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Archive for 29 octubre 2009

ASCO

monedas-surtidas2-npSiento asco. Un asco atroz. Como cualquier ciudadano. Me da igual que el hedor llegue de Madrid, de Valencia o de Santa Coloma. Me resulta indiferente que la podredumbre  anide en la especulación del suelo, en la visita del Papa o en el negocio funerario. No me importa que la pus estalle en forma de trajes, de “Infinitis” o de millones escondidos en paraísos fiscales.

Porque siento un asco infinito ante el comportamiento de todos aquellos que traicionan por las treinta monedas de la vergüenza la confianza de la gente que les confío sus recursos y sus instituciones. En cualquier época. Pero más aún en una época de crisis, cuando hay millones de familias sin trabajo y con problemas para llegar a fin de mes. 

Y siento asco especialmente como responsable político. Porque esta gentuza provoca una mancha indeleble sobre la imagen que todos los ciudadanos perciben de nuestro honor y nuestra honradez. Porque destrozan el imprescindible crédito ciudadano en sus instituciones y en sus representantes. Porque son un lastre difícil de cargar en el trabajo duro que día a día sobrellevamos quienes nos dedicamos honestamente al servicio público.

Es verdad que “no somos todos iguales”, como se ha dicho. Cada día trato con políticos de todos los partidos, y estoy convencido de su honradez personal y de su lealtad a las reglas del juego limpio. Pero también sé que la actitud vomitiva de unos pocos corruptos lleva a muchos ciudadanos a desconfiar de la política, y a adoptar un prejuicio terrible e injusto ante todos los que nos dedicamos a esto.

¿Qúé hacer? Ser más exigentes. En la prevención y en la persecución del delito. Con transparencia absoluta en el comportamiento público y privado del político. Aunque paguemos justos por pecadores situándonos todos bajo una absurda sospecha permanente. Y con contundencia absoluta para el que mete la mano en la caja. Sin paños calientes.  

Un consuelo a medias: no hay impunidad. La policía, la fiscalía y la Justicia funcionan. Todos van cayendo, por muy seguros que se sientan. Bueno, todos, todos, no… Los que vendieron la Funeraria madrileña por cien pesetas se van de rositas, con bendición judicial incluida. Y ahí sigue esa asignatura pendiente de la democracia española que es la investigación definitiva y la depuración de responsabilidades por el “tamayazo”.

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Flexibilizar el despido. Facilitar el despido. Abaratar el despido. Estas son todas las “reformas estructurales para salir de la crisis” que reclama la patronal como condición para llegar a acuerdos en el marco del diálogo social. Son las mismas “reformas” que se ocultan tras el discurso crítico del PP, en el que jamás se explicitan alternativas concretas a la política económica del Gobierno. Y son exactamente las “reformas” que recitan los seguidores irredentos del catecismo liberal, del Banco de España al FMI, a pesar de que la crisis que dicen combatir tiene su origen precisamente en los postulados de ese mismo dogma.

 

En este país estamos acostumbrados a los pescadores de río revuelto, a los ventajistas que no pierden oportunidad para procurar el provecho propio a costa del mal global, a los “tacticistas” incapaces de sacrificar el pequeño beneficio inmediato para favorecer el gran beneficio general a medio plazo. Pero aún así sorprende la insistencia pública e impúdica en una reivindicación que no se sostiene ante el análisis más somero. Porque si algo ha demostrado el mercado laboral español durante el último año y medio es que aquí se despide con facilidad: 1.600.000 nuevos parados constituyen la mejor prueba. Porque aún están pendientes de afrontarse otras reformas laborales, para facilitar la creación de empleo en lugar de su destrucción. Y porque puestos a reformar, las auténticas reformas urgentes en nuestra economía debieran tener su objetivo prioritario en el ejercicio eficiente, competitivo y responsable del empresariado.

 

Para que todo el mundo se aclare: la “reforma” propuesta por la CEOE consiste en “descausalizar” el despido y en fijar un sistema de indemnizaciones “a la carta”. Es decir, se trata de eliminar las causas objetivas que la legislación vigente establece para que un empresario pueda despedir a sus trabajadores, al tiempo que se acaba con las garantías del empleado para percibir una indemnización digna en función de los años trabajados. Bajo la coartada de que “vamos a acabar con la diferenciación injusta entre trabajadores fijos y temporales”, la patronal busca “igualar” a todos por debajo, haciendo a todos los trabajadores “fijos”, pero con facilidad total para el despido y con una indemnización ridícula, de entre 8 y 13 días por año trabajado. Esta fórmula llevaría a la precarización general del mercado de trabajo.

 

La realidad es que en este país ningún empresario que necesite objetivamente desprenderse de un trabajador está imposibilitado para hacerlo, a pesar de toda la demagogia. Insisto: cada día, por desgracia, contamos con miles de pruebas dolorosas en la carne de hombres y mujeres que pierden su empleo. Es más, buena parte del aumento del desempleo que denuncian PP y CEOE, en torno a 700.000 parados, son consecuencia directa de la aplicación de la última reforma “flexibilizadora” del despido que aprobó el Gobierno Aznar con la aquiescencia de la patronal. Efectivamente, la desaparición de los llamados “salarios de tramitación”, además de dejar indefensos a muchos trabajadores en los procedimientos de despido, ha acelerado la destrucción de empleo.

 

¿Hacen falta reformas en el mercado laboral? Claro que sí. 1) La estructura vigente de la Formación Profesional aún no facilita debidamente el tránsito del estudio al trabajo para nuestros jóvenes. 2) Está por regular un contrato fijo a tiempo parcial que nos equipare a Europa (estamos diez puntos por debajo de la media de la UE) y que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar. 3) Tenemos una solución pendiente para los parados de larga duración mayores de 45 años. 4) Las bonificaciones (más de 2.400 millones de euros en 2010) que reciben los empresarios “para transformar puestos de trabajo precarios en puestos de trabajo fijos” debieran emplearse ahora simplemente en crear puestos de trabajo. 5) La negociación colectiva para adecuar las condiciones de trabajo a las mejoras de la productividad están atascadas en la mayoría de las grandes empresas, y se mantienen inéditas en las menos grandes…. ¡Claro que hay reformas por emprender! ¡Para facilitar el empleo! ¡No para facilitar su destrucción!

 

¿Y qué hay de las reformas en el empresariado? ¿Hay alguien que crea aún que las dificultades de nuestro tejido productivo para ganar productividad y competitividad tienen que ver en exclusiva (o sobre todo) con la regulación del despido? ¿No estará más ajustado a la realidad el análisis que relaciona tales limitaciones con el apego de nuestro empresariado por las estrategias especulativas? ¿O con la deficiente apuesta empresarial por la investigación, la innovación y la formación de su personal? Obama acaba de señalar un camino interesante: el recorte drástico por vía legal en las retribuciones de los directivos en empresas que reciben ayudas públicas. Quizás otro camino a explorar tenga que ver con la garantía en la fluidez del crédito al emprendimiento. Y puede que las empresas deban afrontar definitivamente su incorporación a la era del conocimiento, a la tecnología digital, a la producción y el comercio en la red…

 

Cada vez somos más los que pensamos que es la clase empresarial de este país la que necesita una “reforma” profunda, en sus valores, en sus actitudes, en su formación, en su comportamiento, en su responsabilidad social, en su compromiso con el interés general, en su eficiencia… Ahora bien, mientras todas las propuestas de sus representantes en la CEOE sigan resumiéndose en la de siempre, en abaratar el despido, obtendrán una respuesta clara. No. Y punto.

Read Full Post »

banderas-autonomias¿Y si también lo reclamara Cataluña? ¿Y si lo hicieran las Islas Baleares? ¿Y si lo pidieran todas las comunidades con un balance positivo en su aportación a la caja común? ¿Sería viable el sistema de financiación territorial del Estado? ¿Sería viable el Estado mismo?

Durante estos días se ha celebrado un debate sobre el llamado “blindaje” de las normas fiscales vascas. En el fondo se trata de una cuestión relativamente menor, puesto que se reivindica la misma protección jurídica que dispone el resto de la normativa tributaria, autonómica y no autonómica. Aunque el asunto cuenta con un punto irritante: si el dividendo es positivo, los procedimientos forales históricos se defienden al milímetro; si el dividendo es menos positivo, la historia foral se sacrifica rápidamente para favorecer la “modernidad” y la “eficiencia”.

Si las normas emanadas por las diputaciones forales se han podido recurrir históricamente ante la jurisdicción ordinaria, ¿por qué exigen un cambio precisamente aquellos que legitiman en la historia todos sus privilegios?

No obstante, el debate realmente importante que han vuelto a poner de actualidad los nacionalistas vascos, es el relativo a la viabilidad y conveniencia del propio concierto económico que disfruta en exclusiva la comunidad autónoma de Euskadi. Es cierto que este régimen encuentra acomodo en la disposición adicional primera de la Constitución Española. Pero puesto que los propios nacionalistas se permiten proponer a diario lo que ellos llaman la “superación” del marco constitucional, otros también nos vamos a permitir analizar la pertinencia o no de tal precepto en el contexto actual y su posible modificación.

(En estos días tambien, los nacionalistas vascos han sumado sus votos a los de ERC en el Congreso de los Diputados para reclamar la gestión autonómica de los puertos de interés general del Estado, cuando el artículo 149.1.20 de la Constitución atribuye inequívocamente esta competencia a la Administración Central).

El primer análisis a realizar es el relativo a la justificación del concierto. Se alude siempre al “derecho histórico”. “Si Franco suprimió los fueros, la democracia está obligada a reponerlos y conservarlos”, se añade ahora. Pero si de lo que se trata es de esgrimir antecedentes históricos, los madrileños podríamos aludir a la condición de nuestra villa como capital del imperio, desde cuyos palacios se administró la hacienda de los territorios peninsulares y transoceánicos durante siglos, sin dar cuentas a órgano descentralizado alguno. ¿Se podría considerar este antecedente como legitimación de un “derecho histórico”?

Y si la porfía hay que medirla en función de los agravios infligidos por el franquismo, creo que también obtendríamos ventaja. Sin ir más lejos, antes del 18 de julio del 36 Madrid era sede de la Presidencia de la República. Franco nos lo arrebató. ¿Está obligada la democracia a restaurar este privilegio?

En fin, parece más razonable acudir a la voluntad de la soberanía nacional como instancia única de legitimación a la hora de configurar nuestro ordenamiento institucional y jurídico. Y esa voluntad soberana se plasma hoy en la Constitución de 1978. Y podría plasmarse mañana en una Constitución reformada. Digan lo que digan los libros de historia.

Un segundo análisis pertinente. El concierto conlleva una serie de ventajas evidentes para la hacienda vasca, para la financiación de sus servicios y, en consecuencia, para las condiciones de vida de sus ciudadanos. Si tales ventajas pudieran considerarse un derecho, sería difícilmente discutible su extensión al resto de los territorios y al conjunto de los ciudadanos de España, en orden a la igualdad que garantiza nuestra Constitución. Si, como parece, estas ventajas no son extensibles en la práctica, antes que de derechos deberíamos hablar de privilegios. ¿Y hasta cuándo podrán mantenerse estos privilegios para los vascos sin que los catalanes, los baleares… o los madrileños reclamen un tratamiento similar, tornando en inviable el conjunto del sistema?

En definitiva, que nadie se alarme. Los madrileños no vamos a reclamar el concierto. La gran mayoría de los ciudadanos de esta región comparten los principios de unidad, de solidaridad y de igualdad de todos los españoles, consagrado en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Lo que no quita que de vez en cuando podamos advertir a quienes no comparten tales principios que no conviene tirar en demasía de la cuerda que nos sujeta a todos. Porque podría romperse.

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tren449_CAFM(Firmado con Antonio Romero)

Intensificar la inversión pública para estimular la demanda, reactivar la economía y generar empleo. Esta receta keynesiana forma parte de la respuesta más genuinamente socialdemócrata ante la crisis. Los socialistas apostamos por aumentar la inversión pública en capital físico, en nuevas infraestructuras y modernos sistemas de transporte, para anticipar la salida de la crisis, para promover un nuevo patrón de crecimiento más productivo y sostenible, para profundizar en la vertebración territorial y social de España. En cumplimiento de tal estrategia, la inversión de Fomento registrará un record histórico al finalizar este ejercicio 2009: más de 19.000 millones de euros ejecutados en ferrocarriles, aeropuertos, carreteras y puertos.

 ¿Cómo recabar nuevos recursos para mantener e incrementar este importante ritmo inversor? El aumento de las partidas destinadas a inversión productiva en los presupuestos públicos está limitado necesariamente por los techos de gasto aprobados en las Cortes y por el control del endeudamiento y el déficit. Los niveles de ejecución se acercan ya al 100% anual y estamos agotando las posibilidades de anticipar obra planificada. Es preciso, por tanto, acudir a las fórmulas de colaboración público-privada (CPP) para lograr la financiación, la construcción y la gestión de infraestructuras públicas que contribuyan al interés general. La corresponsabilización del sector público y las empresas privadas puede movilizar más de 15.000 millones de euros extras en esta legislatura con el objetivo común de vencer la crisis y aportar competitividad a la economía española.

La CPP ya se utiliza en España desde hace tiempo, y la decisión de profundizar significativamente en su utilización ha de depender de que seamos capaces de maximizar las ventajas y de minimizar los riesgos que nos ha mostrado la experiencia. La CPP permite incrementar el ritmo inversor en infraestructuras, diferir en el tiempo los costes iniciales de su construcción, obtener de forma inmediata las economías externas derivadas de su uso, transferir al sector privado parte de los riesgos asumidos, obtener de las empresas españolas la eficiencia y el valioso know how que las caracteriza, evitar la afectación sobre el endeudamiento y el déficit público… Ahora bien, en ocasiones la CPP se ha traducido en sobrecostes injustificados para el erario público, en obras inacabadas o servicios mal gestionados por una oferta temeraria o una planificación deficiente.

Los modelos CPP de aplicación en España y en el resto del mundo son de naturaleza muy diversa, desde las concesiones mediante peaje duro (al usuario) o en sombra (a la administración), hasta el método alemán de pago aplazado, los pagos por disponibilidad, los préstamos participativos, los avales públicos, las sociedades mixtas… Su virtualidad dependerá, insistimos, del cumplimiento de determinadas condiciones. Primero, la clara reserva por el Estado de la capacidad reguladora y controladora. Segundo, un marco normativo que encauce adecuadamente estas fórmulas, definiendo sus límites y condiciones. El anteproyecto de ley de captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas, recientemente aprobado por el Gobierno, constituye un buen paso en este sentido, al facilitar el acceso privado a la financiación asegurando niveles mínimos de solvencia. Tercero, la existencia de instrumentos públicos funcionales abiertos a la CPP, como es el caso de la sociedad estatal SEITTSA.

Para terminar, una idea: se echa de menos en España la existencia de una entidad pública al estilo del Private Finance Iniciative del Reino Unido, que sirva como núcleo aglutinante para analizar, fomentar y controlar este tipo de procesos.

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BOCAS

DICCIONARIO COSTUMBRISTA ALTERNATIVO

Joan-Laporta444BOCAS. Dícese de la persona incapaz de mantener abierta la cavidad bucal sin verter inconveniencias, con grave falta para el sentido común y el respeto por los demás, independientemente de la latitud geográfica y el color político o balompédico.

 

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20091009_Funeral_C_Cristo_02_GCRISTO ANCOR CABELLO ha recibido un homenaje sentido y merecido de parte de todos los españoles. Eligió la misión de velar por nuestra seguridad, y dio la vida por ello.  Nuestro sentimiento está hoy con su familia, sus amigos y sus compañeros.

Sin embargo, otros muchos hombres y mujeres, cuyos rostros no conocemos, cuyos nombres no identificamos, se están jugando el pellejo cada día, vigilando el nido de la serpiente del fanatismo y del terrorismo, para que los demás estemos a salvo. No se trata de una misión de ONG, no es una película, ni un videojuego. Las bombas y las balas son de verdad. Y ellos están en la primera línea de fuego. Por todos nosotros.

CRISTO merece nuestro homenaje. Y otros muchos héroes de la vida real también. A mí me gustaría destacar al menos a cuatro de ellos. Acompañaban a CRISTO en la patrulla cuando les explotó la mina. Dicen que sus heridas físicas fueron leves. Pero podemos hacernos una idea sobre el impacto que recibió su ánimo con el estallido de la bomba y la visión de su compañero destrozado.

Les ofrecieron volver a casa. Ellos decidieron quedarse en Afganistán, en la trinchera, junto a sus compañeros, velando nuestro sueño plácido, vigilando a la serpiente, a expensas de volar por los aires otro día con menos suerte. Ahí van sus nombres. Con mayúsculas. Son eso, héroes de la vida real.

  • RAFAEL SANTANA ALCAIDE
  • DANIEL CASTELLANO GUERRA
  • NIEVES FELIPE BETANCOR
  • IBRAHIM MAANAN ISMAEL

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correaLa corrupción alimenta la crisis

Todo comenzó como una aparente anécdota sobre un par de trajes regalados. Sin embargo, la trama “Gurtel” se ha convertido hoy en un grave problema político para el PP, con implicaciones institucionales muy importantes en varias comunidades autónomas, y con una incidencia más que negativa en el clima de confianza requerido para superar la crisis económica que atenaza a la sociedad española.

 

El espectáculo grotesco de un sinfín de cargos públicos repartiendo obras y concesiones a cambio de dinero, de prebendas, de relojes de marca y de coches de lujo, está causando impacto en el conjunto de la opinión pública. Ahora bien, podemos imaginar perfectamente la indignación del trabajador que acaba de perder su empleo, de la madre que no puede cuadrar las cuentas a fin de mes, del pequeño empresario que está avocado a cerrar su negocio, o del joven preocupado por compaginar la exigua prestación por desempleo con el pago de la hipoteca.

 

Es cierto que existe cierto grado de resignación entre los españoles a la hora de valorar este tipo de noticias. Pero no es menos cierto que esos mismos españoles conocen la relación inversamente proporcional que existe entre el nivel de corrupción de la clase política y las posibilidades de desarrollo de un país. Y que esa resignación acabará pasando factura en términos de desprestigio institucional, de aumento de la abstención electoral y de lastre anímico para el emprendimiento económico.

 

¿Qué pensarán los hombres y mujeres a quienes los políticos estamos reclamando un mayor sacrificio en el pago de impuestos, cuando lean, cuando escuchen y cuando vean cómo unos cuantos políticos se reparten a su costa sobresueldos millonarios y caprichos de niños ricos? Yo siento vergüenza. Porque habrá quienes distingan (los menos) y habrá quienes vuelvan al “todos son iguales” (los más).

 

Sí. La corrupción socava la legalidad. La corrupción condena a la ineficiencia en las administraciones. La corrupción repugna moralmente. Pero la corrupción también desgarra el alma de la democracia: la confianza de la mayoría en la ley, en las instituciones y en quienes nos representan en ellas. Y la corrupción mina la actitud propia de las sociedades avanzadas de mirar el futuro con optimismo. Seguro: la corrupción retrasará la salida de la crisis.

 

¿A qué esperan para reaccionar? Yo tuve responsabilidades orgánicas en un gran partido, y cuando surgieron problemas de esta naturaleza (afortunadamente de alcance menor) siempre me pareció evidente cómo había que reaccionar. Confirmar la noticia, identificar al responsable y exigirle la asunción de responsabilidades, de manera rápida y drástica. Solo así podemos salvaguardar el honor y el prestigio de los partidos y de las instituciones públicas. Sin embargo, cuando Rajoy se empeña en mostrar “indiferencia”, negando los problemas y evitando las medidas imprescindibles e inaplazables, extiende el daño producido por unos cuantos corruptos a todo su partido, al conjunto de los políticos sin distinción, y a las administraciones en general.

 

¿Por qué no hace Rajoy lo que sabe que tiene que hacer? Solo se me ocurren dos opciones: o no se siente capaz de ejercer la autoridad necesaria, o la trama “Gurtel” ha llegado más alto de lo que nos temíamos en principio.

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