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Archive for 27 mayo 2009

EUROPA IMPORTA

europa_importaEl Parlamento Europeo gana competencias y pierde electores. Esta ha sido una paradoja constante a lo largo de la última década. Pero cometen un grave error quienes obvian las elecciones europeas como poco trascendentes. Se equivocan igualmente quienes perciben la política europea como un ámbito para el consenso y no para la opción entre alternativas. Y se equivocan también quienes afrontan estas elecciones tan solo en clave nacional.


El 7 de junio, más de 300 millones de ciudadanos están llamados a responder dos preguntas, ¿necesitamos más Europa o menos Europa?, y ¿queremos una Europa de izquierdas o una Europa de derechas? De la respuesta que ofrezcan las urnas dependerá en buena medida nuestro destino más inmediato. En mayor medida, de hecho, que si estuviéramos ante unas elecciones nacionales, autonómicas o locales.

Los retos que encierran las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles en la actualidad requieren soluciones de carácter global, a cargo de actores globales supranacionales, como Europa. La salida de la crisis, la recuperación del empleo, la administración de las migraciones, la garantía de seguridad, la lucha contra el cambio climático, por ejemplo. ¿Alguien piensa a estas alturas que se puede vencer la crisis económica vigente a partir de una estrategia nacional? No puede hacerlo Estados Unidos, ni Japón, ni Alemania… ¿podríamos nosotros?

El objetivo de la paz, la recuperación del multilateralismo y el respeto a la legalidad en las relaciones internacionales, el impulso eficaz a la cooperación para el desarrollo y el combate a la miseria…, son metas que compartimos masivamente los españoles y que, más allá del quijotismo, solo pueden enfrentarse desde la capacidad de interlocución e influencia que proporciona la Unión Europea.

Europa no es ya cuestión de política exterior sino de política interior. Y no hay consensos que valgan en la política interior. La derecha tiene una receta para afrontar la crisis, que pasa por más desregulación y menos impuestos. La izquierda tiene una receta distinta: regulación, estímulo de la demanda y protección social. La derecha propone abaratar el despido. La izquierda propone más educación y más innovación para mejorar la empleabilidad. La derecha apuesta por la mano dura y los recortes de derechos ante la inmigración. La izquierda apuesta por el control y la integración con plenos derechos. La derecha quiere llenar Europa de centrales nucleares. La izquierda quiere energías renovables y limpias. No somos iguales.

España se ha convertido en un referente ideológico para toda Europa. La socialdemocracia europea se mira en los éxitos de la sociedad española en la consolidación del Estado de Bienestar, en la subida de las pensiones, en la elevación del salario mínimo, en la institucionalización del diálogo social, en la despolitización de la televisión pública, en la ampliación de derechos para las minorías… La socialdemocracia debe ganar estas elecciones en España para seguir empujando a Europa hacia la izquierda.

Se ha dicho que más del 60% de la legislación aplicable a nuestra vida cotidiana, en lo económico, en lo profesional, en lo personal, proviene de las instituciones europeas. Y es completamente cierto. Es más, esta proporción crecerá a corto plazo. Buena parte del trabajo legislativo que hacemos en las Cortes Generales o en los Parlamentos regionales consiste en transponer directivas y órdenes aprobadas en Europa. A mí me ha ocurrido en lo relativo a la propiedad intelectual y a los sistemas de transporte.

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publico_butacas_vacias_photosLa legislación inminente sobre el sector audiovisual afecta a poderosísimos intereses de naturaleza política, económica y cultural. De ahí el debate intenso que está motivando su elaboración, aún en fase incipiente. Un debate a veces explícito y a veces implícito, pero de extraordinaria presencia e influencia.


El Gobierno proponente y las Cortes legisladoras habrán de tener en cuenta la doble naturaleza de este ámbito tan singular en la redacción de la ley. El mundo de la televisión y sus derivados constituyen un servicio público, con la responsabilidad y los límites que ello conlleva. Pero también se trata de una industria pujante que necesita un marco regulatorio claro, seguro y eficaz para su desarrollo.

Como servicio público, por ejemplo, el legislador tendrá que preservar el interés general en la programación de las televisiones públicas y privadas, asegurando la veracidad y pluralidad de sus servicios informativos, protegiendo a los colectivos más vulnerables, contribuyendo a la promoción de la cultura y los derechos de ciudadanía…

Como industria, por otra parte, la nueva ley deberá cimentar la viabilidad de los proyectos audiovisuales, estimulando la inversión productiva, facilitando la competencia leal, eliminando limitaciones sin fundamento, incorporando las nuevas realidades tecnológicas…

De hecho, según los interlocutores que están participando en la configuración del texto inicial, ya existe bastante consenso en torno al nuevo Consejo Audiovisual que debe velar por la debida aplicación de los principios mencionados, así como en relación a los límites a la publicidad o a la contraprogramación, o la posibilidad de vender y arrendar las licencias televisivas en determinadas condiciones.

Llama la atención, no obstante, la beligerancia con que UTECA, la poderosa asociación de televisiones privadas, está presionando para obtener algunas conquistas. Ya lograron que el Gobierno posibilitara las iniciativas de concentración empresarial que se reivindicaban desde el sector, sin que hasta el momento estas nuevas facilidades hayan sido aprovechadas por los actores televisivos. La prolongada fase del “tanteo” evidencia graves dificultades para superar desencuentros personales, ahormar alianzas inteligentes y asegurar un buen negocio a todos los interesados. Ojalá lo logren.

Otros tres puntos del programa máximo de UTECA merecen algún comentario. Primero la clara ofensiva contra la televisión pública. Es evidente que el liderazgo en audiencias de la televisión de todos ha puesto en evidencia a más de uno, pero no parece propio de quienes se consideran defensores del libre mercado solicitar al regulador que les libre de la competencia más hábil. Hay razones y hay espacio en el sector para una televisión pública. Y hay y habrá defensores para su pervivencia y desarrollo.

Bien es verdad que los defensores de la televisión pública nos vemos en dificultades argumentativas cuando contemplamos determinadas apuestas de programación en la Primera. Léase un concurso de baile con famosos a precio exorbitado, léase un programa de corazón que persigue a exnovias de toreros haciendo preguntas estúpidas, o léase la retransmisión de algunas competiciones deportivas a motor que requieren grandes desembolsos para una rentabilidad social discutible.

La televisión pública es plenamente defendible cuando se orienta a defender el interés general, asegurar la pluralidad informativa y promocionar el desarrollo social y cultural. Máxime cuando su dirección y gestión han alcanzado un grado de autonomía política y de suficiencia financiera sin parangón en nuestra historia. La batalla sobre quién tiene más larga la audiencia debería reservarse para otros lares.

El segundo punto a comentar sobre la postura de UTECA es el fin de la publicidad en las televisiones públicas. A tenor de lo que está ocurriendo en otros países, Francia por ejemplo, algunos dudamos mucho que tal medida acabe favoreciendo el tránsito automático de anunciantes a las televisiones privadas (existen otros ámbitos de rentabilidad publicitaria creciente) e, incluso, puede acabar estimulando el trasvase de los televidentes hartos de cortes publicitarios hacia RTVE. ¿Y por qué debe renunciar el Estado a esta fuente de ingresos para cumplir su obligación de financiar la TV pública sin gravar en demasía al contribuyente?

La tercera reclamación consiste en finiquitar la cuota obligatoria del 5% de sus ganancias para la inversión en cine europeo. Como concesión de servicio público, las TV privadas han de contribuir al objetivo de interés general de promover nuestra cultura. Y como negocio que se beneficia de la creatividad del cine autóctono, han de colaborar en su buena salud.

No parece razonable, en consecuencia, acrecentar la crisis del cine español eliminando esta herramienta. El compromiso del Gobierno con el mundo del cine tampoco autoriza para que aceptemos pulpo como animal de compañía, es decir, que asumamos la rentable inversión de las TV en las series de ficción como sustitutivo de las ayudas obligadas al cine del largometraje, el cortometraje y el documental. Porque todos sabemos que estos géneros son las auténticas especies a proteger. Seguro que pueden encontrarse fórmulas imaginativas para nuevos puntos de encuentro.

El pastel audiovisual aún está en el horno. Espero que no se nos indigeste antes de tiempo.

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alberto_lopez_viejoLa corrupción es el cáncer de las sociedades democráticas. Se equivocan gravemente quienes la dan por inevitable, quienes trivializan sus efectos y quienes la analizan en términos de simple coste electoral inmediato. La respuesta ha de exigente y enérgica.

La amenaza de la corrupción contiene al menos tres efectos altamente destructivos. En primera instancia carcome la funcionalidad de las instituciones públicas y traiciona el interés general.

Estamos acostumbrados a valorar la repercusión de un comportamiento corrupto en las administraciones en función del soborno recibido por el responsable político o el funcionario implicado. Más allá, sin embargo, del dinero, los trajes o los “jaguar” entregados a modo de cohecho, debe importarnos saber que la obra contratada o el servicio entregado en concesión no van a desarrollarse conforme al interés común.

Las obras y los servicios encargados bajo soborno serán ejecutados por las empresas indebidas, porque la firma que reúne las condiciones para hacer bien su trabajo no tiene que recurrir generalmente a tales comportamientos. Por lo tanto, nos costará más y el resultado será peor.

Uno de los yacimientos más magros en este mundo siniestro ha sido durante muchos años el de las recalificaciones urbanísticas. Un simple trazo sobre un plano en el Ayuntamiento más perdido ha supuesto plusvalías multimillonarias muchos “emprendedores” ventajistas. Y nuevamente, más allá de la dimensión de las dádivas entregadas y recibidas, hemos de evaluar el precio de la corrupción en términos de burbuja inmobiliaria, encarecimiento de la vivienda, ocupación intensiva de suelo…

El segundo coste a valorar es el estrictamente económico. Los inversores serios huyen de los sistemas corruptos. Donde no hay transparencia, libre concurrencia e imperio de la ley no existe un marco seguro y rentable para las grandes inversiones. Cuando predomina la corrupción, aparecen los especuladores y desaparecen las inversiones productivas.

Además, la consolidación de los comportamientos corruptos en la relación público-privada desincentiva los esfuerzos empresariales por mejorar productividad y competitividad. Si la contratación de una obra o la concesión de un servicio no dependen tanto de la capacidad de innovación o de calidad de la empresa, sino de la “cercanía” a quien la otorga, ¿para qué esforzarse? Con un buen “relaciones públicas”, al que “quiera un huevo” el responsable político de turno, es suficiente.

El precio de la corrupción es especialmente corrosivo en relación a la legitimidad y el crédito de las instituciones democráticas entre los ciudadanos. Cuando las noticias sobre estos comportamientos reprochables se reiteran en determinados territorios, como está ocurriendo en Madrid, en Valencia y en Murcia, se producen dos fenómenos a cual más preocupante.

Unos ciudadanos reaccionan engrosando la abstención, descreídos del compromiso político con el interés general, convencidos de la generalizada falta de honestidad en la “clase política”, y absolutamente escépticos con la posibilidad de que sujetos de tal calaña puedan solucionar alguno de sus problemas.

Otros recalan en la resignación, dando por hecho que “todos son iguales” y votando con los dedos en la nariz a quien parece ya hastiado de robar, a quien se muestra proclive a dedicar al menos una parte residual de su tiempo a la cuestión común o, peor aún, a quien puede hacerles partícipes del botín, aunque sea en grado ínfimo.

Preocupa, en consecuencia, que los análisis sobre la corrupción se ciñan en general a valorar comportamientos individuales o a determinar los costes políticos y electorales que habrá de enfrentar tal partido o tal líder. La corrupción es la carcoma en los cimientos de nuestro sistema de convivencia. O la enfrentamos con determinación, o nos destruirá.

La respuesta no debe ser, a mi juicio, una nueva reforma legal. Ya existe marco legal suficiente para actuar contra el cohecho. Los “endurecimientos” del código penal al calor de titulares de periódico suelen servir tan solo para proyectar imágenes políticamente correctas y para narcotizar conciencias. La contestación debe ser política, en forma de compromiso firme y enérgico por parte de todas las instituciones y partidos de prevenir, vigilar, perseguir y expulsar a quienes se corrompan. Sin más cálculos orgánicos, mediáticos o electorales.

Mientras fui responsable del Partido Socialista de Madrid tuve que requerir la expulsión de hasta cuatro alcaldes de mi organización. El coste fue grande. Aún hoy el PSOE no gobierna en ninguna de esas cuatro ciudades. Sin embargo, los ciudadanos saben que la corrupción se denunció y se atajó. Creo que mereció la pena.

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