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Archive for 30 junio 2009

Generico_ropa_tendida_en_balcon_PHOTOSLa crisis económica ha contribuido a finiquitar la mitología que establecía supuestas verdades inquebrantables donde solo había contrabando ideológico liberal. Uno de los mitos finiquitados se refiere a la inexorable trayectoria descendente de la presión fiscal. Parece que se acabó aquello de que ningún Gobierno se atrevería a subir impuestos. El mito de los impuestos a la baja permanente ha seguido el mismo camino de otros mitos parecidos: el mercado se regula solo; los bancos no se nacionalizan; las empresas no se intervienen; o el papel necesariamente subsidiario del Estado en las relaciones económicas.

Cualquier análisis sensato de la coyuntura económica actual ha de llevarnos a la conclusión de que si queremos un poder público fuertemente inversor para estimular la demanda, si queremos un Estado en disposición de tapar agujeros en el sistema financiero, si queremos un sistema efectivo y justo de protección social, y si, además, queremos evitar que el déficit y la deuda pública se disparen, tenemos que revisar al alza nuestro sistema fiscal. Esto sí que es inexorable. No es posible gastar más sin ingresar más.

Existe un consenso muy extendido en todo el mundo, si bien poco explicitado, a favor de las estrategias socialdemócratas para que las administraciones públicas suplan el déficit de iniciativa privada con inversiones productivas notables. Este esfuerzo requiere dinero. Tampoco la factura de la estabilización financiera en marcha será barata. En el capítulo social, además, España se sitúa a la cabeza de Europa en cuanto a las necesidades, dado nuestro nivel de desempleo, pero, sin embargo, nuestro gasto se sitúa aún siete puntos por debajo de la media de la zona euro. Toca aportar más fondos. Mientras tanto, la presión fiscal en España (menos del 33% sobre PIB) se ha reducido en los últimos años y está muy lejos de las referencias europeas. Hay, evidentemente, una reforma fiscal pendiente en nuestro país.

La reforma deberá reflexionarse bien. Habrá de ejecutarse de forma razonable y equilibrada. El objetivo es que contribuya a superar la crisis cuanto antes, mediante la promoción de un nuevo modelo de crecimiento, más sólido, más sostenible, más moderno y más justo, sin perjudicar a nadie. No se trata de castigar el consumo, ni la inversión, ni el ahorro necesario. En consecuencia, los principios a aplicar habrán de ser, entre otros, los de la suficiencia, la progresividad y la preservación ambiental. Así se está planteando en otros países, como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, que no constituyen precisamente la tríada de la revolución bolchevique.

Desde diversos ámbitos de la izquierda política y social se están haciendo propuestas interesantes, si bien no todas pueden aplicarse conjuntamente y de una vez. Parece sensato introducir ciertas dosis de progresividad en algunos elementos fiscales, como los famosos 400 euros del IRPF o los 2.500 euros por nacimiento, que surgieron al calor del superávit. También puede sugerirse alguna revisión en los tipos aplicables en el IRPF sobre las rentas más altas. No suena mal aquello de ir equiparando la tributación entre rentas del trabajo y rentas del capital. Probablemente hemos aplazado en demasía un impulso definitivo a la llamada fiscalidad ambiental, es decir, que tribute más quien más contamina. Cabe asimismo intensificar la lucha contra el agujero negro del fraude y los paraísos fiscales.

Otras medidas que se proponen quizás no sean tan definitorias ni tan concluyentes a efectos de recaudación, pero sin embargo podrían tener efectos ejemplarizantes positivos. Me refiero, por ejemplo, a la finalización del privilegio establecido en su día para los futbolistas extranjeros que tributan al tipo más bajo con la coartada de que “su vida laboral es muy corta”. Hoy esto es muy difícil de explicar.

Hemos de contar, por supuesto, con la respuesta desabrida de la derecha y sus altavoces. Son especialistas en el arte imposible del soplar y el sorber a un tiempo. Cada mañana reprochan al Gobierno la magnitud del gasto y del déficit. Y cada tarde reclaman más y más gasto sectorialmente en ferrocarriles, en carreteras, en viviendas públicas, en ayudas a la dependencia, en financiación autonómica… Sus fórmulas de menos impuestos y menos regulación nos han llevado a donde nos han llevado. Centrémonos en la responsabilidad de hacer lo preciso para sacar al país de esta situación, más allá de críticas oportunistas y demagógicas, y más allá de los teóricos del fracaso liberal.

Esta reforma sí que importa.

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Sudoku

Hace unos meses se planteaban dos escenarios factibles para despejar esta incógnita paralizante en el panorama político y económico. Felipe González, entre otros, propuso un consenso para prorrogar el sistema vigente y aplazar la definición del nuevo sistema hasta que remitiera el contexto de recesión económica. Otros, por el contrario, argumentaban que ahora más que nunca, precisamente, se necesita de un sistema de distribución de recursos públicos eficaz que reflejara la nueva realidad estatutaria. Es evidente que ha primado el segundo escenario. Ahora solo cabe ya afrontar la recta final y concluirlo de la mejor manera posible.

El proceso se está afrontando en dos planos aparentemente compatibles pero realmente contradictorios. En los discursos nadie se aleja de los parámetros políticamente correctos: aplicación de los principios de suficiencia, corresponsabilidad fiscal, solidaridad, cohesión, etc. Los matices se perciben en los énfasis. Hay quienes enfatizan el criterio de la población sobre el de la dispersión o el envejecimiento, sin dejar de mencionar ambos. Y hay quienes priorizan el aspecto insular, orográfico o las características especiales de la población sobre el número de habitantes a atender, sin olvidarse restar importancia a ninguno de ellos. Sin embargo, las dentelladas se producen sin matiz alguno en cuanto aparecen las cifras. Con los números se desnudan los principios y se olvidan los discursos.

El objetivo último de este proceso consiste en salvar el interés general. Al conjunto del Estado y a la sociedad española le importan un sistema de financiación autonómica que permita a las administraciones cumplir con sus responsabilidades de una manera suficiente y funcional, y que a la vez garantice el ejercicio de los valores constitucionales de la solidaridad, la cohesión y la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan. Y a este objetivo último y global debieran subordinarse otras metas, más o menos legítimas y de alcance más parcial e inmediato. A ambos lados de la mesa.

En razón a este planteamiento sería conveniente, por ejemplo, resolver tres prejuicios contraproducentes que se hacen presentes con demasiada frecuencia en este tipo de negociaciones. Primero el dramatismo taumatúrgico de las cifras. En ocasiones se plantean los procesos de negociación de tal modo que se identifica la consecución de una cifra determinada (y a menudo aleatoria) con el logro de todos los bienes para un territorio determinado y, al mismo tiempo, se asimila cualquier cifra distinta con todos los males. El esquematismo de este discurso ignora que el Estado tiene otros cauces de inversión para atender las necesidades de la población en todos los territorios y que, además, a veces, a efectos de desarrollo y calidad de vida, importa más cómo se gasta el dinero que cuánto dinero se recibe. En la comunidad madrileña sabemos mucho de esto. Situemos los debates en su justo término, evitando las absurdas cifras-fetiche y relativizando los dramatismos sin justificación.

En segundo instancia sería recomendable acabar con el planteamiento maniqueo del “Madrid contra nosotros y nosotros contra Madrid”. O aún peor: “Corramos más que el territorio de al lado para que no se lleve más que nosotros”. Puede que este tipo de esquemas procure el espejismo del aglutinamiento coyuntural de fuerzas locales en torno al negociador, pero en realidad obstaculiza antes de facilitar el acuerdo necesario. En un escenario de confrontación competitiva siempre pierde alguien. Y en estos procesos, o ganamos todos o no gana nadie.

Tercera cuestión: las matemáticas imposibles. Todas las comunidades autónomas no pueden situar sus expectativas “por encima de la media”. Porque esa pretensión es sencillamente inviable. ¿Por qué esa obsesión por compararse con los demás? Las metas de cada administración deben establecerse en función de sus necesidades y sus objetivos, independientemente de lo que vayan a obtener los demás. Ni todos los territorios tienen la misma población, ni tienen el mismo tipo de población, ni tienen las mismas circunstancias geográficas, económicas y sociales. Unos estarán por encima de la media y otros por debajo, necesariamente. Lo importante es que nadie reciba menos de lo que necesita para cumplir con su responsabilidad y asegurar el principio de la igualdad.

En fin, el sudoku ya es complicado por sí mismo. No añadamos condiciones absurdas o imposibles de cumplir para dificultarlo. Porque o bien no lo resolvemos, o bien acabaremos todos frustrados.

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prohibidoLa estrategia de la derecha española para recuperar el poder resulta cada día más explícita. Buscan ganar el 7 de junio sobre una abstención general para solventar las dudas internas e imprimir músculo a su aparato de movilización. Pretenden consolidar los efectos de la crisis como palanca para desalojar a los socialistas del poder. Y maniobran sin tapujos para intimidar a quienes se resisten a tapar sus vergüenzas, sean jueces o sean medios de comunicación en el ejercicio de sus responsabilidades.


A Montoro se le ha vuelto a escapar. “Llegaremos al 4% de recesión y pasaremos de los cinco millones de parados”. “Lo tenemos al alcance de la mano”, ilustraba recientemente. No es un diagnóstico. No es un análisis previo a un catálogo de propuestas positivas. Es un deseo y una plegaria. Quieren crisis, quieren paro, cuanto más mejor, porque pretenden servirse del sufrimiento y la frustración de quienes padecen sus peores efectos para provocar un vuelco electoral. Tan simple como esto.

Por eso no proponen ninguna medida concreta, más allá de simples enunciados sin contenido, como aquello de las “reformas estructurales” que repite Rajoy. Por eso cuestionan y boicotean las medidas que plantea el Gobierno. Trivializan los esfuerzos del ICO por recuperar la circulación crediticia entre las pequeñas y medianas empresas, cuando saben que la confianza es un factor crucial para su éxito. Zancadillean las inversiones públicas a través del Plan de Infraestructuras (PEIT), denunciando el aumento lógico de la deuda; y hacen lo mismo con los planes de inversión local, caricaturizando los carteles anunciadores.

Boicotean la eliminación en 2011 de las deducciones fiscales para rentas altas en la adquisición de vivienda, aumentando las deducciones autonómicas en Madrid. Y ellos saben que esta medida es necesaria para impedir que vuelva a inflarse una nueva burbuja inmobiliaria, enriqueciendo a unos pocos a costa del desastre general. Y ellos saben que esta medida es imprescindible para encauzar el ahorro privado hacia sectores más productivos, y para equilibrar la propiedad y el alquiler en nuestro mercado de vivienda, y para aliviar el stock formidable de pisos sin vender. Dicen que así se asfixia a las clases medias mayoritarias. Pero ¿qué clases medias están por encima de la renta de 48.000 euros anuales por pareja que quedarían sin esta deducción fiscal? Las dos terceras partes de la población tributan por debajo…. Además hay otras ayudas…

Boicotean también las ayudas para la adquisición de automóviles no contaminantes, con precio inferior a 30.000 euros y con la obligación de desguazar el coche viejo. Saben que es preciso para sujetar una industria vital en España, que aloja miles y miles de puestos de trabajo, que exporta el 90% de su producción, que es líder en desarrollo tecnológico. Pero el Gobierno del PP en Madrid no colabora. Eso sí, mantiene las rebajas en el impuesto de matriculación, incluidos los vehículos de lujo y los más contaminantes.

No les gusta la generalización de los ordenadores en las aulas educativas. Esto al menos es coherente. En el Debate sobre el Estado de la Nación, Rajoy acusaba a los diputados socialistas de no saber leer. Esta ha sido una coartada tradicional en la derecha española para la detentación “natural” del poder por su parte. Y el analfabetismo del siglo XXI es el analfabetismo digital. Que aprendan solo sus hijos…

Tampoco han respaldado en el Parlamento las propuestas para acabar con los paraísos fiscales, para terminar con el secreto bancario y con la opacidad que permite a criminales, estafadores y defraudadores de impuestos robar hasta un tercio de la riqueza mundial que podría dedicarse a eliminar definitivamente el hambre y la miseria en todo el planeta.

“No a todo”. Este fue el lema de una vieja amiga del PP en Madrid. La derecha es constante. Y sólo hay un medio de ganarla en democracia. Votando. El día 7 es la cita.

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