

Si las reglas de nuestra democracia amparan la crítica al presidente del Gobierno, a los ministros, a los alcaldes, a los diputados y a los senadores, ¿por qué no va a admitirse la crítica a los jueces? Si a mí se me puede criticar como legislador, sin que a nadie se le ocurra que tal valoración amenaza mi independencia o mi autonomía en la elaboración de las leyes, ¿por qué una valoración crítica sobre la actuación de determinados jueces ha de interpretarse como un ataque a su independencia o su autonomía como juzgadores?

Durante los últimos meses, la derecha política y mediática ha enfangado el panorama nacional con infundios tales como que Zapatero es un “aliado de ETA”, que Rubalcaba promueve “chivatazos a los terroristas”, que Bono se ha “enriquecido ilícitamente”, que el rector Berzosa impulsa “actos guerracivilistas”, que el Fiscal General persigue a los ciudadanos en razón de su militancia política, que la policía “manipula pruebas”, que el Ministro de Justicia aprovecha una cacería para planear “procesos contra la oposición”, que el juez Garzón ha sido “militante socialista”…

No han dejado títere con cabeza, llevando sus críticas mucho más allá de lo que establece nuestro ordenamiento como ejercicio legítimo de un derecho, porque se miente y se calumnia, sin respeto por las personas y sin respeto por las instituciones, sean jueces o ministros. ¿La razón? Simple estrategia política: el intento de desgastar al Gobierno y de camuflar las vergüenzas propias. Por eso llama tanto la atención su denuncia en tono melodramático por las diversas valoraciones críticas que se están llevando a cabo con motivo del proceso a Garzón a partir de las denuncias falangistas.

A mi juicio, el empeño de algunos por echar a Garzón de la Audiencia tiene poco que ver con la nostalgia franquista y tiene mucha relación con lo de siempre, con el poder y con el dinero. Quienes en su día urdieron y hoy ejecutan esta operación, desde el escaño, desde la redacción y desde la toga, buscan acabar con Garzón para consolidar su dominio sobre la judicatura con un guillotinamiento ejemplarizante. Y buscan también desmontar la instrucción judicial que puede llevar a la cárcel a muchos implicados en las corruptelas del caso Gürtel. Probablemente, la denuncia de Falange sobre el proceso a los criminales franquistas solo haya sido un instrumento, de uso gozoso, eso sí.

Por lo tanto, quien no quiera recibir críticas que se dedique a menesteres menos expuestos. Todos los responsables públicos estamos sujetos al enjuiciamiento de nuestra conducta por parte de los ciudadanos a los que servimos. Y puestos a criticar al que critica, yo me centraría en aquellos que a falta de razones utilizan la descalificación y la infamia para obtener rendimiento político. Rajoy y Cospedal no deben salir de su casa para encontrarlos.

Sólo un pero más. Ojalá esa gran mayoría de demócratas que hoy se escandaliza justamente por las maniobras arteras del franquismo irredento no caiga en la trampa de su provocación. La Transición democrática y la Constitución de 1978 constituyen el mejor antídoto contra aquel veneno.

Read Full Post »

El caso Gürtel se ha convertido ya, por dimensión y alcance, en el episodio de corrupción más grave de nuestra democracia. En su administración resulta inevitable el ejercicio táctico de unos para infligir el máximo daño político al partido implicado y de otros para aminorar en lo posible este daño. Pero más allá de este juego táctico obligado, cabe un análisis objetivo sobre las causas que se esconden tras la trama, sobre las consecuencias que su procesamiento implicará para el sistema democrático en su conjunto, y sobre las medidas a aplicar en defensa del interés general.

Este ánimo analítico aconseja diferenciar al menos tres planos distintos en el problema. Primero, el entramado sórdido de los corruptos y los corruptores, con su inmoralidad y su miseria, con el latrocinio a granel, con sus lujos extravagantes a costa del erario público, con sus prácticas gansteriles… Segundo, la financiación irregular del PP, un partido de Gobierno en buena parte de España, que ha obtenido ventaja ilegítima e ilegal ante sus adversarios mediante el pago de actividades de campaña electoral a través de contratos fraudulentos en las administraciones públicas (Siempre me pregunté, ingenuamente, cómo el PP era capaz de obtener en campaña un rendimiento publicitario que triplicaba el nuestro, cuando su gasto electoral declarado era muy similar).

Y tercero, el fracaso clamoroso de buena parte de los diques y controles establecidos por el sistema para prevenir y evitar estos comportamientos: ¿qué papel han jugado los interventores municipales, las cámaras de cuentas autonómicas, el Tribunal de Cuentas del Estado,  las distintas fiscalías territoriales, los Tribunales de Justicia, los Parlamentos encargados de controlar a los ejecutivos…? (La Asamblea de Madrid me negó el amparo reglamentario debido durante los cuatro años, de 2003 a 2007, en los que pregunté sin respuesta al Gobierno regional por sus contratos con la empresa Special Events, una de las sociedades de la trama corrupta).

El PP pagará sin duda una factura muy elevada en términos de descrédito ciudadano. No obstante, cada uno de aquellos planos del problema constituye un factor decisivo para ahondar en la desconfianza de los ciudadanos respecto a la integridad moral y el funcionamiento eficiente de las instituciones democráticas y de sus responsables. El daño recaerá en primera instancia en el PP, así como en los gobiernos municipales y autonómicos implicados por el sumario judicial. Pero la mancha del desprestigio alcanza ya por extensión a todo el sistema de partidos, a todos los Ayuntamientos y a todos los Gobiernos. Cuando en estos días los ciudadanos comiencen a formalizar sus declaraciones de impuestos recordarán, con una desazón y un enfado comprensibles, lo que aquellos sinvergüenzas hacían con los recursos de todos.

Somos muchos los que lamentamos la escasa participación política y los altos niveles de abstención electoral. Y claro está que estos comportamientos contribuyen a la mala fama de los políticos y de la tarea política en general. Unos reaccionarán alejándose aún más de la cosa pública, y otros adoptarán con resignación el argumento del “qué le vamos a hacer”, “la política es así”, “todos son iguales”… Los Bárcenas, los López-Viejo, los Cams, no solo arrastran su imagen y sus apellidos por el lodazal. Con su conducta nos ensucian a todos.

Las causas de la corrupción se han analizado profusa y reiteradamente. La raíz del problema está claramente en la codicia y la falta de escrúpulos del individuo que corrompe y del individuo que se corrompe. Pero es necesario identificar también las condiciones objetivas que hacen posible estas actitudes en el sistema público: la discrecionalidad en los procesos de contratación, la falta de transparencia en la motivación de las decisiones, la inoperatividad del régimen de control, de inspección y de sanción ante prácticas que vulneran la legalidad y los principios éticos más elementales… El sumario demuestra que algunos de estos personajes robaron de manera evidente y sistemática con total impunidad y durante años. ¿Qué responsabilidad van a asumir quienes estaban encargados por la ley de impedirlo: los técnicos de la administración pública, los interventores, los integrantes de los tribunales de cuentas…?

¿Qué hacer?, por tanto. Primero acometer las reformas institucionales que aún ofrecen facilidades a los corruptos: más límites a la discrecionalidad, más control, más inspección en las contrataciones. Y, desde luego, hace falta una actitud muy distinta a la que evidencia el PP en estos días. La conducta de Bárcenas, amarrándose al cargo hasta la indignidad; de Rajoy, escondiéndose de la opinión pública; o de Arenas, retratándose con quien dispone de la información más que sensible, resulta tan patética como contraproducente, para el interés del PP y para el interés de todos. Lo preciso es prevenir el desastre, pero una vez se ha producido hay que actuar con decisión y contundencia, asumiendo responsabilidades y apartando a los corruptos.

Solo así podrán convencerse los ciudadanos de que merece la pena seguir confiando en las instituciones públicas, porque no todos somos “vitos”, “bigotes” y “albondiguillas”.

Read Full Post »