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Archive for 25 febrero 2010

LA ESCLAVITUD CONSENTIDA

La esclavitud pervive, entre nosotros, en pleno siglo XXI, a la vista de todos. Seres humanos que se compran y se venden. Personas secuestradas, maltratadas, y obligadas a trabajar bajo coacción en condiciones denigrantes. Aquí, en la Europa que cada día se permite examinar al mundo en materia de derechos humanos.

Los esclavos de hoy no trabajan en la recogida del algodón. La mayoría son mujeres, extranjeras, y sirven como mercancía sexual. Mercancía para el criminal que se enriquece explotándolas, y mercancía para el cliente cómplice que paga y mantiene el negocio. Podemos verlas día y noche en nuestros parques, en nuestros polígonos, en nuestros burdeles.

A veces bajan la mirada a nuestro paso. No debieran. La vergüenza es nuestra. Por consentirlo.

El negocio de la esclavitud mueve cerca de 20.000 millones de euros cada año, comprando, vendiendo y alquilando los cuerpos de en torno a 400.000 mujeres brasileñas, nigerianas o rumanas. Sí, también rumanas, ciudadanas de la Europa de los derechos. Con papeles en regla. La sola condición humana debiera bastarles como salvoconducto para escapar de sus negreros. Pero no. Son mujeres, son europeas, y son esclavas.

Respeto el debate moral en torno a la legitimidad del comercio de sexo. Gente que libremente ofrece unos servicios y gente que libremente los compra. Pero la esclavitud es otra cosa. Se trata de mujeres captadas con engaños, raptadas con violencia, extorsionadas con amenazas de muerte, tratadas como animales, obligadas a humillarse cada día para seguir vivas o para evitar el castigo a sus familias. Aquí no hay debate que valga. No puede haber transigencia con la esclavitud.

¿A quién señalar? A las mafias, desde luego. A quienes tienen la responsabilidad legal de combatir el delito, porque el combate se está perdiendo. Y hay que señalar también a quienes hacen uso de estos “servicios”, conscientes con seguridad de estar colaborando en el mantenimiento de un tinglado indigno. Deben ser muchos. Quizás enfermos. Porque al parecer necesitan pagar por el sometimiento de una mujer para disfrutar de su sexualidad. Con seguridad carentes de principios morales dignos.

Los datos policiales reflejan que cada año se desmantelan más de un centenar de organizaciones mafiosas que trafican y explotan mujeres. Cerca de dos mil esclavas son “liberadas” año tras año por las fuerzas de seguridad, los jueces y las organizaciones sociales. Las medidas que promueven la denuncia y que protegen a la víctima son útiles sin duda.

Ahora bien, la esclavitud de hoy es un negocio incompatible con nuestra condición como sociedad digna, y hemos de actuar contra el que vende y contra el que compra. Contra los dos. Penalmente. Mafiosos y clientes. Puede que su moral enferma les autorice tal conducta. La nuestra, la colectiva, no. Tenemos derecho a defenderlas y a defendernos.

(Imagen: Monografías)

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La sociedad española, muy mayoritariamente, reclama a las instituciones y a las fuerzas políticas un gran pacto de Estado para hacer frente con eficacia a la mayor crisis ecLa sociedad española, muy mayoritariamente, reclama a las instituciones y a las fuerzas políticas un gran pacto de Estado para hacer frente con eficacia a la mayor crisis económica que hemos sufrido en democracia. Quien no lo interprete así, se equivoca gravemente. La mayoría de los ciudadanos expresa hartazgo e irritación ante las polémicas estériles sobre quién acierta más o menos con las cifras económicas, sobre quién tuvo la culpa de qué o sobre quién adelanta a quién en las encuestas. “Dejen de ocuparse de lo suyo y ocúpense de lo mío”, manifiestan hoy muchas víctimas de la recesión y el paro.

Por esta razón había depositadas muchas expectativas en el desarrollo del último debate parlamentario sobre política económica. Y no todos sus protagonistas supieron estar a la altura de estas expectativas ciudadanas. El Presidente tendió la mano, como correspondía. Los grupos minoritarios de la oposición recogieron el guante, con una actitud más o menos crítica. Pero el PP frustró el inicio incluso de un camino que pudiera llevarnos a un gran acuerdo, tan complejo como inexorable para el presente y el futuro de nuestra economía. ¿Por qué? Muy probablemente porque fía sus mejores esperanzas electorales al propio agravamiento de la crisis.

Zapatero acertó con un planteamiento sobrio y proclive al encuentro. Su diagnóstico fue equilibrado: sufrimos una crisis importante, el paro aumentará aún en este año y el déficit público se ha disparado en exceso; pero además todo apunta a que saldremos de los números rojos en este semestre y comenzaremos a crear empleo neto en este ejercicio. Los objetivos expresados son irrefutables: recuperar actividad económica para generar empleo de calidad, manteniendo las políticas de bienestar y aplicando las reformas precisas para configurar un nuevo modelo productivo, menos dependiente de la construcción residencial y más cercano a la innovación y el conocimiento. ¿Con qué estrategia? Con la misma que vienen aplicando de manera coordinada los países más desarrollados en la Unión Europea y el G-20. ¿O es que hay otra?

El Gobierno tiene un plan y su Presidente lo detalló, programa a programa, medida a medida, ley a ley, con una prolijidad incluso excesiva. El plan de racionalización de la Administración del Estado, las inversiones públicas para tirar de la demanda, la consolidación de las políticas sociales, el plan contra el fraude y la economía sumergida, la Ley de la Ciencia… Pero el Gobierno es consciente de que la sociedad española y su economía necesitan algo más: necesitan un gran compromiso colectivo para recuperar confianza y aplicar con fuerza y garantías todas estas iniciativas contra la crisis.

Todos éramos conscientes de que el debate lo ganaría quien resultara más convincente en la búsqueda honesta del pacto, y lo perdería quien se dejara arrastrar por el tacticismo electoralista. Por eso ganó Zapatero. Y por eso perdió Rajoy. El Presidente llegó al Congreso con una comisión negociadora, un plazo y cuatro puntos para el acuerdo. El líder de la oposición llegó solo con reproches.

No obstante, tienen razón aquellos que defienden que el pacto no equivale a un respaldo acrítico e incondicional al Gobierno para que siga haciendo lo que ya hace. El pacto supone análisis conjuntos, medidas acordadas y seguimiento en su ejecución. Y hay mucho por hacer en cada uno de los cuatro apartados propuestos por el ejecutivo: la competitividad, el nuevo modelo productivo, la política fiscal y la fluidez del crédito. En unos casos tocará perseverar en lo hecho, en otros habrá que afinar estrategias y en algunos posiblemente haya que rectificar. No pasa nada. Importa mucho más la inyección de moral que el acuerdo infundiría a todos los agentes económicos.

“La gente no quiere pactos. Quiere decisiones”, decía González Pons. Se equivoca. Hoy, la mejor decisión es el pacto. Veremos.

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La economía española ha sufrido durante los últimos días en los mercados financieros internacionales una gran operación combinada de agentes especulativos. Después de promover análisis negativos sobre nuestra situación económica, los protagonistas de esta operación han ganado mucho dinero apostando contra el futuro de España. Los daños han sido notables, en términos de encarecimiento de la deuda, en términos de deterioro en la marca-país, y en términos de confianza interna. Nuestro país no ha sido el primero ni será el último, me temo, en recibir este tipo de ataques.

Y resulta un tanto lamentable contemplar como toda una vicepresidenta del Gobierno de la octava potencia mundial debe acudir con lo mejor de su equipo a la city donde se concentran los especuladores y sus cómplices mediáticos para pedir árnica. Pero las cosas son así. Contamos con un mercado financiero global, con unos agentes financieros globales, con prácticas financieras transnacionales, con desafíos y amenazas de dimensión supranacional, mientras los instrumentos de gobierno, de control y de regulación para tales mercados son aún de marcado carácter nacional. Más allá de coordinaciones poco efectivas, no existe una instancia regulatoria y ejecutiva a nivel global que pueda mirar a los ojos de estos operadores internacionales y sostenerles la mirada.

Durante los próximos días 15 a 17 de abril tendrá lugar en Madrid el Consejo informal de economía de la Unión Europea bajo presidencia española. En unos días se reunirá también el Consejo de Estabilidad Financiera del G-20, en el que nuestro Gobierno ejercerá la representación de Europa. Se trata de dos magníficas oportunidades para avanzar en el sentido de una gobernanza global para los mercados financieros, que prevenga nuevos estallidos especulativos y que favorezca una regulación tendente a promover el desarrollo sólido y equilibrado de la economía mundial.

Los participantes en estas cumbres ya tienen una propuesta concreta sobre la mesa. El Presidente Obama ha desafiado a los todopoderosos gigantes de Wall Street planteando un impuesto selectivo de “responsabilidad financiera”, del 0,15% sobre el pasivo no asegurado de los bancos con mayor dimensión. Se trata de una buena herramienta para desincentivar la actividad especulativa y el riesgo, a la vez que busca recuperar los fondos ingentes de dinero público inyectado en las entidades financieras para evitar su colapso durante la crisis. Claro que tal propuesta resulta inviable si no se aplica con carácter general. Zapatero y el Gobierno sueco han recibido con sumo interés la iniciativa.

Hay más ideas. Al parecer, los gobiernos conservadores de Centroeuropa son más partidarios de recuperar la vieja idea de la tasa Tobin, para gravar las transacciones financieras, en especial las especulativas. París y Londres han llegado a establecer también un impuesto del 50% para los sobresueldos de los banqueros.

Con toda seguridad, en la medida en que estas propuestas vayan tomando cuerpo, la reacción de quienes representan los intereses de los agentes financieros especulativos será furibunda. Y la defensa del interés general aconseja soportar esa presión, analizar globalmente las mejores alternativas, para aplicar una panoplia amplia y consensuada de herramientas para la regulación transnacional de los mercados financieros.

Cada día que pasa sin una respuesta global eficaz, es un día que ganan los especuladores y es un día que perdemos todos los demás.

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MANTENER EL RUMBO

Cuando se navega por aguas turbulentas, tan importante como el acierto en el rumbo a seguir resulta la seguridad que el capitán transmite a la tripulación desde el puente. Todos queremos llegar a buen puerto, pero entretanto necesitamos confiar en el liderazgo de quien se encuentra al timón.

La nave de la economía española está sufriendo desde comienzos de año la acometida de varios frentes tormentosos. La destrucción de empleo pierde fuelle pero persiste, las cifras del déficit público se han disparado, los mercados financieros castigan nuestras incertidumbres, algunos analistas internacionales nos equiparan al agujero negro de Grecia, las encuestas reflejan desgaste del Gobierno, las decisiones de urgencia se interpretan como improvisaciones y se enfatizan los errores no forzados.

Pero la borrasca no se vence desde el nerviosismo, los grandes aspavientos o los cambios bruscos de rumbo. El buen capitán es el que confía en el buen rumbo de la nave y responde a las rachas de viento con serenidad y reciedumbre.

El rumbo que el Gobierno ha marcado para la salida de la crisis es el rumbo correcto, aunque en su consecución debamos soportar algún huracán que otro. Cinco son las claves para el manejo del timón. 1) La estabilidad y solvencia del sistema financiero. 2) El estímulo de la demanda mediante la inversión pública. 3) La apuesta por un nuevo modelo productivo basado en la sostenibilidad, la innovación y la mejora de la competitividad. 4) La consolidación de las políticas de bienestar. Y 5) El diálogo y la concertación social.

Ahora bien, ningún rumbo marítimo se establece en línea recta, y la conducción correcta del barco aconseja a menudo pequeños virajes sin traicionar el sentido de la marcha. ¿Resulta necesario racionalizar el gasto público para contener el déficit? Desde luego que sí. ¿Es sensato proponer a la mesa del diálogo social la adopción de medidas en aras de garantizar la solidez a largo plazo del sistema de pensiones? Sensato y valiente.

Por lo tanto, ¿hay razones para variar el rumbo? No. Pues entonces no nos dejemos intimidar por el fragor de la tormenta y ayudemos al comandante de la nave a culminar la travesía con éxito.

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La propuesta del Gobierno en torno a la edad de jubilación ha dado lugar, una vez más, a un debate perverso, en el que la polémica se impone sobre los análisis, el interés partidista sobre el interés general y los aderezos sobre el meollo de la cuestión.

Hasta ahora, buena parte del debate se ha planteado sobre: 1) si el Gobierno improvisa o no (cuestión chocante toda vez que la medida se aplicaría a partir de 2013 y sus efectos se calculan para 2025); 2) si el Gobierno debiera haber acordado con los agentes sociales antes de plantear su propuesta (pero ¿cómo acordar sin proponer?); 3) si las motivaciones de Gobierno están más cerca de abaratar el coste de la deuda que de asegurar las pensiones del futuro (¿disyuntiva para analistas o para psicoanalistas?); 4) si el Gobierno es coherente o no respecto a declaraciones anteriores (disquisición inútil donde las haya); y 5) si el Gobierno merece un desgaste electoral por tal anuncio (aquí se apuntan paradójicamente quienes pretenden administrar el interés general en un futuro próximo).

Sin embargo, muy pocos han centrado el debate en lo que realmente importa. ¿La garantía de las pensiones del futuro exige cambios en el sistema? ¿Resulta acertada la propuesta de retrasar la edad de jubilación?

El sistema vigente de pensiones goza de una solidez indudable, merced a su gestión inteligente durante las últimas décadas. Pero todos sabemos que tal sistema se diseñó para un contexto demográfico que ha variado drásticamente. La edad media de incorporación al trabajo ha pasado de los 18 a los 25 años, y la expectativa media de vida se ha alargado de los 70 a más allá de los 80 años. A medio plazo, seremos muchos más para cobrar y muchos menos para cotizar. Estamos orgullosos de los índices de bienestar y equidad que proporciona hoy nuestro sistema público de pensiones, y parece razonable introducir los cambios precisos para asegurar su solvencia en el futuro.

Eso sí, hágase sin apresuraciones, con el debido consenso en lo político y en lo social, aplicando la flexibilidad precisa para diferenciar el tratamiento a aplicar en función de la penosidad de los trabajos… Y pongamos pie en pared ante las estrategias de río revuelto que ya han puesto en marcha quienes buscan en este debate el descrédito del Gobierno (malo) o el descrédito del sistema público de reparto en favor del sistema privado de capitalización (mucho peor).

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