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Archive for 30 marzo 2010

Una de las conclusiones más notables sobre el resultado de las últimas elecciones regionales celebradas en Italia y en Francia ha sido el aumento sustancial de la abstención. En un momento histórico en el que las sociedades europeas están llamadas a adoptar cambios significativos en los grandes paradigmas económicos y políticos, el retraimiento de la participación democrática constituye un síntoma preocupante.

En estos días proliferan los análisis locales y coyunturales para explicar la desafección ciudadana. Sin duda, la decepción por la falta de respuestas eficaces a la crisis económica, junto a los comportamientos corruptos de algunos responsables públicos, o la falta general de alternativas estimulantes, son factores que han podido coadyuvar a alimentar la pulsión abstencionista.

Sin embargo, este impulso viene alimentándose desde hace tiempo con una motivación de fondo que poco tiene que ver con razones de índole simplemente local o coyuntural. Cada vez son más los ciudadanos europeos que comprueban la aparente incapacidad de la política democrática para hacer valer los principios, los objetivos y las decisiones que cuentan con un claro respaldo popular mayoritario. En otras palabras, muchos ciudadanos se quedan en casa a la hora de las votaciones tras constatar el retroceso del poder democrático frente a otros poderes, sean de índole financiero, mediático o burocrático.

La primera constatación nos llega desde el otro lado del Atlántico. Una gran mayoría de europeos hemos celebrado el triunfo de Obama en el avance hacia un modelo de prestación sanitaria más justo y eficiente. No obstante, a todos nos ha llamado poderosamente la atención la extraordinaria dureza de la batalla y lo pírrico de la victoria respecto a las intenciones iniciales del mandatario americano.

Un objetivo tan loable como la universalización del servicio sanitario, que contaba con más de un 60% de apoyo popular, ha debido quedarse en algo positivo pero mucho menos ambicioso como consecuencia de una campaña brutal contra el Gobierno estadounidense, orquestada y financiada desde poderes financieros e industriales. El hecho resulta aún más llamativo por cuanto Obama es hoy a los ojos de todo el mundo el mandatario democrático más poderoso del mundo. ¡Y ni tan siquiera ha podido mantener su promesa electoral más relevante!

Salvando todas las distancias geográficas y conceptuales, algo parecido está ocurriendo respecto a la regulación de los mercados financieros. Desde el estallido de la burbuja financiera no hay discurso público que no reivindique una regulación estricta que prevenga nuevas crisis y que proteja la economía real de la acción incontrolada de unos cuantos especuladores codiciosos. Hubo un momento en el que los grandes líderes democráticos hablaban claramente de nuevas imposiciones coordinadas sobre las transacciones financieras internacionales.

Los otrora románticos defensores de la “tasa Tobin” creían estar soñando. Y probablemente estaban soñando, porque todos aquellos discursos y todas aquellas buenas intenciones se han quedado en agua de borrajas, a pesar del evidente respaldo ciudadano de que siempre han disfrutado. A los ojos de todos los ciudadanos, una vez más, los poderes opacos que representan intereses parciales parecen haberse impuesto sobre la voluntad democrática y el interés de la mayoría.

La lucha contra el cambio climático constituye un ejemplo resaltable también sobre la perenne contradicción entre la voluntad de progreso de la mayoría y la resistencia triunfante de los poderes no democráticos. Los electores con más sensibilidad ambientalista podrán pensar legítimamente, “¿de qué sirve votar a unos representantes para que defiendan el medio ambiente si, aún siendo mayoría, se muestran impotentes ante quienes manejan los grandes entramados económicos, financieros y energéticos?”

Este último argumento nos conduce a otro factor disuasorio para la participación democrática: la constante referencia de los responsables públicos a “Europa” o a “Bruselas” para justificar las medidas de explicación más comprometida y para eludir las responsabilidades propias. Da igual que se trate de un impuesto, del recorte de una subvención o del ajuste de empleo en una fábrica. Todos nos ponemos de acuerdo para “culpar” a Bruselas. El efecto es doblemente pernicioso: por una parte demonizamos a las instituciones europeas, llamadas precisamente a atender los problemas globales mediante medidas de alcance global; y, por otra parte, proporcionamos un nuevo argumento a aquellos que más dudan sobre la capacidad real de los políticos más próximos para resolver problema alguno.

Y a todo esto llega el Presidente del Banco de España para enmendar la plana al programa progresista que ganó las elecciones, y para proponer como ortodoxia inexorable las recetas caducas de aquellos que las perdieron. Se trata de la misma burocracia intolerante que considera “im-po-si-ble” recuperar la banca pública en nuestro país, en un momento crítico en el que la fluidez del crédito, vital para la mayoría, no puede depender del cálculo mercantil de un par de consejos de administración.

Para convencer a los ciudadanos de que merece la pena ejercer el derecho al voto es preciso reforzar la legitimidad de los poderes democráticos.

En democracia, el poder se ejerce desde la ley, el diálogo y el respeto a todas las opiniones y a todos los intereses. Pero en democracia, el poder democrático debe imponerse sobre todos los demás poderes. Porque si no ocurre así, el voto no vale ni el papel en el que se ejerce.

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La buena salud del sistema democrático depende en buena medida de la credibilidad de sus instituciones. Y el crédito de la Justicia se mide, sobre todo, en términos de independencia y neutralidad política.

Por esta razón resulta muy preocupante la impresión generalizada en la opinión pública española en torno a la acción concertada de varios jueces con un propósito de naturaleza política evidente.

Cada vez hay más ciudadanos convencidos de que los jueces responsables de la anulación de pruebas en el “caso Gürtel”, como los jueces que se empecinan en expulsar a Garzón de la Audiencia Nacional, como aquellos otros que lograron anular en su día el “caso Naseiro” y el “caso Tamayo”, hacen un uso torticero de sus prerrogativas jurisdiccionales en clave política. Para favorecer a unos y para perseguir a otros, en función de sus afinidades ideológicas.

¿Quién puede considerar honestamente irrelevante para un sumario judicial sobre corrupción económica la conversación entre dos sujetos que hablan sobre el dinero negro que tienen depositado en un paraíso fiscal? ¿O puede entender alguien, honestamente también, que el mayor fraude electoral producido en la democracia española, el llamado “tamayazo”, mereciera por toda respuesta judicial un archivo a velocidad de record “guines”? Pues ambas decisiones se adoptaron en la misma instancia: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En descargo de algunos jueces madrileños debe decirse que sus referentes ideológicos saben tratarles bien. Baste como ejemplo la actitud generosa que ha tenido el Gobierno de la Comunidad de Madrid hacia el juez que se hizo famoso por hacer coincidir la denuncia pública del “caso Ciempozuelos”, que afectaba a un munícipe socialista, con la hora y el día exacto en el que el portavoz parlamentario del PSOE, a la sazón quien escribe, subía a un avión para denunciar en Bruselas la especulación urbanística en la región. El juez en cuestión acabó dirigiendo la academia de policías municipales de Madrid. Como es natural.

En democracia, los jueces deben ejercer sus poderes jurisdiccionales de manera absolutamente autónoma, conforme a la Constitución y las leyes. Y en democracia, todos los ciudadanos hemos de disfrutar del derecho al libre ejercicio de la actividad política, también conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, lo que resulta intolerable es que algunos jueces utilicen aquella facultad constitucional para obtener rendimientos políticos. Estos comportamientos merecen la denuncia y la repulsa general, porque producen un daño difícil de revertir a la propia convivencia democrática.

Cabe hacerse otras preguntas muy relacionadas. ¿Considera el PP que el juego sucio es la única vía factible que le queda para volver al poder en España? ¿Pretende someter a la sociedad española a la misma estrategia de crispación que facilitó su llegada al Gobierno en el año 1996? ¿Tan poca confianza deposita en las virtudes de su programa y en la capacidad de convicción de su líder?

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Las campañas orquestadas para el desprestigio de la política, de sus instituciones y de sus protagonistas se suceden en nuestro país de manera tan periódica como inevitable. Más allá de la crítica libre, legítima y lógica, sus instigadores denigran a los políticos y sus conductas con saña, buscando el divorcio racional y emocional entre representantes y representados. ¿Quiénes son? Precisamente aquellos que no necesitan de la política para defender sus intereses, porque cuentan con otros instrumentos, sea un apellido compuesto, sea el rancio abolengo, sea el dinero… La política les molesta, y los políticos también.

Fruto de estas campañas surgen las leyendas más variopintas y extravagantes. Todos los políticos son iguales, sus programas son intercambiables, son unos aprovechados, sus sueldos son de escándalo, disfrutan de prebendas inconfesables, trabajan poco… Los propagandistas de tales leyendas toman el todo por la parte, generalizan injustamente o mienten con descaro. Tienen algo a su favor: el clima de desconfianza que ellos mismos han fomentado y que, es cierto, el comportamiento censurable de unos cuantos garbanzos negros contribuye a reforzar.

Una de estas leyendas aparece de vez en cuando en el debate público bajo la denominación de “vacaciones parlamentarias”. Se acusa a los diputados y senadores de tomarse unas vacaciones desmesuradas durante más de tres meses al año. Valgan las siguientes precisiones para desmontar su falsedad. 1) La duración de los períodos ordinarios de sesiones no se establece al dictado de políticos perezosos, sino en función del mandato expreso de la Constitución en su artículo 73: de septiembre a diciembre y de febrero a junio. 2) La propia Constitución establece la posibilidad de celebrar sesiones extraordinarias durante los meses restantes, enero, julio y agosto, como de hecho se hace siempre. 3) Pero es que resulta incierto y sumamente injusto considerar que el parlamentario se encuentra de “vacaciones” cuando no está presente en su Parlamento, porque su actividad cotidiana trasciende el escaño y el botón de voto: tomando contacto con los ciudadanos, analizando in situ dificultades y propuestas, preparando el trabajo institucional…

Por lo tanto, en estos días no me ha resultado llamativo comprobar el reverdecer de la leyenda. Sin embargo sí me ha sorprendido la falta de coherencia y de valentía con que su difusión ha sido recibida en los ámbitos que tienen encomendada precisamente la función de velar por el prestigio de las instituciones parlamentarias y sus trabajadores. En lugar de explicar con claridad la falsedad que se oculta tras esta nueva campaña de desprestigio, los máximos responsables del Congreso y del Senado se han lanzado a una carrera incomprensible, con codazos incluidos, a fin de situarse a la cabeza de las “propuestas para solucionar el problema”. ¿Qué problema? ¿Están dando por buena la acusación de que los parlamentarios somos vagos sin remisión a los que hay que meter en vereda, aun con reformas constitucionales si es preciso? ¿No hubiera bastado con denunciar el engaño a la ciudadanía y decir la verdad: que los parlamentarios en general trabajamos duro en periodos ordinarios y en periodos extraordinarios?

Personalmente llevo unos cuantos años ya en la actividad política. Por vocación propia y porque así lo han decidido los ciudadanos que me han votado en las candidaturas del PSOE. En este tiempo he podido comprobar que los políticos somos fiel reflejo de la sociedad a la que representamos y a la que servimos. Hay de todo, gente honrada y gente que no lo es, gente trabajadora y gente que trabaja lo justo. Ahora bien, en todas las instituciones y en todas las coordenadas ideológicas me he encontrado con una gran mayoría de políticos dotados de una vocación sincera y honesta de servicio al interés general, con un compromiso público encomiable y con una dedicación y un coste personal que van mucho más allá de sus muy limitadas retribuciones. No me quejo y no escucho quejas habitualmente. Esto es voluntario. Y tiene la gratificación extraordinaria de servir a tu gente y a tus ideas. Pero resulta falso e injusto tachar a todos los políticos como vagos y peseteros.

No hablaré de mí, pero sí hablaré de mis adversarios directos, todos ellos portavoces también en la Comisión de Fomento del Congreso. Andrés Ayala, del PP, brega como ponente en cuatro leyes a la vez, atiende una circunscripción lejana (Murcia) y aún tiene tiempo para brindar su experiencia (gratis) a los alumnos de la Escuela de Ingenieros. Pere Macías, de CiU, lleva las mismas leyes que Macías y que yo, pero además es Presidente de la Comisión de Vivienda, vocal en media docena más de comisiones y dirigente de su partido. José Ramón Beloki, del PNV, trabaja en más de una decena de comisiones, es Secretario Segundo del Congreso y nos representa en grupos de amistad con medio mundo. Y Gaspar Llamazares (IU) y Francisco Jorquera (BNG) ejercen de auténticos hombres-orquesta en grupos con solo dos diputados, interviniendo en todos los puntos del Pleno, acudiendo a todas las Comisiones y ponencias, atendiendo a los medios de comunicación… Insinuar siquiera que trabajan poco me parece un insulto.

La leyenda de las “vacaciones” suele venir acompañada de la leyenda de las “pensiones vitalicias”, de las “dietas millonarias”, de los “coches oficiales”, de las “compatibilidades opacas”, de los “sueldos desmesurados”… Ni más vacaciones que las que permite la intensa labor parlamentaria, ni más pensión que la correspondiente por nuestras cotizaciones y los planes concertados a la manera de cualquier empresa, ni más dietas que las establecidas en las normas (que dan justo para vivir con dignidad a los que vienen de fuera de Madrid), ni coches oficiales (eso sí:  250 euros al mes para taxis), ni más compatibilidades que las docentes o de despacho propio (a examen periódico), ni más sueldo que el reflejado en la ley de presupuestos (de los más bajos de Europa). Insisto, sin quejas, porque esto es voluntario y somos privilegiados. Pero, por favor, sin exageraciones, sin medias verdades y sin mentiras enteras.

Se ha defendido, con razón, la incongruencia en que puede recaer el Presidente del Congreso. Su invitación a los grupos para la búsqueda de “propuestas” con objeto de  acabar con el “problema” de las “vacaciones parlamentarias” y ocupar a los parlamentarios supuestamente ociosos durante los meses de enero, julio y agosto, choca con otra de sus invitaciones habituales. A saber: aquella que ilustra a los diputados para estar más cerca de sus electores que de sus dirigentes en el Partido. ¿Cómo reforzarán los diputados la presencia entre sus representados si han de mantener el escaño perennemente ocupado a fin de que no ofrecer la imagen de eterna vacación?

Hágase lo preciso para optimizar el trabajo de los parlamentarios, con sentido común. Pero, por favor, evítese el dar por buenas las malas acusaciones y las malas intenciones. Porque echar tierra sobre el político y sobre la política contribuye a enterrar aquello que está llamado a proporcionarnos nuestra libertad y nuestros derechos.

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El PP madrileño ha impulsado una “rebelión ciudadana contra el IVA”. No se trata solo de una extravagancia más en nuestra particular derecha capitalina. Estamos ante un error grave que merece una contestación contundente.

Hace tiempo que el Gobierno madrileño ejerce como paradigma del populismo más simple (y eficaz) en el panorama político español. Y el populismo consiste en sustituir el interés general por el afán de popularidad instantánea en la motivación del quehacer político cotidiano. De ahí el descubrimiento de la naturaleza “cultural” de la fiesta de los toros precisamente cuando se debate sobre su prohibición en el Parlamento catalán, y de ahí los discursos sobre esa peculiar cadena perpetua “revisable”, por ejemplo.

Como todo vale en la táctica populista, en ocasiones se cae en la incoherencia más absoluta. Y no cabe más incoherencia en la actitud de quien pretende levantar la bandera de las bajadas de impuestos cuando bajo su gobierno en Madrid se ha practicado el “centimazo” (el célebre impuesto sobre las gasolinas de la Comunidad) o el “basurazo” (el muy contestado impuesto sobre las basuras en el Ayuntamiento).

Pero con esta “rebelión” han sobrepasado la frontera de la gracieta incoherente para llamar la atención y dejar en evidencia a Rajoy (una vez más). Llamar a la “rebelión contra el IVA” supone incitar al fraude fiscal. Cuando los madrileños escuchan a sus gobernantes discursos de “rebelión” fiscal están encontrando nuevas legitimidades para la práctica del “¿Con IVA o sin IVA?”. Y esto ya no es populismo zafio. Esto es una irresponsabilidad.

Y además es un grave error, porque la subida moderada del IVA que han decidido las Cortes Generales en la Ley de Presupuestos responde a un problema con solución pendiente: el problema del déficit público disparado. Si todos coincidimos en que no pueden mantenerse porcentajes de déficit de dos dígitos, solo hay dos estrategias posibles: o rebajamos gastos o incrementamos ingresos. Es imposible producir rebajas sensibles de gasto público sin sacrificar inversión productiva o prestaciones sociales. ¿Qué proponen, pues, los de la “rebelión”? ¿Renunciamos a crear empleo con la obra pública? ¿Recortamos los derechos sociales de los ciudadanos? ¿No será más razonable respaldar al Gobierno en un incremento moderado de un impuesto?

Si este análisis sirve para la coyuntura, pueden aducirse también argumentos para el fondo de la cuestión. Porque los tipos de IVA aplicable en España están por debajo de la media europea. De hecho, los españoles somos junto a Luxemburgo el país que menos recauda en razón de este impuesto. Nuestra presión fiscal alcanzó en 2008 el 30,4% del PIB, casi siete puntos por debajo de la eurozona y más de diez puntos por debajo de países más desarrollados como Alemania. ¿Alguien puede pensar, a pesar de todos los discursos populistas del mundo, que podemos aspirar a una sociedad de primera con impuestos de tercera? ¿Todavía creemos en el vendedor de duros a peseta?

Se han pasado. Y espero que la gente no se lo tome como una salida de tono más. Este camino es un camino peligroso.

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 El objetivo de frenar el desempleo y crear puestos de trabajo a corto plazo debe sobreponerse a cualquier otro en los planes del conjunto de actores que influyen en la evolución de nuestra economía. Gobierno, partidos políticos, administraciones territoriales, empresarios, banqueros, sindicatos…, con pacto o sin pacto, han de centrar sus estrategias en combatir el paro.

La meta de crear empleo debería anteponerse al propósito de reducir el déficit público en un plazo concreto, al ajuste en la inversión de las administraciones y a los requerimientos de rebajar impuestos. De hecho, el sentido común aconseja dirigir las conclusiones de la “comisión anti-crisis” hacia la capacitación de nuestro sistema productivo para generar empleo a buen ritmo y cuanto antes. En los cuatro puntos de la agenda: competitividad, modelo productivo, política fiscal y fluidez del crédito.

¿Por qué? Porque el paro es un drama en lo social y un cataclismo en lo económico. Un 20% de desempleo sostenido en el tiempo pondría a prueba nuestro limitado sistema de bienestar. Y un 40% de desempleo entre los jóvenes puede condenar a toda una generación a la precariedad laboral y a la exclusión social. Pero a quienes no convenzan los argumentos sociales debieran bastarles los propiamente económicos. Porque una cuarta parte de la población fuera del mercado de trabajo y de los circuitos de consumo-ahorro-inversión amenaza los cimientos mismos del sistema.

La búsqueda del pacto es un acierto, en lo político y en lo social. A los beneficios que traigan consigo las medidas pactadas debe sumarse el efecto estimulante que conlleva el consenso en términos de confianza y optimismo. La confianza es emprendimiento, es PIB y es empleo. Pero si el pacto no llega al Palacio de Zurbano o a la mesa del diálogo social, hay que actuar de igual manera, porque los parados no merecen el castigo de la inacción a cuenta del cálculo electoral del PP o de la codicia insensible de algunos portavoces empresariales.

El Gobierno ha propuesto medidas serias y eficaces para promover empleo de manera inmediata: la reedición del Plan E a través de los Ayuntamientos; mantener más de 30.000 millones de euros en ejecución de obra pública con colaboración privada; ventajas fiscales para estimular la rehabilitación de viviendas; un plan de rehabilitación y eficiencia energética en edificios públicos; préstamos directos del ICO para PYMES; ampliación del programa Turismo Senior; un plan para el desarrollo y la comercialización del vehículo eléctrico; la reducción de los plazos de pagos en la administración y en las relaciones comerciales…

Frente a estas medidas, el PP solo tiene un programa abierto y otro oculto. El abierto busca bloquear cualquier acuerdo mediante la exigencia de reducir impuestos, aun incurriendo en la contradicción de buscar también la reducción del déficit. El programa abierto equivale al experimento de Newton y su manzana. Rajoy limita su estrategia a esperar que el Gobierno de España le caiga a las manos como fruta madura gracias al recrudecimiento de la crisis y el paro. Le saldrá caro.

Otro reproche: ahora a los guardianes de la “ortodoxia”. Da igual que sus recetas estén en el origen mismo del desastre. Da lo mismo que sus argumentos hayan perdido la credibilidad entre los batacazos financieros, las empresas quebradas y las legiones de parados. De puro dogmáticos, son inasequibles al desaliento. ¿Banca pública? ¡Qué locura! ¿Una tasa a las transacciones financieras? ¡Qué herejía! ¿Equiparar nuestros impuestos a los de los países más desarrollados? ¡De ningún modo! Quizás si los parados fueran ellos…

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