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Archive for 27 enero 2010

Sorprende la acidez del debate que están manteniendo en las páginas de El País dos personas de la altura intelectual de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Antonio Muñoz Molina. Aún más cuando ambos pueden presumir de propósitos loables y de razones con peso. De hecho, entiendo que no divergen en lo fundamental.

Muñoz Molina defiende con razón que el trabajo de las gentes de la cultura “merece ser remunerado con justicia” y que los bienes culturales, como todos los demás en nuestra sociedad, no han de ser considerados sin más como “bienes gratuitos”. Y Rodríguez Ibarra, admitiendo el derecho de los creadores culturales “a vivir de su trabajo”, reivindica la obsolescencia de los derechos de autor “basados en el uso de un soporte”, y reclama que tales derechos se “repiensen” a la luz de la era digital vigente.

¿Dónde está la contradicción? En el fondo, el escritor esgrime que el avance tecnológico no debe ser óbice para que los autores sigan controlando sus obras y puedan obtener un rendimiento por su explotación. Parece razonable. Y en el fondo también, el hoy profesor argumenta que los protagonistas de la industria cultural no pueden cerrar los ojos a las transformaciones que la tecnología digital provoca en los cauces de acceso a los bienes culturales y en las preferencias de sus consumidores. Pura lógica.

Algunos peros. Ibarra yerra cuando subordina la voluntad de desarrollo de las industrias culturales al supuesto interés superior de la sociedad española en el avance de las industrias tecnológicas, porque ambas dos forman parte de las mejores expectativas de progreso en nuestro país. Tampoco acierta al descalificar el procedimiento vigente en ley para resarcir al creador por las copias privadas de sus obras, puesto que si bien el  método es manifiestamente mejorable, hasta ahora nadie ha planteado una alternativa viable. Y resulta injusto al manifestar que “no se conoce el destino de los fondos que se recaudan”, porque más allá de las leyendas interesadas, la propia agencia gubernamental de evaluación de políticas públicas ha avalado la limpieza y eficiencia en el funcionamiento de las sociedades que gestionan los derechos de autor.

Algunos matices también para el autor de “La noche de los tiempos”. Su texto denota una resistencia difícil de entender hacia los cambios que las nuevas tecnologías provocan sobre los hábitos de consumo cultural. ¿Por qué no admitir que los ciudadanos tienen ahora la posibilidad y el derecho de adquirir y pagar solo una canción cuando no les gusta el resto del disco? Además, en su legítima contraposición a Ibarra cae en el tópico prejuicio sobre las remuneraciones indebidas de los políticos y su escasa afección por el trabajo. Si la apreciación resulta injusta en lo general, pincha claramente en hueso al atribuir cualquier tacha moral a un hombre justo como el expresidente extremeño.

Con todo, en el apasionante debate entrambos sobran las pullas personales y se echa de menos una mayor profundización en al menos tres asuntos graves. Primero los riesgos de la cultura del “todo vale y todo gratis”, porque genera falsos espejismos entre muchos jóvenes y porque está poniendo en peligro la capacidad presente y futura de crear y producir cultura en español. 

Segundo, la actividad de determinados grupos de interés que dedican mucho dinero y mucha manipulación para camuflar su “lobby” poderoso a base de señalar y estigmatizar a otro “lobby” circunstancialmente rival. A saber: con una periodicidad muy reseñable reverdece en nuestro país el debate sobre “la acción represora de las sociedades de derechos de autor para impedir el acceso libérrimo a los contenidos culturales en la red”. Pero, ¿por qué rara vez se abre paso el debate también interesante sobre los precios muy por encima de la media europea que los españoles pagamos a las empresas tecnológicas por el uso de la red? ¿y por qué no se habla tanto sobre la calidad más que mejorable en el servicio de tales empresas?

Tercero y último, los pescadores en río revuelto. Porque el PP ha visto un filón en este asunto. Resulta paradójico que los defensores a ultranza de la propiedad privada en tantos ámbitos, aparezcan ante la opinión pública como cuasi anarquistas en relación a la propiedad intelectual. La expectativa del rendimiento electoral les anima a la incoherencia en lo ideológico. Pero hay más. Su posición comprensiva ante el gratis total en la red contiene un mensaje poco sutil para el mundo de la cultura, lo que ellos llaman despectivamente “el club de la ceja”. Si se empeñan en escenificar su apoyo al Gobierno, al PSOE o a Zapatero, se van a enterar. Responder con contundencia a esta amenaza sí que es defender la libertad.

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En estos días se hacen muy presentes los célebres versos de Bertolt Brecht que terminaban con aquello de “y cuando vinieron a por mí, no quedaba nadie para protestar”. Primero prohibieron empadronarse a los inmigrantes sin papeles en regla. Ya han afinado para impedir que se empadronen los inmigrantes con menos de 20 metros de techo. Con los mismos argumentos, en breve prohibirán el empadronamiento de gitanos, prostitutas, homosexuales, excomulgados, vagos y maleantes. Y ¿cuánto tardarán en cuestionar el empadronamiento de los socialistas, por abortistas y vende-patrias?

¿Qué busca el PP elevando la polémica de Vic a cuestión nacional? ¿El cumplimiento de las normas que ellos mismos aprobaron? Evidentemente no, porque las están incumpliendo en Torrejón con respaldo de Génova. ¿Una reforma de la Ley de Extranjería? No es coherente, porque acaba de tramitarse en las Cortes y nunca plantearon enmienda alguna sobre el padrón. ¿Trabajan por “asegurar la convivencia”, como dicen? Los analistas opinan, por el contrario, que esta actitud podría llevarnos a escenarios tan peligrosos como el vivido recientemente en  Rosarno (Italia).

¿Qué pretenden, pues? A mi juicio han descubierto un filón electoral en el temor de la gente ante la crisis, en el miedo atávico al diferente y en la excitación de los instintos xenófobos e intolerantes. Ya han comprobado la rentabilidad de esta estrategia en otros países de Europa. Y están dispuestos a incendiar el país si es preciso para arrancar unos votos.

Pero hay que exigirles que hablen claro. El empadronamiento no es un simple trámite administrativo de aplicación discrecional por cada Ayuntamiento. La ley obliga a empadronar a todas las personas que habitan en un municipio, independientemente de su situación jurídica, social o económica. Los gobiernos locales deben organizar sus servicios en función del número y condición de las personas que habitan su término. ¿O qué pretenden? ¿Evitar a los inmigrantes sin papeles la consideración de seres humanos? ¿Negarse incluso a verlos, a contarlos y a atenderlos en lo más elemental?

El padrón resulta imprescindible en la práctica para asegurar el acceso de cualquier persona a la asistencia sanitaria en un centro de atención primaria, y para formalizar la escolarización de los niños. ¿Plantea el PP negar a unos niños la atención médica y su plaza en un colegio porque nacieron en otro país o porque sus padres no tienen los papeles en regla? El mensaje implícito es tan claro como deleznable: los servicios públicos están saturados por la culpa de los inmigrantes. Si les excluimos todo irá mejor, pero los socialistas no nos dejan.

Este ha sido históricamente un país de migraciones. Protagonizamos las grandes migraciones del sur empobrecido de Europa hacia el norte rico e industrializado. ¿No nos acordamos? Y durante los años de mayor crecimiento protagonizamos también la llegada masiva de inmigrantes procedentes de Latinoamérica y de África. Más allá de matices, en la sociedad española siempre funcionó un consenso tácito: las migraciones tienen que limitarse, regularse y ordenarse, pero jamás debe discutirse la garantía de los derechos básicos de ciudadanía para los seres humanos que viven entre nosotros, procedan de donde procedan. Ya cuestionaron este consenso con el esperpento del “contrato de integración” y ahora parecen querer hacerlo saltar por los aires en clave electoralista.

Están jugando con fuego. Porque en este debate se juega algo más que la rentabilización electoral de un descontento. Se juega con la quiebra de la convivencia en unas sociedades que caminan inevitablemente hacia la globalidad, la interculturalidad y el mestizaje. Cabría esperar algo más de sentido común.

La cita de Brecht es más que oportuna, porque cuando dicen que “aquí no cabemos todos”, ¿quiénes sobran, según ellos? Por cierto, no somos pocos los que hemos habitado largo tiempo viviendas de apenas 60 o 70 metros cuadrados con familias de cuatro o más miembros. Y aún son muchos los nacionales que viven en peores condiciones, por desgracia. ¿Ya vamos sobrando?

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Publicado en el diario El País (18-01-10) 

El objetivo de mejorar la eficiencia y la competitividad de nuestros aeropuertos es demasiado importante como para ponerlo en riesgo con intereses parciales y debates de alcance menor. Ni la discusión alicorta sobre el número de asientos que tendrá cada cual en los consejos de administración, ni los privilegios desmesurados de determinados profesionales, ni la concepción judicial de los aeropuertos como meras instalaciones molestas que hacen ruido, ni la intención aviesa de algún “emprendedor” por convertir el transporte aéreo en plataforma fácil para la práctica del “coge el dinero y corre”, pueden distraernos respecto a aquel propósito de interés general para la sociedad española.

Nuestros 48 aeropuertos de interés general transportaron a 187 millones de pasajeros en 2009. Los números son reveladores: 680 compañías conectadas con 138 países; 6.200 empresas de servicios aeroportuarios; 140.000 empleos directos; 440.000 empleos vinculados al sector; cerca de un 7% del PIB nacional. Tres de cada cuatro turistas que alimentan la primera industria española acuden a nuestro país vía aérea. Todos los analistas coinciden en que el sector aéreo resulta clave en los esfuerzos por reactivar la economía, configurar un modelo productivo más competitivo y adelantar la salida de la crisis. No, con los aeropuertos no se juega.

Tan claro lo hemos tenido los españoles que en la última década hemos invertido más de 17.300 millones de euros para dotarnos de los aeropuertos más modernos y funcionales, y para convertir nuestra avanzada tecnología de navegación aérea en el modelo a imitar por una veintena de países europeos.

Ahora se trata de promover una gran reforma de nuestro modelo aeroportuario para asegurar un futuro más eficiente, más competitivo y más seguro. Los retos son tres. Primero, modernizar la estructura y el funcionamiento del sistema. Separando la navegación aérea de la gestión mercantil de los aeropuertos. Liderando la integración en el Cielo Único Europeo. Afrontando la racionalización del control aéreo. Rebajando nuestras tasas y tarifas. Perfeccionando los mecanismos de seguridad. Garantizando la sostenibilidad y el control de emisiones.

El segundo reto es el de la descentralización. El modelo presentado por el Gobierno es el más avanzado de la historia en este sentido. La creación de sociedades filiales de gestión para los aeropuertos más complejos; la participación de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Cámaras de Comercio en sus consejos; la disposición de mayorías cualificadas para adoptar las decisiones estratégicas; y la constitución de Comités Aeroportuarios paritarios en cada Comunidad para coordinar las políticas en el ámbito, constituyen pasos inéditos hasta ahora que contribuirán positivamente al desarrollo local y regional en torno a nuestros aeropuertos. Ahora bien, esta tensión descentralizadora habrá de ser compatible con la atribución constitucional al Estado de la competencia sobre los aeropuertos de interés general, así como con la consolidación de nuestro sistema en red para asegurar la viabilidad de las instalaciones menos rentables, la conectividad de todos los ciudadanos y la aplicación de los principios de solidaridad e igualdad.

Y el tercer reto consiste en incorporar a la iniciativa privada. La previsión de hasta un 30% de capital privado en AENA Aeropuertos, S.A., posibilitará la captación de recursos adicionales sin cargo en el déficit público, y abrirá la puerta a la optimización de las prácticas eficientes de gestión que se reconoce internacionalmente a nuestras empresas especializadas en el sector. Eso sí, el límite formalizado en ley del 30% de participación y la garantía del control público del sistema conjurarán los riesgos privatizadores planteados desde algunas instancias.

El nuevo modelo aeroportuario que propone Fomento es, pues, un modelo equilibrado y viable, que responde a una sola motivación: contar con un transporte aéreo más eficiente para hacer más eficiente nuestra economía y nuestra sociedad. La valoración positiva en términos de “avance” que esta propuesta ha obtenido de los grupos más representativos en el Parlamento alienta la esperanza de un consenso amplio y fructífero en su tramitación.

Por eso insistimos en la necesidad de actuar con altura de miras, con responsabilidad de Estado, anteponiendo el interés general a las tentaciones particularistas. La consideración de este año como año electoral en una Comunidad no debe ser óbice para que todas las fuerzas políticas, nacionalismos incluidos, valoren positivamente el “avance” descentralizador y eficiente en la propuesta que el Gobierno hace sin obligación constitucional o estatutaria alguna. Esperemos también que atiendan al sentido común esos servidores públicos con sueldos por las nubes y con productividad subterránea, que están provocando ineficiencias en la gestión y tasas insostenibles.

La misma llamada a la racionalidad cabe para los colectivos, con amparo judicial o sin él, que defienden legítimamente su derecho a vivir sin ruidos excesivos, pero que han de entender la necesidad de hacer compatible el ejercicio de tal derecho con la viabilidad de unas infraestructuras imprescindibles para el desarrollo colectivo. Y, desde luego, corresponde también reclamar responsabilidad a esos empresarios del sector que a veces persiguen el beneficio máximo y rápido, sin tener en cuenta que la falta de consideración hacia los usuarios puede enfermar a la gallina de los huevos de oro. 

Vamos a ello.

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La separación y la independencia de los poderes públicos constituyen uno de los pilares fundamentales del sistema democrático y del Estado de Derecho. La garantía de su cumplimiento es, por tanto, crucial para el mantenimiento de nuestros derechos y libertades. Ahora bien, aquella separación y aquella independencia deben venir acompañadas por cierto grado de equilibrio para que el sistema goce de crédito y de eficiencia.

Las decisiones del poder ejecutivo se han de acatar, pero jamás se limitó la capacidad de nadie para su valoración crítica. Es más, cuando una decisión ejecutiva resulta fallida o tiene consecuencias negativas e indeseadas, la exigencia de responsabilidades es general e inmediata. Las dimisiones se piden y en muchos casos se materializan. Baste el ejemplo de Mariano Fernández Bermejo, que tuvo que dimitir como Ministro de Justicia no ya por un acto fallido o doloso, sino tan solo por la “sospecha” o “mala imagen” en que incurrió, según algunos, por participar en una cacería de fin de semana.

Lo mismo ocurre con las determinaciones del poder legislativo. Las leyes se cumplen, pero eso no obsta para que sean objeto de debate público desde su redacción como anteproyecto hasta su vigencia y, desde luego, sus autores reciben críticas de toda calaña al amparo de la libertad de expresión. También son frecuentes los requerimientos de dimisión para los legisladores por parte de quienes no comulgan con sus iniciativas. Valga el ejemplo de la Ministra de Igualdad, Bibiana Aido, que ha sido objeto de significativas peticiones de dimisión por su condición de autora del controvertido proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, las sentencias de los jueces además de acatarse se “respetan”. Las valoraciones críticas se consideran en clave de desacato y las sanciones son insólitas por infrecuentes. ¿Por qué no se puede criticar una sentencia después de acatarla? ¿Por qué no se pueden exigir responsabilidades a un juez que mete la pata como se hace con quienes detentan otros poderes?

Durante los últimos días hemos conocido dos casos a cual más flagrante. En el año 2007, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sentó en el banquillo a ocho personas, entre ellas nada menos que al entonces Presidente del Gobierno vasco y al que lo es en estos momentos, Juan José Ibarretxe y Patxi López, por mantener sendas reuniones con los representantes políticos de la izquierda abertzale. Es decir, se actuó contra unos políticos por hacer política. El Tribunal Supremo ha mareado la cuestión mientras decidía la aplicación de la “doctrina Botín” o la “doctrina Atutxa”, aunque finalmente se ha reestablecido el sentido común y han exonerado a los acusados. No obstante,  ¿quién se responsabiliza del daño ocasionado? Durante meses, estas personas han sido consideradas poco menos que cómplices de los terroristas, y muchos ciudadanos han vivido la zozobra de contemplar a sus máximos representantes gravemente cuestionados en los tribunales. ¿No cabe exigir responsabilidad a quien erró de tal manera?

Si aquellos culpaban a dos políticos por hacer política, otro ínclito de la judicatura acaba de condenar a dos periodistas por hacer periodismo. Me refiero a Daniel Anido y Rodolfo Irago, los profesionales de la SER que han sido sentenciados a un año y nueve meses de cárcel, a la inhabilitación para ejercer el periodismo y a fuertes multas e indemnizaciones, por publicar en la web de la emisora una información que el propio togado reconoce veraz y de interés público. El argumento peregrino que sustenta su resolución se basa en que la libertad de expresión protege lo vertido en los “medios de comunicación  social”, como la televisión, la radio o los periódicos, pero no es así en lo que el llama “medios de comunicación universales”, tales como Internet. En definitiva, una sentencia injusta, desmesurada y paradójica, toda vez que los instigadores, los ejecutores y los beneficiarios de aquel atentado a la democracia al que aludía la información, el “tamayazo” de 2003, pasean su impunidad libremente mientras dos personas honestas corren riesgo de ir a la cárcel por hacer bien su trabajo. Probablemente prosperarán los recursos y la decisión será corregida, pero ¿tampoco aquí procede pedir responsabilidades por esta sentencia bárbara? ¿Se aprueba el recurso y ya está? ¿Hasta la próxima barbaridad?

Si a un ministro se le reclaman responsabilidades por sus errores, si a un alcalde se le pide la dimisión por hacer mal su cometido, y si a un diputado como yo se le puede criticar y sancionar por incumplir su deber, cabe plantear exactamente lo mismo para el juez que desbarre. Que dimitan. Con todo “respeto”, pero que dimitan.

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El reciente atentado fallido en un vuelo con destino a Detroit y las medidas adoptadas a posteriori para reforzar la seguridad aérea han generado una fuerte controversia. La búsqueda de la seguridad en el tráfico aéreo de personas aparece enfrentada en esta polémica con la salvaguarda de determinados derechos fundamentales de los pasajeros.

Que algunos grupos terroristas han colocado el tráfico aéreo en su punto de mira es un hecho. Que la seguridad precisa para atajar o limitar el riesgo de atentado tiene un precio a pagar por el usuario también es una evidencia. Y la gran mayoría de los ciudadanos están dispuestos a pagarlo. Pero con condiciones. La proporción, la eficacia y la reducción de la arbitrariedad son las condiciones más comunes.

Hemos de ser conscientes de que la amenaza es cierta. La repercusión extraordinaria que un atentado en un avión adquiere a nivel internacional, junto a los perjuicios que ocasiona el inevitable reforzamiento de las medidas de seguridad son factores que los terroristas tienen muy presentes. Estos grupos buscan generar miedo y caos, y saben que pocas noticias provocan más miedo y caos que una matanza en un avión.

Si el riesgo es cierto, las medidas de protección son imprescindibles. Y la afección a los derechos y a la comodidad de los viajeros es, hasta cierto punto, imposible de evitar. Los registros corporales, la revisión de los equipajes, las colas, las esperas… son medidas que amenazan a diario el pudor, la intimidad, la paciencia y los intereses legítimos de muchas personas. Hay quienes sufren de forma traumática, por ejemplo, el desvestido o el tacto personal que requieren algunos procedimientos.

Insisto en que buena parte de los ciudadanos que hacen uso de los servicios de aeropuertos y líneas aéreas están dispuestos a asumir los costes implícitos a la seguridad. Ahora bien, lo harían en mejor disposición si se cumplieran algunos propósitos de pura lógica.

Primero la coordinación. Resulta inquietante comprobar cómo las medidas que se presentan como imprescindibles en determinado aeropuerto no se aplican en otro similar, dentro del mismo marco europeo. Tampoco se entiende que el resto de modos de transporte carezca de medidas de seguridad equivalentes, cuando han sido objeto ya de graves atentados. En segundo lugar, la proporción. Los usuarios desconfían de las medidas extremas impuestas al calor de los debates públicos, pues a menudo parecen más orientadas a proporcionar una coartada al dirigente político cuestionado que a aumentar la seguridad efectiva.

Tercero, la eficacia. Los ciudadanos pueden aprender a ignorar que sus formas corporales están siendo examinadas al detalle por perfectos desconocidos en beneficio de su seguridad. Pero ayudaría mucho saber que, a la par, los servicios de inteligencia coordinan y aplican eficazmente sus informaciones para evitar, por ejemplo, que un terrorista nigeriano con intenciones aviesas, identificado públicamente hasta por su padre, pueda subir a un avión cargado de explosivos. Y también ayudaría aplicar los avances técnicos y organizativos para ir sustituyendo los desvestidos y los cacheos utilizados como seguridad desde la edad media por medidas más eficaces y menos invasoras de la intimidad.

Y por último, acabar con la sensación de arbitrariedad. Posiblemente lo que más irrite a un sufrido pero convencido usuario de cualquier aeropuerto, sea la convicción de que el agente de seguridad privada que determina quién ha de quitarse los zapatos o quién debe ser cacheado, actúa con un grado de discrecionalidad excesivo. Establecer normas claras, conocidas, previstas, homogéneas y aplicadas con educada consideración ayudaría mucho a aminorar los resquemores que provocan estas medidas.

Este es el camino emprendido por el Gobierno de España. Aquí no hemos reaccionado con precipitación ante las últimas polémicas. Nuestro país ejerce la presidencia de la Unión Europea y ha situado en la próxima reunión de su Consejo de Transportes el escenario para un análisis riguroso de la situación y para la adopción de decisiones coordinadas y eficaces.

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A través de una entrevista en el diario El Mundo, el Presidente del Congreso ha abierto un debate interesante respecto a la distancia creciente entre electores y elegidos en nuestro sistema electoral. A mi juicio, acierta en el diagnóstico, pero yerra en la propuesta que aporta como solución. Su camino es un camino probado y fallido, además de peligroso en términos de calidad democrática.

Cierto es que, en demasiadas ocasiones, el interés de lo que Bono llama la “clase política” aparece claramente divorciado del interés común entre los ciudadanos a los que tal “clase” debe representación y servicio. A veces, los que mandan parecen tan solo empeñados en seguir mandando, y los demás parecen dispuestos a todo para echar a los que mandan. Es verdad que a los partidos se les reprocha a menudo, y puede que justamente, el tibio cumplimiento del cometido que les encarga la Constitución: expresar “la manifestación de la voluntad popular” y encauzar la “participación política” de la ciudadanía. Pero este es un reproche general que responde a una limitación no resulta en el conjunto de los sistemas democráticos, incluyendo al Reino Unido que busca imitar el Presidente Bono.

Se han practicado muchos intentos para “acercar a electores y elegidos”, aquí y en el resto del  mundo. Y algunos hemos llegado a la conclusión de que el cumplimiento de tal objetivo tiene más que ver con la vocación honesta del político en cuestión que con la fórmula que se aplique en su elección. Muchos británicos cuestionan el sistema de pequeños distritos uninominales, porque cierra el paso a las minorías y dificulta la estabilidad del ejecutivo. Resulta muy dudoso, además, que pudiera lograrse el “amplio consenso” que Bono requiere en la misma entrevista para una modificación constitucional, imprescindible en este caso (el artículo 68.2 de la CE dice claramente que “La circunscripción electoral es la provincia”).El propio Presidente del Congreso manifiesta, por otra parte, el escaso éxito práctico de la propuesta por antonomasia para el máximo “acercamiento” entre votante y votado: las listas abiertas.

Tras estas y otras propuestas similares late siempre un propósito “más profundo”, que Bono plantea de una manera abierta y valiente: “Sería conveniente que las cúpulas de los partidos redujeran el poder que tienen”. Aquí está la madre del cordero. Se establece una relación directa, y a mi entender más que dudosa, entre el debilitamiento de las direcciones de los partidos y la calidad de la representación democrática. ¿Por qué? En las sociedades altamente complejas y mediáticamente determinadas como la nuestra, la promoción de un político ante su electorado requiere de influencia y dinero. Si no son “las cúpulas de los partidos” las que suministran tales instrumentos de promoción en virtud de intereses colectivos, ¿quiénes promocionarán a los políticos en sus carreras personalistas? ¿Y a cambio de qué? Este camino se ha recorrido largamente en el sistema electoral estadounidense, y es cierto que sus legisladores dependen poco de unas “cúpulas” partidarias debilitadas en extremo. El último debate sobre la instauración de un seguro sanitario universal y público ha mostrado a todo el mundo con quienes “deben llevarse bien” (por utilizar las palabras de Bono) los representantes americanos: con el dinero de la industria farmacéutica que paga sus campañas.

Los partidos deben asumir con más entusiasmo y acierto el reto de hacer de la política una actividad más inteligible, cercana y participativa. Y sus “cúpulas” habrán de esforzarse en hacer uso de sus funciones de una manera más transparente, más democrática y a la postre más eficaz en el servicio a la ciudadanía. Ahora bien, somos muchos los convencidos de que la autonomía de la política en la búsqueda del interés general constituye un valor a preservar. Y esa autonomía es más fácil de asegurar mediante partidos fuertes y “cúpulas” legitimadas y capaces. O dicho de otro modo: esa autonomía es más fácil de quebrar mediante un sistema de concejales y diputados a la carrera por obtener el favor de quienes pueden ofrecerle dinero y notoriedad para sus campañas personales.

En todo caso, el desafío es real, está ahí presente en las encuestas y en el debate ciudadano. Y hay que reconocer a Bono su acierto al plantearlo abiertamente y con coraje.

Aunque yo suscribo mejor otros pasajes de la entrevista. “La igualdad de los españoles es más importante que la autonomía de los territorios”, por ejemplo.

 

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