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Archive for 26 noviembre 2009

(Comentario sobre el editorial de los periódicos catalanes)

Un grupo de periódicos catalanes ha publicado un editorial conjunto bajo el título de “La dignidad de Catalunya”. Con todo el respeto debido al ejercicio de la libre expresión, considero inaceptable que se califique de “menoscabo a la dignidad” de Cataluña tanto la manifestación de toda posición mínimamente crítica hacia el contenido de su Estatuto como el ejercicio obligado por parte del Tribunal Constitucional de su funciones jurisdiccionales.

 

El contenido del editorial, equivalente a las declaraciones efectuadas en estos días por relevantes líderes de la política catalana, merece la consideración de posicionamiento legítimo en la medida en que expresa una opinión respecto a las cualidades de la norma estatutaria y a sus consecuencias en la relación de Cataluña con el resto de España. Ahora bien, tal posicionamiento pierde legitimidad cuando descalifica gravemente como amenazas a la “convivencia” la expresión de opiniones diferentes sobre esa misma norma, o cuando niega capacidad al Tribunal Constitucional para emitir sentencia en virtud de su supuesto “prestigio erosionado”.

 

No entraré al fondo del debate sobre la pertinencia o no de la última reforma del Estatuto catalán, ni tan siquiera sobre la constitucionalidad o no de su contenido. Sí creo que merece la pena defender claramente la legitimidad de un debate al respecto sin descalificaciones ni amenazas, y desde luego cabe defender la legitimidad del órgano que interpreta la constitucionalidad de todas las normas en España para emitir la sentencia que mayoritaria y autónomamente consideren sus miembros. Sea la que sea. Y sin coacciones.

 

El Estatuto vigente fue objeto de una tramitación conforme a derecho y se aprobó en el Parlamento autonómico, en las Cortes Generales y mediante referéndum por parte de la sociedad catalana. En virtud de estos hechos merece nuestro respeto y nuestro respaldo. Pero una cosa es esto y otra cosa es la descalificación institucional en nombre de “la dignidad de Catalunya” para todo aquél que ose pronunciar un “pero”. Y claro que hay “peros” por discutir.

 

¿Puede discutirse la atribución del término “nación” para la realidad política catalana cuando la Constitución solo otorga esta distinción a la “nación española”? ¿Puede un Estatuto establecer la obligación para un español de conocer una lengua además de la que es oficial en todo el Estado? ¿Puede reservarse vía estatutaria un porcentaje de las inversiones del Estado para una comunidad concreta, independientemente de lo que aconseje el interés general en aplicación de los principios constitucionales de la cohesión, la solidaridad y la igualdad de todos los españoles? Desde luego que pueden discutirse las respuestas a estos interrogantes. Y resulta inaceptable que se tache institucionalmente de “ensoñaciones uniformistas”, de “inmadurez democrática” o de “cirujía de hierro sobre la raíz de la complejidad española”, a cualquier planteamiento que se separe un milímetro del “pensamiento único” que expresa el editorial.

 

Por otra parte, los autores del texto en cuestión practican aquello que denuncian. El editorial habla de un Tribunal Constitucional “empujado” y “orientado”, pero la intención última de tal iniciativa, su contenido, su escenificación y el momento elegido para hacerla pública, solo pueden interpretarse en clave de presión sobre los magistrados para que avalen el contenido del Estatuto vigente. Los argumentos que se ofrecen para deslegitimar al TC son fácilmente rebatibles. Primero, el TC no dicta sentencias para ofender o para salvar la “dignidad” de ninguna sociedad, sino para garantizar el ajuste a la Constitución de una norma. Segundo, ningún pacto político y ningún referéndum de parte alguna del pueblo español puede vulnerar el marco constitucional que nos hemos otorgado todos los españoles y cuya vigencia asegura el TC.

 

Tercero, la votación de una ley en las Cortes Generales por los legítimos representantes del pueblo español no otorga a esa ley, sea cual sea su naturaleza o contenido, patente de corso para saltarse la Constitución. Cuarto, los miembros del TC jamás tendrán en cuenta las presiones, cuando no amenazas apenas veladas, que se contienen en afirmaciones de siguiente tipo: “Están en juego pactos profundos”, “Se va a decidir sobre el marco de convivencia español”, “Los catalanes piensan en su dignidad; conviene que se sepa”, “No estamos ante una sociedad postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad”… Tampoco servirán las alusiones a potenciales reivindicaciones al por mayor si el Estatuto recibe una sentencia adversa. Todos sabemos que la reivindicación del concierto económico catalán y la transferencia del aeropuerto del Prat llegarán pase lo que pase en el TC. Porque este comportamiento forma parte de la naturaleza misma del nacionalismo catalán.

 

Y quinto: si el TC no puede dictar sentencia legítima porque carece de “prestigio”, ¿cuántas decisiones institucionales deberíamos anular en función del déficit de “prestigio” del órgano que la ha adoptado? ¿Está suficientemente “prestigiado” el Parlamento catalán? ¿O el español? ¿Están prestigiados todos los periodistas? ¿Quién otorga el certificado de “prestigio”?

 

Por el bien de esa “convivencia” a la que convoca el editorial sería recomendable que dejáramos trabajar al TC para que cumpla con su función y dicte una buena sentencia. Y una vez establecida la sentencia por quien corresponde, todos hemos de acatarla. Diga lo que diga. Mientras tanto, la “convivencia” exige más respeto y menos amenazas. Porque si algunos pueden pronosticar “la legítima defensa de la sociedad catalana”, estoy convencido de que el conjunto de la sociedad española también sabrá defenderse.

 

La “dignidad” de Catalunya y de España se mide también en función del respeto que todos sus integrantes muestran por el buen funcionamiento de sus instituciones democráticas.

 

 

 

 

 

 

 

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La buena noticia es que ya no se discute sobre nuestras posibilidades para salir de la crisis, sino tan solo sobre cuándo y cómo saldremos. La mala noticia es que el Príncipe de Lampedusa parece dispuesto a hacerse con el timón del proceso que ha de conducirnos a la recuperación de la actividad económica y el empleo.

Emilio Botín, primer banquero de España y uno de los primeros del mundo, emulando al célebre Giuseppe Tomasi, ha advertido contra cualquier reforma de calado en el sistema financiero, dando por buena la sentencia lampedusiana de que “todo debe cambiar para que todo siga igual”.

Durante el último año y medio los españoles hemos aprendido algunas lecciones de economía. Las hemos pagado muy caras. Una recesión profunda y duradera, más de dos millones de empleos destruidos, miles de familias sobreviviendo al límite, los servicios de bienestar sobrecargados, el déficit y la deuda pública galopando…

Las lecciones son pocas, pero han quedado grabadas a sangre y fuego. El sistema financiero no debe volver a funcionar como una partida de póker en la que unos pocos se forran apostando la supervivencia de nuestras empresas y de nuestros trabajos. La economía real no puede mantener una dependencia tan vulnerable respecto a los vaivenes especulativos del mercado crediticio. Nuestro modelo productivo debe ganar competitividad superando el monocultivo del ladrillo y el turismo de playa. Los trabajadores españoles necesitan más formación y más “empleabilidad” para atajar los excesos de temporalidad y precariedad…

Pero el infartado ya ha recuperado pulso, gracias a la descarga de miles de millones en dinero público. El jugador de timba vuelve a tener el casino limpio y repuesto, merced al sacrificio de todos. Los números de los grandes bancos tornan del rojo al negro. Los valores del Ibex 35 parecen nuevamente atiborrados de viagra. Y ahora los que asistían pálidos de terror a la caída del palacio Lehman y suplicaban “un paréntesis en la economía de mercado”, se apuntan a las tesis de Lampedusa. ¿Para qué cambiar si nuestros bolsillos vuelven a llenarse?

A la hora de afrontar las reformas imprescindibles que requiere nuestro sistema financiero, no podemos menos que entender las resistencias de quienes representan intereses muy parciales, pero hemos de mantener muy firme la voluntad y el rumbo que marca el interés general. Con la misma legitimidad que Botín “advierte” contra los “excesos regulatorios sobre los flujos financieros”, en defensa de la cuenta de resultados de su empresa, los representantes de los ciudadanos tenemos que ejercer nuestra función reformadora y reguladora, en defensa de la cuenta de resultados del conjunto de la ciudadanía.

Hay al menos siete reformas irrenunciables. La regulación estricta sobre qué circula y cómo circula por los cauces del entramado financiero, asegurando su adecuación a las demandas de la economía real y limitando los riegos de burbujas estallantes. Los “requerimientos de capital” o “seguros de depósitos” para evitar que la caída de los monstruos de las finanzas arrastre miles de empresas y puestos de trabajo. La prohibición de los productos “tóxicos” y la limitación de trading y titulaciones que convierten los mercados en casinos tan opacos como peligrosos.

La fiscalidad sobre las operaciones financieras internacionales y sus beneficios, con la propuesta de tasa Tobin resucitada recientemente por Gordon Brown. Los límites a las remuneraciones de altos directivos y agentes comerciales de las empresas financieras, impidiendo que los bonus e incentivos estimulen la especulación y el riesgo excesivo. La erradicación definitiva de los “paraísos fiscales” que albergan y amparan acciones fuera de la ley y de la moral a cambio de una retribución indecente. Y el reforzamiento de los instrumentos públicos para el control, la supervisión y la intervención en el sistema financiero en cumplimiento del ordenamiento jurídico. Ya he planteado el interrogante otras veces: ¿Por qué no una banca pública?

A estas reformas sobre el marco financiero habría que añadir las que también resultan inaplazables en el sistema educativo, en el modelo productivo, en el impulso a la I+D+i, en la promoción de las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento, en la actualización del mercado laboral, en la modernización de nuestra industria, en la apuesta por una fiscalidad suficiente y justa, en la consolidación de un Estado de Bienestar que asegure la igualdad de oportunidades…

Nos importa salir de la crisis. Y nos importa salir bien de la crisis. Por tanto, no nos basta con que los herederos intelectuales del autor del “Gatopardo” puedan recuperar la orgía de beneficios y récords bursátiles. Después de tanto sufrimiento y de tanto sacrificio, queremos más y, por una vez, queremos que sea para beneficio de todos.

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Durante los últimos días se han producido dos encuentros internacionales muy relevantes. La conmemoración de la caída del Muro de Berlín, y la reunión de los ministros de economía del G-20 en la localidad escocesa de Saint Andrews. El primero ha contado con más repercusión política y mediática, pero puede que el segundo resulte de mayor trascendencia histórica.

 

Hace veinte años, en la capital de la Alemania dividida derribamos el muro del dogmatismo comunista: todo Estado y cero mercado, con el sacrificio de la libertad. Y, quizás, el pasado sábado en un pequeño municipio británico abrimos la primera grieta en el muro del dogma del capitalismo global: todo mercado y cero intervención pública, con el sacrificio de la igualdad.

 

El pico con el que resquebrajar el muro apareció en las manos más insospechadas. El honor fue para Gordon Brown, el líder del Partido Laborista que en su momento enarboló la Tercera Vía, como fórmula de legitimación del capitalismo descarnado a los ojos de los progresistas de todo el mundo. El mismo líder laborista que ahora necesita movilizar a su electorado de izquierdas para frenar el ascenso imparable de su rival, el conservador Cameron.

 

Para sorpresa general, Brown propuso a los representantes de las principales potencias económicas del mundo “un nuevo contrato económico y social para reflejar la responsabilidad de las instituciones financieras ante la sociedad”, y habló más concretamente de “tasar las transacciones financieras globales”. Es decir, el Primer Ministro de la capital financiera de Europa resucitó en toda regla el debate sobre la Tasa Tobin. Este hecho hubiera resultado impensable con anterioridad al estallido de la crisis que ha puesto en cuestión la viabilidad de la arquitectura financiera internacional vigente.

 

La propuesta se planteó en el marco del debate sobre las estrategias a desarrollar frente a los “riesgos sistémicos” del mercado financiero. Se trataba de prevenir nuevas burbujas cuyo estallido pudiera volver a llevarse por delante el equilibrio de la economía global, además de millones de puestos de trabajo. Hubo más alternativas: un seguro obligatorio frente a estos riesgos, un fondo de resolución de carácter internacional (a la manera de nuestro Fondo de Garantía de Depósitos)… Pero la contribución más original y valiente fue la del propio anfitrión. Y aunque la reacción fue algo fría, por primera vez en la historia de este tipo de reuniones nadie se negó a considerar la idea. Ni tan siquiera el director del FMI. Strauss-Kahn se limitó a señalar las dificultades y a solicitar que se hablara de “tasa FMI” en lugar de “tasa Tobin”. Extraordinario.

 

La nueva tasa global sobre las transacciones financieras internacionales contribuiría decisivamente a alcanzar dos grandes objetivos. En primer lugar, al penalizar las operaciones financieras más arriesgadas ayudaría a prevenir futuros “cracks” como los sufridos a consecuencia de las hipotecas-basura o los fondos de alto riesgo. En segundo lugar, los recursos recaudados podrían financiar tanto el fondo de garantía que reclaman los ministros económicos, como grandes objetivos de carácter internacional bajo supervisión de Naciones Unidas: la lucha contra el hambre y el analfabetismo, la preservación del medio ambiente…

 

La aplicación de esta tasa no puede ser inmediata y necesariamente estará sujeta a condiciones estrictas de globalidad, de progresividad, de mesura, de prudencia… Pero la izquierda debe aprovechar esta pequeña grieta en el muro para agitar las conciencias anestesiadas por la propaganda liberal, para recuperar la iniciativa largo tiempo perdida, y para mover el ánimo de unos electores algo desorientados por la capacidad de liderazgo que muestran país a país precisamente los representantes de la ideología que nos ha llevado al desastre de la crisis. Ahora o nunca.

 

Justamente durante la preparación de la cumbre de Saint Andrews se dieron a conocer los últimos datos sobre el hambre en el mundo, que alcanza ya a más de mil millones de seres humanos. Basta este dato espeluznante para justificar una iniciativa que además supondría un avance fenomenal en la consecución de una auténtica gobernanza global, un orden económico internacional más justo y una regulación de los mercados globales que, además de la eficiencia en el beneficio empresarial, busque el equilibrio, la solidaridad y la equidad.

 

¿Por qué confiar tan solo en los agobios electorales de Brown? ¿Por qué no somos los socialistas españoles los que nos ponemos al frente?

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A MÍ QUE ME EXCOMULGUEN

FotografiaMarCamEl obispo Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, ha amenazado de “herejía” y “excomunión” a todos los diputados que se atrevan a respaldar la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Conmigo pueden ir adelantando trabajo. Ya les anuncio: votaré sí. Que me excomulguen.

Las reacciones a la amenaza eclesial han variado en el Congreso desde la vergüenza ajena hasta la justa indignación y la rechufla carcajeante. Personalmente he pasado del sudor frío al alivio. Mantengo la terrible convicción de que si viviéramos algunos siglos atrás, este señor y sus jefes estarían preparándonos el auto de fe y la hoguera en la Plaza Mayor. Me río lo justo.

Ningún diputado cambiará el sentido de su voto a causa de esta presión burda. Logrará, todo lo más, sonrojar a las personas que honestamente profesan una creencia religiosa. Pero no podemos quedarnos ahí. Se trata de una amenaza intolerable hacia los legítimos representantes de la ciudadanía y sus autores merecen una denuncia contundente.

¿Por qué se caracteriza la actual cúpula de los obispos? Actúan como si España fuera aún un Estado confesional, como si no hubiera muerto el dictador que paseaban bajo palio, como si no hubiera llegado la democracia y la Constitución, como si las leyes tuvieran que promulgarse conforme a sus dogmas religiosos y morales, como si fueran los ayatolás de occidente. 

Actúan conforme a una moral cínica, porque condenan al diputado que defiende el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, mientras cierran los ojos ante los gobernantes que nos llevaron a la guerra de Irak, ante los regímenes que mantienen la pena de muerte, ante las naciones que reducen la ayuda al desarrollo con mil millones de hambrientos en el mundo, incluso ante sus propios colegas que abusan de los niños en los cuartos oscuros de las sacristías.

Los embarazos no deseados son un problema grave para los jóvenes y sus familias. Los abortos constituyen a la vez un drama personal y un fracaso colectivo. Y cuando la sociedad y sus instituciones reaccionan ofreciendo prevención, ayuda, opciones, seguridad y derechos a las mujeres que sufren esta situación, los obispos se limitan a hablar de pecado mortal, a señalar a la víctima con sus dedos acusadores, a amenazar con el infierno a quien ose ayudarlas… Las quieren en la cárcel. Y no lo vamos a permitir. Aunque nos excomulguen.

Lo que más me duele es pensar que a estos nuevos inquisidores los mantenemos con nuestros impuestos.

 

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SEDE PPAnte la pregunta que encabeza este comentario, los militantes del PP suelen responder de una manera tan imprecisa como heterogénea. “Liberal”, “conservadora”, “reformista”, “cristiana”, “de derechas”, “de centro”… son las contestaciones más frecuentes. Este déficit de identidad ideológica se refleja también en la consideración del elector general respecto al principal partido de la oposición en España.

Podría concluirse que tal imprecisión responde a una estrategia calculada, bien para camuflar el auténtico programa máximo de los dirigentes del PP, o bien para acoger en su seno los votos de un amplio espectro de ciudadanos, desde las fronteras del progresismo hasta la derecha más extrema. No obstante, creo que en el presente contexto la falta de definición ideológica ocasiona más dificultades que ventajas a este partido. De hecho, a mi juicio, la falta de referencias ideológicas sólidas está agravando los problemas de cuestionamiento del liderazgo, de luchas permanentes por el poder interno y de corrupción cada vez más generalizada.

La coincidencia en torno a unas coordenadas ideológicas y un programa de gobierno contribuye a consolidar la cohesión interna y el respeto al liderazgo establecido, en mayor medida que las medidas disciplinarias o las llamadas a la lealtad para con la dirección. Mantener alta la bandera de unos principios claros y explícitos ayuda asimismo a recordar a los cargos públicos que su presencia en las instituciones no responde a la simple querencia por el poder, las prebendas o el beneficio particular, sino al cumplimiento de un propósito de interés general con un fundamento ideológico.

El PSOE es un gran partido que concita apoyos masivos y heterogéneos en la sociedad española. Sus doscientos mil afiliados y sus más de once millones de votantes no piensan de forma idéntica, pero identifican claramente al partido socialista como una formación de ideología socialdemócrata, con un pasado conocido y un presente reconocible. El conjunto de la ciudadanía estará más o menos de acuerdo con el programa o las decisiones concretas que el PSOE plantea en el día a día, y aprobará en mayor o menor medida su capacidad para gestionar los problemas y los retos de la colectividad, pero todos saben qué pueden esperar de los socialistas en España o en el resto de Europa en lo relativo a las políticas sociales, a la extensión de derechos y libertades, al papel del Estado…

Pero, insisto, ¿cuál es la ideología del PP? Aznar y su factoría FAES se han convertido en una referencia internacional para las posiciones de derecha extrema, en lo relativo a las políticas migratorias o a la confrontación oriente-occidente. Rato y Montoro aspiran a representar la tradición más liberal en los escenarios puramente económicos. Aguirre representa una suerte de peronismo castizo. Trillo y Mayor Oreja parecen recoger el testigo de la vieja democracia cristiana que acompañó a Fraga en la fundación de AP. Gallardón es tan de derechas como el que más, pero su ambición sin límite y su infinito posibilismo le llevan a disfrazarse de lo que convenga en cada momento.

Los nuevos reyes de Taifas en los gobiernos autonómicos, por su parte, conviven mal con los herederos de la sólida tradición estatista entre los conservadores de nuestro país. Y finalmente están los que hacen a pelo y a pluma. Los que claman por la bajada de impuestos y las privatizaciones en clave liberal por la mañana, y por la tarde exigen un Estado omnipresente y fuertemente inversor para activar la economía, para modernizar las infraestructuras o para garantizar la igualdad de los españoles.

Porque, ¿dónde están las referencias europeas del PP? ¿En la democracia cristiana con alma social de Merkel? ¿En el nacionalismo populista de Sarkozy? ¿En el tradicionalismo liberal y euroescéptico de Cameron? ¿En el neofascismo liberticida de Berlusconi? ¿En el mesianismo religioso de Bush? Y aquí en casa, ¿por qué razón sus simpatizantes no han de votar a Rosa Díez, o a Durán, o a Coalición Canaria? ¿Qué les distingue, además de la gaviota y la banda sonora de la campaña? ¿Hasta qué punto la cúpula eclesial, los mandamases de la banca o los periodistas más influyentes les van marcando el camino? Durante un tiempo nos congratulamos porque la convergencia popular había achicado el espacio a la ultraderecha, pero ¿tendremos que lamentarnos ahora porque esa derecha ultra se está haciendo con los mandos claves de un partido que puede volver a gobernar España?

Para quienes les escuchamos cada día en el Congreso, sin una sola concesión a los acuerdos estratégicos, sin una alternativa constructiva ante la crisis, sin una propuesta positiva para resolver problema alguno, tenemos clara la respuesta. Los actuales dirigentes del PP no tienen más ideología que el poder. La única idea que les guía es la de doblegar a los socialistas y ocupar el Gobierno. ¿Cómo? ¿Para qué? Eso es lo de menos. Cosa secundaria.

No es una buena noticia. Ni para la derecha española, ni para el conjunto de los ciudadanos españoles. Al PP le conviene debatir, definir y asumir una identidad ideológica clara, con un programa reconocible que vaya más allá de “echar a ZP” y que ofrezca respuestas alternativas para las necesidades y los retos de la política, la economía y la sociedad de nuestro país. Solo así podrán atenuar sus luchas de poder y confirmar sus liderazgos.

Y a los españoles nos interesa un partido que represente al electorado más conservador, equiparable a las formaciones conservadoras europeas, con capacidad de control eficaz al Gobierno, pero con capacidad también para generar ideas, propuestas y compromisos en orden a preservar el interés común.

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20071231elpepunac_2Las dudas acerca de la conveniencia de mantener nuestras tropas en la guerra de Afganistán están aumentando en la opinión pública española. Y es lógico. Esta guerra se ha llevado hasta el momento 87 vidas españolas. Todos los analistas coinciden en que los riesgos para la seguridad de nuestros soldados van a incrementarse en el futuro próximo. Las perspectivas de resolución del conflicto no son nada optimistas. Es más, todo parece indicar que las cosas van de mal en peor. Cada día comprobamos a través de los informativos cómo los talibanes mantienen su actividad e incluso se refuerzan, a pesar de la nutrida presencia de fuerzas armadas aliadas. Obama esta replanteándose la estrategia de su país. Y Afganistán queda tan lejos…

 

Las dudas son lógicas. Pero el sentido común aconseja mantener nuestro compromiso en esta operación, por arriesgada e incierta que nos parezca. Porque no podemos abandonar una misión decidida en el marco de Naciones Unidas. Porque no podemos dejar en la estacada a los otros 42 países aliados que mantienen sus tropas en Afganistán bajo la bandera de la ISAF. Y porque en esta guerra no se dirime solo la libertad y la democracia de un país lejano. En Afganistán se juega la estabilidad de una región clave para la seguridad internacional. En otras palabras, la batalla contra la amenaza terrorista en nuestras calles se está librando en las agrestes montañas afganas.

 

El camino proyectado por la comunidad internacional, para erradicar el nido de la serpiente talibán y para dotar a Afganistán de un Estado normalizado, está salpicado de obstáculos. El narcotráfico engrasa la vieja estructura tribal que sostiene a los insurgentes. Las alianzas espúreas del Presidente Karzay con los señores de la guerra le restan legitimidad y crédito al discurso de la democratización y la modernización del país. El remedo de elecciones celebradas recientemente no ha logrado sino subrayar esta impresión. Las continuas bajas civiles ocasionadas por las fuerzas aliadas vuelcan la opinión a favor de los talibanes. Y la ausencia de avances en la estrategia de la ISAF contribuye a su vez a la desestabilización de Pakistán, cuya contribución es fundamental para el desenlace del conflicto.

 

Sin embargo, una salida a destiempo de las tropas aliadas consolidaría esta tierra como santuario talibán y foco de actividades terroristas para todo el mundo. Además, el fracaso manifiesto de la ISAF reforzaría el prestigio de sus enemigos en la intolerancia y el fanatismo radical islámico, alentando la acción insurgente en otros países con una estabilidad precaria. Y todo esto sin olvidar a los millones de afganos y afganas que llevan sufriendo más de ocho años de guerra, y que no merecen una estampida por parte de quienes les prometieron desarrollo y derechos.

 

Estados Unidos busca una nueva estrategia. Los aliados ya han convenido un viraje drástico en su trabajo. La solución a la encrucijada no será fácil. Pero hay al menos cinco grandes claves ineludibles. La preeminencia del enfoque político sobre el estrictamente militar en el diseño de las grandes decisiones. La perspectiva regional de un conflicto que no puede circunscribirse a un solo país. La “afganización” de las soluciones a aplicar, con un Estado legítimo, democrático y dotado de un ejército y una policía adecuados para mantener la seguridad. Y un horizonte temporal preciso para que las fuerzas aliadas salgan del país y traspasen el testigo de su control a las autoridades afganas.

 

En el fondo de este conflicto se está dirimiendo también el crédito y la viabilidad del nuevo orden internacional por el que trabaja Obama, y gracias al cual se ha hecho justo acreedor del Premio Nobel de la Paz. El diálogo y el entendimiento entre diferentes como alternativa a la ley del más fuerte. El respeto a la legalidad internacional y a la labor de las organizaciones que impulsan una incipiente gobernanza global. La alianza de las civilizaciones. Algunos lo llaman “buenismo”. Yo lo llamo “el único futuro posible”.

 

Lo de Afganistán tiene que salir bien. Hay demasiadas cosas importantes que dependen de ello. Y los españoles tenemos que arrimar el hombro. Por duro que resulte.

 

 

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opv-cibeles-caja-madridNo tengo intención de valorar el proceso de renovación del Consejo de Cajamadrid. Ese esperpento se valora por sí mismo. Por suerte, en esta ocasión no me toca a mí ser protagonista de negociación ni de decisión alguna. Mi posición es la de mi Partido. Y comparto con la dirección de mi Partido el disgusto ante todos los nombres del PP que han aparecido en las quinielas para dirigir la entidad.

Sin embargo, entre las muchas tonterías que se están diciendo en este proceso hay una que me irrita especialmente. Se trata de ese argumento que descalifica a cualquier “político” de entrada y sin más matices para presidir una Caja de Ahorros, para participar en su Consejo de Administración o, tan siquiera, para opinar al respecto.

Hay quienes están dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero para hacer calar este argumento al socaire del triste espectáculo que está dando el PP en la Caja madrileña. Incluso han fabricado un “estudio”, “avalado” por dos profesores de la London School y financiado por la Fundación Fedea (integrada por banqueros y empresarios de postín).

Voy a permitirme participar en este suculento debate, y espero que se me presuma el mismo “desinterés”, al menos, que yo presumo para los autores del mencionado “estudio”.

  • La diferencia entre un banco privado y una Caja de Ahorros radica en que el primero busca maximizar el beneficio pecuniario para sus accionistas mientras la segunda participa de un compromiso con el interés general. ¿Y quiénes están mejor capacitados para interpretar ese interés general en la gestión de una Caja? ¿El representante de los ciudadanos legitimado por las urnas o el “profesional” con siete masters en las más conocidas y endogámicas academias financieras?
  • Si partimos del hecho inexorable de que todas las personas participamos de una ideología y de que inexorablemente aplicamos tal ideología a nuestro trabajo, ¿por qué no asegurarnos de que las Cajas persiguen el interés general aplicando la ideología mayoritaria entre los ciudadanos? ¿O alguien quiere convencernos de que los “profesionales” formados en aquellas academias son ideológicamente “asexuados”? ¿Carece de ideología Pizarro? ¿O MAFO? ¿No será que su ideología es menos presentable, y tras los fracasos de la desregulación neoliberal debe camuflarse de “profesionalidad”?
  • A todo esto, ¿quiénes son los “políticos”? ¿Solo los que han ejercido un puesto de gestión o de representación pública? ¿Solo los que están afiliados a un partido? ¿No es “político” el que cuenta con ideas políticas y actúa conforme a propósitos políticos? ¿No es “político” el que pretende influir sobre el funcionamiento de las instituciones públicas? ¿Es menos “político” Botín que yo?
  • Quienes manejan el espantajo del “político” al frente de una institución financiera procuran ignorar que las estructuras funcionales de las Cajas, como ocurre en los bancos, están sólidamente conformadas por trabajadores experimentados cuya actividad no tiene que verse afectada por el curriculum de quien preside la entidad. Así ha ocurrido con el “político” Serra, o con el inspector de hacienda Blesa…
  • ¿Alguien pretende generar desconfianza en los “políticos” al frente de las Cajas a base de llamar a la confianza ciega en la clase “profesional” que inventó las hipotecas-basura o los fondos de riesgo, que se cargó gigantes como Lehman Brothers y que provocó el epicentro de esta crisis?
  • Puestos a manejar espantajos, ¿alguien dudaba de la “profesionalidad” de Madoff? ¿No eran apabullantes sus premios, reconocimientos y masters? ¿Cómo se justifica el prejuicio de que actuará con más eficiencia y más honestidad un banquero o un empresario que un “político”? ¿No hay banqueros y empresarios inútiles y corruptos? ¿Hacemos una lista?
  • El argumento más decisivo lo tomaré prestado precisamente del propio “estudio” que intenta demostrar que la “politización” de las cajas resulta negativa para su funcionamiento. Alegan sus autores que tal “politización” lleva a las Cajas a mantener abiertas más sucursales y a arriesgar mayor nivel de morosidad en su actividad crediticia. ¿Pero no es esa exactamente su función? ¿No es esa la razón de ser de las Cajas? Acusar a los responsables de las Cajas de contar con más oficinas de atención directa al público, o de facilitar crédito a las familias más necesitadas y a los emprendedores con menos garantías, contribuye a legitimar su diferenciación respecto a la banca privada y a defender su pervivencia y singularidad en nombre del interés general.
  • Y ¿por qué los autores de este “estudio” de encargo olvidaron mencionar los resultados más que positivos del conjunto de las Cajas españolas durante los últimos treinta años? ¿Por qué evitaron aludir a los miles de millones de euros que las Cajas devuelven cada ejercicio a la sociedad a través de sus obras sociales y culturales, mientras los bancos privados reparten bonus millonarios a sus ejecutivos y dividendos sustanciosos a sus ricos accionistas? ¿Por qué no reconocen que la presencia de “políticos” en las direcciones de las Cajas podría ayudar a dirigir la actividad de estas instituciones hacia la financiación de actividades productivas para anticipar la salida de la crisis, mientras algunos bancos privados administran cicateramente el crédito a fin de asegurar el beneficio privado?

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