Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 29 diciembre 2009

Con estas líneas pretendemos expresar nuestra solidaridad con los periodistas Daniel Anido y Rodolfo Irago, recientemente condenados a penas de cárcel e inhabilitación por ejercer eficazmente su responsabilidad como profesionales de la información durante los días del verano de 2003 en que se desarrolló uno de los mayores atentados perpetrados en nuestro país contra el sistema democrático.

En un Estado de Derecho, todas las decisiones judiciales merecen respeto y acatamiento. Sin embargo, algunas resoluciones de la judicatura deben ser objeto también de una consideración crítica respetuosa y leal. De hecho, la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid contra los periodistas mencionados, ha de ser considerada a nuestro juicio como una sentencia injusta, desmesurada y paradójica.

La resolución judicial reconoce que Daniel Anido y Rodolfo Irago hicieron su trabajo y lo hicieron bien. La información que elaboraron y transmitieron era “veraz”, y atendía a un “hecho noticiable” sobre el que “la ciudadanía tenía derecho a estar informada”. La original interpretación que el Juez hace de Internet como un medio ajeno a la aplicación del derecho a la información, no debería sobreponerse a la libertad de expresión e información que garantiza el artículo 20 de nuestra Constitución.

La pena establecida resulta, además, de una dureza extrema y difícil de entender. Un año y nueve meses de prisión, inhabilitación especial para ejercer la profesión de periodistas, una multa de 18.000 euros y una indemnización de 130.000 euros, debe considerarse un “castigo” desmesurado para dos personas que se limitaron a cumplir con su obligación profesional y cívica.

Desde luego, hemos de considerar como una paradoja dramática el hecho de que los únicos procesados y condenados hasta el momento por el “caso Tamayo” sean precisamente dos de los periodistas que más han hecho por dar a conocer la verdad sobre una operación fraudulenta, que frustró el Gobierno elegido por la mayoría de los ciudadanos madrileños para su Comunidad en las elecciones de mayo de 2003. A día de hoy, dos profesionales honestos de la información corren riesgo de ingresar en la cárcel, mientras los corruptos y sus corruptores pasean su impunidad con plena libertad.

Sirvan estas líneas para reiterar nuestro agradecimiento a Daniel Anido, a Rodolfo Irago y, con ellos, a cuantos periodistas trabajaron aquel verano fatídico y aún trabajan de forma comprometida con la verdad y la auténtica Justicia.

Y, a pesar de todo, hagamos un nuevo voto de confianza en nuestro Estado de Derecho y su sistema judicial para que esta injusticia sea debidamente corregida, para que el honor y la profesionalidad de sus damnificados sean reconocidos sin tacha, y para que, algún día al menos, los auténticos culpables de aquella fechoría reciban la condena que merecen.

Rafael Simancas. Candidato PSOE a la Presidencia de la CAM- Elecciones 2003.

Fausto Fernández. Candidato IU a la Presidencia de la CAM- Elecciones 2003.

Anuncios

Read Full Post »

Los gobiernos no se ganan. Los gobiernos se pierden. Tal es la máxima que sigue a pies juntillas la dirección de PP.

En consecuencia, el principal partido de la oposición en España renuncia a la competencia de modelos. No tiene el más mínimo interés por contrastar sus respuestas con las de su adversario. Tan solo tiene un objetivo: destruir al Gobierno para alcanzar el poder.

La estrategia no es nueva. La aplicó el PP con fruición y éxito durante los años noventa, lo años de la crispación. Y la estrategia tenía dos claves: uno, prescindir de cualquier esfuerzo que no fuera encaminado a minar la confianza en el Gobierno; y dos, ignorar cualquier límite de índole política o moral (a veces incluso legal) que se interponga en el camino hacia el poder.

Ya es grave que Rajoy y los suyos renuncien a sumar fuerzas con el Gobierno para atender el interés general en el combate a la crisis. Pernicioso en extremo es que, ocasión tras ocasión, desprecien la mano tendida para acordar las grandes reformas que necesita el país en el cambio del modelo productivo, en el pacto energético, en el pacto educativo… Pero el PP traspasa el límite de lo tolerable cuando directamente busca el daño al Estado para infringir desgaste al Gobierno.

Cuando el PP excita los conflictos con el vecino marroquí está dañando al país. Lo mismo ocurre cuando magnifica las tensiones con Gibraltar o cuando interfiere en las negociaciones para salvar compatriotas secuestrados en Somalia o en Mauritania. Cuando el PP pone en cuestión las actuaciones policiales, fiscales y judiciales, en el caso Faisán, en el caso Gurtel o en relación al SITEL, hace daño a nuestro Estado de Derecho, a nuestro sistema de libertades y al conjunto de la sociedad española.

Y cuando el Presidente del PP utiliza las tribunas del Partido Popular Europeo en Bruselas para sembrar desconfianza en la economía española, está haciendo mucho daño a todos los españoles, que necesitamos de la confianza nacional e internacional para reactivar la economía y atajar el desempleo.

No vale todo. La oposición tiene el derecho y el deber de controlar la acción del Gobierno y de ofrecer sus alternativas. Pero las reglas de la democracia no facultan para las estrategias de la tierra quemada. La oposición también tiene sus límites.

Read Full Post »

El ser humano, por primer vez en su historia, debe considerar la limitación del daño ambiental en la definición de sus modelos económicos y sociales. Nunca antes se entendió que tales condicionantes fueran de obligada consideración. Por vez primera también, los seres humanos somos conscientes de afrontar un problema de carácter global que requiere una respuesta igualmente global. Hasta ahora procuramos sortear las crisis globales, sean en la economía, en la seguridad o en las migraciones, mediante estrategias locales más o menos coordinadas. Esta actitud no sirve para enfrentar el desafío del cambio climático. Igualmente por primera vez, nuestra especie se enfrenta a una amenaza cierta en términos de supervivencia.

La Cumbre de Copenhague tiene supuestamente como objeto atender a estos desafíos. Sin embargo, ni la forma ni el contenido de la Cumbre parecen responder a las expectativas generadas durante los últimos años. La organización del evento se asemeja más a una asamblea de facultad que a un foro internacional con pretensiones de obtener resultados eficaces. Cuando se trataba de superar el colapso financiero, las grandes potencias convocaron el G-20 y en pocos días estaba listo y en aplicación un plan global bastante efectivo. Resulta evidente que estas potencias aún no entienden que la magnitud y la urgencia del colapso ambiental merece al menos una reacción equivalente.

Todo parece indicar que las conclusiones del encuentro estarán a la altura de su organización. La limitación de emisiones anunciada no pasa de vagos compromisos unilaterales, con nula posibilidad de verificación en el caso de los chinos, por ejemplo. La presidencia del cónclave ya ha renunciado a fijar presupuestos concretos para adaptar los modelos de desarrollo de las sociedades más desfavorecidas a las condiciones de sostenibilidad. Los cambios precisos en el modelo energético global ni siquiera están en el orden del día, porque quienes tienen capacidad de decisión no lo van a permitir.

Las decisiones realmente relevantes tienen que ver con las transformaciones en las formas de producción, con la sustitución de la energía del carbono por la energía renovable, con las estrategias globales para la preservación de los espacios naturales, con el compromiso de los ya desarrollados para hacer sostenibles sus modelos, y con la ayuda a los demás para que diseñen su desarrollo conforme a parámetros de sostenibilidad.

Atención también con la “sostenibilidad” de algunos discursos ecologistas. Desde el ámbito de la planificación de infraestructuras públicas, por ejemplo, nos enfrentamos a veces a planteamientos poco equilibrados. A menudo, las presiones ambientalistas llevan a sortear colonias de mariposas o cuevas de murciélagos en el trazado de una carretera o de un túnel, con un coste extraordinario (que también puede medirse en clave ambiental). Algunas demandas judiciales terminan también con la amenaza de cierre parcial o total de costosas infraestructuras aeroportuarias para solventar problemas de ruido, que debieran encontrar otro tipo de solución.
Sin embargo, lparecen mucho más escasas y débiles las reivindicaciones para generalizar los motores eléctricos en la automoción privada, responsable de más del 50% de las emisiones causantes del cambio climático en nuestras ciudades.

Efectivamente, si queremos que no cambie el clima, tendremos que cambiar el sistema. Y parece que, a pesar de las buenas intenciones, la Cumbre de Copenhague contribuirá poco a hacerlo realidad.

Read Full Post »

ISLAMOFOBIA

El pasado lunes, durante la celebración de la tradicional jornada de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados un niño de en torno a los diez años de edad me hizo la siguiente pregunta: “Señor diputado, si los musulmanes son terroristas, ¿por qué no los echáis a su país?”

No sería razonable construir generalizaciones a partir de la frase pronunciada por un menor mal informado. Sin embargo, me temo que la identificación entre Islam, violencia y amenaza está calando hondo en la opinión pública, y temo también que la consecuencia lógica expresada inocentemente por aquel niño sea compartida, si no expresada, por un colectivo cada día más numeroso.

Prácticamente no hay día en el que los noticiarios no ofrezcan imágenes de graves matanzas ocasionadas en nombre del Islam, a veces en países remotos, y a veces cerca de casa, como en el 11-M. Las amenazas a los soldados españoles, a los cooperantes españoles, a los pescadores españoles, suelen provenir de grupos violentos que se autoproclaman “islámicos”. Los medios amplifican también las noticias acaecidas a nuestro alrededor sobre “tribunales de honor” que condenan a mujeres por no llevar pañuelo, niñas de doce años obligadas a casarse, ablaciones genitales….

Este caldo de cultivo alimenta posicionamientos políticos oportunistas, a veces groseros, como el de los promotores de la “batalla de los minaretes” en Suiza, y a veces más sutiles, como el que protagoniza el Presidente francés reivindicando la “herencia cristiana de Europa”, previniendo contra la “desnaturalización” del modo de vida occidental, o instando a todas las religiones a “guardarse de la ostentación y la provocación”. ¿A qué razones hemos de atribuir el veto francés al debate incluso sobre la eventual incorporación de Turquía a la Unión Europea?

El pecado de la intolerancia ya despertó al monstruo de la violencia racista una vez en Europa. Cuidado. No tentemos a la suerte. Vivimos en comunidades globales, mestizas por necesidad, condenadas al entendimiento entre diferentes. Derramar el combustible de la incomprensión y del odio, criminalizar al diferente por su origen o religión, estigmatizar al otro culpándole de todos los males… Puede llevarnos al incendio de la convivencia y al desastre. Ya lo sufrimos a comienzos del siglo pasado. ¿Nos hemos olvidado de la Shoah?

La islamofobia puede tener también consecuencias muy negativas en el marco de las relaciones internacionales. La geopolítica de bloques que tantas tensiones provocó puede reeditarse en clave religiosa, cristianos contra musulmanes. Los regímenes moderados de Oriente y del Magreb se verían empujados por sus opiniones públicas hacia unos alineamientos muy peligrosos para la estabilidad y la seguridad mundial. Por no hablar del efecto legitimador que la exacerbación en Europa del sentimiento anti-musulmán puede ocasionar sobre grupos terroristas.

Hay límites que no pueden traspasarse, ni tan siquiera en nombre de la tolerancia o de la convivencia. Son los límites de la defensa de los derechos humanos, de la igualdad de la mujer para con el hombre, de la libertad y de la seguridad. Ahora bien, dentro de esos límites debemos hacer todos los esfuerzos para evitar la simplificación, la caricaturización, la estigmatización del Islam, de lo islámico, o de los musulmanes, como un riesgo o una amenaza a evitar. No solo porque no es justo. También porque es peligroso. Para todos.

A aquel niño del Congreso tuve la oportunidad de contestarle. “Los terroristas no son de una religión o de otra. Son solo fanáticos sin razón. A los musulmanes no vamos a echarles a ningún sitio, porque este país es tuyo, mío y suyo también. Y tenemos que aprender a convivir en paz y en tolerancia.” Espero haber llegado a tiempo.

Read Full Post »

Circulan por la red diversos manifiestos contra los intentos del Gobierno por proteger los derechos de autor y la viabilidad de las industrias culturales en los nuevos escenarios tecnológicos . Estos escritos reivindican la defensa de los “derechos fundamentales” y el funcionamiento “libre” en Internet.

A la luz de algunos argumentos desplegados en tales plataformas, se me ocurren estas ideas:

  • Si ningún “negocio” puede “situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, ¿por qué reclamar solo la gratuidad en el acceso a los productos culturales? Propongo que se garantice el acceso gratuito a los alimentos, a las medicinas, a la vivienda y a la vestimenta. ¿O es menos “fundamental” el derecho a comer o a tratar una enfermedad que el derecho a ver una película. Y, puesto que la circulación por la red debe considerarse un “derecho fundamental”, propongo también la adquisición gratuita de ordenadores y la prestación gratuita del servicio de banda ancha por las empresas tecnológicas. ¿O solo vamos a reclamar a las empresas culturales el sacrificio de sus ingresos para asegurar nuestros derechos?
  • Si para garantizar los “derechos fundamentales” exigimos que los creadores y los empleados de la cultura trabajen gratis, ¿por qué no extender esta exigencia a otros ámbitos? Propongo que trabajen gratis los médicos, los policías, los bomberos y los políticos. ¿O es menos “fundamental” el derecho a la seguridad que el derecho a escuchar una canción? Y ya que hemos quedado en que el acceso “libre” a Internet es un derecho fundamental, propongo también que trabajen gratis todos los directivos de las empresas suministradoras de los servicios tecnológicos.
  • Si se considera que el pago de los productos culturales en Internet dañaría los intereses del “sector tecnológico”, “perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía”, ¿por qué no exoneramos a este sector de otros inconvenientes? Propongo que las empresas tecnológicas no paguen el suministro de electricidad, ni los alquileres de los edificios donde producen y venden, ni los impuestos que sí se les cobran al resto del los sectores económicos. Ya que algunos manifiestos consideran que las empresas que suministran servicios tecnológicos gozan del  “desarrollo y futuro” que le niegan, por ejemplo, a la industria cultural, ¿por qué no ampliar la lista de condenas con las empresas eléctricas y las inmobiliarias?
  • Si los productos culturales deben disfrutarse gratuitamente en Internet en tanto en cuanto su “industria obsoleta” no “se adapte al nuevo entorno”, ¿por qué no extendemos la exigencia a otros productos y servicios? Pensemos en “industrias obsoletas”. ¿Valdría la industria del petróleo, que sigue contaminando sin remedio? ¿O la industria automovilística, que no acaba de ofrecernos los vehículos eléctricos que demanda el “futuro”? Ya está: coches gratis y gasolina gratis, hasta que las empresas espabilen y se adapten “al nuevo entorno”. Por cierto, ¿no hemos de considerar “obsoleto” en demasiadas ocasiones el servicio de acceso a internet, lento e ineficiente, que suministran las empresas tecnológicas? Pues gratis también.  

¿Seguimos jugando a los argumentos retorcidos o  nos ponemos a trabajar en serio para hacer compatible el derecho a la circulación libre por Internet con el derecho de los creadores culturales a controlar sus propias obras? ¿Seguimos “manifestándonos” en defensa de intereses económicos parciales o buscamos una solución que permita “desarrollo y futuro” a todas las industrias dispuestas a conquistarlo?

Y, por favor, erradiquemos de una vez por todas  la “caza al hombre” (o a la mujer). En defensa de los derechos resulta incoherente. En defensa de intereses empresariales resulta inmoral. Primero fue Bautista, después Molina, ahora González Sinde…

No dudo de la mejor intención en buena parte de los promotores y firmantes de tantos y tantos manifiestos, pero ¿por qué no manifestarnos en reivindicación de una meta común y un camino común? El Gobierno estaría por la labor. Seguro.

Read Full Post »

SOSTENIBILIDAD

El concepto es difícil de explicar y de aprehender. Incluso la palabra es difícil de pronunciar. Pero probablemente el concepto y la palabra encierran el mayor desafío al que se enfrenta hoy la sociedad española. Y el reto más importante para el Gobierno y para la izquierda que le inspira y que le sostiene.

 

Los socialistas lideramos en buena medida el cambio político que ha hecho de España una democracia equiparable a la de los países más avanzados del mundo. Fueron los gobiernos socialistas los que impulsaron el cambio social construyendo los cimientos de nuestro Estado del Bienestar. Y ahora le corresponde nuevamente al socialismo gobernante propiciar otro cambio histórico: el cambio que ha de conducirnos desde la economía industrial a la economía tecnológica.

 

Los cambios a emprender serán tan profundos como inexorables. Se trata de transformar el qué producir y el cómo producir. El viejo modelo económico fundamentaba nuestro crecimiento en el ladrillo especulativo, los servicios turísticos de calidad media-baja, y una industria que basaba su competitividad limitada en los salarios reducidos. La última crisis nos ha demostrado que este modelo se ha agotado. Este modelo no puede asegurarnos productividad, competitividad, empleo, derechos y bienestar. Este modelo nos condena al paro y al subdesarrollo.

 

La economía española ha de subirse al tren de la economía del conocimiento, de la revolución tecnológica, de los mercados globales. En palabras de Rodríguez Ibarra, hemos de superar la era analógica para incorporarnos definitivamente a la era digital de la historia. El nuevo modelo dará a luz nuevos productos, nuevos servicios, nuevas claves competitivas, nuevas formas de producción, nuevos empleos… Por vez primera, además, el ser humano deberá tener en cuenta la preservación de su entorno natural. Y el gran objetivo de la izquierda seguirá siendo el de evitar que la nueva marea arrastre los derechos de los trabajadores y las políticas que aseguran la equidad y la justicia social.

 

Se está repitiendo hasta la saciedad en estos días: una ley no cambia el modelo económico. Y es cierto. Pero una ley de economía sostenible puede fijar metas, orientar comportamientos y facilitar el camino a quienes hacen las apuestas que importan. Por esta razón nos importa la ley, más allá del contenido concreto del texto.

 

¿Qué hay que “sostener” en el nuevo modelo productivo? Primero, una actividad económica con crecimiento sólido, asentada sobre los pilares de la competitividad: educación, formación, investigación, innovación, inmersión tecnológica, capital físico, internacionalización… Porque la construcción residencial a destajo y el chiringuito playero ya no nos proporcionarán ni riqueza ni trabajo como antaño.

 

Segundo, un sistema financiero al servicio de la economía real. Porque lo contrario nos ha llevado al desastre. Tercero, un sistema laboral reformado y a la altura de los nuevos requerimientos de productividad y competitividad, que asegure la “empleabilidad”, el empleo y los derechos de los empleados. Porque el sistema actual nos conduce al 20% de paro.

 

Cuarto, una economía compatible con la preservación del medio ambiente y basada en energías renovables. Porque ignorar los efectos ambientales de la economía y perseverar en la economía del carbono nos lleva al suicidio. Y quinto, un “Estado Global” capaz de garantizar la “libertad regulada” en los mercados, al tiempo que promueve la equidad social. Porque la deserción de lo público nos devuelve a la selva.

 

La ley en tramitación no agota ni mucho menos el catálogo de medidas a adoptar. Entre otras razones porque gran parte de las medidas a adoptar no tienen que proceder de la administración, sino de los propios emprendedores y de los agentes económicos y sociales. Pero miente a conciencia quien niega virtualidad y eficacia a algunas de las medidas que contiene el proyecto: la regulación de las remuneraciones de los directivos financieros y de los productos de “riesgo”; los planes de austeridad y racionalización del gasto público; las nuevas oportunidades para la colaboración público-privada con sociedades mixtas y avales del Estado; la reducción de plazos y trámites para crear empresas; la reducción de la morosidad en los pagos de la administración; la consideración de la banda ancha como un derecho universal; el fomento de la creación de empresas de base tecnológica; los estímulos fiscales a la I+D+i; el impulso a la formación profesional; las ayudas a la internacionalización; la reducción de gases y el ahorro energético en los transportes; la apuesta por la rehabilitación de viviendas para mantener actividad constructiva…

 

La gran pregunta, no obstante, está por responder: ¿Cómo convertiremos la “sostenibilidad” en un discurso político entendible y a compartir por el conjunto de los ciudadanos? ¿Cómo hacer de la “sostenibilidad” un vector de identificación y de movilización para la izquierda? Nos queda un trabajo apasionante y duro por delante…

 

 

 

 

Read Full Post »